lunes, 9 de mayo de 2011

EL FISCAL DENUNCIA AL ALCALDE DE OROPESA POR ACORDAR PAGOS DESAUTORIZADOS POR LOS TÉCNICOS

En la provincia de Castellón

* Entiende que puede ser un presunto delito de prevaricación
* La denuncia se ha formulado tras un escrito de la candidata de EUPV

Europa Press | Castellón

El fiscal ha formulado denuncia contra el alcalde de Oropesa del Mar (Castellón), Rafael Albert, por dictar "reiteradas" resoluciones en su condición de primer edil de la localidad "acordando pagos a cargo del Ayuntamiento pese a los reiterados reparos de la intervención municipal y conociendo su improcedencia", tal y como se deriva de las actuaciones practicadas.

Esta resolución se produce tras un escrito de denuncia formulado por la candidata de EUPV a la Alcaldía de Oropesa del Mar, Rosa María Sabater.

Así, el ministerio público remitirá la denuncia que ha formulado a los juzgados de instrucción de Castellón para la investigación de los hechos, al entender que los mismos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación sin perjuicio de otros que se acrediten durante la instrucción, y solicita que se reciba declaración al denunciado como imputado por los hechos y la depuración de responsabilidad a que hubiere lugar.

El fiscal indica que uno de los reparos de la intervención se refiere a productividades fijas, determinadas y cuantificadas de forma no objetiva y excesos de gratificaciones contenidas en las nóminas del personal al servicio del Ayuntamiento, y señala que no procedía su pago.

Pese a ello, indica el ministerio fiscal, "se han realizado los pagos durante la totalidad de 2009, señalando la intervención en su declaración que se trata de resoluciones en las que se acuerda el pago de la productividad pese a la existencia de los reparos, sin ningún motivo que lo justifique e, incluso, a funcionarios estando de vacaciones".

Cuestiones similares se tratan en otro reparo, donde se alude a la improcedencia en el pago de determinadas productividades que finalmente se han abonado y relativas a los motoristas de la Policía Local.

Otro de los reparos pone de manifiesto la improcedencia en el pago de determinadas facturas correspondientes a subvenciones al personal, señalando incluso que existe resolución de los tribunales de los contencioso-administrativo que no permite el pago, abonándose pese a ello las referidas cantidades, según el fiscal, quien indica que similares situaciones se dan en otros reparos relativos al abono de facturas a personas no contratadas por el Ayuntamiento y a retribuciones "encubiertas".


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EL JUEZ CONFIRMA LA EXCULPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE TERRA MÍTICA ACUSADOS DE FRAUDE FISCAL

TRIBUNALES | Desestima los recursos del fiscal y el abogado del Estado

* Concluye que Terra Mítica 'era ajena' a la trama para la facturación falsa
* El auto no es firme y podrá ser recurrido ante la Audiencia de Valencia

Efe | Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha desestimado los recursos del fiscal y del abogado del Estado contra su decisión de archivar provisionalmente las actuaciones abiertas contra responsables de Terra Mítica por un presunto fraude fiscal de 4,4 millones de euros entre 2000 y 2001.

El auto del juez, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no es firme y ahora podrá ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.

El juez ha decidido desestimar los recursos del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado contra el fallo del pasado 8 de marzo donde se acordaba el citado sobreseimiento, que fueron impugnados a su vez por tres dirigentes de la entidad imputados (Luis Esteban, Miguel Navarro y Justo Valverde).

Según las mismas fuentes, el juez confirma su resolución en todos sus extremos y señala que Terra Mítica "era ajena" a la trama entre empresas para la facturación falsa y el cobro del IVA que no se ingresaba en Hacienda "porque no hay prueba ni de su conocimiento ni de su consentimiento".
'No se puede responsabilidad penal'

Tampoco hay indicios, señala el auto, de otras actuaciones que pudieran resultar ilícitas y no se puede deducir responsabilidad penal de los imputados.

El sobreseimiento refiere únicamente a los dirigentes del parque imputados, no al resto de empresas encausadas por una presunta trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias.

A partir de una denuncia de Fiscalía en 2005, a instancias de la Agencia Tributaria, se incoó procedimiento contra Esteban, Navarro y Valverde, y posteriormente también contra Antonio Rincón y Miguel Ángel Izquierdo, por los delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsificación documental.

Estas personas desempeñaban en la entidad Terra Mítica Parque Temático Benidorm SA las funciones de presidente del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, director de Contratación y Servicios generales, y directores del Departamento técnico y financiero, respectivamente.

Practicada la prueba testifical y documental, el magistrado entiende que, sin perjuicio de que la empresa se hubiera repercutido el IVA correspondiente al ejercicio 2000 la suma de 185.385 euros, "no existe el menor indicio de que esa cantidad fuese efectivamente satisfecha por este concepto a terceras personas, quienes debieron igualmente haber ingresado en la Hacienda".
Investigación desde 2005

Si bien para el juez "es cierto que podría haber ocurrido que las obras no se hubieran ejecutado", estima que en ese supuesto Terra Mítica "sólo podría ocupar la situación de perjudicada".

La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.

Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción de Terra Mítica.

El magistrado acordó en 2010 la nulidad parcial de la causa -la referente al delito fiscal- pero la "rescató" en septiembre de ese año y prosiguió la instrucción, con la declaración de más imputados el pasado mes de febrero y la presentación de un informe pericial que ratifica el de la Agencia Tributaria que dio lugar a la investigación.


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"CASO PALMA ARENA"; RECHAZAN LA PETICIÓN DEL ABOGADO DE MATAS DE CONOCER LAS PIEZAS QUE LE ATAÑEN

Europa Press | Palma

El juez instructor del "caso Palma Arena", José Castro, ha rechazado la petición del nuevo abogado del expresidente Jaume Matas (PP), Antonio Alberca, de que se le informe de las piezas en las que está imputado su defendido, algo que ya pidió sin éxito su exletrado Rafael Perera.

En un auto notificado hoy, Castro vuelve a exponer los argumentos que en su día transmitió a Perera sobre la negativa a comunicarle una lista de las piezas en que está imputado Matas y su mujer, Maite Areal, a la que también representa Alberca.

Castro repite las razones de rechazar la petición "ante la posibilidad de que la reiteración de una petición ampliamente resuelta en las dos instancias (la Audiencia la ratificó) se deba a que la reciente incorporación a la causa del letrado ha imposibilitado conocer tal estado de cosas".

Así, explica que los abogados de los implicados en este caso siempre han tenido acceso a la causa y no pueden asaltarles dudas de las piezas en que están imputados, ya que cada una responde a unos hechos determinados que han sido bien delimitados por el juez al indicar los folios concretos que les afectan.

Recuerda que el separar en piezas (actualmente hay 26) el sumario del caso se hizo para facilitar su investigación y eventual enjuiciamiento y añade que pedir una lista de imputados es "totalmente atípico".

Indica que la atribución de la condición de imputado se produce "de manera incidental y para justificar o motivar determinadas decisiones, que de otro modo podrían tornarse en arbitrarias o caprichosas", como las citaciones, registros o intervenciones telefónicas.

Finalmente, el juez hace un repaso del estado de las piezas y recuerda todas ellas, menos cinco, se siguen investigando.

Estas cinco piezas son la número 1 (sobre un supuesto soborno de José Luis Moreno a Matas), que ha sido archivada provisionalmente; la 2 (sobre el periodista Antonio Alemany) y la 12 (sobre un estudio de movilidad de Jorge Moisés), que ya tienen juicio oral abierto; la 6 (contratos a Maite Areal), que se ha adaptado al procedimiento del jurado y la 3 (sobre la ópera de Santiago Calqatrava), que está en manos del Tribunal Superior de Justicia.


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"CASO MAQUILLAJE"; REVISAN EL RECURSO DE MUNAR POR LOS 240.000 EUROS DESVIADOS A UN PROGRAMA INEXISTENTE

La Audiencia Provincial

Europa Press | Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma revisará este viernes, a partir de las 10.00 horas, el recurso de apelación que interpuso la ex presidenta del Consell y del Parlament contra la apertura de la pieza del caso Maquillaje en la que la Fiscalía solicita seis años de prisión contra ella y el ex vicepresidente de la Institución insular, Miquel Nadal, por desviar presuntamente 240.000 euros desde el Consell a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que Munar, a través de su abogado Gabriel Garcías, recurrió el auto por el que fue incoado este fleco al haberle sido notificado de forma tardía, lo que le habría causado indefensión, tal y como alega en su escrito el letrado de la que fuera dirigente histórica de UM.

De hecho, el abogado ya impugnó el auto ante el juez instructor de la causa, Juan Ignacio Lope Sola, quien desestimó en primera instancia la petición de nulidad de las actuaciones. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM.

Una vez finalizada la instrucción de esta pieza, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de acusación, en el que postulan que el destino final del plan urdido era beneficiar a sociedades próximas a destacados miembros de la formación nacionalista con la mediación de sus supuestos testaferros.

Así, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar y Nadal se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U. intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.

En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.

Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se dieron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.

"CASO PICNIC"; EL JUEZ RECHAZA ANULAR LA FIANZA CIVIL DE 1,6 MILLONES IMPUESTA A UNIÓN MALLORQUINA

* El magistrado asevera que 'en ningún caso ha producido indefensión al partido'
* UM asegurá que solo dispone de 150.000 euros para afrontar la caución

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, ha desestimado anular la fianza de 1,6 millones de euros que impuso a UM en el marco del caso Picnic, si bien reconoce que se infringió la legislación procesal al no haber sido formalmente notificado el plazo de 15 días que se dio al partido para que formulase alegaciones contra la petición de la Fiscalía de que le fuera acordada esta caución.

En su auto el magistrado asevera que este "vicio procesal" en ningún caso ha producido indefensión al partido nacionalista, en contra de lo que expuso UM en el recurso de reforma que interpuso contra la fianza. Es por ello que, pese a haber sido estimado parcialmente, no tendrá ningún efecto sobre la práctica ya que el auto en el que el juez acordaba la fianza no quedará sin efecto.

Cabe recordar que después de que el magistrado impusiera la fianza y sin que UM haya podido hacer frente a ella, el partido designó las cuentas de las que dispone para que pudieran ser embargadas y cubrir de este modo la caución, si bien únicamente disponen de unos 150.000 euros.

En concreto, la fianza de 1,6 millones resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley.

Y es que las pesquisas, cuya operación policial se inició la a finales de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a un desvío de fondos del Ayuntamiento de Palma a la captación de militantes. Ello mediante la contratación, a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, atraer afiliados y futuros votantes para el partido.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; LA UDYCO UTILIZÓ INFORMACIONES DE PRENSA PARA INVESTIGAR A TESTAFERROS DE ROCA

Mandos policiales

* Un inspector ha citado a EL MUNDO como fuente de información

José Carlos Villanueva | Málaga

Las hemerotecas fueron pieza clave para los investigadores policiales del llamado caso 'Malaya' cuando en noviembre de 2005 el entonces juez titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, incoó las diligencias previas 4796/2005 y les encomendó investigar a la organización liderada por el principal acusado, Juan Antonio Roca.

A preguntas del fiscal Juan Carlos López Caballero, adscrito a Anticorrupción, el inspector Marcos Romarís, antaño miembro de la Udyco Costa del Sol, sección Blanqueo de Capitales, ha declarado este lunes que tanto él como su compañero y jefe de grupo, José Manuel Rando, emplearon "informaciones periodísticas" para documentarse sobre dos testaferros de Roca. Se trataba de Oscar Benavente, mano derecha del ex asesor urbanístico municipal, así como del contable y abogado Salvador Gardoqui.

El inspector Romarís ha mencionado expresamente a EL MUNDO como fuente de información, concretando fechas de distintas informaciones de 2003 y 2005. Lo ha hecho a preguntas del abogado defensor de Oscar Benavente, José Antonio Choclán. Dicho letrado se ha reservado el derecho de citar, en calidad de testigo, al juez Torres tras asegurar el mando policial que el instructor les facilitó datos de hemerotecas, sin hacerlo constar por escrito en la causa, denuncia el jurista.

"Nos apuntaron la posibilidad de que ambos pudieran estar actuando como testaferros de Roca", ha señalado el responsable policial. En el caso concreto de Benavente, Romarís ha aludido a que "aparecían anotaciones de él a nivel nacional en medios de comunicación de prestigio".

"¿Le consta que en esos medios se aludía ya a esos señores [Benavente y Gardoqui] como presuntos testaferros de Roca?", ha preguntado el fiscal. La respuesta del inspector ha sido clara y contundente: "Sí, no sólo se les nombraba, sino que se aportaban todo tipo de datos que fueron utilizados en la investigación policial".

De hecho, tal y como ha reconocido Marcos Romarís, el propio juez instructor les aportó información sobre los procedimientos penales en los que estaba inmerso Salvador Gardoqui.

EL MUNDO dio a conocer el 21 de abril de 2003 el nombre y la fotografía de Salvador Gardoqui como testaferro y contable de Roca, a través de la empresa Maras Asesores S.L.. En la sede de dicha mercantil se incautó, tres años después, la llamada 'caja B' del ex asesor urbanístico.

En la contabilidad de Maras aparecieron reflejados los presuntos sobornos que recibía Roca de empresarios y promotores, hoy acusados y en el banquillo, así como los supuestos pagos a terceros, entre ellos la entonces alcaldesa Yagüe y concejales. Todo en el marco de la agilización de operaciones urbanísticas.

Caso 'helipuerto'
Este periódico también destapó en aquellas fechas la adjudicación irregular, por parte del ex alcalde Julián Muñoz, a la empresa Helioponto Marbella S.L. de una concesión para la instalación de un helipuerto. Dicha mercantil estaba administrada por Gardoqui.

Gardoqui, al igual que Muñoz y otros ediles del GIL resultó imputado en el llamado 'caso helipuerto', que recayó en el juez Torres tras interponer una denuncia la entonces portavoz del PSOE Isabel García Marcos, quien basó su escrito en lo publicado por este diario.

En el marco de aquella investigación periodística, utilizada en sus pesquisas por la Udyco, así como por la Udef, también se desveló el papel que desempeñaba el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, a la hora de constituir sociedades que ocultaran el inmenso patrimonio amasado por Juan Antonio Roca.

El letrado municipal también ha preguntado al inspector Romarís si Roca se protegió con "mandos policiales" para conocer datos de las investigaciones, a raíz de hallarse nombres de varios comisarios entre sus anotaciones. El declarante ha sido parco en palabras: "Yo de eso no le puedo decir, todo se remitió al juez instructor", ha zanjado.

No obstante, Romarís, al igual que su compañero Rando, inspector jefe de Udyco, acabó abandonando el caso 'Malaya', tras recibir presiones de sus superiores para que les informara de las pesquisas. El juez Torres les había ordenado que sólo le dieran cuenta a él.

La dimisión de los dos inspectores, que acabaron destinados en la comisaría del distrito malagueño de El Palo, coincidió con la aparición de determinados nombres e iniciales de supuestos mandos policiales, como las del famoso J.A.G.. Dicho acrónimo apareció junto a la anotación de 200.000 euros que presuntamente recibió de Roca. Las diligencias judiciales para averiguar su identidad se archivaron finalmente.

EL EXALCALDE DE BOLLULLOS Y CANDIDATO DEL PSOE SE TENDRÁ QUE SENTAR EN EL BANQUILLO POR PREVARICACIÓN

Adjudicó una obra de 600.000 € 'a dedo'

Andrés Marín Cejudo | Huelva

El ex alcalde socialista de Bollullos del Condado y candidato por este partido en las elecciones, Carlos Sánchez, se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación cometido en las obras de reforma de un parque de la localidad, el Ramos Mantis, cuando era regidor de la localidad.

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma, en un auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, ha rechazado el recurso que Sánchez presentó contra el escrito judicial que ordenaba la apertura de juicio oral, al entender que hay "indicios racionales de criminalidad" en el proceder del exalcalde.

Las presuntas irregularidades en las obras de reforma del Parque Ramos Mantis fueron denunciadas por el actual equipo de gobierno municipal, formado por ex concejales de IU y el PP, que accedieron a la Alcaldía tras una moción de censura contra Sánchez.

La denuncia aseguraba que Sánchez y varios de sus concejales habían cometido los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documentación mercantil, ya que se pagaron más de 600.000 euros a una empresa, Contafis, para la reforma del parque sin que mediara contrato alguno ni concurso público de licitación.

El auto que acaba de dictar la jueza Silvia Mayol afirma que las diligencias de investigación practicadas hasta el momento "son suficientes para concluir la existencia de indicios racionales de criminalidad contra Carlos Sánchez".

Por este motivo, la jueza entiende "justificada" la continuación del procedimiento, a fin de determinar sin en la contratación y pago a Contafis pudo [Carlos Sánchez] haber incurrido en un delito de prevaricación.

Asimismo, la jueza también rechaza el recurso presentado por el resto de concejales, entre ellos Rosario Rosado, número dos de la candidatura del PSOE, quienes pedían el sobreseimiento libre, y decreta el sobreseimiento provisional.

La jueza asegura que en el caso en litigio "no es posible descartar por completo dicha eventual obtención de pruebas o datos, pues los recurrentes intervinieron de uno u otro modo en los hechos denunciados".

EL JUEZ EMBARGA LAS CUENTAS AL EX DIPUTADO DEL PP MARTÍN VASCO POR GÜRTEL

Imagen de Benjamín Martín Vasco, en su escaño en la Asamblea de Madrid, tras ser expulsado de su grupo. | Alberto di Lolli
No ha abonado 950.000 euros de fianza
 
Europa Press | Madrid

El magistrado Antonio Pedreira ha decretado el embargo de las cuentas del ex diputado regional Benjamín Martín Vasco al no abonar la fianza de 950.000 euros impuesta para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento.

En un decreto, el magistrado ordena proceder al embargo de bienes de los que sea titular Martín Vasco al objeto de garantizar dichas responsabilidades.

Pedreira expone que "existiendo saldos disponibles en las cuentas corrientes procede decretar el embargo de los saldos favorables en las mismas o que de futuro pudieran tener hasta el límite de 835.264 euros".

Asimismo, ordena el embargo de una propiedad del ex diputado ubicada en la localidad de Arganda del Rey, así como de su nomina al trabajar en la Universidad Juan Carlos.

Pedreira impuso al ex diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

El instructor le imputa la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. Asimismo, le acusa de participar en la trama dirigida por el empresario Correa, de la que habría obtenido cerca de 437.000 euros.


elmundo.es

EL "CASO GÜRTEL" EN MADRID; AGUIRRE O CÓMO TENER AL ENEMIGO EN CASA SIN DARTE CUENTA

Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco. | Roberto Cárdenas
* López Viejo, uno de sus hombres de confianza, fue imputado en la trama
* Consiguió que las empresas de Correa organizaran 367 actos en la Comunidad
* Otros dos diputados y un viceconsejero, también investigados
* El PSOE dice que la trama corrupta le pasará factura electoral a Aguirre

Roberto Bécares | Madrid

Eran como tres fantasmas. Se sentaban en los sillones de diputados no adscritos, en la última fila del hemiciclo la Asamblea de Madrid. Algunos diputados los saludaban por cortesía. Ellos intentaban hacer el menor ruido posible. Iban en contadas ocasiones a los plenos de la Asamblea, que acabaron hace pocas semanas. En las votaciones, apoyaban las propuestas del PP. Son las tres ovejas negras del Gobierno regional. Alberto Lopez Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, los tres diputados del PP imputados en la mayor trama corrupta de la historia de Madrid.

Ninguna palabra ha sonado tanto esta legislatura en la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid como 'Gürtel'. La trama de Franciso Correa dejó una profunda herida en el gobierno regional después de que se destapara que Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, era el enlace entre la trama y la Comunidad.

Lopez Viejo consiguió que las empresas del grupo de Francisco Correa recibieran a dedo 367 adjudicaciones por un valor cercano 3,2 millones de euros. El ex viceconsejero de Aguirre partía los contratos de la organización de eventos para poder adjudicarlos sin concurso. A cambio, se llevaba prsuntamente un porcentaje de cada operación (el sumario contempla que se habría embolsado cerca de 286.000 euros). Era el negocio perfecto.

Celebraciones, standes, presentaciones. Todo era facturado a las firmas de 'Il capo de Capi'. En los dossieres de los eventos se podía leer literalmente: "Se contrata por indicación de D. Alberto López Viejo". Tanta habría sido su avaricia que incluso intentó quitar a las empresas de Correa de en medio para darle contratos a su amigos. Se manejaba a sus anchas indicando a las consejerías a quién debían contratar. Nadie sospechaba.
 
"En la Comunidad de Madrid había un listado de empresas con las que solia trabajar el Gobierno regional y las consejerias. Cogíamos ese listado, que era un listado que trabaja para casi todo el Gobierno y lo que se iba haciendo es llamando a esas empresas", declaró ante el juez Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid y también imputado en la trama.

Después de que el juez Antonio Pedreira imputara a López Viejo en la trama, Aguirre no dudó en retirarle de su cargo a los pocos días. Cuando se destapó el entramado, la Comunidad debía 600.000 euros al 'Holding Correa'. ¿Cómo nadie en la Comunidad sabía cómo actuaba López Viejo? ¿cómo nadie denunció sus prácticas? Algunos consejeros o viceconsejeros se llegaron a quejar en Sol de que se los obligara a contratar con determinadas empresas para que el acto tuviera "trascendencia".

"Desde luego aquí hay dos opciones, que fueran conscientes de ello, algo completamente lógico siendo parte de su gobierno o algo más grave, que no hubieran estado enterados", explica Eusebio González. "Cualquiera de las dos cosas en un responsable político es una razón suficiente como para que no siga de presidenta", concluye el socialista.

Desde el Gobierno regional quitan hierro al caso por la rapidez de Aguirre en tomar medidas. "Está claro que estas cosas no ayudan, pero Esperanza actuó con la más absoluta firmeza y cortándolo de forma fulminante. En el PSOE, sin embargo, mantienen a un presidente como Chaves a pesar del escandalazo de los ERES y aquí Tomás Gómez mantiene a una persona condenada por prevaricación como su número dos", precisa una alta fuente del Gobierno regional, que cree que Gürtel no afectará en el devenir electoral.

"El electorado de Madrid no es tonto, Esperanza Aguirre lo trata como a borregos, pero esa no es la gente de Madrid", replica el socialista González.

Gürtel no sólo salpicó al viceconsejero Clemente y Lóoez Viejo. Además de ellos, otros dos diputados fueron imputados. Benjamín Martín Vasco es uno de ellos. Ex teniente de alcalde del PP en Arganda del Rey, durante años fue, igual que López Viejo, hombre de confianza de Aguirre. De hecho era portavoz adjunto del PP en la Asamblea.

Según el sumario del caso, Martín Vasco recibió de la red de Correa pagos por valor de 345.166 euros (en dinero, joyas y viajes). Se dedicaba a conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, una de las sociedades de la trama.

El otro imputado es Alfonso Bosch Tejedor, que era gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV), otro de los municipios Gürtel. Correa afirmó que a través de Bosch se adjudicaban en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla del Monte a otra empresa de Correa.

"Estoy convencido de que el caso Gürtel es una razón con peso suficiente como para que el electorado de la Comunidad se decante por una alternativa", concluye Eusebio González.

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