miércoles, 17 de marzo de 2010

MILLET Y MONTULL DESVIARON 2,6 MILLONES PARA REFORMAR SUS CASAS

Los peritos de Hacienda entregan al juez la primera parte de su informe

El ex presidente del Palau de la Música Félix Millet, con barba, a la salida del juzgado-CARMEN SECANELLA

PERE RÍOS - Barcelona

2,64 millones de euros. Esa es la cantidad que desviaron los saqueadores del Palau de la Música de Barcelona Félix Millet y Jordi Montull para reformar sus viviendas y las de sus hijas entre 2005 y 2009. Los peritos de Hacienda designados por el juzgado que investiga el caso así lo reflejan en las conclusiones del informe presentado esta semana al juez Juli Solaz tras analizar los centenares de documentos intervenidos en el registro del Palau que realizaron los Mossos d'Esquadra.

Las beneficiarias son una decena de empresas, aunque la mayor tajada de las obras se las llevó la sociedad Tiobra, que facturó más de un millón de euros, seguida de FM2, que giró facturas por casi 900.00 euros. Los propietarios de esta sociedad son los mismos que las de IN2, que cobró 78.000 euros. Ambas sociedades se fusionaron posteriormente en Eiffage, que cobró 260.000 euros.

Las obras consistieron en la reforma arquitectónica de las casas, la instalación de parquet, e incluso la revisión del ascensor, pues una de las sociedades beneficiarias está dedicada a estos trabajos y cobró más de 28.000 euros. El dinero desviado procedía de la Fundación Orfeó Català y del Consorcio. Los peritos advierten que las empresas cargaron el IVA a sus facturas, aunque ninguna de las dos entidades citadas tenía derecho a deducirlo porque los servicios prestados no tenían ninguna relación con la actividad que desarrollan.

Éste es el primer avance del análisis de las cuentas del Palau remitido al juzgado de instrucción número 30 de Barcelona que confirma así una pequeña parte del saqueo perpetrado supuestamente por Fèlix Millet y Jordi Montull, que las auditorías encargadas por el Consorcio del Palau de la Música y la Fundación Palau de la Música elevan, al menos, a un total de 34 millones de euros.

"CASO TROYA"; EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR COHECHO PARA EL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE

El regidor está acusado de cobrar 238.700 euros de promotores a cambio de licencias ilegales

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga
El delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público y multa de 500.000 euros para el alcalde de Alhaurín el Grande (23.300 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, como supuesto autor de cinco delitos de cohecho y otro de prevaricación. En el escrito de calificación, el fiscal afirma que el regidor cobró 238.785 euros de varios promotores con intereses de la localidad a cambio de la concesión de licencias de obra ilegales.

Según el ministerio público, Martín Serón recibió estos pagos a través de su concejal de Urbanismo y hombre de confianza, Gregorio Guerra. Para este edil, considerado el presunto cerebro de la trama, se pide una pena de siete años y medio de cárcel y 21 de inhabilitación por 11 delitos de cohecho y un delito continuado contra la ordenación del territorio consistente en la concesión de 14 licencias contrarias al ordenamiento urbanístico vigente en la localidad, situada a 20 kilómetros de Málaga. El PP sigue defendiendo la inocencia de ambos militantes.

En su escrito, el fiscal acusa a Guerra de solicitar a los promotores un total de 782.445 euros, de los cuales supuestamente llegaron a abonarse 304.545, según las anotaciones manuscritas y los archivos informáticos encontrados en el despacho de Guerra en el Ayuntamiento. El fiscal afirma que el edil "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad de las parcelas y en el número de viviendas respecto a lo legalmente establecido": cada metro cuadrado de más se cobraba supuestamente a 80 euros, y cada vivienda a 6.000 euros. Para Guerra se pide también una multa de 1,6 millones de euros.

Además de Martín Serón y Guerra, en la trama están imputados 16 empresarios que supuestamente efectuaron los pagos a los políticos o acordaron con ellos el abono de una cantidad para salvar los obstáculos legales para construir en Alhaurín. El fiscal pide para cada uno de ellos tres años de prisión por cohecho activo y como cooperadores de delitos contra la ordenación del territorio. Los empresarios se enfrentan a multas que suman 1,3 millones de euros.

El fiscal ha solicitado el sobreseimiento en la causa de la esposa del alcalde, Teresa Santos, economista de profesión que estaba imputada por blanqueo de capitales. También pide el archivo para el empresario Manuel Márquez.

Juan Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos por estos hechos en la llamada operación Troya, desarrollada en enero de 2007. Ambos políticos fueron puestos en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El PP les ha apoyado de forma rocosa desde entonces, y ha dado por buenas las imprecaciones del regidor, que acusaba a la fiscalía y a la policía de estar a las órdenes del PSOE. En las últimas elecciones municipales, celebradas seis meses después de la operación, Martín Serón revalidó su mayoría absoluta.

El secretario provincial de PP malagueño, Francisco Salado, ha salido esta mañana en defensa del alcalde alhaurino. Salado ha afirmado que el caso Troya es "un montaje que no llega a ningún sitio" y ha reclamado que el juicio sobre esta trama se celebre "lo antes posible". Salado ha subrayado el hecho de que el delito de blanqueo "se ha caído" del escrito de acusación y se ha mostrado convencido de que Martín Serón saldrá absuelto. En el caso de Gregorio Guerra, Salado no ha sido tan contundente, y se ha limitado a decir que el fiscal hace valoraciones "que no son ley de obligado cumplimiento", informa Europa Press.

La alegría de un alcalde
"Hemos recibido la noticia con alegría, ya que es una batalla más que hemos ganado". El equipo de gobierno local de Alhaurín el Grande reaccionó de esta sorprendente forma ante la noticia de que su alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, se enfrentan a penas de cárcel por delitos de corrupción. En un comunicado, el equipo de gobierno alhaurino volvió a acusar a la Fiscalía de montar un "juicio mediático fomentado por el entorno socialista". Además, calificó el caso Troya como "el mayor caso de persecución política de nuestra democracia".

Después de reprochar a la Fiscalía que hiciera conocer el escrito acusatorio a los imputados "a través de la prensa", el equipo de gobierno destacó el hecho de que se sobresee la imputación por blanqueo, en el caso del alcalde, y de prevaricación, en el caso de Guerra. También se felicitó por que el cohecho que se imputaba a ambos ediles "se haya convertido en pasivo". El cohecho -el pago o aceptación de sobornos- tiene dos distinciones: el activo, referido al que paga a cambio de una resolución justa o injusta, y el pasivo, referido al que cobra por ello. En este caso, cohecho pasivo significa simplemente que Guerra y Martín Serón supuestamente cobraron sobornos a cambio de conceder licencias ilegales de obra.

F. J. P.

"OPERACIÓN PONIENTE"; EL EX INTERVENTOR DE EL EJIDO MANTUVO "CONTACTOS POLÍTICOS" CON EL PP Y EL PSOE

Escuchas telefónicas

Europa Press | Almería

La intervención judicial de los teléfonos de los principales imputados en la presunta trama de corrupción municipal en la localidad almeriense de El Ejido destapada por la 'operación Poniente' reflejan numerosas comunicaciones de "carácter político" con integrantes del PSOE y el PP en el ámbito provincial y regional que, si bien no tendrían "ningún interés" en la investigación para la juez instructora, sí apunta que ocupaba "gran parte del tiempo empleado" por el ex interventor municipal, José Alemán, en sus conversaciones.

Entre los 8.306 folios liberados el pasado día 4, a los que tuvo acceso Europa Press, se recoge, entre otras referencias además de diálogos directos, como la persona que informa a Alemán con asiduidad -el ex senador del PP, José Manuel Gómez Ángulo- le dice en una conversación datada en junio que tiene que "sugerir discretamente algún nombre para el PSOE de El Ejido" para que "lo proponga Diego" Asensio en referencia al secretario provincial de los socialistas "porque tienen que mejorar sus expectativas aunque los votos son vuestros (PAL)".

En septiembre, y estando vigente el pacto PSOE-PAL para el gobierno en la Diputación Provincial suscrito en 2007 y que se rompería tras la detención de Enciso, éste recibe una llamada de Asensio durante la que le comunica que habló con el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, "quedar" con él y con el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, para una reunión en Sevilla, a la que finalmente se suma también el ex interventor municipal, "y estar un rato viendo un poco lo que va a ser el curso político".

Políticos 'sin clase'

Los 20 tomos del sumario que ha liberado la juez Montserrat Peña contienen, asimismo, diálogos y reacciones a la comida que también en septiembre mantuvieron el concejal en el Ayuntamiento del Almería Francisco Amizián (PP) y Alemán, con gran repercusión mediática, y de la que se jactan en varias comunicaciones "por la han liado" ante la reacción del presidente provincial de los 'populares', Gabriel Amat, ya que se hizo "a sus espaldas".

Amizián asegura en un diálogo mantenido el 16 de septiembre que sus compañeros de partido en El Ejido "son tontos" por la reacción ante el almuerzo para "buscar la Diputación" y un pacto PP-PAL mientras que el día 17 Alemán llama al senador y alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, y bromea diciendo que "son muy malos y les falta clase a los políticos de Almería" al tiempo que le dice que "hace falta que venga él de jefe".

El sumario recoge también cómo el ex interventor municipal se sirvió de la mediación del secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE de Almería, Juan Antonio Segura Vizcaíno, para solucionar un trámite que bloqueaba la concesión de una subvención de más de 400.000 euros solicitada ante la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca.

En una conversación en la que es Segura Vizcaíno el que llama a Alemán, le comenta, después de que el ex interventor le relate las dificultades para conseguir la ayuda debido "a un contencioso que mantienen con la Junta por compensarnos unas deudas", que "llame a Juan Cáceres", delegado provincial de Economía y Hacienda, ya que "es el que tiene que hacerte el papelito".

Además

"CASO TROYA"; LA FISCALÍA PIDE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE

Marta S. Esparza | Málaga

La Fiscalía de Malaga ha hecho público su escrito de conclusiones provisionales sobre las diligencias abiertas por el conocido caso 'Troya', sobre a la supuesta corrupción municipal en torno al urbanismo de Alhaurín el Grande. El fiscal ha solicitado que se imponga al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, la pena de cuatro años y seis meses de cárcel por cinco delitos de cohecho pasivo, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 11 años y una multa de 500.000 euros.

Además, por un delito de prevaricación omisiva el fiscal pide para el regidor una inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años. El fiscal estima que Juan Martín Serón permitió la conducta delictiva de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, encargado de obtener contraprestaciones económicas a cambio de incrementos de edificabilidad contrarios al planeamiento municipal, y obtuvo a cambio de su silencio la "oportuna participación en el dinero conseguido".

En su escrito la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra 20 imputados, entre los que figuran junto a cargos públicos algunos funcionarios municipales y empresarios promotores inmobiliarios. Para el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, el fiscal solicita cinco años y seis meses de cárcel por 11 delitos de cohecho pasivo, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 11 años. Además, por 14 delitos contra la ordenación del territorio el fiscal pide para el edil dos años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por otros 10 años.

En su escrito, el fiscal asegura que desde el año 2002 se ha venido funcionando en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande mediante una "trama dirigida a obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales", en la que se ofrecía a empresarios y promotores inmobiliarios "la posibilidad de obtener mayor edificabilidad respecto a la prevista en el planeamiento municipal, a cambio de determinadas retribuciones económicas".

Al frente de dicha trama se encontraría presuntamente el acusado José Gregorio Guerra, edil de Urbanismo, encargado de negociar las condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las consiguientes contrapartidas a abonar por los empresarios. Guerra recaudaba y llevaba la contabilidad, según mantiene el Ministerio Fiscal, basándose en los pagos que aparecen en determinados archivos intervenidos durante la investigación. Según estos archivos, los implicados habrían cobrado el metro cuadrado de techo de más a 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se le aplicaba la suma de 6.000 euros.

En la trama se integraban ciertos funcionarios municipales, como Juan B.G., asesor jurídico de la oficina técnica del Ayuntamiento, quien a pesar de conocer que los proyectos venían informados negativamente por el arquitecto municipal emitía informes a favor de las licencias. Otro funcionario imputado es Ildefonso D.C., también asesor jurídico, quien al igual que el anterior informó en alguna ocasión a favor de la concesión de licencias. Para los 16 empresarios imputados por efectuar los pagos el escrito fiscal pide dos años de prisión y 120.000 euros de multa para cada uno por cohecho activo.

"CASO MAQUILLAJE"; LAS LÁGRIMAS DE LA EX PRESIDENTA

Munar ha roto a llorar al escuchar la petición del fiscal

Munar a su llegada a los juzgados de Palma. | Efe

Munar ha negado todas las acusaciones de Miquel Nadal

En las últimas semanas varios imputados la han involucrado en la trama

Héctor Rubio | Palma

La princesa destronada. Los besos de sus primeros flirteos con los juzgados se han convertido hoy en lágrimas. Un llanto que ni unas gafas de sol a lo Audrey Hepburn hiperbólica han podido ocultar.

Su vestimenta, negra luto, le acompañaba y es que Munar ha roto en lágrimas cuando ha recibido la noticia de la fianza. El fiscal ha sido impasible ante el derroche de glamour sombrío de la que otrora fue la presidenta del Parlament balear, del Consell, de Unió Mallorquina, princesa de la Isla.

Ha acudido puntual a su cita en los Juzgados de Palma para prestar declaración ante el juez por su presunta implicación en el llamado 'caso Maquillaje', aunque eso sí, en esta ocasión ha abandonado el coche oficial y ha llegado acompañada por su marido, también imputado en la causa. Con el semblante serio, altiva y camuflada tras unas grandes gafas de sol, ha saludado a los medios mientras algunos ciudadanos la han recibido con abucheos.

No han aparecido miembros de su partido para aplaudirla, como sí ocurriera en otras ocasiones, pero no se ha quedado sin recibimiento. La prensa la ha abrazado firme y de manera calurosa. Una marabunta de medios la ha asediado y por poco pierde un zapato y el bolso. Cables para tropezar, empujones y nada de glamour en la acogida mediática.

E insultos. Esporádicos pero parece que a la gente se le ha acabado el amor. "¿De aquí a Hollywood?", ha preguntado a gritos una espontánea. Sin pasaporte va a ser complicado.

Munar presta en estos momentos declaración por su presunta relación con la productora Video-U. La ex presidenta tendrá que defenderse de las acusaciones del que fuera su mano derecha, Miquel Nadal, quien la incrimina en la supuesta malversación de fondos públicos.

Varios imputados la han involucrado directamente

Munar ha ofrecido su versión de los hechos que en las últimas semanas la han incriminado en esta presunta trama de corrupción. Nadal apuntó contra ella al asegurar que en 2004 le entregó 300.000 euros en efectivo en su vehículo oficial para la adquisición del 50% de Vídeo U. Después, fue involucrada también por cuatro imputados más, que se han prestado a colaborar con la justicia de cara a obtener futuras atenuantes.

Munar también ha sido interrogada por el supuesto desvío de fondos públicos a miembros de Unió Mallorquina y la presunta financiación ilegal de su partido, todo ello por medio de la concesión a productoras vinculadas a UM de contratos millonarios del ente público Radiotelevisió de Mallorca, gestionado por el Consell.

"CASO VOLTOR";LA FISCALÍA SOLICITA PRISIÓN BAJO FIANZA DE 100.000 EUROS PARA BUILS Y FARRÚS

El fiscal solicita la misma cuantía a los dos empresarios de Minser detenidos, además de la entrega de los pasaportes para los cuatro imputados

Llegada de Francesc Buils a los Juzgados. Foto: IB3

Tras la declaración de los cuatro detenidos a lo largo de la jornada de hoy, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán han solicitado también a la jueza que decrete la retirada de sus pasaportes y su comparecencia cada quince días.

El pasado lunes fueron detenidos en la segunda fase de la "operación Voltor" el ex conseller de Turismo Francesc Buils, el empresario de la comunicación Jacinto Farrús, y dos informáticos de una empresa, acusados de malversación de caudales públicos y fraude por las supuestas irregularidades cometidas en la realización de contrataciones públicas.

Fransecs Buils es el segundo ex conseller de Turismo de Baleares por Unió Mallorquina (UM) arrestado en esta operación Voltor, después de que en febrero fuera detenido en la primera fase Miquel Nadal.

"CASO MAQUILLAJE"; UNA EMPRESA PROPIEDAD DE MUNAR Y SU MARIDO PAGÓ UNA FIANZA A BARTOMEU VICENS

EFE. PALMA. La ex presidenta del Parlament y de UM, María Antonia Munar, ha declarado hoy que la sociedad Trasiego, participada por ella en un 15 por ciento y en un 85 por ciento por su marido, prestó dinero a Bartomeu Vicens para pagar una fianza judicial a la que tuvo que hacer frente a finales del año pasado.

Así lo ha afirmado la propia Munar durante su declaración hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Palma en relación al caso Maquillaje, donde se investiga el supuesto desvío de fondos públicos a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido.

En la pasada legislatura (2003-2007), Munar era la presidenta del Consell de Mallorca, mientras que Vicens era conseller insular del Territorio.

Según ha señalado la ex presidenta de UM, con Vicens no tiene relaciones societarias, aunque sí políticas. Munar desconoce -ha asegurado- la cantidad prestada a Vicens porque trató el tema del préstamo con su marido y no con ella.

Vicens está imputado en varias causas judiciales y ha pagado un total de tres fianzas para eludir la cárcel relacionadas con varios casos de supuesta corrupción durante la pasada y actual legislatura.

En concreto, pagó 100.000 euros en noviembre de 2009 exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dentro del caso Son Oms.

En diciembre de 2009, abonó dos fianzas más, de 100.000 euros cada una, correspondientes al caso Son Oms y al caso Maquillaje, en el que hoy ha prestado declaración la ex presidenta de UM.

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; PIDEN UNA FIANZA DE 450.000 EUROS PARA MUNAR Y LA RETIRADA DEL PASAPORTE

Y el embargo de sus bienes por valor de 2,6 millones

Tendrá que volver a las 21.00 horas para conocer la resolución del juez

Héctor Rubio | Palma

Tras casi tres horas de declaración ante el juez y una ante el fiscal anticorrupción, éste ha solicitado al juez que imponga una fianza por responsabilidad penal a la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, de 450.000 euros y la retirada del pasaporte. Por otra parte solicita que se le embarguen sus bienes, hasta alcanzar un valor de 2,6 millones de euros, por responsabilidad civil. El juez dará a conocer su decisión a las 21.00 horas.

El fiscal ha basado esta petición en los siguientes supuestos delictivos: el millón de euros otorgado en subvenciones irregulares concedidas a Video U y Estudio Media; en los 450.000 euros en subvenciones dados a un programa que no existió y a una catalogación de archivo que tampoco se produjo jamás; y en la cantidad de 500.000 euros por multas que se le podrían imponer en el proceso. A todo ello cabe sumar, por ley, un tercio de esta cantidad global, informa Europa Press.

Los delitos que se le imputan son negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y un delito electoral.

Durante la vista, Munar ha negado al juez haber estado relacionada con la productora audiovisual Vídeo U y haber pagado al ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, 300.000 euros. Sobre la ex presidenta pesa la acusación de haber contribuído presuntamente en el desvío de más de cuatro millones de euros a Vídeo U durante la pasada legislatura y haberse servido de su supuesto testaferro para colocarse detrás de la empresa audiovisual.

En este contexto, la imputada ha negado que en 2004 entregase 300.000 euros en efectivo al entonces vicepresidente insular, Miquel Nadal, para la adquisición del 50% de Vídeo U, según informaron fuentes jurídicas, en contra de lo declarado ante el juez por Nadal, el presunto terstaferro de éste, Miquel Sard, y tres directivos de la productora.

Durante su deposición, ha cargado las responsabilidades contra Nadal, quien precisamente la involucró el mes pasado en la comparecencia que efectuó ante el magistrado y en la que aseguró que la ex presidenta le dio el dinero en efectivo en su coche oficial, informa Europa Press.

Acusada por su mano derecha

La Fiscalía ha pedido medidas cautelares contra ella a tenor de la declaración que ha efectuado ante el juez, al darse la circunstancia de que tras haber renunciado a la presidencia del Parlament y a su acta de diputada inmediatamente después de la confesión arrojada por Nadal ante el juez, la imputada ha perdido la condición de aforada y de este modo el magistrado podrá, en caso de que así lo soliciten las acusaciones, decretar estas medidas, que podrían ir desde la retirada de su pasaporte a prisión bajo fianza.

Los cinco encausados que la han implicado en este caso de presunta corrupción apuntaron a otro de los inculpados en el caso, Víctor García, como el presunto testaferro del que se sirvió Munar para hacerse con una cuarta parte de las acciones de la empresa audiovisual, y a Miquel Sard como la persona que utilizó Nadal para adquirir el otro 25%. Contra la palabra de los cinco imputados -Nadal, tres gestores de Vídeo U y Sard- se alzó la de García quien, incurriendo en numerosas contradicciones, negó en su deposición haber actuado en nombre de la ex presidenta 'uemita' y afirmó por el contrario haberlo hecho en representación de Nadal.