jueves, 8 de octubre de 2009

UNA TÉCNICA DE MERCASEVILLA FUE PRESIONADA POR "DOS PERSONAS"

La trabajadora asegura que ambas acudieron a su despacho

J. M.-A. - Sevilla

Victoria Bustamante, técnica de la Gerencia de Urbanismo imputada en el caso Mercasevilla, dijo que "dos personas se habían metido en el despacho" y le "habían presionado" debido a las irregularidades en el concurso público de los terrenos municipales que denunció en su declaración ante la juez el pasado julio. El jefe de la Policía Judicial de Sevilla relató en su declaración de ayer ante la magistrada esta visita que sufrió Bustamante, y que ella misma le había contado la semana pasada.

La técnica había mostrado su perplejidad ante la cláusula "desproporcionada del precio" que hizo ganar el concurso a la constructora Sando tras ofertar 106 millones, pese a que el grupo Noga había ofrecido 158 millones por la compraventa de los terrenos. La juez definió tal adjudicación como "antieconómica y contraria al interés general".

El jefe policial relató ayer que Bustamante, que se negó el pasado lunes a declarar ante la juez, estima que su informe sobre las valoraciones de las ofertas "había sido cambiado" sin su consentimiento por el ex director Fernando Mellet y la directora de proyectos Regla Pereira. La técnica asegura que se negó a firmar el acta de adjudicación a Sando, pero que el asesor Jorge Piñero, también imputado, le llamó y le dijo "que si seguía ganando Sando, que firmara el documento". Bustamante se llevó su ordenador a casa "ante el temor de que le pudieran borrar los correos de interés para la causa", y ahora la Policía Judicial investiga si contiene correos electrónicos enviados por Mellet.

El jefe de la Policía Judicial también informó de que Bustamante le dijo: "La valoración económica la hizo Ripollés [José Antonio Ripollés, técnico imputado] La fórmula no estaba en el pliego de condiciones". El policía especificó que consideró que "la expresión fórmula se refería a la cláusula de limitación al alza". Por otra parte, la juez ha rechazado la personación de la empresa Mercasevilla en la parte de la causa relativa a la petición de comisiones ilegales.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; 358 CONTRATOS DE MADRID A LA RED

La investigación judicial del 'caso Gürtel'
Las consejerías gastaron tres millones de euros en actos adjudicados a la trama entre 2004 y 2008, según el sumario
Aguirre negó que empleara a estas empresas

El Gobierno regional otorgó al menos 358 contratos entre 2004 y 2008 a las empresas de la trama Gürtel por una cuantía de 3.084.558 euros. Estos datos se desprenden de la documentación enviada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que figuran en los 17.000 folios de la parte del sumario desclasificada. Documentos que el Ejecutivo regional se ha negado a facilitar a la oposición. La consejería a la que más servicios presta la trama corrupta es la de Cultura y Deportes, que suma 90 contratos por valor de casi un millón de euros.
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El coste de dos actos otorgados por concurso se 'engordó' con nueve recibos troceados

En 2006, tres consejerías pagaron por el mismo concepto en una entrega de diplomas

El homenaje a los servicios de urgencia del 11-M se dividió en 15 facturas. Sumaban 141.000 euros
Aguirre ya era presidenta en este periodo, en que todas las consejerías (11) han cedido servicios a la trama. Aunque el pasado 9 de febrero, al anunciar el cese de Alberto López-Viejo como consejero de Deportes, dijo: "Mi Gobierno no tiene ningún contrato con la trama".

No subir de 12.000 euros
Del repaso a la documentación se desprende que la mayoría de los contratos son de entregas de premios, presentaciones u homenajes, ordenados por el imputado López-Viejo, que se encargaba de los actos públicos en los que participaba la presidenta y de los actos del PP regional. La trama identifica a este ex consejero como el "muñidor" dentro del Ejecutivo de Aguirre.

Buena parte del gasto estaba troceado para no superar los 12.000 euros, cantidad para la que es necesaria un concurso restringido. La entrega de los premios de la Cultura y la medalla Internacional de las Artes de los años 2005 y 2006 se adjudicó a Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama, que ganó un concurso por 412.834 euros en total. Pero la ganancia se completó con 73.264 euros en nueve facturas inferiores a 12.000 euros que Cultura pagó a Diseño Asimétrico y Easy Concept.

El acto de homenaje a los servicios de urgencias del 11-M, celebrado el 25 de marzo de 2004, costó 141.000 euros, pero fue repartido en 15 facturas, inferiores a los 12.000. Otro caso curioso es el de Rumbo al Sur, un programa que lleva a jóvenes a visitar los proyectos de cooperación. Por el acto de entrega de diplomas a los participantes en el viaje de 2006, una de las empresas de la trama, Servimadrid Integral, facturó a tres consejerías distintas (Deportes, Familia y Asuntos Sociales e Inmigración) por una cantidad total de 15.000 euros.

"CASO GÜRTEL"; LAS REVELACIONES DEL SUMARIO SOBRE LA "TRAMA"

Corrupción generalizada, coches de lujo... un resumen con lo más destacado de los 17.000 folios
La investigación destapa la corrupción generalizada en el PP
Los implicados confiesan el trato de favor de los Gobiernos de Aznar, Camps y Aguirre, y expresan su temor a que se descubra la financiación ilegal del partido.
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La mejor defensa del PP
Cuando estalló el escándalo de la trama de corrupción masiva vinculada al PP, los dirigentes de esta formación política se quejaron amargamente de la indefensión que sufrían los implicados por ignorar de qué se les estaba acusando. Al hacerse la luz, los males del partido no se han curado, al contrario.
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El jefe de la trama trató de inculpar a sus subordinados desde la cárcel
Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, se lo resume sin paños calientes a su abogado: "El puto pen drive, macho". Ambos saben que la memoria USB que guarda años de contabilidad en dinero negro es la prueba clave que no pueden negar. Y Baltasar Garzón ya la tiene en su poder. La conversación entre Correa y su letrado, registrada el 6 de marzo en un vis a vis en la prisión de Soto del Real (Madrid), fue grabada por orden del juez e incorporada al sumario.
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"Agag me pidió que Álvaro llevara los actos de Aznar, y a Botella le encantó"
"Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA", declaró Correa ante Garzón. Su testimonio declaraciones constituye un elemento definitivo para comprobar cómo operaba la trama, qué contactos de altísimo nivel político mantenía en el PP y cómo se creó a la sombra de Aznar y después se trasladó a Valencia, al entorno de Francisco Camps.
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Pablo Crespo se ocupaba de la fontanería, organizaba las campañas y romerías multitudinarias de los populares. También llevaba las cuentas del partido. Todo lo dejó anotado en una caja de seguridad de un banco en Pontevedra. Cuando 10 años después tuvo noticias de que la policía acudía a desprecintarla, estando ya él en la cárcel, Crespo expresó su preocupación a su socio, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a su abogado.
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LA FISCALÍA DENUNCIA AL ALCALDE DE ATARFE Y AL ARQUITECTO MUNICIPAL

GRANADA Por atentar contra la calidad de vida de los ciudadanos

Efe Sevilla

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), y al arquitecto municipal por la presunta autoría de un delito de prevaricación por una infracción urbanística y un atentado material a la calidad de vida de los ciudadanos.

En el escrito de la Fiscalía, dado a conocer este jueves por el PP, que denunció los hechos, se refleja que en el sector SR-21 de las Normas Subsidiarias de Atarfe, en la Manzana 14, se produce "una operación fraudulenta con la manifiesta finalidad de alterar los parámetros urbanísticos vinculantes y alcanzar así un sustancioso aumento del lucro de los promotores".

Según el PP, el primer convenio, aprobado en abril de 2004, establecía como características urbanísticas una parcela mínima de 400 metros cuadrados con una densidad edificable de 18 viviendas unifamiliares por hectárea.

Este convenio fue "modificado" el 7 de marzo para cambiar su tipología de viviendas unifamiliares a viviendas plurifamiliares, por lo que estipulaba la construcción de 430 viviendas por hectárea, pese a que la Ley Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establece un máximo de 75.

La Fiscalía, que apoya sus argumentos en distintos informes, entre ellos uno elaborado por el Seprona de la Guardia Civil, entiende que existe un "uso interesado de un simple estudio de detalle para lograr un lucrativo aumento de la edificabilidad y densidad por encima de los límites fijados en el verdadero plan".

El PP pide su dimisión o cese
El efecto final, prosigue la denuncia, es "una radical modificación de la ordenación urbanística en tres escalones", con los que se produce una "alteración de parámetros esenciales" así como la "consiguiente superación de los límites estructurales de edificabilidad y densidad máximas de viviendas" y la "superación final de los estándares legales fijados en la propia LOUA".

Por último, la fiscalía ha acusado al regidor municipal de un "atentado material a la calidad de vida de los ciudadanos por infracción de los estándares urbanísticos", ya que se produce un "déficit equipamental" en la manzana catorce de 901 metros cuadrados que correspondían al consistorio.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, José Manuel Aranda, ha afirmado que las obras "faraónicas" desarrolladas en los últimos años por el gobierno local del municipio metropolitano pretendían "engordar el ego del alcalde e intentar construcciones de las que la ciudadanía no era consciente".

Además, tras esta denuncia de la Fiscalía, Aranda ha advertido de que las normas subsidiarias del municipio "son nulas puesto que no se publicaron", por lo que considera que si alguien impugnase todos los planes parciales desde 1994 las consecuencias serían "trascendentales".

Por su parte, la secretaria general del PP, Luisa García Chamorro, ha solicitado al PSOE provincial que intervenga contra su alcalde en Atarfe, del que también ha dicho que no puede seguir en el cargo "ni un minuto más" y que debería dimitir "por vergüenza" por gobernar un municipio que "ya es conocido como la Marbella granadina".

"CASO GÜRTEL"; CORREA A SUS SOCIOS: "ESPERO 500 CANAPÉS"

TRAMA GÜRTEL Evitaba hablar por teléfono y usaba palabras clave
Francisco Correa, el 29 de agosto, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para declarar ante el juez Pedreira. B. Díaz
Usaba varios móviles, tarjetas prepago y no daba datos por teléfono
Según la Policía, '500 canapés' eran 500.000 €, términos habitualmente usados
El día de Navidad de 2008, Correa sospechaba de que lo investigaban
Quería irse a Panamá, país con el que no hay convenio de extradición
Luis Ángel Sanz Madrid
Francisco Correa estaba muy preocupado por su seguridad. Tanto le temía a las escuchas telefónicas y a ser investigado que, según sus propias palabras, pensaba que estaba algo "neurótico" con el asunto. Para evitar ser descubierto, utilizaba varios teléfonos móviles, trataba de no hablar de asuntos delicados a través de ellos, usaba otros números con tarjeta prepago que sólo facilitaba en persona, líneas internas que consideraba seguras e, incluso, impuso la utilización de palabras clave para no dejar rastro. En noviembre de 2008 sus temores llegaron al máximo y resetearon varios de sus móviles, con resultado negativo. Según creyeron, no estaban pinchados. Sí lo estaban.
Las investigaciones de la Policía han desvelado parte de las claves que usaban Correa y compañía. Según la Policía, '500 canapés' eran 500.000 euros. Sólo gracias a esa traducción se puede entender una conversación que mantuvieron el 'número dos' de Correa, Pablo Crespo, con el directivo de Orange Market, Álvaro Pérez. El 3 de noviembre de 2008, Pérez -'El Bigotes'-, deja de hablar con Crespo para emplazarle a continuar después por la "línea interna". Pero antes de colgar, le dice que espera "500 canapés". Según los agentes de la Udef, esperaba cobrar 500.000 euros. Varios informes policiales detallan éstas y otras medidas de seguridad y las califican como "extremas".
Correa impuso este 'modus operandi' a las personas que trabajaban con él. El 2 de noviembre, recibe una llamada de Maite, que le va a poner en contacto con un brasileño con el que quiere hacer negocios. La conversación es cordial hasta que la interlocutora da demasiados datos y él le advierte que no hable de eso por teléfono. Como ella parece hacerle poco caso, la corta tajante: "Que conmigo, con Paco Correa, que no hables nada por teléfono".
Minutos después, la mujer dice que ha "explicado un poco todo" al brasileño. "Pues no deberías, por teléfono no", la interrumpe brusco. "Sí, en el de él, sí", insiste Maite. "Tienes que empezar a habituarte a no hablar por teléfono (...) Tú estás muy tranquila, pero los demás, no".
Cuando las precauciones se relajan
Eso sí, las precauciones se relajan cuando es Correa el que quiere saber. El 11 de noviembre, el líder de 'Gürtel' habla con Crespo y le pregunta si una carta de la Generalitat valenciana para el gobernador del Estado de Nuevo México que le van a llevar va firmada por el vicepresidente, Vicente Rambla, a lo que Crespo no le responde -"si quieres, después lo comentamos", le dice-. Correa insiste y le dice que "no pasa nada, tío, ¿qué problema hay? ¡Estamos hablando de los Grammy, hostias!". A continuación, afirma: "¡Qué neuróticos estamos todos, tío!".
Parte de este nerviosismo era fruto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que afectaba a más de 60 personas que desviaban dinero negro a Liechtenstein, un paraíso fiscal. La Policía había registrado el despacho de José Ramón Blanco, socio de Correa, y él temía verse involucrado. Sin embargo, cuando se levantó el secreto de ese sumario, el 25 de noviembre, los líderes de la trama respiraron tranquilos: no estaban siendo investigados.
El día de Navidad de 2008, otra conversación desvela que Correa está al tanto -o tiene serias sospechas- de que la Justicia se cierne sobre él. En conversación con un empresario, le dice que "todo mi tinglado y todas mis sociedades están con el fiscal anticorrupción, ya te contaré. Tengo un lío importante, gordo, gordo".
Correa parecía decidido a abandonar España y a continuar dirigiendo sus negocios desde el extranjero. Sus hombres estaban arreglando sus papeles para conseguirle residencia en Panamá. Con ese país, España no tiene tratado de extradición. El 6 de febrero, fue detenido y desde entonces permanece en prisión.
Además

"CASO GÜRTEL", BOSCH, MARTÍN VASCO, Y LÓPEZ VIEJO, EN UN "LIMBO" PARLAMENTARIO

ASAMBLEA Mantienen su acta de diputado

Europa Press elmundo.es Madrid

Los tres diputados autonómicos imputados en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, decidieron no acudir hoy al pleno de la Asamblea de Madrid, donde minutos antes de comenzar la sesión, al filo de las 16 horas, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunció la salida de los tres políticos del Grupo Parlamentario Popular.

Según establece el Reglamento de la Asamblea de Madrid, de 1997, al abandonar el grupo parlamentario popular, López Viejo, Martín Vasco y Bosch pasarían al grupo mixto durante el tiempo que reste de Legislatura. Sin embargo, el artículo 43 establece que para ello estos parlamentarios deberían comunicar expresamente en el Registro su decisión de pasar a este grupo, con el fin de informar a la Mesa y a la Junta de Portavoces.

Dado que no lo han hecho todavía, en este momento se encuentran en un 'limbo' por el cual siguen cobrando su sueldo y mantienen su acta, pero no disponen de escaño en ningún grupo. Asimismo, pueden acudir a todas las comisiones que quieran y por las que también se cobra.

"La incorporación de los diputados al Grupo Mixto será formalmente declarada por la Mesa", señala el Reglamento de la Cámara, en el que no consta la figura del 'diputado no adscrito', que existe en otros parlamentos. En este caso, serán diputados electos y por ser menos de cinco parlamentarios no pueden constituir un grupo parlamentario propio. Por lo tanto, no tendrán derecho a formar parte de los órganos de la cámara ni participar en las comisiones, pero sí mantendrán sus derecho a voto en los plenos.

En el verano de 2003, cuando los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez hicieron que el socialista Rafael Simancas perdiera la Presidencia de la Comunidad de Madrid al no presentarse a la votación, se abrió un debate a instancias de los Grupos de PSOE e IU sobre la creación de la figura del 'diputado no adscrito' para evitar que los diputados salientes de los grupos pudieran beneficiarse de las prebendas ligadas a esta condición. La medida no prosperó.

Según explicó Aguirre, los tres diputados le comunicaron su decisión de abandonar el Grupo Parlamentario Popular "en este mismo momento", para "no perjudicar al partido", aunque reconoció haberles pedido que devolvieran el acta. No obstante, "en nuestro Derecho el acta no es propiedad del partido y por esta razón, la decisión que ellos han tomado es la de abandonar el Grupo Parlamentario Popular", argumentó.

La jefa del Ejecutivo madrileño señaló además que, tras comunicar a Jesús Sepúlveda y a Arturo González Panero, ex alcaldes de Pozuelo y Boadilla, respectivamente, la posición de los diputados, han decidido "hacer lo propio en el Grupo Municipal Popular" de sus municipios.

"CASO GÜRTEL"; LOS DIPUTADOS IMPUTADOS ABANDONAN EL GRUPO POPULAR

López Viejo, Martín Vasco y Alfonso Bosch

El escaño vacío de López Viejo, este jueves. Alberto Cuéllar

Por ahora ninguno de los tres abandona su acta de diputado
Pasarán a formar parte del Grupo Mixto
Aguirre responde a Sabanés que no remodelará su gobierno tras el 'caso Gürtel'
También dejan de ser ediles del PP Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda
Luis A. Sanz Pedro Blasco Europa Press Madrid

Los tres diputados autonómicos madrileños imputados en el 'caso Gürtel', Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, han dejado de pertenecer al Grupo Popular en la Asamblea de Madrid a petición propia, según acaba de anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta región, Esperanza Aguirre.

Aguirre ha pedido a los diputados imputados que devolvieran sus actas, pero ellos han decidido conservarlas, lo que supone que pasarán a formar parte del grupo mixto. Ninguno de los tres ha acudido este jueves por la tarde a la Asamblea de Madrid.

Tras la baja de los tres diputados, el PP mantiene todavía la mayoría en la Asamblea al conservar 64 escaños de los 120 de la Cámara.

También han abandonado su cargo como ediles los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, que dejan el grupo municipal.

Aguirre ha señalado que la "decisión política que han tomado es la mejor para el partido" y ha recordado que el acta "no es propiedad del partido".

El PP de Madrid vuelve así a marcar distancias con la dirección nacional del partido, que siempre ha retardado hasta el máximo posible la adopción de medidas disciplinarias sobre los presuntos implicados, como ocurrió con el senador Luis Bárcenas. El miércoles, Mariano Rajoy volvió a decir que "exigirá responsabilidades" tras conocer el sumario, pero no aclaró a cuáles se refería.

Al contrario, el Comité de Dirección del partido en Madrid se reunió el miércoles por la tarde y decidió pedir a los tres diputados del PP madrileños que dejen sus escaños, algo que rechazaron hacer.

Los dirigentes consultados explicaron que Aguirre y las personas más próximas a la presidenta entienden que los nuevos datos conocidos tras el levantamiento de parte del secreto de sumario del 'caso Gürtel' son lo suficientemente sólidos como para que los tres dejen su cargo público de manera cautelar, siempre a la espera de que avance la investigación para conocer con seguridad si colaboraron activamente con la red corrupta o no, como alegan ellos.

Los tres diputados fueron suspendidos de militancia en el PP de forma cautelar el pasado febrero. El ex consejero Alberto López Viejo
fue destituido fulminantemente por Aguirre el 9 de febrero, tres días después de la detención de Correa y antes de que se conociera su supuesta implicación en la trama. Se convirtió así en la primera persona que asumió responsabilidades, seguido inmediantamente por el resto de militantes del PP de Madrid que resultaron imputados.

El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho por la mañana que la decisión de Aguirre es "unilateral" y se ha producido "sin ningún tipo de presión" de la dirección nacional.

Sin remodelación del Gobierno
Aguirre ha anunciado que no remodelará el Gobierno regional de manera inmediata a pesar de las peticiones de la oposición a que tome medidas por el caso Gürtel.
"No señoría tal y como le dije en respuesta a una pregunta prácticamente idéntica a ésta que me hizo usted el 16 de abril la respuesta es no señoría", afirmó Aguirre en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Preguntada por la portavoz de IU, Inés Sabanés, sobre la posibilidad de remodelar su Gobierno cuando tiene la trama Gürtel "en la misma puerta de la sede del Gobierno regional y de su Presidencia", Aguirre indicó que "nadie que esté imputado en este asunto llamado Gürtel sigue teniendo ninguna responsabilidad en el PP". "¿Puede decir usted lo mismo de IU? Verdad que no puede señoría?", añadió.

A renglón seguido, la presidenta citó al ex alcalde de Pinto Carlos Penit, del que dijo que fue "condenado e inhabilitado por sentencia firme del Tribunal Supremo por prevaricación e indultado por el Gobierno de Felipe González". "Ahí lo tiene usted y esta vez está imputado por tráfico de influencias y por cohecho. Le va usted a quitar de segundo teniente de alcalde y de concejal de Urbanismo después de apoyar una moción de censura que apesta ¿Va usted a hacer algo? Pues mire, a usted no le gustan los miembros del PP no le gusta la presidenta no le culpo, pero es que los madrileños es que a nosotros nos han encargado la responsabildiad de gobernar", señaló.

"Todos los contratos de la Comunidad de Madrid son legales y tienen el informe de la Intervención, si tiene sospechas, dudas o pruebas, como está diciendo, no tiene más que denunciarlo ", aseguró la presidenta tras los reclamos de la oposición de conocer información sobre supuestos contratos con empresas relacionadas con la trama Correa, ya que el sumario de la causa parcialmente levantado habla de cientos de contratos de la Comunidad con empresas de la supuesta trama.

Por su parte, Sabanés le preguntó si puede mantener que "no se enteraron de nada" de las presuntas contrataciones de la Comunidad con empresas de la trama. "¿Puede mantener hoy aquí que es que hay unos pocos que se aprovecharon ilícitamente?", le dijo a la presidenta, y reclamó el "paquete completo" para los diputados imputados "acta, Parlamento y escaño".

Además

CASO GÜRTEL; RAJOY PIDE A AGUIRRE LA CABEZA DE LOS TRES DIPUTADOS DEL PP DE MADRID IMPUTADOS EN LA TRAMA
















El presidente del PP, Mariano Rajoy, conversa con la presidenta del partido en Madrid y presidenta regional, Esperanza Aguirre (Efe).

@José L. Lobo / Alberto Mendoza.-

"Veo a Mariano muy preocupado por el caso Gürtel", aseguraba ayer a El Confidencial un miembro de la cúpula del PP que despacha habitualmente con el líder del partido, "pero estoy convencido de que va a actuar con firmeza en este asunto". El primer paso ya lo ha dado, aunque aún está por ver con qué resultado: Rajoy ha pedido a Esperanza Aguirre, a través de varios emisarios de Génova, la cabeza de los tres parlamentarios de la Asamblea de Madrid imputados en la trama de corrupción, que supuestamente recibieron sobornos millonarios de Francisco Correa a cambio de adjudicar a sus empresas la organización de los actos públicos del PP en la región.

Las últimas revelaciones de la investigación judicial han dejado en una situación muy comprometida a los tres diputados autonómicos del PP madrileño imputados en la causa: Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y Alberto López Viejo. Este último, según afirma el número dos de la trama, Pablo Crespo, en una conversación telefónica intervenida por la policía, era "el muñidor de toda la operativa", es decir, la persona que supuestamente servía de enlace entre la red de Correa y las consejerías del Ejecutivo de Aguirre. De él afirma también Correa, según consta en el sumario: "De cada acto que hacíamos en la Comunidad de Madrid se llevaba una pasta".

El PP suspendió de militancia a Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo el pasado mes de mayo, después de que los tres solicitaran la baja en el partido. Su marcha se presentó, oficialmente, como una renuncia voluntaria, pero nadie duda en el PP de que fue la propia Aguirre quien les mostró la puerta de salida tras conocerse su imputación por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Sin embargo, todos ellos conservan aún su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, y Rajoy, según las fuentes consultadas, quiere forzarles ahora a que las devuelvan o, como mal menor, que pasen a ser parlamentarios no adscritos.

Génova aseguró ayer en un comunicado que será "firme y contundente a la hora de exigir responsabilidades por cualquier comportamiento irregular", sin mayor concreción. La vaguedad del texto, que fue redactado de forma apresurada por Rajoy, María Dolores de Cospedal -secretaria general-, Ana Mato -número tres del partido- y Esteban González Pons -secretario de Comunicación-, no refleja el sentir mayoritario de la cúpula popular, firme partidaria, según las fuentes consultadas, de apartar cuanto antes "unas cuantas manzanas podridas" para aliviar la presión mediática y lanzar un mensaje de autoridad. De ahí que, según las mismas fuentes, el tono del comunicado fue deliberadamente impreciso porque Rajoy "quiere ganar tiempo" para asegurarse de que Aguirre cumplirá su orden.

Renuncia al escaño

El mejor escenario para el PP es que los tres parlamentarios imputados -que supuestamente cobraron 1,2 millones de euros de la trama corrupta- renuncien voluntariamente a su escaño. En ese caso serían sustituidos por los siguientes de la candidatura que encabezó Aguirre en las pasadas elecciones, y el partido conservaría sus 67 diputados en el Parlamento autonómico. El problema es que ni Génova ni la dirección regional del PP pueden obligar a Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo a devolver sus actas, y si éstos se rebelasen no habría forma de que dejaran el escaño. La solución pasaría entonces por apartarlos del Grupo Popular y forzar su pase al grupo de no adscritos.

Esta salida, sin embargo, no acaba de satisfacer a Aguirre, según las fuentes consultadas. La presidenta madrileña sabe que, aunque tuviese que renunciar al voto de los parlamentarios imputados, su mayoría absoluta en la Asamblea quedaría salvaguardada, ya que PSOE e IU -que suman 53 escaños- no reunirían los apoyos necesarios para alterar la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. Pero Aguirre también es consciente de que tres diputados despechados podrían ponerla en aprietos si tuviesen la tentación de tirar de la manta y dar a conocer detalles comprometedores de la trama de corrupción que salpicasen a otros dirigentes del partido.

Si la presidenta madrileña obedece la consigna de Rajoy y se deshace de los parlamentarios imputados, la autoridad del líder del PP saldría reforzada. Pero si Aguirre se resiste a cumplirla y le echa un nuevo pulso... "Rajoy se está jugando su autoridad. Es comprensible que no quiera que nadie le marque los tiempos, pero hay un clamor en el partido para que actúe cuanto antes en Madrid y Valencia. No pueden seguir ni un minuto más en el PP quienes se han comportado de una forma que nos avergüenza a todos y le hace tanto daño al partido", sostienen fuentes de Génova.

elconfidencial.com

CASO MERCASEVILLA; LA COMISIÓN EJECUTIVA DE MERCASEVILLA AL COMPLETO DECLARA ANTE LA POLICÍA

Entre ellos, Antonio Rodrigo Torrijos (IU)

* El último en declarar ha sido el ex asesor de Monteseirín Enrique Castaño


Sebastián Torres / María Rionegro | Sevilla

Todos los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que aprobaron la adjudicación de los terrenos del mercado a Sanma Desarrollos Urbanísticos -filial de Sando Inmobiliaria- han declarado ya ante la Policía Judicial. El último en hacerlo ha sido Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del alcalde Monteseirín que era miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla y que ha acabado en el organigrama de Sando. Castaño compareció el martes.

Antes que Castaño prestó declaración, hace unos días, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y antes que éste compareció ante la Policía Judicial el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), hace unas dos semanas.

Fuentes del caso han confirmado a elmundo.es que, además de estos tres políticos, los agentes han tomado declaración al interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, y al secretario municipal por aquellas fechas, febrero de 2006, Venancio Gutiérrez-Colomina, hoy secretario municipal en Málaga capital.

Además, según las mismas fuentes, el jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados se ha desplazado a Madrid a tomar declaración a los dos representantes de Mercasa en la comisión ejecutiva: Ángel Gil Pascual y Arturo Cortés de la Cruz.

Quién puso las cláusulas
La Policía Judicial se está centrando en desvelar quién ordenó incluir las cláusulas que favorecieron a Sanma y que, según ha admitido ante la juez José Antonio Ripollés, uno de los imputados, resultaron determinantes para que esta empresa ganase el concurso.

De las declaraciones se desprende que la reunión de la comisión ejecutiva del 15 de febrero de 2006, en la que se acordó adjudicar a Sanma la opción de compra de los suelos, se desarrolló en armonía y prácticamente sin preguntas.

Fuentes del caso han indicado también que la titular del juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, tiene previsto citar a declarar a todos los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que participaron en la reunión en la que se adjudicó a Sanma, filial de Sando, la opción de compra sobre los terrenos. La juez ha calificado de "ilegal" y "fraudulento" el concurso, al entender que debió haberse adjudicado el suelo al grupo Noga, de Inmobiliaria Osuna, que ofreció más dinero y, según la instructora del caso, también mejores compensaciones sociales.

La comisión ejecutiva era el órgano contratante del concurso. A aquella reunión del 15 de febrero de 2006 asistieron también el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el asesor legal, Jorge Piñero, y los técnicos que redactaron el informe de adjudicación, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante. Todos ellos están imputados por supuestas prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacción ilegales y delito societario.

Monteseirín: 'Yo no sabía...'
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, dijo el martes que "no hay ningún tipo de responsabilidad política" en el 'caso Mercasevilla', pues en ese proceso "no se advirtió de nada ilegal".

En concreto, afirmó que "no hay ningún tipo de responsabilidad política, ni de lejos", en esas presuntas irregularidades, aunque si la Justicia "en sentencia firme dice otra cosa, tendré que actuar en consecuencia".

Respecto a la adjudicación "fraudulenta" del derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla que favoreció a Sando, el alcalde precisó que los juristas hicieron un pliego de condiciones del concurso e "informaron en su interpretación de que cumplía la Ley".

elmundo.es

CASO CAMAS; EL FISCAL PIDE 1,5 AÑOS PARA CADA UNO DE LOS ACUSADOS DE INTENTAR SOBORNAR A UNA EDIL

Escrito de calificación

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha hecho entrega en el Juzgado de Instrucción número 2 de un escrito de calificación en el procedimiento por tribunal del jurado del llamado 'caso Camas' por el presunto intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo para que votara a favor de un proyecto urbanístico, en el cual se solicita un año y medio de prisión para el ex alcalde, Agustín Pavón; los ex ediles del PP y el PA en el Consistorio camero Antonio Enrique Fraile y José del Castillo; y el empresario Eusebio Gaviño.

La Fiscalía, que reafirma la exculpación en el caso del ex concejal del PP de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas, acusa a los implicados de un presunto delito de cohecho, por el que además solicita para cada uno una accesoria de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 24.000 euros.

La concejala Carmen Lobo denunció en su día que recibió amenazas de muerte por teléfono, minutos después de votar en el pleno municipal contra la recalificación urbanística objeto del presunto soborno.

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía dispone como prueba del sobre con 12.000 euros que recibió la edil y su compañero sentimental en el transcurso de un encuentro con los imputados en un bar de la calle Torneo de Sevilla.

También grabó dicha conversación mediante un dispositivo proporcionado por la propia Policía, añadieron las fuentes.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla abrió diligencias tras recibir la denuncia de la concejal supuestamente objeto del soborno, Carmen Lobo, que pertenecía a IU, por lo que este órgano podría hacerse cargo de los detenidos a partir de este momento.

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"CASO GÜRTEL" COSTA SE REUNIÓ CON CRESPO Y "EL BIGOTES" PARA TAPAR EL ASUNTO DE LOS TRAJES DE CAMPS

Apenas dos semanas después fueron detenidos

* Costa y el ex director de Canal 9 se reunieron con Crespo y 'El Bigotes'
* Los cuatro perfilaron la estrategia de defensa tras la delación de Jordán
* Correa reconoce a Pérez que "será el principio de un montón de cosas


Efe | Madrid

Pablo Crespo, número dos de la trama 'Gürtel', y Álvaro Pérez 'El Bigotes' mantuvieron una reunión con el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dos semanas antes de ser detenidos, para informarle de la situación y "buscar una solución consensuada" al asunto de los "trajes".

Así consta en las comunicaciones telefónicas intervenidas por la Policía, en las que queda acreditado que Costa acudió al despacho de Álvaro Pérez en Valencia la noche del 22 de enero pasado, para hablar de los trajes que recibió como regalo el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

'El Bigotes' fue quien citó a Costa para informarle de la "cabronada" que les había hecho otra de las implicadas, Isabel Jordán, que les quería meter "en un lío".

Por entonces, Pérez y Crespo estaban convencidos de que la investigación iniciada por la Fiscalía tenía su origen en una denuncia de Isabel Jordán, quien ya había abandonado el entramado de empresas por desavenencias.

"Es muy importante que lo sepas, sobre todo para que veas cómo lo va a arreglar Pablo (Crespo), le dice 'El Bigotes' a Ricardo Costa por teléfono.

Cumbre para perfilar la estrategia
Horas después, Costa acude en su coche oficial al despacho de Álvaro Pérez en la calle Colón de la capital valenciana, donde coincide con Pablo Crespo, quien ha viajado de urgencia desde Madrid para coordinar la estrategia. También está presente el director de Canal 9, Pedro García Gimeno, al que recurren en busca de su opinión al respecto.

Una de las estrategias que idean para su defensa es alegar que compraban los trajes a medida para Camps para usarlos en sesiones de fotos, pero que después el presidente siempre los devolvía. Nada más acabar la reunión con Ricardo Costa, Álvaro Pérez llama de inmediato al cerebro de la trama, Francisco Correa, para ponerle al tanto de lo ocurrido.

"El Bigotes" explica que le ha dicho a Ricardo Costa cómo piensa arreglar el problema de los trajes y que éste le ha replicado que de esa manera al "único que se cargan" es a él. Pérez reconoce a Correa que Costa es el único que le ayuda "siempre" y que "no le podía hacer eso".

'Será el principio de un montón de cosas'
En la conversación, Correa trata de tranquilizar a 'El Bigotes' y le dice que no tienen nada más contra él, pero que debe adoptar medidas porque está "en el punto de mira" por trabajar con un cargo público. "Eso es una gilipollez, pero lo que pasa es que será el principio de un montón de cosas", reconoce Correa.

Al día siguiente, tanto Álvaro Pérez como Pablo Crespo viajan a Madrid con el único fin de reunirse con el sastre José Tomás, al objeto de influir en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción.

Apenas dos semanas después, se iniciaba la fase operativa de la "operación Gürtel" y eran detenidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez.

Además
* 'Satisfechos' con la explicación de Costa | 'El PP ya ha actuado. No se puede pedir más'
* Alarte: '¿Qué más necesita Camps para dimitir?'
* Ripoll exige que se quiten cuanto antes 'las manzanas podridas' | Las claves de la trama
* Todos los hombres de la trama Gürtel | La rama valenciana del caso 'Gürtel', paso a paso

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"CASO GÜRTEL"; LA COMUNIDAD CONTRATÓ A EASY CONCEPT PARA UN ACTO DE HOMENAJE DEL 11 M.

CORRUPCIÓN Vicepresidencia pagó 141.000 euros

Alberto López Viejo medió para que el contrato fuera para Easy Concept. (Monzón)

Easy Concept Comunicación, una de las empresas de la trama 'Gürtel', facturó a la Comunidad de Madrid 141.000 euros fraccionados en 16 contratos relativos a la organización del acto público en homenaje a los voluntarios de los atentados del 11-M en la capital. Los contratos se celebraron un mes después de los atentados, en abril de 2004, cuando el imputado Alberto López Viejo era el encargado de gestionar este tipo de gastos como viceconsejero de Presidencia.

Así consta en uno de los documentos que obran en el sumario del 'caso Gürtel' que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre los que ayer se levantó el secreto de sumario. Este papel procede concretamente del Registro de Vicepresidencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente era Ignacio González.

El por entonces secretario general técnico de la Vicepresidencia, Borja Sarasola, hace constar que en el año 2004 la empresa vinculada a Francisco Correa realizó diversas contrataciones con la Comunidad de Madrid. Entre ellas, destacan las relativas a la organización de un acto público en homenaje a los "servicios voluntarios del 11-M".

Así, se encargaron a esta empresa los elementos de sonido (11.954,39 euros); la iluminación, tomas de sonido y colocación de tarimas en la sede de la Presidencia de la Comunidad -Real Casa de Correos- (11.524,36 euros); la construcción de un escenario recubierto de madera (11.998,33 euros); y un segundo escenario para el coro y la orquesta que actuarían en el homenaje (11.999.20 euros).

Se encargó también a la empresa de Correa el diseño y montaje de un cartel con el texto "Gracias a todos" (por 11.044 euros), el diseño de 6 lonas con los nombres de todos los afectados por los atentados (7.526,32 euros), la elaboración de un vídeo conmemorativo y copias en dvd para prensa y autoridades (11.036,14 euros), decoración floral (8.048 euros), alquiler de 3.500 sillas (10.525 euros) y la elaboración placas conmemorativas y 50 figuras 'El abrazo' (10.400 euros y un segundo contrato por valor de 625 euros).

Los últimos contratos se refieren a los pagos al personal de carga y descarga y las azafatas (9.834 euros), pantallas y otros elementos audiovisuales (10.936,54 euros) y otros gastos como el seguro y placas y peanas (10.544 euros).

Ese mismo año, Easy Concept también se encargo de la decoración floral de la Real Casa de Correos con motivo del día de la Constitución, y del acto por el 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos.

Además
* La trama madrileña de 'Gürtel'
* Correa quería tener un partido político

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