lunes, 15 de abril de 2013

"CASO SCALA"; LA MUJER DE ORDINAS ADMITE QUE EMITIÓ FACTURAS EN FAVOR DE LA TRAMA


TRIBUNALES | Caso Scala


Europa Press | Palma

Isabel Rosselló, cantante de ópera y esposa de la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas, ha admitido durante su declaración como acusada en el juicio por el caso Scala que, a través de su empresa Gabinete Alays, emitió por orden de su esposa, en favor de la trama presuntamente urdida en torno al organismo público.

La acusada ha prestado declaración durante poco más de veinte minutos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, y en su comparecencia ha manifestado que, junto a Ordinas, ha devuelto en el marco de esta causa más de 600.000 euros, procedentes de las comisiones que su mujer guardaba en dos cajas de Cola Cao en el jardín de su casa, así como de la venta de su vivienda.

En cualquier caso, Rosselló, a preguntas de su abogado, ha manifestado que aún no ha reintegrado todo el dinero defraudado, comprometiéndose así a reparar por completo el daño causado.

Por otro lado, y en relación a otra de las empresas vinculadas a la trama, Sayju, adjudicataria de numerosos contratos por parte del CDEIB para la realización de estudios y participación en eventos que supuestamente no respondían a finalidad pública alguna, la soprano ha manifestado que en el caso de esta mercantil no se encargaba de elaborar las facturas sino que ha afirmado creer que las hacía otra de las inculpadas, Daniela Beaumont.

La Fiscalía apunta a que de Sayju eran socios ocultos tanto Ordinas como el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona y el exdirector general de Ordenación del Territorio Kurt Viaene, principales acusados en la vista oral que se celebra desde hace una semana, mientras que era gestionada de hecho por la exgerente del CDEIB y por Beaumont.

En cuanto a Gabinete Alays, las acusaciones sostienen que Rosselló actuó por oden de Cardona, Viaene y Ordinas para constituir esta sociedad al efecto, entre otros objetivos, de ser contratada por su compañera sentimental y emitir facturas falsas para encubrir el cobro de comisiones a los adjudicatarios del CDEIB.

Pago de comisiones
Por su parte, otro de los inculpados que esta mañana ha prestado declaración, Jaime Gil, ex director general bajo el gobierno de Jaume Matas y administrador de otra de las mercantiles que se encuentra bajo lupa judicial, Taller Gràfic, ha reconocido que pagó comisiones a Ordinas mientras que, en lo que a los trabajos que realizó para el CDEIB se refiere, los entregó "puntualmente y no recibí ninguna queja".

De hecho, ha señalado que los trabajos fueron utilizados por la Administración, entre ellos folletos impresos y cajas de productos, por los que Gabinete Alays emitió facturas por indicación de Ordinas. Finalmente, ha indicado que siempre cobraba después de que los trabajos ya estuvieran hechos.

"CASO SCALA"; "CARDONA ME ENCARGÓ EN EL PARLAMENT LOS FOLLETOS PARA EL PP DE IBIZA"


Juicio
El publicista Joan Rosselló admite el pago de comisiones del 15% a Ordinas

Eduardo Colom | Europa Press | Palma

El publicista Joan Rosselló, acusado en el marco del caso Scala, ha admitido el pago de comisiones del 5 al 15% a Antonia Ordinas, la ex directora del CDEIB y una de las imputadas en la causa que investiga la financiación irregular del PP balear durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). Rosselló ha explicado que le exigían el pago de estas comisiones como proveedor del organismo público.

Según ha contado en su declaración durante el juicio por esta causa, que se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma, era la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas quien le pedía las comisiones y le comentaba al principio que "eran para financiar al PP", mientras que posteriormente "ya no sólo eran para el partido sino para repartir" con el entonces conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, y el ex conseller director de Promoción Industrial Kurt Viaene.

Las empresas de Rosselló facturaron 5,5 millones de euros a la conselleria de Cardona.

Rosselló es el publicista que, siendo proveedor del CDEIB, se encargó de hacer los folletos de propaganda electoral del PP de Ibiza. Rosselló ha recordado cómo Cardona, en la propia sede del Parlament balear, le encargó la elaboración de esos folletos electorales del PP de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2007, cuyo transporte desde Mallorca a Ibiza y Formentera fue sufragado, según las acusaciones, con fondos del CDEIB. Un trabajo por el que el consorcio pagó unos 30.000 euros.

A preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el empresario, para quien el Ministerio Público solicita un año y cinco meses de prisión, ha explicado que las comisiones se pagaban a través de facturas que le entregaba Ordinas y que procedían del llamado Gabinete Alays, de la que era formalmente administradora la pareja de la ex gerente del CDEIB, Isabel Rosselló -también acusada-.

Por otro lado, Rosselló, administrador de las mercantiles Estudi Joan Rosselló y Fires Geremi, supuestamente vinculadas a la trama, ha recordado cómo Cardona, en el Parlament balear, le encargó la elaboración de unos folletos electorales del PP de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2007, cuyo transporte desde Mallorca a Ibiza y Formentera fue sufragado, según las acusaciones, con fondos del CDEIB.

'Niveles de urgencia brutales'
"No tengo la memoria que tiene tanta gente, pero me acuerdo que tras este encuentro hubo varias reuniones más con Cardona para pulir los contenidos", ha precisado el acusado, apuntando que el exconseller le puso en contacto con el exjefe de gabinete de éste en la Conselleria, José Manuel Alcaraz, para tratar este asunto.

Fue cuando el trabajo estaba "casi terminado" cuando Ordinas le dijo que, por instrucciones de Cardona, no se le iba a pagar la realización de la propaganda ante la elevada facturación que durante ese mandato había percibido del CDEIB, lo que "lógicamente me sentó mal porque no tenía por qué regalar nada".

El inculpado ha negado que, cuando trabajaba para el consorcio, cobrase primero por servicios posteriores, aseverando que "siempre he hecho primero el trabajo y luego he cobrado" y recordado que el CDEIB "siempre ha trabajado a unos niveles de urgencia brutales".

Por otra parte, una de las acusadas no ha podido asistir a la sesión de hoy, puesto que, según ha contado su acusado al inicio de la sesión, el pasado viernes sufrió un infarto de miocardio y continúa hospitalizada.

EL ALCALDE DE BENADALID ACEPTA DOS AÑOS DE CÁRCEL POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA


Tribunales | Se declaró culpable
Acepta que malversó caudales públicos para la construcción de un hotel, se le inhabilitará por dos años.

Europa Press | Málaga

El exalcalde de la localidad malagueña de Benadalid Juan Manuel Gutiérrez ha aceptado una pena de dos años de prisión y mismo tiempo de inhabilitación para cargo público por un delito de malversación en concurso con otro de falsedad y por un delito de fraude de subvenciones en relación con el proyecto de un hotel y el uso de fondos públicos para llevarlo cabo.

El juicio se iba a celebrar durante cuatro días en la Sección Novena de la Audiencia, aunque las partes han llegado a un acuerdo. El fiscal ha explicado que ha modificado el escrito de acusación, en el sentido de rebajar la pena solicitada inicialmente, de nueve años, y aplicarse la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar en 1995.

Además de inhabilitación y prisión, se incluye una multa de unos 13.000 euros e indemnización de 73.323 euros que el fiscal y la Abogacía del Estado creen que corresponde recibir al Ministerio de Trabajo; mientras el exalcalde ha dicho que no eran del Estado. El presidente de la Sala ha informado de que se dictará sentencia conforme al acuerdo y se determinará a quién indemnizar.

El fiscal señalaba que el entonces alcalde, que, según el PSOE, no milita en el partido desde 2006, adquirió en 1995 las participaciones de una empresa "manifestando que se hallaba expresamente facultado por el pleno, aportando a sabiendas de su falsedad y de que carecía de autorización, fotocopia del acta de dicho pleno, con conocimiento de que éste nunca se había llegado a celebrar".

Así, según el ministerio público, procedió "al abono de la cantidad con cargo a fondos públicos" e inscribió la propiedad de la finca perteneciente a dicha sociedad a nombre de la misma, de la que era administrador general, de forma que el bien inmueble "nunca fue inscrito en el registro de bienes del Ayuntamiento", se apunta en el documento de conclusiones al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, solicitó varias subvenciones "simulando" que era un bien patrimonial del Ayuntamiento, "cuando realmente se trataba de un bien incorporado al patrimonio del acusado", quien, dice esta acusación, "nunca acordó la apertura de expediente administrativo al efecto". El proyecto nunca se llegó a concluir y se encuentra en una situación de abandono.

La coalición de IU ha estado personada como acusación en esta causa. Su coordinador comarcal, Álvaro Carreño, se ha referido en rueda de prensa al acuerdo entre la defensa del exalcalde y la Fiscalía sobre la denuncia presentada por la coalición de izquierdas y ha indicado que "nos alegramos que los hechos delictivos no se hayan quedado impunes".

"Mis compañeros de Benadalid tiene la satisfacción de haber podido escuchar al exalcalde declararse culpable, y esa satisfacción no se la va a quitar nadie", ha añadido. Ha recordado los "años de lucha" desde la coalición para tratar de esclarecer estos hechos y los "malos momentos" pasado con el fin de "buscar la verdad", tras la denuncia presentada.

No obstante, el representante de la coalición de izquierdas ha lamentado que la pena de inhabilitación sea "tan corta", al considerar que una persona "que reconoce delitos tan graves no debería estar habilitada para volver a la vida pública en tan poco tiempo", aunque ha considerado que "éticamente queda inhabilitado de por vida".

En cuanto a la duración del proceso hasta llegar a juicio, Carreño, ha mostrado su disconformidad con el tiempo que tardó la instrucción hasta quedar finalizado y la pérdida en dos ocasiones del expediente en el juzgado, afirmando que "creemos que si esto no hubiese ocurrido así y se hubiese actuado con más celeridad, aquí se podrían haber demostrado algunos delitos más".

EXGERENTE DE LA FUNDACIÓN DESEVILLA DECLARA COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ


SEVILLA | Por desvío de fondos
Un informe de la Guardia Civil cuestiona el destino de un millón de euros

Efe | Sevilla

El juez de instrucción 16 de Sevilla toma declaración mañana, como imputado, a Miguel López Adán, exgerente de la Fundación DeSevilla del Ayuntamiento de Sevilla, por el presunto desvío de 935.890 euros de subvenciones para ayuda al desarrollo.

La declaración como imputado se produce después de que un informe de la Guardia Civil haya señalado que 935.890,15 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento se destinaron a otros fines, no se justificaron ni se reintegraron en las arcas municipales.

Los entonces responsables de la fundación, nombrados por el Gobierno de coalición PSOE-IU, fueron denunciados en noviembre de 2012 por el actual equipo municipal del PP, que apreció posibles delitos de malversación, falsedad y delito societario presuntamente cometidos por el anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Se trata de ayudas que otorgó la delegación de Relaciones Institucionales, que dirigía Antonio Rodrigo Torrijos, entonces primer teniente de alcalde y ahora portavoz municipal de IU, para proyectos de cooperación en Colombia, Cuba, Nicaragua o Palestina.

En su denuncia, el actual equipo aseguraba que la supuesta ayuda humanitaria se destinó a apoyar al "régimen castrista y a plataformas comunistas" y las subvenciones se justificaron con facturas presuntamente falsas.

Entre las presuntas irregularidades, la denuncia recogió que 64.881 euros entregados para un incinerador en el Cementerio Colón de La Habana se justificaron con una factura de la empresa vasca Mercurio Trading por importe de 59.624 euros fechada el 22 de febrero de 2008, "diez meses antes de que el señor Torrijos concediera la subvención".

Además, el subdirector de Servicios Necrológicos de La Habana declaró en una entrevista que el incinerador era "un donativo recibido desde Valencia", añade el texto.

Proyectos fantasma
Otro caso llamativo de "proyecto fantasma" -según la denuncia- es la llamada "Casa de La Habana", a quien Torrijos concedió 120.196 euros para rehabilitar el inmueble para viviendas sociales pero siguió siendo el domicilio de un coronel del ejército castrista.

Recogió además el caso de los ordenadores para la Central de Trabajadores cubana, proyecto al que se concedieron 36.000 euros para el supuesto envío de 60 ordenadores nuevos pero la factura es de 13 y en el expediente se incluyó como gastos el viaje de varios miembros de CCOO a La Habana para el Primero de Mayo, entre ellos la esposa del entonces gerente de la Fundación, Miguel López Adán.

El proyecto "Redvivir en Colombia" recibió 81.378 euros para una ONG y la denuncia cita también "un proyecto tan difuso" como el "fortalecimiento organizativo de la Vereda de Puerto Brasil en Viotá, Colombia" cuyo responsable "casualmente vive en el mismo domicilio que López Adán".

Además