lunes, 30 de noviembre de 2009

"CASO MALAYA"; LA DEFENSA DE JULIÁN MUÑOZ INISITE EN QUE TENÍA "ENEMISTAD" CON ROCA

Europa Press | Málaga

La abogada del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha sostenido que la imputación contra su cliente en el segundo auto de procesamiento del caso 'Malaya' por el delito de cohecho se basa en un indicio "falso" y argumentó que existía "enemistad manifiesta" con el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que despidió de la sociedad municipal Planeamiento 2000.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido el inicio de la vista sobre los recursos de apelación presentados contra el auto de marzo de este año por el que el actual instructor, Óscar Pérez, amplió en 17 el número de procesados en esta causa contra la corrupción municipal en Marbella. La vista se prolongará hasta el próximo miércoles.

En primer lugar, la letrada ha pedido la nulidad del auto con el que el instructor resolvió el recurso contra este nuevo procesamiento, al considerar que no contestó a sus alegaciones y por entender que debe ser ese juez el que "dé estas respuestas" y no la Sala. Además, ha dicho que se dictó esa resolución antes de que la Audiencia se manifestara sobre la práctica de más pruebas solicitadas por esta defensa.

Tras dictarse dicho auto de procesamiento, Muñoz sumó delitos de cohecho, prevaricación y fraude, en relación a una pieza separada sobre dos operaciones urbanísticas, denominadas Ave María y Francisco Norte, procedentes de los convenios suscritos en 2002 por él como alcalde accidental marbellí con las sociedades CCF 21 y Yeregui Desarrollo.

Como segundo argumento, la defensa ha planteado la revocación del auto de procesamiento, destacando que la imputación por cohecho se basa en un indicio "falso". "No coinciden las fechas, tampoco las cantidades, no se compra una voluntad en noviembre, para hacer algo que ya se ha hecho en septiembre, no se compra una voluntad por 60.000 euros y se entregan finalmente 150.000 euros", ha explicado.

Entre las pruebas que corroboran que no hubo colaboración de Muñoz en estas operaciones ha señalado "la enemistad manifiesta" con Roca y la declaración de éste que dijo "espontáneamente" que las iniciales J.M. no eran de Julián Muñoz. La letrada ha apuntado que éstas coinciden con el tasador que intervino en el expediente, también procesado en la causa.

Ha precisado que cuando se aprobó el convenio en comisión de gobierno había informe de tasación, estaba el secretario y el expediente había sido revisado por el interventor, por lo que entendió que "se está matando al mensajero". "Qué diligencia supracualificada se le pide a los concejales, que pongan en duda todos los expedientes y a los profesionales", se ha preguntado.

También ha puesto de manifiesto que en la causa "no hay informe de tasación válido" ya que, ha explicado, según el de los peritos de Hacienda "el metro cuadrado en Marbella en 2002 valía 86 céntimos". Respecto del convenio de Ave María ha concluido que al decir el juez que "no llegó a nacer, no puede suponer perjuicio", mientras que sobre el de Francisco Norte ha recordado que los peritos así lo certificaron.

Otros procesados
También se han presentado otros argumentos. Así, el abogado del ex edil Tomás Reñones ha indicado que la imputación se basa en aparecer entre los asistentes a una comisión de gobierno, acta que fue denunciada por haber sido modificada. El letrado de un administrativo de Marqués de Velilla, sociedad vinculada a Roca, que fue como administrador de dos empresas, ha defendido que su cliente "no era nadie" y que el tiempo que estuvo fue "ninguneado" en las decisiones.

En lo que respecta a otros cuatro procesados, que presuntamente habrían participado creando o administrando sociedades y que están procesados por delito de blanqueo de capitales, sus defensas han apelado a la actuación "profesional" y "dentro de la legalidad", negando cualquier relación con Roca.

Para este martes está previsto que se expongan diez recursos, entre ellos los de los ex concejales Rafael González y José Luis Fernández y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. El miércoles se prevén analizar ocho recursos, aunque también tendrán que intervenir las acusaciones, como el ministerio fiscal, el Ayuntamiento marbellí, la Junta de Andalucía o la Agencia Tributaria.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL PP DENUNCIA QUE EN LAS CUENTAS DE MERCASEVILLA DE 2008 HAY UN DOCUMENTO FALSO

MERCASEVILLA | Detecta la falsedad en el documento de firmas

Europa Press |

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, ha asegurado que la auditoría encargada a la empresa Deloitte ya está hecha y advirtió de que en las cuentas del ejercicio 2008 hay un documento falso.

En rueda de prensa, Pérez dijo saber "de muy buena tinta" que la auditoría "esta terminada y entregada" a Mercasevilla, por lo que sospechó de que el concejal de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, "no ha cumplido su palabra de mandarla sin abrir al juzgado".

Por tanto, exigió al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que convoque un consejo de administración extraordinario para dar explicaciones y entregar a todos los consejeros la auditoría, que garantizó que adjuntará a la querella por delito societario que el PP tiene previsto interponer.

Así, precisó que en las cuentas anuales de 2008 de Mercasevilla, aprobadas en el consejo de administración del 17 de febrero, hay "un documento público, mercantil y oficial que es falso", en referencia al documento de firmas, ya que en el encabezamiento del mismo dice que el consejo se celebró el 6 de febrero, pero no llegó a hacerse ese día porque fue desconvocado.

Además, agregó que él se negó a firmar dicho documento "en señal de protesta", al igual que no acudió al consejo del día 17, dado que se había desconvocado el del día 6, y recordó que las causas de que él no firmara deberían haberse reflejado en el documento, donde tan solo pone que no asistió.

"Alfonso Mir me requirió en reiteradas ocasiones para que firmara las cuentas y dije que no lo haría mientras no se me dieras explicaciones específicas", aclaró Beltrán Pérez, quien aclaró que solicitó que se especificaran en el documento las causas por las que no lo firmaba.

Por tanto, anunció que elevará una comunicación al alcalde como presidente de Mercasevilla para que "se subsane lo que aparece en la documentación", ya que además, según reiteró, el consejo de administración no se celebró el día 6 de febrero.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUNTA TRAMITÓ EN UN SOLO DÍA LA SUBENCIÓN DE 900.000 EUROS

MERCASEVILLA | La juez cree que el dato carece de relevancia penal

Sebastián Torres | Sevilla

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tramitó en un solo día la subvención «excepcional» de 900.000 euros concedida a Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela de hostelería. Una vez aprobada la ayuda, los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce habrían intentado, presuntamente, cobrar una comisión ilegal de 450.000 euros a los dueños del grupo La Raza, a cambio de adjudicarles este proyecto de escuela de hostelería.

El 18 de noviembre de 2008, la directora general de Formación para el Empleo, María José Lara, propuso iniciar el «expediente para la concesión de subvención excepcional a la Fundación Socio-asistencial Mercasevilla». Y ese mismo día, el director gerente del SAE, Antonio Toro, lo autorizó.

También el 18 de noviembre se realiza la «Memoria justificativa para la concesión de una subvención con carácter excepcional a la Fundación Socio-asistencial Mercasevilla», firmada también por la directora general María José Lara. Y esta misma funcionaria y el mismo día se realiza también la «Propuesta de resolución de concesión» de la ayuda excepcional de 900.000 euros a Mercasevilla.

La resolución como tal no se produjo hasta el 16 de diciembre, fecha en la que el consejero de Empleo y presidente del SAE, Antonio Fernández, estampó su firma en el documento, que es el mismo que se elaboró el 18 de noviembre.

El PP ha alertado al Juzgado de Instrucción 6 de estas circunstancias, pero la juez instructora del 'caso Mercasevilla', Mercedes Alaya, considera que ese dato resulta «indiferente a los efectos penales».

No obstante, el juzgado ha requerido a la Consejería de Empleo que aporte «el expediente íntegro» de la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla. Por el momento, lo único claro es que, a pesar de que los imputados han declarado que la ayuda se tramitó durante meses, según la documentación oficial todo se hizo el mismo día

Además
* El PP pide la comparecencia del alto cargo de la Junta

elmundo.es

UM: "LAS IMPUTACIONES SON TODO RUMORES, NO NOS HAN INFORMADO"

CORRUPCIÓN | Declaraciones

Europa Press | Palma

La portavoz de UM, Catalina Julve, ha asegurado que la imputación en una pieza separada del caso Son Oms de destacados dirigentes de UM son "sólo rumores" debido a que ninguno de ellos ha sido informado de qué se le imputa y en qué causa, toda vez que afirmó que los integrantes de su partido se sienten "totalmente indefensos" dado que los medios de comunicación tienen conocimiento de las nuevas imputaciones antes que los afectados.

Abrigada por los máximos dirigentes de UM, incluida su presidenta de honor y actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, Julve ha criticado la "judicialización" de la política y ha dicho que "la mayoría de casos que afectan a UM y que están siendo investigados en los tribunales afectan sólo a cuestiones administrativas que podrían ser resueltas en otros órganos, como el Síndico de Cuentas o el Consell Consultiu", sin necesidad de que lleguen a los juzgados.

Por su parte, el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, ha denunciado las "agresiones" que ha recibido esta tarde UM por parte de los "esbirros que ha enviado EU para insultarles", actitud que, según anunció, UM "no va a tolerar", tal y como ya ha demostrado esta tarde al abandonar el pleno del Ayuntamiento.

"Los mismos que cobran 3.000 euros al mes para estar en una institución envían a sus bases para insultarnos y agredirnos", ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que cada día se hace "más complicado" continuar en el equipo de gobierno municipal.

Preguntado sobre si UM se siente perseguida por la justicia ha afirmado que "lo cierto es que ya faltan pocos miembros de UM sobre los que no pesa ninguna imputación".

Además
* Antich: 'Si pasa de la imputación, que dejen la Administración'
* Bauzá: 'Antich es el que ha de decidir si mantiene su pacto'

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT BALEAR IMPUTADA POR SON OMS

La presidenta del Parlament balear a su llegada a los juzgados | Pep Vicens

* También están imputados, Flaquer, Nadal, Grimalt y Vicens
* En el próximo mes de diciembre declararán en los Juzgados

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma


El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha citado a declarar como imputada a la presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, en una pieza separada del caso de presunta corrupción que se investiga en la urbanización del polígono industrial palmesano de Son Oms durante la anterior legislatura.

Fuentes cercanas al caso confirman que hay una quincena de personas imputadas, entre ellas Maria Antònia Munar; el presidetne de UM, Miquel Àngel Flaquer; el conseller de Turismo, Miquel Nadal y el de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt y Bartomeu Vicens. En el próximo mes de diciembre declararán en los Juzgados.

La llamada 'Operación Maquillaje', una pieza separada dentro del llamado 'caso Son Oms',
investiga el reparto masivo de dinero público desde el Consell a los testaferros de los líderes de UM implicados en Son Oms a través, principalmente, de productoras de televisión.

Munar también está imputada por otro caso de corrupción relativo a la venta del terreno público de Can Domenge durante la legislatura pasada, cuando ella era la presidenta del Consell de Mallorca, y prestó declaración por esta causa este mes ante la Audiencia Provincial.

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"CASO MILLET"; EL JUEZ DEJA EN LIBERTAD SIN RESTRICCIONES A LA HIJA DE JORDI MONTULL

CORRUPCIÓN
Ex directora financiera del Palau de la Música Catalana

Gemma Montull, a su llegada al juicio. | Efe

* Ha ratificado la versión de su padre y Millet
* Asegura que sólo recibía órdenes y que desconocía los movimientos
* Está imputada por apropiación indebida y falsedad documental

Germán González | Barcelona

El juez ha dejado en libertad a Gemma Montull, hija de quien fuera mano derecha de Félix Millet, Jordi Montull, ha quedado en libertad con cargos y sin fianza tras declarar esta mañana en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Juli Solaz, juez encargado del caso, ha decidido no imponerle, además, ninguna medida restrictiva, como podría ser la obligación de permanecer en España o la retirada del pasaporte.

Fuentes han explicado que en su declaración ante el juez que lleva el caso, Juli Solaz, Montull ha explicado que tenía sólo conocimientos básicos y genéricos de contabilidad y que eran su padre y Millet quienes conocían todos los movimientos de dinero, además de los abogados del despacho Bergós, como su padre ya indicó en su declaración del 19 de octubre.

La situación judicial de la hija de Montull, que está imputada por apropiación indebida y falsedad documental, contrasta con la de su progenitor, al que si le fueron impuestas las medidas restrictivas procedentes para evitar posibles fugas.

El letrado de Gemma Montull, Jesús María Silva, se ha mostrado preocupado por la situación de su representada por la imputación penal y ha declarado estar confiado con el desarrollo del procedimiento que acabará demostrando su inocencia.

Tras la declaración de Montull, el juez también interroga hoy como imputados a los ex tesoreros del Palau de la Música Pau Durán y Emilio Álvarez para esclarecer su supuesta participación en el desfalco.

Además, el juez también tomará declaración esta semana, en concreto el miércoles, a otros tres nuevos imputados: el abogado y ex secretario del Palau de la Música Raimon Bergós y otros dos letrados de su equipo jurídico a los que Millet y Montull habrían involucrado en las irregularidades contables del Palau en sus declaraciones judiciales, Santiago Llopart y Edmundo Quintana.

elmundo.es

domingo, 29 de noviembre de 2009

"CASO MILLET"; LA MANSIÓN QUE PAGÓ EL PALAU

Millet amplió su casa con piscina, domótica y un auditorio a costa de la entidad

LLUÍS PELLICER - Barcelona

Los auditores del Palau de la Música siguen investigando por qué la rehabilitación del edificio costó el doble de lo presupuestado. Pero de momento han acreditado que el ex presidente de la institución Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, arañaron al menos 2,3 millones de euros para las obras de sus domicilios particulares. Un pellizco suficiente para que Millet pudiera construir un minipalau en su casa de L'Ametlla del Vallès entre 2005 y 2008. Sólo las obras de ampliación de la casa, que la empresa Triobra facturó al Palau, costaron 899.045,38 euros. De una tacada.

Los saqueadores arañaron al menos 2,3 millones de euros para las obras

Sólo la ampliación de la casa de Millet costó más de 800.000 euros

Un total de 642.000 euros costaron los equipos de imagen sonido y reparaciones

Millet y Montull gastaban más en una noche de hotel que todo el coro del Palau


La Fundación del Palau de la Música, según la auditoría de Deloitte, pagó de principio a fin todas las obras de la ampliación: desde los estudios geotécnicos, que costaron cerca de 4.000 euros, hasta la carpintería exterior, que ascendió a más de 130.000 (véase el gráfico adjunto). De acuerdo con el proyecto de ampliación del chalet familiar, firmado por el arquitecto Jordi Ventosa, Millet incluso amplió el presupuesto en 150.000 euros para varios arreglos, como rematar las chimeneas, enyesar las paredes de la cocina, restaurar ventanas, pintar los techos e instalar persianas.

La certificación, que Triobra remitió a los auditores, explica con sumo detalle toda la ejecución de obras en la residencia de Millet. Para ampliar la zona tuvieron que derribarse algunas paredes de la antigua casa. Pero debió ser soportable, porque los nuevos espacios cuentan con aire acondicionado, aparatos de domótica, falsos techos y puertas enrollables que, según la memoria del proyecto, eligió personalmente Marta Vallès, la esposa de Millet, y ascendieron a 13.264 euros. A la vivienda tampoco le faltan sistemas de vigilancia, garaje y piscina, ni se reparó en aislar bien la casa y elegir las mejores baldosas.

Pero las obras en las residencias de los Millet y los Montull no terminan ahí. La auditoría contiene una compleja maraña de facturas de otras empresas. Parte de éstas fueron falsificadas e indican trabajos que nunca se realizaron en el Palau, y otras corresponden a instalaciones que se efectuaron en casa de los imputados pero que corrieron a cuenta de las tres instituciones que gestionan el Palau.

La investigación ha concluido que, salvo una sociedad que se dedica al interiorismo, todas las firmas que trabajaron para Millet estaban vinculadas a través de Francisco Mañaricua, socio de FM2 y Triobra.

Las facturas por instalaciones de equipos de imagen, sonido y varias reparaciones ascienden a 642.276,6 euros, y los imputados las pagaron, según las auditorías, a través del consorcio -que agrupa a las administraciones públicas-, la fundación -formada por empresarios- y la Asociación Orfeó Català. Muchas de ellas fueron admitidas por los imputados en su carta de confesión al juez, aunque los abogados defienden que sus clientes no han incurrido en todos los gastos que les imputa la auditoría de Deloitte.

El trabajo pericial indica que Millet abonó estos pagos a través de pequeñas facturas, que raramente superaban los 14.000 euros. El ex presidente del Palau, por ejemplo, informatizó su casa con ordenadores portátiles que no se han hallado en las dependencias de la entidad e instaló Internet inalámbrico. Luego, en varias ocasiones, Millet requirió a la empresa de mantenimiento para varias reparaciones y configuraciones del ordenador.

Además de equipos informáticos, Millet se dejó dinero del Palau en monitores, proyectores, reproductores de DVD y varios focos para iluminar adecuadamente el minipalau. No reparó en cambiar el receptor de televisión digital o encargar a los instaladores que reprogramaran los canales. Éstos, además, hacían otras chapuzas, como arreglar y purgar la caldera, que además se averiaba con cierta frecuencia. Por ejemplo, Millet mandó repararla en octubre de 2008, con vistas a la llegada del invierno, pero en noviembre los técnicos de la empresa tuvieron que acudir de nuevo a repararla.

La última empresa que también contribuyó al desvío de fondos, según la investigación, es Clos Interiors, que el mes pasado remitió una carta al Palau con la documentación requerida. "Nos gustaría seguir colaborando una temporada más", dice la misiva, incorporada al informe pericial.

La empresa emitió facturas para cobrar estanterías, archivadores de libros y vídeos, armarios y varias cortinas venecianas.

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* La vuelta al mundo de dos familias

Félix Millet I Tusell
A FONDO

Nacimiento:
08-12-1935

Lugar:
Barcelona


elpaís.com

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA DEUDA AHOGA A LAS SUBCONTRATAS DE LA EMPRESA CORRUPTA DE EL EJIDO

Las compañías deben 780.000 euros a sus trabajadores y a la Seguridad Social

ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería

A Jesús Fatuarte, dedicado a tareas de jardinería en El Ejido (Almería), la empresa para la que trabaja le debe las dos últimas nóminas y la paga extra que por convenio debía percibir en octubre. En la misma situación se encuentran otros 84 trabajadores de Jardines del Poniente, Jardines del Alcor, Lobelia Gestión y Energías Renovables. Todas estas empresas son subcontratas de Elsur, sociedad sobre la que se tejió la trama corrupta de la localidad, destapada el 20 de octubre, y pertenecen a Juan Antonio Galán, encarcelado junto a los otros tres supuestos cabecillas de la red: el alcalde de El Ejido, Juan Enciso; el interventor accidental, José Alemán; y el ex director de producción de Elsur, José Amate. Las mercantiles de Galán acumulan deudas de 300.000 euros con sus trabajadores y de 480.000 con la Seguridad Social por impago de cotizaciones, lo que ha motivado su embargo.

Los trabajadores han convocado una huelga general para el miércoles

"Han dejado el municipio pelado y nosotros sufrimos las consecuencias", afirma Fatuarte, quien reclama al Ayuntamiento y a la empresa subcontratista que asuman parte de la deuda. "Los trabajadores viven en una situación dramática, y muchos son jóvenes mileuristas que hacen malabares para pagar la hipoteca", afirma.

Reticente a admitir el saqueo perpetrado en el municipio, el consistorio achaca los impagos a la "parálisis económica" actual. "El dinero no fluye con la alegría de antes", afirma el alcalde accidental, Ignacio Berenguel, del Partido de Almería (PAL), quien se reunió el viernes con los representantes de los trabajadores y con el gerente de Elsur, Mario Pulido. En ese encuentro se aportó como única opción para pagar las nóminas el levantamiento parcial del embargo decretado por la Seguridad Social.

"Se están olvidando de nosotros, hablamos de neveras vacías en muchas familias", se indigna Fatuarte. Hartos de aguardar soluciones, los trabajadores de las subcontratas, que han sido ya advertidos de que se avecinan recortes de personal, iniciarán mañana una serie de paros que darán paso el miércoles a una huelga general. Ésta sólo será desconvocada si la Seguridad Social admite la preferencia de cobro de los salarios, o si acepta aplazar la deuda con la garantía del Ayuntamiento y de Elsur. En esta empresa matriz, con 243 trabajadores, la intranquilidad empieza a cundir.

La situación de las subcontratas de Galán es la punta del iceberg de los problemas de tesorería de Elsur. Tras garantizar pingües beneficios a los cabecillas de la trama, la empresa de servicios municipales sufre verdaderos problemas para pagar a sus empleados al haber dejado de percibir un canon de 3,5 millones, señala Antonio López, responsable del comité de empresa.

La misma inseguridad invade a los 97 trabajadores de Arborimar y Maviroad, otras dos de las firmas subcontratadas, propiedad de José Amate Rueda, ex directivo de Elsur. "Más de cuatrocientos trabajadores nos veremos afectados por el mismo problema de impago", aventura Antonio López, algo más optimista que el empleado Jesús Fatuarte, quien augura despidos ante el plan de saneamiento que el equipo de gobierno llevará a pleno el próximo mes de diciembre.

Mientras aguardan con incertidumbre los próximos movimientos del consistorio, los empleados de las subcontratas de Juan Antonio Galán digieren con dificultad la paradoja de que aquellos sobre los que pesa la sospecha de haber esquilmado el municipio, entre ellos la hija de Galán o el empresario Ambrosio Cuevas, se declaren incapaces de pagar sus nóminas a pesar de haber hecho frente a fianzas de entre 50.000 y 100.000 euros para eludir su ingreso en prisión.

elpaís.com

"CASO MALAYA"; LA AUDIENCIA REVISA EL SEGUNDO AUTO DE PROCESAMIENTO

TRIBUNALES | Desde este lunes

Europa Press | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto revisar desde este lunes el segundo auto de procesamiento dictado en el 'caso Malaya', por el que el instructor Óscar Pérez amplió en 17 el número de procesados en esta causa contra la corrupción municipal en la localidad malagueña de Marbella. Así, la vista se prolongará hasta el próximo miércoles.

Según la providencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, son 26 los recursos que se van ver en total en estos tres días. Entre ellos, estaba previsto el del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, aunque su defensa tiene incompatibilidad por otro procedimiento que tiene preferencia, por lo que se tendrá que fijar nueva fecha.

No obstante, está previsto que se vean los recursos presentados por otros procesados. Así, para este lunes se han fijado los de seis personas, entre ellos el ex concejal Tomás Reñones; mientras que el martes están previstos 11 recursos, entre ellos el del ex alcalde Julián Muñoz, los ex ediles Rafael González y José Luis Fernández y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta.

Para el miércoles, la Sala ha fijado los recursos de ocho procesados, entre los que están empresarios como Carlos Sánchez, Andrés Liétor, el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffmann y el que fuera jefe de la Policía Local marbellí Rafael del Pozo.

Argumentos del fiscal
Además, en estos días expondrán sus argumentos tanto el fiscal como las acusaciones particulares, en representación del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía. La Sala precisa que la citación se ha hecho genérica, como se hizo con el primer auto, para que los letrados que deseen puedan asistir a las sesiones que les interesen más.

El juez Óscar Pérez decidió en marzo pasado nuevos procesamientos tanto dentro de los hechos principales del caso como por los hechos investigados en piezas separadas. De esta forma, se amplió a 103 el número de procesados en esta causa. La mayor parte de los nuevos procesamientos, en concreto 13, procede de una pieza separada que posteriormente se unió al núcleo principal.

Se trata de supuestos testaferros que habrían actuado como administradores de empresas presuntamente vinculadas a Roca. A éstos, que son empresarios, abogados o economistas, se les procesa por un delito de blanqueo de capitales, al igual que al ex asesor de Urbanismo, que suma, además, delitos de tráfico de influencia.

Asimismo, en esa resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se acordó ampliar el procesamiento del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, por delitos fiscales y nuevos hechos investigados que constituyen delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude y prevaricación, así como inducción a la falsificación.

Además
* Roca, en la prisión de Villena

elmundo.es

"CASO VIAJES"; DECLARA EL EX EDIL DE FUENGIROLA CRISTÓBAL CALVO

TRIBUNALES | Este lunes

Europa Prss | Fuengirola

El ex edil de Turismo en el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) Cristóbal Calvo está citado este lunes a declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad por el presunto desvío de dinero de un viaje organizado a Melilla en 2003, según ha informado el grupo municipal socialista, personado como acusación.

El origen del que ha pasado a denominarse 'caso Viajes' se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento organizó un viaje a Melilla por un precio de 33 euros por persona, aunque en el Consistorio no figura ningún ingreso bajo este concepto.

Además de Calvo está imputado Pedro Gossatti, jefe de las campañas electorales de la alcaldesa, Esperanza Oña (PP), en las municipales de 1999 y 2003, ha recordado el viceportavoz del PSOE en el Consistorio fuengiroleño, Javier García León.

Ante esto, García ha indicado en un comunicado que "los socialistas confiamos plenamente en la labor de la justicia en este caso y en que se depuren responsabilidades".

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL EX DIRECTOR IMPUTADO POR EXIGIR COMISIONES ILEGALES DENUNCIA ACOSO LABORAL

CASO MERCASEVILLA | Recurso de Daniel Ponce contra su despido

Daniel Ponce, saliendo de los juzgados después de una declaración suya.

* Asegura que sufrió "acoso y mobbing" y reclama la nulidad del despido

Europa Press | Sevilla

La defensa del ex director adjunto de la sociedad pública Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por un intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios, alega en el recurso elevado contra su despido ante los juzgados de lo Social, que el propio convenio colectivo de Mercasevilla exige "una sentencia firme por delito" para resolver la relación contractual, por lo que "la simple imputación" no podría ser causa de despido.

Según el recurso, entregado el 19 de noviembre y recogido por Europa Press, "la simple inclusión" de Ponce en el procedimiento judicial incoado por la juez Mercedes Alaya, "no puede, en modo alguno, ser causa de despido", sobre todo porque el propio convenio colectivo "exige una condena firme por delito" para disolver la relación contractual.

A tal efecto, el recurso recuerda que Ponce "es despedido por estar incurso en un procedimiento judicial, lo que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales", porque de la carta de despido firmada por el nuevo director gerente, Jordi Maymó, se desprende que "la sola inclusión en el procedimiento parece ser" la causa del despido.

Igualmente, en el recurso, la defensa de Ponce niega que este omitiese la justificación de gastos de viaje cargados a la empresa, porque los gastos aludidos en el expediente disciplinario incoado contra Ponce por Mercasevilla "fueron reintegrados" pese a que la empresa los contabilice como "entrega no justificada". Los hechos, no obstante, "no constituyen causa de despido". Niega también la defensa que Ponce entregase dinero "a un tercero ajeno a la empresa" en concepto de una 'Beca Talentia'.

Por eso, la defensa de Ponce insiste en que el aludido ha sufrido "acoso" y "mobbing" desde que fuera cesado tras la dimisión de Fernando Mellet, antiguo director gerente, a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales.

Así, la defensa advierte de que los hechos que han motivado el despido "están totalmente prescritos en virtud del convenio colectivo", por lo que reclama la nulidad del despido y la readmisión del ex directivo.

Fue el pasado 6 de octubre cuando el nuevo director gerente de Mercasevilla, participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento hispalense y en un 48 por ciento por Mercasa, entregó a Daniel Ponce su carta de despido, solución que deriva del expediente disciplinario incoado en su contra por los hechos investigados por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

Daniel Ponce, cesado como director adjunto al poco de que el ya ex director de Mercasevilla Fernando Mellet dimitiera, seguía figurando en la plantilla de esta sociedad pública y, según había denunciado públicamente el PP, gozaba de un sueldo de 5.488,56 euros al mes pese a su imputación en los hechos investigados por la juez de Instrucción número seis, Mercedes Alaya.

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"CASO SON OMS"; VICENS Y NADAL COBRARON DINERO PÚBLICO CAMUFLADOS COMO LOCUTORES

CASO SON OMS | 'La Piñata' audiovisual de UM

* Los líderes de UM cobraron de la sociedad que explota la radio del Consell
* Aparecían como "trabajadores" entre presentadores y técnicos de sonido


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Los testaferros que utilizó Bartomeu Vicens para cobrar sus comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms realizaron pagos periódicos con dinero público tanto al ex conseller de Ordenación del Territorio como al actual conseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal desde la radio pública del Consell de Mallorca.

El actual directivo de IB3 Televisión Alfredo Conde y su mujer Elisabeth Diéguez, funcionaria de la Seguridad Social, camuflaron a quienes eran, en el momento de los ingresos, líderes uemitas y cargos de la institución insular, como si fueran "trabajadores" de la emisora pública y procedieron de esta forma a realizarles los ingresos.

El matrimonio formado por Conde y Diéguez canalizó estas operaciones a través de la sociedad a la que le fue adjudicada la radio que puso en marcha el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar, Studio Media Comunicació, S.L., y estos emolumentos fueron declarados oficialmente por la pareja, que mantiene una estrecha relación de amistad con Vicens, en concepto de rendimientos profesionales. Entremezclados con el resto de pagos a sus locutores, administrativos y técnicos de sonido.

Como si Nadal y Vicens, que eran los responsables políticos de Ona Mallorca, fueran los presentadores de alguno de sus espacios o dispensaran algún tipo de servicio particular a esta contratista pública. Una condición que sería completamente incompatible. Y es que un alto cargo del Consell de Mallorca no puede cobrar de un contratista sea cual sea el concepto.

Además
* Opinión: La piñata audiovisual de UM

elmundo.es

EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DE LÓPEZ VIEJO, IMPLICADO EN EL "CASO GÜRTEL

López Viejo, ex consejero de Deportes, imputado por el 'caso Gürtel'. | A. Cuéllar

* Ni él ni Martín Vasco han pagado todavía las fianzas
* También requisará los bienes de otros cuatro imputado en la trama
* La medida se empezará a ejecutar cuando haya sentencia firme sobre el caso

Europa Press | Madrid

El magistrado que instruye la rama madrileña del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha ordenado embargar los bienes de cinco de los imputados en la trama que aún no han pagado las fianzas que se les había impuesto, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De este modo, se embargarán los bienes de los diputados Alberto López Viejo (con una fianza de 750.000 euros), Alfonso Bosch Tejedor (750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros), del ex concejal de Boadilla José Galeote (un millón de euros), y de la ex administradora de la red Felisa Jordán (650.000 euros).

Las mismas fuentes precisaron que este embargo se empezará a ejecutar cuando haya sentencia sobre el caso y ésta sea firme. En ese momento se ejecutará el embargo y se alzarán los bienes para llevarlos a subasta.

El pasado 6 de noviembre, Pedreira dio un plazo de 24 horas a López Viejo y a Martín Vasco para que depositaran las fianzas que les impuso bajo la amenaza de embargar sus bienes si no pagaban el dinero establecido.

Por otra parte, el magistrado impuso ayer al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López una fianza de 1,5 millones para que haga frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del procedimiento judicial.

'El muñidor de la operativa'
López Viejo fue imputado por el magistrado por su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa. Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el ex consejero, que dimitió de su cargo el pasado 9 de febrero, habría realizado operaciones con la trama dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros.

La mecánica consistía en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa, ya que, según el magistrado, "para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público".

El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona "que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros".

Según el testimonio del propio Correa, López Viejo, el que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre y ex consejero de la Comunidad de Madrid, era el "muñidor de toda la operativa" de la rama madrileña del 'caso Gürtel'.

Según una conversación de Correa transcrita por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, "cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto". La Comunidad de Madrid asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008. "(...) él decía 'Ahora en un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y facturáis 11.900 IVA incluido; a fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico".

Además
* González Panero asegura que él 'queda muy bien' en el sumario
* Pedreira vuelve a buscar vínculos con 'Gürtel' en Boadilla

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; UN ALTO CARGO DE LA JUNTA, JUAN GALLO, LLAMADO A DECLARAR COMO TESTIGO

Es comisario para la Memoria Histórica

La juez quiere saber por qué retuvo 16 días la grabación del presunto cobro de comisiones a La Raza

Benito Fernández

La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Ayala, ha citado a declarar el próximo viernes a Juan Gallo González, un alto cargo de la Junta de Andalucía y actual comisario para la Memoria Histórica, que fue el que recibió la primera denuncia de dos empresarios del restaurante La Raza por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros.

La declaración de Gallo, director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, se producirá a petición del PP en la parte del sumario que investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. En dichas diligencias están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, su adjunto, Daniel Ponce, el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, y una funcionaria.

La declaración de Gallo había sido solicitada por el PP, que ejerce la acusación particular, dentro de una serie de testificales -rechazadas por la jueza- que incluían al consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su papel cuando era presidente del Servicio Andaluz de Empleo, al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los concejales Alfonso Mir, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.

COLABORADOR DE CHAVES Y ZARRÍAS

Juan Gallo González (Sevilla, 1945) es el director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de la Presidencia. Su trayectoria en la Junta de Andalucía ha estado muy ligada tanto con el ex presidente y actual ministro de Política Territorial, Manuel Chaves como con el secretario de Estado, Gaspar Zarrías. Es diplomado en Dirección de Empresas y perito industrial y tras pasar por UGT Vizcaya, como secretario general entre 1982 y 1987, y por el Gobierno vasco, como director general de Administración Industrial de 1987 a 1990, ese año recaló en el Ejecutivo andaluz, donde fue un estrecho colaborador del ex presidente de la Junta Manuel Chaves. Hasta 2008 ocupó el puesto de director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y a principios de 2009, el Consejo de Gobierno le puso a cargo del nuevo comisariado de la Memoria Histórica, un departamento adscrito a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas que en esta nueva andadura fue reforzado para coordinar e integrar todas las políticas del Gobierno andaluz en esta materia. Es, por lo tanto, el cuarto responsable de Memoria Histórica en Andalucía en apenas cuatro años.

Gallo fue la primera persona que recibió de los empresarios del Grupo La Raza una grabación, realizada el 27 de enero de 2009, con la petición de comisiones y quien inició el proceso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El PP ha investigado y se pregunta por qué Gallo, que recibió la grabación con la extorsión el 28 de enero de 2009, tardó dieciseis días en entregarlo al viceconsejero de Empleo, y por qué el 4 de febrero le filtró su contenido y por qué el 4 de febrero le comunicó su contenido al alcalde, según dijo éste en una carta remitida a la Policía Judicial. El PP subraya en su escrito que Patricia Ren González. La esposa de Juan Gallo, así como dos cuñados de este alto cargo de la Junta, Laura y Manuel Ran González, son personas de confianza del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. La esposa de Gallo es asesora del alcalde desde 1999, mientras que sus hermanos Laura y Manuel ocupan puestos de trabajo de libre designación por el alcalde de Sevilla, según el Partido Popular.

EL EXPEDIENTE ÍNTEGRO

Por otra parte, en el auto de la jueza, ésta pide a la Junta el expediente íntegro con la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería, ante la «eventualidad de que la que hay aportada a las actuaciones no sea completa». En su escrito, el letrado del PP había denunciado que ciertos aspectos de la subvención «no se entienden», como el hecho de que «el procedimiento se inicie el 18 de noviembre de 2008, el mismo día esté elaborada la Memoria, el mismo día se autorice el inicio del expediente y esté firmada la propuesta de resolución por la directora general de Formación para el Empleo».Por esa razón, solicitó numerosas declaraciones y documento que la juez rechaza pues «lo único que podrían poner de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no política, que se está realizando en las presentes actuaciones», según el auto.

diariocrítico.com

sábado, 28 de noviembre de 2009

DENUNCIAN "ENORMES DILACIONES" DEL JUICIO CONTRA EL ALCALDE DE MORÓN DE LA FRONTERA

La denuncia desde abril pasado aún no ha registrado ninguna diligencia

Los vecinos que ejercen la acusación particular han denunciado al juez decano de Sevilla las "enormes dilaciones" del juicio contra el regidor y ex alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP) y José Párraga (PSOE), pues el caso llegó hace ocho meses al juzgado y aún no tiene fecha para la vista. Morilla y Párraga están acusados de un delito continuado contra la ordenación del territorio, por el que la Fiscalía de Sevilla pide para cada uno un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación, por permitir presuntamente desde 2001 la instalación de varias industrias ilegales en un antiguo secadero de algodón.

Los vecinos colindantes, que ejercen la acusación particular, han denunciado a través de su letrado, Francisco Vega, los perjuicios que les causan las "enormes dilaciones" en el procedimiento, por lo que solicitan al juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que tome medidas para que al menos se señale fecha para la vista oral en el juzgado penal 5 de Sevilla.

Desde Abril
El asunto llegó a dicho juzgado a principios de abril pasado y aún no ha registrado ninguna diligencia, ni siquiera para señalar fecha para el juicio. Fuentes próximas a dichos vecinos han indicado a Efe que, teniendo en cuenta que los juzgados penales de Sevilla están fijando juicios a más de un año, el retraso podría permitir a los procesado presentarse de nuevo a las elecciones municipales de 2011. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo imputa a ambos alcaldes un delito continuado contra la ordenación del territorio, porque permitieron la instalación en un terreno calificado como "de uso agropecuario" de un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos.

Polígono industrial
Desde 2001 hasta la actualidad, Párraga y Morilla permitieron la "consolidación de hecho" de un polígono industrial "totalmente ajeno a la legalidad", sostiene la Fiscalía, cuyo escrito de acusación se une al que han presentado los vecinos afectados, que piden para cada acusado cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público. La Fiscalía afirma que entre 2001 y 2005 tuvieron lugar al menos ocho plenos municipales en los que se denunció la ilegalidad de las sucesivas licencias otorgadas y las molestias que estaban sufriendo los vecinos, y además tanto el arquitecto municipal como el secretario de la corporación emitieron sendos informes en contra de las licencias.

Quejas de vecinos
Los vecinos de la zona de La Alameda entregaron numerosas quejas al Ayuntamiento por los ruidos que producía el polígono, especialmente en horas de madrugada, y además presentaron, sin éxito, alegaciones en todos los expedientes. El fiscal imputa a ambos alcaldes haber tenido "perfecto conocimiento" de la imposibilidad de recalificar la antigua nave algodonera, pese a lo cual se ampararon en la primera licencia otorgada en 1986 para llevar a cabo una serie de actuaciones que permitiesen, de hecho, la conversión de la zona en suelo industrial. Además de permitir la instalación de las tres industrias, Párraga llegó a dar en 2002 licencia de obra menor a una de ellas.

Imputados
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y no recordar nada sobre la licencia, ya que se limitaban a firmar los documentos que les pasaban. La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.

elplural.com

viernes, 27 de noviembre de 2009

EL SUPUESTO ASESINO DE POLOP HABÍA COMPRADO TERRENOS EN LA NUCÍA, UNO DE LOS FOCOS DE LA "TRAMA GÜRTEL"

¿Existe un vínculo entre el asesinato y la trama de corrupción?

¿Tiene relación el asesinato del ex alcalde de Polop de la Marina (Alicante) Alejandro Ponsoda presuntamente a manos de su sucesor, Juan Cano, con la trama de corrupción de la Operación Gürtel? El asesinato se produjo, supuestamente, a raíz de una oscura trama de corrupción urbanística, como ya adelantó El Plural, y uno de los núcleos de la investigación en torno al caso es la localidad vecina de La Nucía, donde Juan Cano había adquirido recientemente cinco parcelas. En este municipio, con cuyo alcalde los cabecillas de la Gürtel mantenían una estrecha relación, las empresas de la trama organizaban fiestas de corte sexual para agasajar a políticos y Francisco Correa intentó protagonizar un pelotazo de 72 millones de euros.

El todavía alcalde popular de Polop de la Marina, Juan Cano, enviado ayer a prisión sin fianza como principal acusado del asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, también del PP, en 2007, no ha detenido su actividad como promotor inmobiliario en ningún momento desde que accedió al Ayuntamiento de la localidad. Sólo entre abril y junio de este año, Cano se hizo con cinco parcelas en La Nucía, un municipio que no sólo se ha puesto a la cabeza de la actualidad por ser uno de los puntos clave en la investigación del asesinato, sino también por sus vínculos con la trama de corrupción de la Operación Gürtel.

Negocios inmobiliarios
Desde que se convirtió en concejal de Polp en 1995, Cano ha acumulado en su patrimonio numerosos inmuebles. En junio de ese año adquirió, según informa la Cadena SER, un piso de 124 metros cuadrados, tres locales comerciales y una plaza de garaje. En 2002 añadió a sus inmuebles un chalet de lujo de 500 metros, y este año se hizo con las citadas parcelas en La Nuncía. Las hipotecas pendientes de pago suman un valor de 585.445 euros. Las compras en La Nucía se hicieron, a partes iguales, por él, las dos empresas inmobiliarias en las que es administrador (Cano Berenguer SL e Inversiones Puig Campana) y su hombre de confianza, el todavía concejal de Turismo, Joaquín Andrés Montiel.

La Nucía, el asesinato y Gürtel
Este municipio, que se ha convertido en uno de los principales focos de investigación por el caso del asesinato debido a las importantes operaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en él, también es uno de los puntos clave de la Operación Gürtel: a través de Álvaro Pérez El Bigotes, íntimo amigo del alcalde de la localidad, Francisco Correa trató de dar un pelotazo de 72 millones de euros mediante operaciones de compra-venta en el PAI Pie de Monte.

Los negocios de Gordon
El también imputado en la trama corrupta Jacobo Gordon, íntimo amigo del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, invirtió también en La Nucía el dinero que había cobrado en comisiones ilegales por su participación en la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. Y en el municipio estaba el local en el que los cabecillas de la trama organizaban fiestas sexuales para agasajar a los políticos con los que tenían negocios. ¿Existe una relación entre ambas tramas? Habrá que esperar al desarrollo judicial de las mismas para averiguarlo.

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o Gordon, Blanco Balín y Crespo habrían invertido su pellizco de la visita del Papa en un pelotazo...
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elplural.com

CÁRCEL E INHABILITACIÓN PARA DOS EX ALCALDES DE MONACHIL

Aprobaron la construcción de apartamentos turísticos en terrenos de uso sociocultural

Un Juzgado ha condenado a siete años de inhabilitación a los ex alcaldes de Monachil Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), al que ha impuesto además 6 meses de cárcel, por prevaricación en el cambio de uso de una parcela para construir un edificio que ha ordenado derribar con cargo a los acusados

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez (PP) y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.

20 años de inhabilitación para el ex concejal de Urbanismo
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.

Declara nulos todos los trámites ilegales
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.

Deberán pagar la demolición
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, "corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados".

De uso socio cultual a apartamentos turísticos
Los terrenos tenían un uso de equipamiento sociocultural, sin embargo en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela. Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción "no les garantizaba alcanzar su propósito".

El terreno pasó por varias ventas para despistar
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad. Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.

82 apartamentos de uso turístico
En 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado".

andalucia@elplural.com

"CASO MERCASEVILLA"; EL INFORME POLICIAL DUDA DEL USO DE LAS AYUDAS SOCIALES APORTADAS POR SANMA

El PP recuerda que Castaño "dependía" de Marchena y ve "evidente" que la "línea de investigación" desembocará en el alcalde y Torrijos

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Sanma Desarollos Urbanísticos, filial del Grupo Sando y adjudicataria de los suelos del antiguo mercado central de Mercasevilla mediante un concurso público investigado por el juzgado de Instrucción número seis, entregó a la citada sociedad pública 246.00 euros comprometidos para cursos de seguridad y salud, programas de integración social o la fundación socioasistencial, si bien el último informe policial concluye que "no se puede relacionar directamente ayudas y actuaciones, lo que cuestiona el destino de estos fondos.

Según un extracto del informe, evacuado por la Policía Nacional a la juez Mercedes Alaya el pasado 11 de noviembre, los investigadores descubrieron durante las diligencias un documento mediante el que Luis Sánchez Manzano, en representación de Sanma Desarrollos Urbanísticos, se comprometía el 6 de febrero de 2006 a asumir "la mejora de las prestaciones sociales y empresariales" de la plantilla de Mercasevilla en el caso de resultar adjudicataria de los suelos ofertados mediante el citado concurso público.

Se comprometía, según un extracto del informe policial hecho hoy público por el PP, a aportar 30.000 euros anuales durante cinco años para la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, la asunción del coste de cursos de seguridad y salud por hasta 6.000 euros anuales, 70.000 euros como "subvención" para la integración social de colectivos desfavorecidos y la enajenación de suelos para la construcción de cien viviendas protegidas con destino a los empleados de la empresa.

"POSIBLE IRREGULARIDAD"

El contrato que zanjaba la adjudicación de los suelos a Sanma pese a que concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga, formalizado el pasado 23 de febrero de 2006, no contemplaba, no obstante, "ninguna cláusula o estipulación" en cuanto al "adelanto" de 150.000 euros solicitado el 15 de septiembre de 2006 a Sando por parte del entonces director general de Mercasevilla y según la Policía "gran artífice" de los hechos, Fernando Mellet. Tal aspecto, según los investigadores, ya constituye una "posible irregularidad".

Las investigaciones arrojan que Mercasevilla percibió aproximadamente 246.000 euros de manos de Sanma en virtud de los compromisos adoptados en el documento firmado por Luis Sánchez Manzano, pero al margen de la "condición finalista" de estos compromisos a la hora de resolver el concurso, los investigadores de la Policía Nacional creen que "en base a la documentación existente", no se puede "relacionar directamente ayuas y actuaciones".

EL PP SOSPECHA DE UN DELITO SOCIETARIO

Es por ello que el concejal del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, consideró hoy en rueda de prensa que el informe es "demoledor", porque confirma que Mercasevilla está plagada de "escándalos" y se terminará revelando el "delito societario" atisbado por el PP. "El dinero que estaba destinado a programas sociales no se empleó en eso", resumió el concejal del PP en cuanto al contenido de este extracto del informe policial.

En cuanto a la parte del informe que resuelve que "no se ha podido determinar el verdadero conocimiento" que de los hechos tenían los miembros de la comisión ejecutiva y el consejo de administración de Mercasevilla, el consejero del PP remarcó que el documento también atribuye una "conducta desarreglada" y "arbitraria" a los órganos de gobierno de la empresa por aprobar el pliego de condiciones que reguló el concurso público pese a las posibles irregularidades contenidas en él.

A tal efecto, advirtió de que el propio informe recoge que los investigadores están "a la espera de continuar la investigación" y "no descarta una comisión culposa" por parte de los miembros de la comisión ejecutiva, integrada en aquellos momentos por personas como el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) o el ex concejal socialista Gonzalo Crespo, quienes ya han declarado ante la Policía junto a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano, ex asesor del Grupo Municipal Socialista y miembro también entonces de la comisión ejecutiva.

"La Policía Judicial, a fecha de 11 de noviembre, no puede demostrarlo", dijo Beltrán Pérez en cuanto a la implicación de más miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla en los hechos, si bien advirtió de que tal extremo "no quiere decir que no pueda demostrarse en el futuro".

EL ALCALDE, TORRIJOS Y MARCHENA

Para reforzar esta advertencia, recordó que Castaño, cuyo papel es "significativo" en la trama según la Policía Nacional, dependía como responsable del Área de Vía Pública "directamente" del por entonces gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas del Ayuntamiento, Manuel Marchena. A tal efecto, destacó el papel de Manuel Marchena como hombre de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el hecho de que Castaño era "el asesor más personal y cercano" del primer edil y "uno de los señores del Urbanismo" en el PSOE y en el Consistorio.

Como punta de la pirámide, Beltrán Pérez recordó que "el presidente de la Gerencia de Urbanismo" no es otro que el propio alcalde, por lo que creyó "evidente" que la "línea de investigación" apuntará a Manuel Marchena, Antonio Rodrigo Torrijos y Alfredo Sánchez Monteseirín, porque "nadie puede creer que en el asalto a mano armada de Mercasevilla sólo hayan participado actores secundarios".

Así, manifestó su sospecha en cuanto a que a Castaño "se le encardinó" en el área de Urbanismo precisamente para consumar la operación, pues el mencionado ex militante del PSOE terminó en el organigrama de Sando, como también figura en el informe policial.

Además, advirtió de que las diligencias "dibujan un escenario brutal y demoledor" a la hora de exigir responsabilidades políticas, porque el informe alude a expedientes de regulación de empleo "fraudulentos" y "aún quedan muchas pruebas por practicar". "Es un escándalo de gran magnitud --aseguró Beltrán Pérez-- para el Ayuntamiento y para la Junta de Andalucía". Por eso, reclamó al Gobierno andaluz que aclare su papel en los expedientes de regulación de empleo consumados en Mercasevilla.

ecodiario/eleconomista.es

"CASO GÜRTEL"; FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA EL EX ALCALDE DE ARGANDA IMPUTADO

El juez estudia redactar un nuevo auto en el que se ratifique la fianza de 1,8 millones ya impuesta al ex regidor de Boadilla

J. SÉRVULO GONZÁLEZ

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el Albondiguilla, ha acudido hoy a prestar declaración ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, quien le imputa delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias dentro del sumario del caso Gürtel. El ex regidor se ha negado a declarar y se ha limitado a aportar documentos que considera que no están incluidos en el sumario. El juez estudia ahora la opción de redactar un nuevo auto en el que se ratifique la fianza de 1,8 millones que ya le impuso con anterioridad.

También estaba llamado hoy a declarar el ex alcalde de Arganda del Rey, el también popular Ginés López Rodríguez. Sin embargo, ha comparecido apenas cinco minutos ante el juez ya que se ha acogido a su derecho a no declarar ya que, en su opinión, el hecho de que parte del sumario sea todavía secreto puede provocar una situación de indefensión. El juez le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su participación en una trama cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilíticta, blanqueo de capitales y falsedad. Según el sumario, el ex regidor habría percibido comisiones por importe de 523.439 euros.

El objetivo de la fianza de 1,5 millones es asegurar que el imputado haga frente a las posibles responsabilidades civiles y a las costas del proceso si finalmente es llevado a juicio y condenado.

El sumario me deja bien
González Panero, que ha llegado al tribunal a las 11.00, ha asegurado antes de comparecer que la parte del sumario que se ha hecho pública le deja bien y que acudía ante el juez para aportar pruebas exculpatorias que no están en el sumario.

El Albondiguilla había asegurado que presentaría una sentencia que demuestra, que la concesión que hizo de una parcela a la empresa UFC por tres millones menos de lo que ofrecieron otras constructoras fue legal. "He traído la sentencia porque no consta en el sumario. Hay muchas pruebas exculpatorias para mí que deberían estar y que ahora voy a volver a aportar", ha asegurado a los periodistas.

González Panero está imputado por seis delitos y ha visto como el juez Pedreira le imponía la mayor fianza de todos los implicados en la trama Gürtel: 1,8 millones de euros. Durante su mandato, según el sumario, el Albondiguilla benefició a empresas que, con posterioridad, pagaban sobornos a altos cargos del Partido Popular.

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Caso Gürtel
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jueves, 26 de noviembre de 2009

EL TRIBUNAL SUPERIOR VALENCIANO ABRE LA VÍA PARA INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

Pide información al TSJ de Madrid para decidir si acepta la querella socialista contra Camps.- La denuncia por financiación ilegal del PP se basa en un informe policial que investiga el juez Pedreira

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para investigar la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La Sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la denuncia son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.

Durante una reunión celebrada esta mañana, la sala de Lo Civil y Penal ha decidido solicitar información al Tribunal Superior de Madrid sobre sus investigaciones en relación con el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo hace casi dos meses del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.

El TSJCV pide también información a las Cortes valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella de los socialistas, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y al propio PP que confirme las responsabilidades que en dicha organización tiene algunos de los querellados.

Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.

El informe policial de la brigada de blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. También desvela que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de una doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.

El TSJ despreció ese informe cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Francisco Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información al TSJ de Madrid, al Ministerio del Interior, al PP valenciano, a las Cortes Valencianas y a la Junta Electoral Central. Según la nota del TSJ valenciano, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".

El informe policial que sustenta la querella dirigida contra 17 personas, entre ellas el propio Camps y el vicepresidente Vicente Rambla, fue remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales el pasado 31 de julio al TSJ valenciano, a la Fiscalía Anticorrupción y al TSJ de Madrid, donde se investiga la causa principal del caso Gürtel que inició el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.

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Francisco Camps Ortiz
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Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia


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"CASO ASTAPA"; PRORROGAN UN MES MÁS EL SECRETO DEBIDO A NUEVOS INFORMES

TRIBUNALES | Corrupción municipal en Estepona

Europa Press | Málaga

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, ha acordado continuar un mes más con la prorroga del secreto que pesa sobre el sumario del caso 'Astapa', contra la corrupción en el Ayuntamiento del municipio, ante los datos que arrojan los últimos informes policiales, incluido uno nuevo recibido el mes pasado.

El juez ya aseguró en otros autos anteriores en los que prorrogaba el secreto que hay informes policiales "trascendentales" que arrojan "datos relevantes para la investigación" de la causa. En esta nueva resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, cita uno fechado el 29 de octubre, que está en conexión con otros de julio, de los que ya destacó su importancia.

Así, insiste en que la necesidad de prorrogar el secreto de sumario con respecto a estas diligencias judiciales "se patentiza a la luz de los datos que arrojan los informes emitidos por la Policía Científica", apuntando en concreto uno de 24 de septiembre "que refuerza la necesidad imperiosa de preservar el secreto sumarial", señala el juez.

Este argumento fue también al que aludió el instructor del caso para prorrogar esta medida el pasado mes de octubre. Asimismo, reitera la cantidad de documentación intervenida en los registros policiales, a los que se hace referencia desde el tomo 14, que se mantiene por el momento bajo secreto como el resto del sumario hasta el final.

El secreto de esta causa se ha levantado en dos ocasiones, la primera en junio, del tomos I al VI, y en la información que salió a la luz en esa ocasión estaba la denuncia presentada por el actual alcalde, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez, ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

La segunda ocasión en la que el juez acordó esta medida fue en septiembre y fue en concreto de unos 3.900 folios del sumario del caso, que iban del tomo siete al 13, ambos incluidos, al entender el instructor que con dicha medida "ya no se perjudica la investigación de la causa" en lo que se refería a esa parte.

El caso 'Astapa' se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados, entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal, hay ocho imputados en este caso, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas tal y como les exigió su partido tras su imputación.

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"CASO ALMOGÍA"; LA INSTRUCTORA CONFIRMA LAS IMPUTACIONES PARA 6 PERSONAS

TRIBUNALES | Tras las declaraciones

Europa Press | Málaga

La instructora del caso de Almogía confirmó este miércoles las imputaciones para seis personas que comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital en relación a las presuntas irregularidades urbanísticas investigadas en dicha localidad, según han confirmado fuentes judiciales.

Además del alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación, este miércoles la jueza tomó declaración como imputado al primer teniente de alcalde por los delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio; y al tercer teniente, por el de prevaricación.

También comparecieron como imputados dos policías locales por un delito de falsedad documental, un funcionario que actuó en una ocasión como secretario accidental por un delito urbanístico y una cuarta persona, un técnico, por presunta falsedad documental y prevaricación.

El día anterior habían comparecido cuatro personas, que son el secretario municipal, al que se le imputan los delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación; y un policía local, imputado por presunta negociación prohibida y falsedad.

Además, la jueza imputó a una mujer por delitos de estafa, falsedad y tráfico de influencias, y a la funcionaria encargada de los expedientes de disciplina por supuesta falsedad documental. Falta por declarar el arquitecto municipal, que no compareció tras presentar su abogado un certificado médico.

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* El alcalde de Almogía no dimite y ve 'mala fe' en las denuncias

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"CASO MERCASEVILLA"; LA POLICÍA SOSTIENE EN UN INFORME QUE LA VENTA DE SUELO DE MERCASEVILLA FUE "ARBITRARIA"

Informe entregado al juzgado de Instrucción 6

* La Policía dice que el concurso ocultó una adjudicación directa a favor de Sando
* El informe señala que la venta es "como poco, una conducta desarreglada"
* Dice que Mercasevilla tiene "una plantilla 10 veces superior a la necesaria"

Agencias | Sevilla

Un informe de la Policía remitido a la juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla afirma que la venta de sus terrenos fue "arbitraria" pese a que aparentemente revestía "todos los caracteres de legalidad y venía avalado por diferentes técnicos".

En un informe de 66 folios, la Policía Judicial constata que la venta de los terrenos se adjudicó en 2005 a la empresa Sando en perjuicio de la constructora Noga, pese a que ésta ofrecía "25 millones de euros más por la adquisición del derecho de compra y 53 millones más por el precio final".

La Policía analiza el concurso público y concluye que, pese a su apariencia de legalidad, el proceso "en realidad oculta una especie de adjudicación directa a favor de la empresa Sanma", la filial de Sando a la que se adjudicó la venta.

Conducta desarreglada
Tal decisión constituye, según el informe, "como poco, una conducta desarreglada, arbitraria, de la Administración y de sus servidores que vulnera el principio de una conducta objetiva al servicio del interés general".

La propuesta de adjudicación, decidida por la Mesa de Contratación, fue aprobada posteriormente por la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de la empresa pública, instituciones estas últimas sobre las que la Policía duda que fueran conscientes de la "irregularidad" que cometían.

Añade el informe que lo que parece "evidente" es "el conocimiento pleno de esta arbitrariedad" por parte de Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde sevillano Alfredo Sánchez Monteseirín y entonces director del área de Vía Pública, que ha sido imputado en la causa aunque aún no ha declarado en el juzgado de instrucción 6, y los técnicos M.V.B. y J.A.R., que intervinieron en el proceso.

El papel de Mellet y Castaño
Ello "amén de Fernando Mellet como el gran artífice de todo este asunto", dice el informe en relación al ex gerente de la empresa pública ya imputado en las actuaciones.

El informe policial contiene, por otra parte, duros comentarios sobre Mercasevilla, una empresa que tiene "una plantilla diez veces superior a la necesaria" que hace "del todo inviable una gestión rentable", junto a las "concesiones a los mayoristas", en una situación que la Policía atribuye a "la presión que ejercen los sindicatos y los partidos sobre el Ayuntamiento".

La Policía no ha podido averiguar, por las declaraciones de los encartados, "la verdadera autoría de las cláusulas" dudosas, pero concreta que, una vez confeccionadas y valoradas por los técnicos, "fueron manipuladas" por el ex gerente Fernando Mellet y la funcionaria M.R.P., también imputada en la causa.

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