viernes, 5 de noviembre de 2010

MUNAR AFRONTA UN SEGUNDO JUICIO POR CORRUPCIÓN EN BALEARES

A. MANRESA - Palma de Mallorca

La ex presidenta de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar, que en febrero de 2010 dimitió como presidenta del Parlamento balear, se deberá enfrentar a un segundo juicio por supuesta corrupción. El último asunto, cuya instrucción culminó ayer, se centra en la supuesta venta manipulada y a mitad de precio de un solar público de Palma por 30 millones. Una querella del empresario y ex presidente del Barça José Luis Núñez -que ofertó 60 millones de euros- abrió el caso Can Domenge.

Munar está acusada de prevaricación, fraude a la Administración, usar información privilegiada y malversación de caudales públicos. También se sentará en el banquillo la ex cúpula de UM: Miquel Nadal, Miquel Ángel Flaquer y Tomeu Vicens. UM controló el Consell de Mallorca en 2005; Munar era la presidenta con el apoyo del PP. En la otra causa contra ella, pendiente de juicio, la fiscalía pide seis años de cárcel y 14 de inhabilitación.

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LA FICALÍA SE SUMA A LA RECUSACIÓN DE LA JUEZ DEL "CASO MERCASEVILLA"

El marido de la magistrada trabajó siete años como auditor para la empresa

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

La Fiscalía de Sevilla apoya la recusación presentada por la defensa de una imputada en el caso Mercasevilla contra la juez que lo instruye, Mercedes Alaya. La fiscal jefe sevillana, María José Segarra, considera "innegable" la relación del marido de la magistrada con la investigación iniciada por delito societario por Alaya. El esposo de la juez, Jorge Castro, fue auditor de la empresa durante siete años hasta junio de 2002 y, según el ministerio público, "ello puede tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora".

La fiscal ve un "evidente conflicto" debido a la relación laboral de Castro

La defensa de Mellet pide la declaración del esposo de la juez

La fiscal declaró hace dos semanas que no veía motivos para recusar a la juez, pero ahora ha cambiado de criterio y hace hincapié en el "evidente conflicto" que puede afectar a la debida neutralidad de Alaya. La clave está en 2002. En junio de ese año, Mercasevilla prescindió de los servicios de Castro como gerente de la auditora KPMG. El principal acusado en estas investigaciones, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, participó en el consejo de administración que decidió cancelar ese contrato de KPMG. Solo tres meses después, Mellet fue nombrado gerente de Mercasevilla. Por ello la juez remontó la investigación por malversación, delito societario y apropiación indebida hasta septiembre de 2002.

Al respecto, Castro declaró el pasado verano: "Yo era el responsable del trabajo de campo, pero era una época muy diferente a esta. Entiendo que el periodo que está analizando mi mujer es posterior. No tiene absolutamente nada que ver". Pero la fiscalía discrepa. El ministerio público entiende que existe un conflicto que puede "afectar a la imparcialidad tanto objetiva como subjetiva" de la magistrada.

La defensa de Pilar Giraldo, ex directiva de Mercasevilla imputada en el caso, recusó a la juez la semana pasada y abrió este posible incidente judicial: "Mi mandante legítimamente puede sospechar que la señora magistrada pueda realizar consultas a su marido y recabar información sobre multitud de aspectos extraprocesales que, a la postre, pudieren distorsionar su visión de la causa", expuso el abogado Juan Carlos Alférez. Ahora, la fiscalía se adhiere a su recusación, aunque puntualiza que no teme que Castro facilitara datos a su esposa en "sesiones de trabajo conjuntas", sino porque la investigación afecta de lleno a la actividad de Castro.

El escrito resalta que es imposible analizar las cuentas anuales de 2002 en la empresa municipal sin tener en cuenta todo el año fiscal natural. Por tanto, la juez investigaría las cuentas correspondientes a la primera mitad del año, auditada por su marido. "Surgiría aquí de modo claro un interés indirecto en la causa" por parte de la juez, afirma la fiscal. En su argumentación, esta sugiere que los delitos anteriores a 2005 podrían estar prescritos, idea que coincide con su tesis en el caso que investiga Alaya por la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis.

El ministerio público rechaza en su escrito que pudiera existir una "lógica animadversión" entre Castro y Mellet, tal y como propuso la defensa de Giraldo. Asimismo niega que la juez pudiera tener "ideas preconcebidas" en la causa y que recibiera influencia extraprocesal y asesoramiento del marido, que dieron como resultado diligencias "extremadamente técnicas".

En caso de prosperar, la recusación solo afectaría a la investigación por delito societario, lo cual no impediría a la magistrada seguir investigado la causa por la venta de suelo en Mercasevilla y el supuesto intento de soborno por parte de la cúpula directiva.

Tras la primera solicitud de recusación, la juez dio el pasado martes a las partes personadas un plazo de tres días para presentar alegaciones a la causa. Ayer se adhirió la fiscalía y hoy lo harán la defensa de los ex directivos Mellet y Daniel Ponce en dos escritos. La defensa de Mellet solicita que Castro declare ante la juez, dado que la investigación podría retrotraerse en el tiempo. "Para una correcta y eficiente defensa, sería absolutamente imprescindible la declaración testifical de quien en ese tiempo hacía el trabajo de campo", expone en alusión al ex auditor de la empresa.

Ahora la juez Alaya decidirá si aprecia que existe causa legal de recusación, y en tal caso la Audiencia Provincial nombrará un instructor que estudiaría si debe ser apartada de la causa.


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"CASO BRUGAL"; LA COMPULSIVA BÚSQUEDA DEL LUJO

Un informe policial refleja la "vorágine" del elevado tren de vida de los Ripoll

R. B. / S. N. - Alicante

Viajes, grandes compras y afición por los artículos de lujo. La investigación policial del caso Brugal, que trata de esclarecer la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja (sur de Alicante), dedica un amplio capítulo al elevado tren de vida de Margarita de la Vega Orduña, mujer del líder del PP de la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El informe contiene numerosos detalles de los gustos de la esposa de Ripoll y también sobre sus costumbres de consumo. Explica, por ejemplo, cómo De la Vega, durante un viaje de compras realizado en diciembre de 2009 con unas amigas a París, consiguió que su marido le diera el visto bueno a la compra de un abrigo de visón valorado en 2.100 euros. Y durante el mismo viaje, y en plena "vorágine compradora", De la Vega pregunta por unas galerías comerciales donde suelen acudir el presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, y su mujer, Carla Bruni. También solicita, siempre a través de la secretaria de su marido en la Diputación, que reserve en la ostrería del actor francés Gerard Depardieu. Al día siguiente le pide reserva en un restaurante parisino "de mucha categoría".

Las referencias al lujo de la esposa del político popular no acaban ahí: en una conversación, De la Vega comenta que se ha dejado en un local una bolsa con zapatos de 500 euros. Y en otra, se queja a su marido de que se le ha parado el reloj de oro. Este resta importancia al episodio y le responde que tiene relojes por todos lados: dos Franck Muller, y un NOA.

Los ejemplos de la más que confortable vida de Ripoll y De la Vega son variopintos. El matrimonio gastó 6.100 euros en vuelos en clase business para ellos y sus cuatro hijos a Nueva York, en enero de 2010. Y apenas un mes antes, en diciembre de 2009, Ripoll acordó los detalles de la compra de un BMW por valor de 50.000 euros, de los cuales 25.000 euros se abonarían al contado. El vehículo se matriculó el 28 de enero de 2010.

En otro punto, se recoge el "gran interés" que Ripoll parecía tener por las obras de arte, dado que el 11 de febrero de este año recibe un mensaje de un interlocutor en el que dice: "Hola, Joaquín, soy Pepe Ribes. Me dicen que querías comprar un cuadro de Luis Casanova. Que lo dejan en 53.000, un saludo".

El informe también menciona, a partir de las conversaciones telefónicas grabadas, que el matrimonio tiene contratadas en su casa a tres personas, dos de ellas como empleadas de hogar, y la tercera como jardinero. La policía, finalmente, realiza especial hincapié en la utilización de mucho dinero en efectivo para gastos como pagar a las dos asistentas, la asignación que tiene la mujer de Ripoll cada mes, el citado pago de 25.000 euros al contado por un vehículo adquirido o para hacer frente a una factura de 10.000 euros de tela de cortinas. Ripoll gana al año unos 100.000 euros como presidente de la Diputación.

DETENIDOS DOS CABECILLAS DEL "CASO BRUGAL" POR BLANQUEO DE DINERO

La policía arresta a 15 personas, entre ellas los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregori, líder e intermediario clave de la trama corrupta de Alicante

S. NAVARRO / R. BIOT - Alicante

Los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregori, dos de los máximos cabecillas del caso Brugal (trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) fueron arrestados ayer por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en el sur de Alicante, es líder de la trama y, Gregori, empresario de la automoción, el intermediario clave, según la investigación. Gregori es, además, amigo del presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, el imputado de mayor calado en este sumario por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.

Fenoll y Gregori, junto a otras 15 personas (13 en Alicante y dos en Madrid), fueron arrestados ayer por orden del Juzgado número 5 de Alicante, que desde 2009 dirige una investigación por falsedad y estafa vinculada a la empresa de Gregori, la firma de automoción Autisa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez indaga una estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones. Por estos hechos, Gregori y otras tres personas, entre ellas su hermano José Vicente, fueron arrestados en abril.

Más adelante, el juez añadió a la causa los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales para eludir los embargos del concurso de acreedores en el que había entrado la firma de Gregori. La policía descubrió estas actividades en el curso de las escuchas del caso Brugal. Las grabaciones revelaron que Gregori contó con el concurso de Fenoll, una amplia red de testaferros y dos abogados para materializar la ocultación de sus bienes: mediante falsas empresas y el blanqueo de capitales.

Los dos detenidos en Madrid son sendos abogados de Gregori. Los letrados, según fuentes judiciales, quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los 13 arrestados en Alicante, salvo Fenoll, permanecían anoche en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Ángel Fenoll acudió a las dependencias policiales en su vehículo y, tras ser interrogado en calidad de detenido, quedó en libertad con cargos.

Para Gregori, el de ayer fue el tercer arresto en lo que va de año. El primero fue en abril por estafa y el segundo, en julio pasado, como intermediario del caso Brugal. En ambos casos tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros. Fenoll es la tercera vez que es arrestado, siempre por el caso Brugal. En la primera ocasión, en mayo de 2007, estuvo un mes en prisión, que eludió con una fianza de 100.000 euros, y en la segunda, en julio pasado, evitó la cárcel con otra fianza de 300.000 euros.

LA POLICÍA DETIENE A 15 PERSONAS POR BLANQUEO DE DINERO, ENTRE ELLAS DOS DE LOS CABECILLAS DE LA "TRAMA BRUGAL"

La investigación al empresario de automoción Rafael Gregori y el resto de arrestados está relacionada con un alzamiento de bienes y una estafa.-El empresario Ángel Fenoll, en el centro de los negocios de la basura de Alicante, también está en comisaría

S. NAVARRO / E. MOLTÓ / R. BIOT - Alicante

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hoy al empresario Rafael Gregori, uno de los principales imputados en la trama Brugal, y a otras 14 personas más por un caso de blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. La investigación, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no está vinculada directamente al caso Brugal, aunque algunos de los arrestados están implicados en las dos causas. También está detenido en comisaría el empresario Ángel Fenoll, al que la investigación del caso Brugal coloca en el centro de la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Fenoll, no obstante, ha acudido en su propio vehículo tras exigir su comparencia la policía para interrogarle en calidad de detenido.

La investigación que ha llevado a estas últimas detenciones se inició en 2009 con una causa de estafa y falsedad documental relacionada con la empresa de automoción de Gregori. A estos delitos se le unen ahora los de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales.

De esta forma,Gregori ha sido detenido ya en tres ocasiones, dos de ellas relacionadas con esta causa, y una tercera con el caso Brugal. La operación en Alicante ha sido llevada de forma conjunta por Policía Nacional y Guardia Civil. En total, han sido detenidas 15 personas, 13 de ellas en Alicante y dos en Madrid. Entre los detenidos haydos abogados, que han declarado en Madrid y hansido puestos en libertad con cargos.

Esta mañana, Gregori, el supuesto intermediario en la trama Brugal, ha sido arrestado por agentes de la Policía Nacional junto con su hermano y dos empleados de su negocio de automoción. Los treshan sido llevados a la comisaría de Alicante a la espera de prestar declaración por un supuesto alzamiento de bienes y estafa investigado por la Guardia Civil. Esta investigación, que ya le costó a Gregori y varios familiares otra detención en mayo pasado, es previa a su supuesta implicación en la trama corrupta del caso Brugal relacionada con el negocio de la basura en La Vega Baja. La Guardia Civil indaga una posible estafa de Gregori que ascendería a unos 12 millones de euros y se refiere a una operación de renting de 120 camiones para Renault. Tras la primera detención por este asunto, el empresario quedó en libertad con fianza de 100.000 euros.

Posteriormente, el pasado 6 de julio, Gregori ya fue uno de los 11 detenidos en la segunda fase de la operación Brugal, junto con el también empresario Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. En aquel momento el juez lo dejó en libertad con cargos por los presuntos delitos de cohecho y fraude y tras pagar una fianza de 100.000 euros. Gregori es propietario de Autisa, un concesionario de vehículos pesados ubicado en un polígono industrial de Alicante. Amigo de Ripoll, el también ex presidente de la Fundación del Hércules está considerado como uno de los imputados clave en esta trama y fuentes del caso, de hecho, consideran que este empresario actuó de intermediario del industrial Ángel Fenoll, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el cabecilla de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y que también ha sido detenido hoy por esta otra causa por blanqueo de dinero.

Gregori y Fenoll llegaron a crear una sociedad conjunta para desarrollar distintos negocios. Y un escrito de la Fiscalía Anticorrupción incluido en el sumario asegura que Fenoll y Gregori recurrieron a fondos ocultos en paraísos fiscales, más concretamente en Suiza.

Para Fenoll, la de hoy también es la tercera detención. Fue detenido en mayo de 2007 por extorsión y por cohecho en lo que se convirtió en la primera fase de la operación Brugal. Salió de la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros mientras los investigadores analizaban centenares de grabaciones del empresario que destaparon su vocación por comprar voluntades políticas. Detenido de nuevo el pasado julio en la segunda fase del caso Brugal, el juez impuso a Fenoll una nueva fianza, de 300.000 euros, y amplió su imputación a los supuestos delitos de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.


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UM EXIGIÓ DINERO EN EFECTIVO PARA LA CAMPAÑA A CONTRATISTAS DEL CONSELL

CORRUPCIÓN  | Fraude electoral

    * Entregaron el sueldo de los ‘empleados fantasma’ a los organizadores de la campaña
    * Las secretarias gestionaron este fondo con el que se pagó a activistas inmigrantes

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Unió Mallorquina (UM) exigió a algunos de sus principales contratistas en el Consell de Mallorca durante la pasada campaña electoral que entregaran dinero en efectivo con el que creó un fondo para hacer frente a determinados gastos derivados de los comicios de mayo de 2007. Entre otros, el pago de sobres con 80 euros a los inmigrantes que votaban al partido que presidía Maria Antònia Munar que se libraban el mismo 27-M en la sede de la formación nacionalista.

Algunos de los beneficiarios de estos pagos ya han declarado a la Policía Judicial que con estas entregas se les compraba directamente su sufragio y quedaba por determinar todavía el origen exacto de dichos fondos. Tal y como aseguran a EL MUNDO/El Día de Baleares fuentes próximas a los organizadores de la campaña de la formación nacionalista en Palma, los pagos se efectuaban en mano por parte de los empresarios a algunos de los responsables de organización de la campaña electoral y la salida de los fondos de las empresas se justificaba mediante el pago de nóminas a activistas del partido.

Es decir, así como la productora audiovisual Video-U, propiedad de los históricos líderes uemitas Maria Antònia Munar y Miquel Nadal mediante testaferros, realizó transferencias bancarias a algunos de los activistas a los que pusieron a sueldo, a otros contratistas se les exigía por parte de UM que el dinero correspondiente a las nóminas de personas colocadas por el partido y que no trabajaban realmente para esas empresas fuera entregado en metálico y en mano en el propio Palau Reial, sede del Consell de Mallorca.

De esta manera, con una parte de los salarios abonandos en metálico a UM se gratificaba a los colaboradores de la campaña electoral que habían sido camuflados como trabajadores de los contratistas o directamente de algunos departamentos públicos que controlaba el partido. No obstante, estos fondos no se destinaban íntegramente a los activistas del partido.

Fondo para gastos

El resto del dinero, que en algunos casos alcanzaba el 70% de las nóminas mensuales, se iba incorporando a una especie de fondo común que administraban las secretarias de los líderes de UM siguiendo siempre órdenes directas de éstos. De hecho, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial ya ha recabado pruebas que apuntan a esta práctica.

Lo ha hecho al tomar declaración a una veintena de esos empleados fantasma (agentes electorales de UM puestos a sueldo en las empresas contratistas) en el marco del llamado caso Maquillaje.Y es que algunos de esos empleados han confesado a la Policía que la cifra que constaba en sus nóminas con dichas empresas no se corresponde con lo que realmente cobraban. Así lo ha testificado por ejemplo una ex empleada de Video-U, que aseguró al ser interrogada por los agentes policiales que pese a que «firmaba nóminas por importe de 1.000 euros, en realidad sólo cobraba 300 y en mano». Algo que, añadió, no le importaba ya que sólo lo hacía para cotizar en la Seguridad Social.

Al margen de la creación de este fondo con dinero en metálico, la Policía Judicial ya ha concluido que UM puso en marcha una trama con el objetivo de «obtener personal y financiación para el partido, evitando éste abonar las colaboraciones». La mecánica consistía, en resumen y tal y como ya ha denunciado el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, en «captar a simpatizantes o usar a los afines o afiliados y pagarles los servicios con dinero público». Y es que tanto las empresas que realizaban transferencias directamente a los trabajadores como aquellas que entregaban los sueldos en metálico y en mano al partido, habían recibido previamente abundantes contratos públicos procedentes de la institución insular que presidía Munar.

Así, UM «otorgaba a empresas privadas dinero público para que parte de ese dinero revierta en el partido a través de las nóminas a cobrar por los afines al partido por prestar sus servicios».

A la vista de los interrogatorios practicados hasta la fecha fundamentalmente entre los empleados fantasma de Video-U, la Policía Judicial ha concluido, y así lo ha puesto en conocimiento del juez Juan Ignacio Lope Sola, que «parece totalmente creíble que las personas pertenecientes a dicho partido, en concreto las dirigentes, participasen en y/o conociesen de forma consciente estas conductas mientras ocurrían».

Entre las empresas que los investigadores sitúan ya en el epicentro de la trama de financiación ilegal se encuentran, además de Video-U, la informática Minser; Solucions Creatives de Mallorca, propiedad del íntimo amigo de Nadal José Antonio Arnau; Actua Desenvolupament, de Antonio Moreno y Nieves Lliteras; y H2O Oci Educatiu, de los empresarios Guillem Rafael Cladera, María del Rocío Baquero y Bartolomé Márquez.

Entre los altos cargos uemitas a los que la Policía Judicial señala como responsables directos de esta operación, destaca al ex vicepresidente del Consell de Mallorca Nadal; al ex conseller de Economía Miquel Ángel Flaquer; al ex director general de IB3 Televisión Antoni Martorell; al ex secretario general de UM Damiá Nicolau; el ex conseller de Turismo Miquel Ferrer; al ex director de Relaciones Institucionales Josep Lliteres; el ex conseller de Deportes Mateu Cañellas; a la ex teniente de alcalde de Palma Cristina Cerdó; y al ex secretario técnico de la vicepresidencia del Consell de Mallorca Antonio Moragues, entre otros.

Tras abrir juicio oral contra Munar y Nadal por la primera pieza separada del caso Maquillaje, la investigación se concentra ahora en la financiación ilegal de la campaña, quedando pendiente el interrogatorio de los líderes de UM a los que atribuye la Policía Judicial un papel destacado en la financiación irregular de la campaña gracias a la que obtuvieron tres diputados que resultaron decisivos.


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