jueves, 21 de junio de 2012

CASO GÜRTEL"; EL EXADMINISTRADOR DEL PP AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE SU FUNCIÓN ERA BUROCRÁTICA


Cristóbal Páez, a su llegada al tribunal. / MÒNICA TORRES
Páez declara como imputado por la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos

Ignacio Zafra Valencia

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Cristóbal Páez, que era administrador del PP nacional durante las elecciones generales de 2008 y que se hizo cargo de la gerencia tras el cese de Luis Bárcenas, afirmó este miércoles ante el juez que su función en el partido era básicamente burocrática y que no tenía constancia de que se hubieran producido irregularidades en las cuentas de la dirección valenciana. Páez está imputado como presunto autor de un delito electoral —financiación ilegal— en la ramificación del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción, apoyada en numerosos informes de la policía, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado, ha reconstruido la aparentemente vasta actividad corrupta que la trama desarrolló en Valencia junto a destacados miembros del Gobierno y el PP regionales. Según las evidencias aportadas a la causa, ocho empresas constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas populares en las elecciones de 2007 y 2008.

Las contribuciones, efectuadas supuestamente a través de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, habrían oscilado entre los 110.000 euros de la empresa castellonense Lubasa, pasando por los 150.000 de Sedesa y los 200.000 del Grupo Vallalba. Las ocho empresas, cuyos gestores han sido imputados, eran adjudicatarias habituales de contratos de obra pública de la Generalitat. Para disimular los pagos, Orange Market les habría facturado por servicios inexistentes.

Páez insistió en que eran los gerentes del partido, que en Valencia es Cristina Ibáñez, imputada en la causa, quienes se encargaban de elaborar las cuentas y darles validez, y que las mismas fueron revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas sin encontrar irregularidades.

En la causa se investiga, además del delito electoral y de falsificación mercantil, el supuesto amaño en la Consejería de Turismo de las adjudicaciones de la feria Fitur en favor de Orange Market, que obtuvo con este negocio cerca de cinco millones de euros.

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EN OTROS MEDIOS

EL JUEZ DEL "CASO EMARSA" INVESTIGA LAS ACTIVIDADES DE LOS HERMANOS DE CUESTA


EL 'CASO EMARSA'
El juez ya investigó el desvío de fondos para reformar viviendas del exgerente en Casas Ibáñez
El juez cree que Emarsa pagó reformas en un chalé
El juez del ‘caso Emarsa’ indaga qué se hizo con los lodos de la depuradora

Federico Simón Valencia

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El magistrado Vicente Ríos, que instruye una causa por el saqueo de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la mayor depuradora de la Comunidad Valenciana en Pinedo hasta su quiebra con un agujero de 17 millones de euros, está investigando las actividades económicas de dos hermanos de Esteban Cuesta, exgerente de la firma saqueada y uno de los principales imputados en el caso.

En una providencia firmada este miércoles, Ríos ha solicitado diversos informes para investigar datos de José Ramón Cuesta Anguix, administrador único de Explotaciones Agrícolas Ecológicas, y de Luisa Cuesta Anguix, socia fundadora de la misma firma. La empresa se creó poniendo cada uno de los dos 56.500 euros aportados a través de una finca agrícola que adquirieron en 1998. Y en 2006 Explotaciones Agrícolas compró otras cinco fincas en Casas Ibáñez (Albacete).

El juez pide en concreto a la Agencia Tributaria las declaraciones del IRPF desde 2004 de José Ramón Cuesta, así como la relación de ingresos y pagos realizados por Explotaciones Agrícolas Ecológicas desde 2005 hasta 2012. También solicita investigar si hay otras sociedades en las que aparezca Luisa Cuesta.

Además, Ríos pide que se requiera a Ángel Ortiz Melego y a la mercantil Servicios y Tractores Ortiz toda la documentación referida a sus trabajos como esparcidores en fincas agrícolas de lodos procedentes de la depurador de Pinedo, bien facturados a la firma Adobs Organics, a Iris Tractaments o a cualquier otra.

El juez ya investigó el desvío de fondos de la depuradora a través de las empresas de los hermanos García Martínez para reformar viviendas de Esteban Cuesta en Casas Ibáñez, su pueblo natal. Y el sumario también ha desvelado que la empresa que más lodos transportó desde Pinedo envió miles de toneladas a las fincas del hermano de Cuesta. Estos hechos han llevado a investigar ahora también a los familiares del exgerente.

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EN OTROS MEDIOS

DIEGO MACIÁ DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR LA COMPRAVENTA DE UNOS TERRENOS

La causa se remonta a 2007 y es consecuencia de la denuncia de un arquitecto
La Fiscalía Anticorrupción archivó sus diligencias por no ver indicios de delito

EP Alicante

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Elche (Alicante) ha citado a declarar, en calidad de imputado, al exalcalde Diego Macià, del PSPV, el 26 de septiembre, en relación con la operación de compraventa de unos terrenos por parte de unos familiares, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La causa contra Macià se remonta al año 2007, y es fruto de la denuncia presentada por un arquitecto ilicitano, Juan Antonio Alberdi, en la que aseguraba que una empresa de promoción urbanística, en la que participan familiares de Macià, adquirió terrenos por valor de siete millones de euros para venderlos diez meses después por 18 millones de euros a otra constructora.

La Fiscalía Anticorrupción decretó el archivo de las diligencias abiertas a consecuencia de la denuncia al considerar que ninguna acusación tenía fundamento y no había indicios delictivos.  Alberdi acusó a Macià de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación, entre otros delitos.

El arquitecto presentó en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante un total de tres denuncias que, según argumentó entonces, incluían "alrededor de 20 actuaciones distintas en materia urbanística que pueden ser objeto de posibles delitos". El arquitecto sostenía que la empresa, Urbielx, participada por un hermano de la esposa de Macià, se valió de información privilegiada en la compraventa de unos solares que le reportaron una plusvalía de 11 millones de euros. La firma del familiar del alcalde compró el terreno en 2004 por siete millones de euros y al cabo de un año los vendió por 11 millones. El suelo estaba incluido en una zona donde estaba previsto levantar un Corte Inglés.

La providencia emitida ahora por el titular del juzgado cita al exprimer edil, quien también ha tenido condición de aforado como diputado en las Cortes Valencianas, para que acuda a declarar a las 10.00 del día 26 de septiembre.

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO PIDE LAS CUENTAS DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

Por los contratos con el Instituto Nóos
El magistrado solicita al Registro Mercantil las de los años 2004, 2005 y 2006

Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha librado mandamiento al Registro Mercantil Provincial de Valencia a fin de recabar datos en torno a las cuentas anuales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), entidad que se encuentra bajo la lupa judicial por las contrataciones que llevó a cabo con el Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Así consta en una providencia dictada por el magistrado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda recabar testimonio de las cuentas, tanto individuales como consolidadas, correspondientes en concreto a los años 2004, 2005 y 2006, con el objetivo de ahondar en la vinculación que tuvo Cacsa con el Instituto presidido por el yerno del Rey Don Juan Carlos entre 2004 y 2006.

En concreto, en el marco de esta pieza del caso Palma Arena, la número 25, se encuentran imputados entre otros la directora de gestión de Cacsa entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; quienes fueran directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela, que lo relevó en el cargo hasta 2009, y el empresario valenciano Miguel Zorío.

Asimismo, también han sido encausados el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del Consell, y la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de esta sección en Cacsa, María Ángeles Mallent.

Contratos de 2004 y 2005
Y es que la relación de Casca con las investigaciones sobre Nóos se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma. Uno de ellos iba dirigido a la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y el otro fue suscrito por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, entonces presidida por el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

De hecho, el propio González Pons fue citado como testigo para ser interrogado en esta causa si bien finalmente fue suspendida su declaración, sin que hasta el momento se haya fijado nueva fecha para su comparecencia. Mientras tanto, los investigadores han tomado declaración hasta ahora a exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento por los pagos realizados a Nóos.

En el marco de estas pesquisas, las acusaciones consideran a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres responsables de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban supuestamente precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.