domingo, 10 de junio de 2012

"CASO BRUGAL"; LA IMPUTACIÓN LE COMPLICA A LORENTE VOLVER A LA ALCALDÍA DE ORIHUELA

La exregidora de Orihuela afirma estar tranquila ante su declaración por la contrata de basura

Santiago Navarro/Alicante

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La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en una reunión provincial del PP. / JOAQUÍN DE HARO

La carrera de Mónica Lorente, portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Orihuela, por recuperar la alcaldía del municipio ha sufrido un revés: su imputación en el sumario de caso Brugal. La titular del Juzgado número 3 de Orihuela ha imputado a la exalcaldesa y otras 28 personas en la causa que dio origen a la investigación de esta mayúscula trama corrupta, a saber, el supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela a favor del empresario Ángel Fenoll.

Lorente ha encajado con serenidad los cinco delitos (prevaricación, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a autoridades) que le atribuye la magistrada. “Estoy tranquila”, dijo en el transcurso de una rueda de prensa, “aunque fastidia mucho porque ocupamos un cargo público”, añadió. La todavía número dos del PP de la provincia de Alicante y líder de los populares oriolanos insistió en que ni ella ni ningún miembro de la cúpula del PP aparece en el sumario del caso.

La juez mantiene la tesis contraria y en su auto asegura que Lorente y el resto de nuevos imputados participaron “en los hechos bien de forma directa, bien de forma colateral, ejecutando actos de un plan preconcebido”. El contrato objeto de investigación lo adjudicó Lorente en octubre de 2008.

Fabra calla
Lorente, en colaboración con el edil díscolo Bob Houliston, había iniciado una campaña de acoso al minoritario Gobierno local del tripartito, con el objetivo de abocar al alcalde a la dimisión. El regidor, Monserrate Guillén, de Los Verdes, replicó así al plan de Lorente: “Quienes están inmersos en cuestiones de corrupción no pueden estar legitimados para gobernar en el Consistorio”. La líder del primer socio del tripartito, Antonia Moreno, del PSPV, fue más allá y lanzó al presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, esta pregunta: “¿Si estuviera en su mano, cesaría en sus cargos públicos y orgánicos a Lorente?”.

Fabra declinó este viernes comentar la imputación de Lorente, la del también exalcalde del PP José Medina y las de otros siete ediles populares. Quien sí se pronunció fue la eurodiputada del PP Eva Ortiz: “Las imputaciones no son un plato de buen gusto”.

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EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN; UN SISTEMA PARA OCULTAR LA CORRUPCIÓN



Trama de facturas falsas en el ‘caso de la cooperación’
Causas como las de Terra Mítica o Emarsa calcan la vía de desviar dinero con facturas falsas

Federico Simón/Valencia

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Rafael Blasco, en un acto de su época como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, en una imagen de noviembre de 2010. / CARLES FRANCESC

El despliegue policial de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que detuvo el jueves, por orden de la juez Nieves Molina, a cinco personas perseguía a los factureros de la trama que captó al menos seis millones de euros de las ayudas a países del tercer mundo otorgadas por la Generalitat. El objetivo eran las personas encargadas de confeccionar las facturas falsas que servían para desviar los fondos públicos otorgados a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el caso de la cooperación.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el saqueo de las ayudas a la cooperación articulado en torno a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el exconsejero Rafael Blasco, ahora portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, elevó durante la madrugada de este viernes el número de imputados a 27. Cinco personas fueron detenidas el jueves por la mañana, con registros en viviendas y sedes de empresas ficticias. Pasaron a disposición judicial a partir de las seis de la tarde. Y pasadas la una y media de la madrugada del viernes, los cinco nuevos detenidos quedaron en libertad pero imputados en la causa, cuatro de ellos con medidas provisionales, como la de comparecer una vez al mes ante los juzgados. Fuentes del caso explican que todos ellos, administradores de empresas sin actividad, eran factureros.

La trama tejida en torno a la consejería de Blasco, una organización de empresas y ONG creada ex profeso a la llegada del político del PP a finales de 2007 en torno a la Fundación Solidaridad entre Pueblos, que luego cambió el nombre a Fundación Hemisferio, no inventó ningún sistema nuevo. Según fuentes de la investigación, después de destaparse la trama de ONG que captaban los fondos de la Generalitat con la ayuda de la cúpula de la consejería (seis de los imputados trabajaban en la Administración), y la de las empresas más importantes que desviaban el dinero a empresas de Estados Unidos y España, faltaba todavía cerrar el círculo con los supuestos empresarios que colaboraban aportando las facturas falsas.

El fraude de los fondos de la cooperación ya suma 27 imputados

Los cinco detenidos el jueves, y desde este viernes nuevos imputados, serían eso, siempre según la investigación, en su mayoría administradores de empresas con nula o escasa actividad que hinchaban los recibos de pequeños trabajos realizados o que facturaban por algo nunca ejecutado o jamás suministrado. De hecho, los registros se realizaron en tres domicilios particulares y en la sede de dos supuestas empresas, entre Alzira, La Pobla de Vallbona y Valencia. “Ninguna tenía actividad”, aseguran las mismas fuentes, “y el material incautado en los registros es ínfimo”. Cobraban cantidades que de media oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros por cada factura.

Entre los nombres que han trascendido figura Félix Sanz Pardo, apoderado en las cuentas de Monribar-CAF, una firma que se constituyó para montar, explotar y administrar locales de hostelería, y Carlos Andrés Chust. Este último es administrador de la firma Chust Alzira, que facturó durante dos ejercicios cantidades importantes a Esperanza sin Fronteras, la ONG que iba a construir el hospital de Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño. En 2010, año en el que la organización logró dos subvenciones de la Generalitat por 579.846 euros, facturó 120.011 euros. Y en 2011, cuando logró otros 274.205 en ayudas, Chust Alzira cobró otros 72.798 euros.

La corrupción ha sobrevivido en los últimos lustros en la Comunidad Valenciana a base de facturas falsas. Ha habido numerosas sospechas sobre adjudicaciones de concursos públicos lubricadas a base de comisiones ilegales. Las denuncias de clientelismo en la contratación de personas afines en las Administraciones, en las fundaciones y en las empresas públicas también están a la orden del día. Los jueces también se las han visto con casos de financiación irregular de los partidos políticos. Incluso se puede beneficiar a una empresa, que tenga capacidad para sobornar con generosidad, mediante una declaración de interés comunitario que le ahorre millones de euros en comprar suelo apto para levantar una industria.

Pero el sistema más repetido y sencillo para sustraer fondos en las arcas públicas es el desvío de dinero mediante facturas de servicios que no se han realizado o productos que no se han suministrado. Y causas abiertas no faltan. Un caso paradigmático fue el del parque temático de Benidorm. El caso Terra Mítica, abierto todavía más de una década después de construido el ruinoso parque que impulsó el expresidente Eduardo Zaplana. La investigación judicial puso el foco sobre una trama empresarial de facturas fraudulentas que supuestamente sirvieron para defraudar 4,4 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA. La denuncia inicial, que data de 2005, destapaba la supuesta falsificación de recibos por trabajos no realizados en el entorno de Benidorm. Según la fiscalía, estarían implicadas 20 empresas, incluida la propia Terra Mítica, y habría 32 personas imputadas.

El juez cree que en Emarsa se robaron al menos 25 millones de euros

Otro escándalo similar, aunque más reciente, es el del caso Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana, hasta que quebró con un agujero de 17 millones de euros. El juez que investiga el caso cifra el saqueo en más de 25 millones. Y la empresa pública dueña de Emarsa, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), integrada por 51 municipios del área de Valencia, que interpuso una denuncia tras destaparse el caso, concluyó su escrito ante el juez asegurando: “Parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena”.

La investigación ha desvelado que para exprimir la empresa pública (hasta 40 millones de euros se sustrajeron, según la oposición socialista) se hincharon sobre todo las facturas del tratamiento de los lodos de la depuración. Así, había firmas que cobraban 18 euros por tonelada, pero empresas intermediarias facturaron 42 euros a Emarsa. También hubo cursos de formación con más asistentes de los que concurrieron. Y suministradores de material informático que cobraron millones de euros por, supuestamente, vender muchos más elementos que puestos de trabajo informatizados tenía Emarsa. El caso Emarsa acumula ya 32 imputados en la trama.


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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ EXTIENDE LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP

Los populares señalan a su gerente Ibáñez como responsable de la contabilidad

Ignacio Zafra /Valencia

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Cristina Ibáñez, entrando a declarar como imputada en el TSJ, en Valencia, en mayo pasado. / JORDI VICENT

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha ampliado la investigación de la causa de financiación ilegal del PP al Grupo Popular en las Cortes autonómicas. Ceres, instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, ha requerido al Grupo Popular en la Cámara que identifique a la persona o personas que fueran responsables de los pagos y las que figurasen como administradores de las cuentas bancarias del mismo en los años 2007 y 2008.

En ese periodo, que coincidió respectivamente con las elecciones autonómicas que ganó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y con las generales que perdió el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue cuando, según numerosas evidencias que obran en la causa, se produjo la financiación ilegal del partido (delito electoral) y la falsificación en documento mercantil. Ambos delitos corresponderían a las aportaciones de empresas de obra civil a las campañas populares, que habrían pagado a la sociedad de la trama Orange Market los actos que ésta organizó para el partido.

El magistrado también ha ordenado que, una vez se conozcan los responsables de pagos y los administradores de las cuentas del grupo parlamentario, las entidades faciliten todos los extractos de los movimientos bancarios de 2007 y 2008.

En junio de 2007, Ricardo Costa, uno de los principales imputados en la causa, se convirtió en secretario del grupo parlamentario, mientras que Esteban González Pons fue nombrado portavoz en sustitución de Serafín Castellano. Costa asumió la portavocía en las Cortes en marzo de 2008.

La extesorera García habría apuntado al grupo en las Cortes ante el juez

Fuentes jurídicas apuntan que la decisión del juez puede estar relacionada con la reciente declaración prestada por la imputada Yolanda García, diputada en las Cortes y hasta el mes pasado tesorera regional del partido. Al ser preguntada por el contenido de las conversaciones intervenidas por orden judicial en las que hablaba con Álvaro Pérez, El Bigotes, —y que, según la policía, versaban sobre la financiación ilegal— García habría afirmado, según las mismas fuentes, que en realidad estaban tratando sobre actos realizados por Orange Market para el grupo parlamentario. Y por ello el magistrado habría decidido examinar todas las transacciones bancarias del grupo popular.

García, Costa y el entonces vicesecretario de Organización del PPCV, diputado y también imputado David Serra, son los principales protagonistas de las conversaciones grabadas por la policía.

En una de ellas, de 23 de diciembre de 2008, Serra le dice a Álvaro Pérez: “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [el constructor Enrique Ortiz] la factura igual que la otra”. Serra también dio al juez una explicación curiosa de sus palabras. Tras reconocer que “el de las galletas” era Ortiz, sostuvo que lo único que hizo fue mediar, por la amistad que tenía con El Bigotes, para que éste pudiera cobrar una deuda que tenía pendiente con el constructor por servicios que habría prestado a sus empresas.

Las tensiones que la causa ha generado en el interior del PP valenciano, remodelado a fondo hace unas semanas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para sacar de los principales cargos a los imputados, continúan.

La causa ha causado tensiones en el PP valenciano

Ante el empeño del juez Ceres por averiguar cómo funcionaba la caja regional del partido, el nuevo secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha respondido al juez que la “competencia para la realización de la contabilidad corresponde a la gerencia regional del partido”. Esto es, a la gerente Cristina Ibáñez, hacia quien también Costa habría desviado las responsabilidades durante el interrogatorio al que le sometieron el juez y el fiscal.

Ibáñez es una figura muy discreta y al mismo tiempo extraordinariamente duradera en el aparato regional del partido. Según informó hace poco el PPCV al juez, ocupa el cargo desde 1995, el año en el que el PP ganó por primera vez la Generalitat, lo que implica que ha sobrevivido a las numerosas guerras internas que ha vivido la formación. La dirección regional también indicó que cobra directamente de la calle Génova, la sede nacional del PP.

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