miércoles, 1 de abril de 2009

FABRA SUSPENDE SU PARQUE TEMÁTICO TRAS GASTAR DOS MILLONES


Mundo Ilusión se reactivará cuando avancen los trámites urbanísticos para adquirir los terrenos





Carlos Fabra.
BELÉN TOLEDO - CASTELLÓN

Uno de los grandes proyectos promovidos por la Generalitat valenciana, el parque temático Mundo Ilusión, quedó ayer suspendido indefinidamente sin que todavía se hayan adquirido los terrenos. La iniciativa fue anunciada hace diez años por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, y la sociedad fue constituida en 2005. La suspensión se hará oficial en la reunión del Consejo de Administración de mañana.

La decisión fue anunciada ayer por Fabra, que explicó que Mundo Ilusión se reactivará cuando avancen los trámites urbanísticos para adquirir los terrenos. Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, aseguró que el parque queda "en espera" de una mejora del entorno económico. "No hay que empeñarse en proyectos que puedan, por alguna razón de viabilidad económica, resultar deficitarios", añadió.

El PSOE denunció que en estos años se han gastado entre dos y tres millones de euros en varios estudios, encargados a empresas privadas, sobre marketing, logotipos o paisaje, sin haber hecho antes un plan de viabilidad del proyecto. Según Fabra, los estudios serán útiles en el futuro. Ni la Diputación ni la Generalitat facilitaron ayer cifras concretas de gasto.

PÚBLICO.ES

GARZÓN ACUSA AL TESORERO DEL PP Y A UN EURODIPUTADO DEL COBRAR 2 MILLONES DE CORREA














Luis Bárcenas y Gerardo Galeote

* La trama habría dado 1.353.000 euros a Bárcenas y 652.000 a Galeote
* Galeote y su mujer 24.000 euros para el pago de dos Land Rover Discovery
* El auto señala que hubo dinero destinado a financiar la campaña gallega del 98
* Bárcenas presentará una querella contra Garzón en el Supremo

Europa Press | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros, y apunta, además a que el eurodiputado 'popular' Gerardo Galeote, pudo percibir de la organización liderada por el empresario Francisco Correa, 652.000 euros, según se desprende del auto por el que remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El magistrado hace referencia al contenido de tres informes policiales aportados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre ambos miembros del PP, que han quedado identificados por los agentes "sin ningún género de dudas".

Estos informes concretan las cantidades económicas recibidas, que incluyen la entrega a Galeote de una suma económica de un importe de 628.310 euros y la entrega de parte del precio (un total de 12.000 euros) de dos Land Rover Discovery recibidos por él y su mujer. Bárcenas, por su parte, percibió un total de 1.353.000, añade el juez.

'Integrados' en la trama para adjudicar eventos a Correa

Según Garzón, "la conducta presunta, pero concreta" de Bárcenas y Galeote se habría desarrollado "en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la que aquellos estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por éste" gracias a su posición en el PP y "de la capacidad de concesión o gestión de eventos para la organización" de Correa, "recibiendo por ello cantidades en efectivo o pagos en especie".

Correa y Crespo disponían de un archivo con apuntes contables encabezado con la frases 'Detalles entregas L.B'

Las pesquisas policiales han permitido averiguar que los imputados Francisco Correa y Pablo Crespo disponían de archivos personales con apuntes contables sobre ambos aforados, uno de ellos encabezado con la frase 'Detalles entregas L.B" en la contabilidad 'en negro' que se llevaba en uno de los pisos empleados por la trama, situado en la calle Serrano. El auto detalla que el tesorero del PP recibió pagos en sobres que incluían cantidades variables que van desde los 3.000 hasta los 42.480 euros y que le fueron entregadas en la sede del PP nacional en la madrileña calle Génova y en su domicilio particular.

"Correa habría reconocido, en las grabaciones aportadas, que hizo entregas de dinero a Luis Bárcenas, en Génova y en su casa, en efectivo, de obras u adjudicaciones y que el dinero lo sacaron a un paraído fiscal", dice el juez. Garzón revela que los miembros de la trama se referían a él como "Luis el cabrón" porque "no les daba trabajo y les había cortado el que tenían".

Financiación de la campaña electoral en Galicia en 1998

La contabilidad de la trama examinada por la UDEF revela también que algunas de las entregas económicas a Bárcenas pudieron tener relación con la financiación de las elecciones gallegas de 1998. Así, la policía ha localizado cuatro apuntes por un valor total de 131.570 euros bajo el encabezamiento 'cobro elecciones gallegas'. El magistrado asegura que dichas "ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos".

El magistrado, que considera que Bárcenas y Galeote podrían haber cometido delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo de dinero y un delito adicional contra la administración pública, indica, además, que el senador por Cantabria recibió billetes de avión y viajes, entre ellos uno realizado a Escocia en 1997.

Los datos constan en la causa, a través de informes elaborados por la UDEF y que motivaron que el juez preguntara en dos ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción si debía inhibirse en favor del Tribunal Supremo al haber hallado indicios contra éste tipo de aforados (diputado nacional y eurodiputado).

Coches, ropa y gastos millonarios para Galeote

En cuanto a la participación concreta en la trama de Galeote, eurodiputado del PP desde 1994, el juez se basa en la información aportada por la UDEF que apunta a que habría recibido cantidades de dinero así como otros regalos que van desde un vehículo Mercedes, cifrado en 3.500.000 pesetas, compras en tiendas como 'Gastón y Daniela', cifrados en más de un millon de pesetas, o reservas en apartamentos y abonos millonarios.

El auto hace referencia a la creación de una cuenta para el PP europeo con pagos de billetes de avión y hoteles

Además, el auto hace referencia a la creación de una "'Cuenta Especial PPE', con un listado de detalles de gastos electorales especiales del Grupo Parlamentario Europeo que recogen facturas entre abril y mayo de 1999 derivadas de estancias en hoteles, billetes de avión de forma nominativa, por importe de 10.669 euros". El magistrado se refiere también a otras cuentas donde se habrían pagado gastos por valor de 8.068 euros y 3.000 euros.

La Fiscalía había dicho que los indicios no eran suficientes

La tesis de Garzón ha sido siempre que la causa es competencia del Supremo por arrastrar Bárcenas y Galeote a los otros 55 imputados, cuyos datos envía ahora el juez al TSJM, además de transferir a este tribunal la responsabilidad sobre los tres imputados en prisión, Francisco Correa y sus dos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha opuesto, la última vez el lunes, al estimar que los indicios contra ambos no eran suficientes.

El senador por Cantabria ha anunciado que presentará una querella contra el juez Garzón en la Sala II del Tribunal Supremo por estas acusaciones.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó aceptar la inhibición planteada por Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'operación Gürtel', al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias.

En un auto notificado este martes, del que ha sido ponente el propio presidente del TSJM, Javier Vieira Morante, se pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que "cese en cualquier actividad instructora" en el momento en el que se le comunique esta decisión, y que le remita la "totalidad" de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Esta petición se realiza sin perjuicio de lo que diga en su día el Tribunal Superior de Valencia, en favor del cual se inhibió Garzón respecto de los indicios encontrados contra el presidente de dicha comunidad, Francisco Camps y del secretario general del PP de Valencia y diputado en dicha comunidad, Ricardo Costa. En el caso de que el alto tribunal valenciano aceptara su competencia, "podría producirse una concurrencia con esta Sala", señala el TSJM, "cuya resolución debe anticiparse cuanto antes".

ELMUNDO.ES

Noticias relacionadas:

Por qué ahora sí son L.B. y G.G./Lea el Auto.

Indicios de corrupción en tres diputados del PP/Auto.

Quien es quien / dinero cobrado por los acusados

LOS PAGOS DE CORREA A BÁRCENAS Y GALEOTE SIEMBRAN DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DEL PP


Baltasar Garzón se deshizo ayer, definitivamente, del caso Gürtel. Pero antes de remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez implicó al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado popular Gerardo Galeote en el cobro de casi dos millones de euros en sobornos de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.

El auto de Garzón, además, siembra dudas sobre las cuentas del PP. Aunque el juez no señala directamente indicios de delito relacionados con una supuesta financiación ilegal del partido, sí deja entrever que una parte del dinero procedente de esos sobornos pudo servir para sufragar la campaña de las elecciones gallegas de 1998 o el congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Marbella en 1999.

El juez sostiene que ambos aforados podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y cohecho. Bárcenas, según Garzón, habría recibido sobornos de la trama corrupta por más de 1,35 millones de euros entre 1998 y 2004, mientras que Galeote cobró presuntamente 652.000 euros. Así se desprende de los apuntes contables que reflejan las entradas y salidas de dinero de la caja B del entramado de empresas controlado por Correa.

El PP expresó ayer, a través de un comunicado, su "más absoluto rechazo" al auto de Garzón, y denunció que el juez de la Audiencia Nacional, "desatendiendo expresamente los informes del Ministerio Fiscal", y a sabiendas del carácter de aforados de ambos parlamentarios, ha tratado nuevamente de "incriminarles" en el caso Gürtel. Bárcenas anunció la presentación de una querella criminal contra Garzón ante el Tribunal Supremo.

En una de las grabaciones incluidas en el sumario instruido por el juez, Correa afirmaba: "Yo a Bárcenas le he llevado 1.000 millones de pesetas a Génova [sede nacional del PP] y a su casa". La dirección del partido siempre ha negado con rotundidad que los sobornos supuestamente cobrados por Bárcenas o por alguno de los dirigentes del PP imputados en el caso Gürtel se hayan desviado a sus arcas. Según Mariano Rajoy, la trama corrupta "no ha entregado ni un solo euro al PP".

"Cobro elecciones gallegas"

El auto hecho público ayer por Garzón revela que entre la documentación intervenida al contable de la trama figuran cuatro apuntes bajo el encabezamiento "Cobro elecciones gallegas", que probarían que Bárcenas recibió, entre 1997 y 2002, algo más de 130.000 euros. El actual tesorero del PP, por su parte, entregó un millón de pesetas (6.000 euros) que fueron a parar a la "caja de seguridad" de Correa. "Dichas operaciones se refieren a la campaña electoral en Galicia en el año 1998", señala el juez, "y ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos".

Galeote, por su parte, también disponía de un archivo personal con apuntes contables en la caja B del entramado de empresas de Correa. El auto de Garzón cita una "Cuenta Especial PPE" -en alusión al Partido Popular Europeo- en la que figura un "listado de detalles de gastos electorales especiales del grupo del Parlamento Europeo", entre ellos facturas de hoteles y billetes de avión por importe de 10.669 euros.

Otra cuenta, denominada "Congreso PPE, julio 99, Marbella", contiene la relación de gastos pagados por Pasadena y Special Events -dos de las empresas de Correa-, que incluyen billetes de avión, estancias en hoteles, alquiler de vehículos, cargos de tarjetas de crédito o restaurantes, por valor de 8.068 euros. También en la cuenta "Caja B.XLS" aparece un apunte de fecha 14 de enero de 2000 "de entrega de Francisco Correa con cargo a la cumbre del Partido Popular Europeo en febrero de 2000 por importe de 500.000 pesetas (3.000 euros), congreso en el que el señor Galeote tuvo un papel destacado".

En otro auto hecho público el pasado 5 de marzo, Garzón ya apuntaba a la posible financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. La trama corrupta dirigida por Correa habría ingresado, según el juez, más de 400.000 euros en las arcas del partido como contraprestación por los contratos que le fueron adjudicados por el Ejecutivo de Francisco Camps.

"Sin género de dudas"

Para la investigación ha sido clave la confirmación de que las siglas L. B. y G. G. se corresponden con Luis Bárcenas y Gerardo Galeote. Según explica Garzón, el día 5 de marzo los funcionarios judiciales se ratificaron ante el juez y el fiscal, "identificando a D. José Galeote Quecedo y a D. Luis Bárcenas Gutiérrez, sin género de dudas".

Según recoge el auto, la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) ha reconstruido los diferentes apuntes contables de la trama para probar el origen de las iniciales que se repiten en la documentación requisada. Entre los indicios que apuntan a Bárcenas destacan las grabaciones donde Correa reconoce que entregaba dinero al tesorero del PP; o las declaraciones ante Garzón de la imputada Isabel Jordán, que confirmó la relación entre Correa y Bárcenas. Además, las siglas L. B. aparecen de forma alterna con las abreviaturas "L. Bárcenas" y "L. Barc".

El contable de Correa, José Luis Izquierdo, así como su chófer, también constataron los encuentros en la sede de Génova entre el líder de la trama y el tesorero del PP. Garzón recuerda que Bárcenas, entonces en su condición de gerente, formaba parte de la Tesorería del PP cuando las empresas de Correa organizaban los eventos de esta formación política. En cuanto al apelativo de "el cabrón" con el que varios de los imputados se referían a Bárcenas, el magistrado indica que Jordán y Correa lo comienzan a emplear cuando el tesorero corta "el flujo de trabajo" hacia sus empresas.

En el caso de Galeote, la investigación afirma que su identidad corresponde a las siglas "G. G.", presentes en los documentos intervenidos a la trama junto con menciones a "Sr. Galeote", "G. Galeote", "Cuenta Especial PPE" o "Congreso PPE". Además, Garzón señala que existe una relación directa entre Galeote y Correa, así como entre el padre del eurodiputado (José Galeote, miembro del Ayuntamiento de Boadilla) y Correa.

"Claramente incriminatorio"

Garzón subraya que el contenido de las diligencias sobre Bárcenas y Galeote es "claramente incriminatorio", pero precisa que no puede seguir con la acción procesal al tratarse de dos personas aforadas. Por ello, insiste en la necesidad de que sea el Tribunal Supremo el que continúe con la instrucción. A su juicio, esperar a nuevas evidencias "podría ser gravemente perjudicial, al no poder investigarse directamente al aforado".

En un primer momento, cuando Garzón sólo disponía de un primer informe de la UDEF fechado el 23 de febrero, la Fiscalía consideró que los indicios contra estos aforados eran insuficientes. El 6 de marzo, la UDEF aportó un nuevo documento donde se concretaban las cantidades presuntamente recibidas por Bárcenas y Galeote. El 23 de marzo, esta unidad policial presentó un tercer informe relativo a la identificación de Bárcenas y Galeote, en el que, además, se ampliaban los indicios incriminatorios.

Garzón reunió los informes y los envió a la Fiscalía para que le autorizara a enviar al Tribunal Supremo los hechos atribuidos a Bárcenas y Galeote. El Ministerio Fiscal contestó el pasado lunes al juez que deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien decida si la implicación del tesorero y el eurodiputado debe llegar al Supremo.

Pasión por los coches caros

Los vehículos de lujo se han convertido también en protagonistas colaterales del caso Gürtel. Primero fue el Jaguar que supuestamente Correa habría entregado a Jesús Sepúlveda, ex alcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la número tres del PP, Ana Mato. Ahora, Garzón asegura que "varias operaciones de compraventa de vehículos estarían relacionadas con Galeote y lo vincularían a Correa y/o empresas de su entorno".

En concreto, un vehículo Land Rover, modelo Freelander, matrícula 8714DGW; y otro Land Rover, modelo Discovery Serie II, matrícula 6871CGJ, transferidos a favor de Galeote el 5 de octubre de 2005 y el 26 de mayo de 2004, respectivamente. Asimismo, la investigación se refiere al pago de un Mercedes valorado en 3.000.000 de pesetas, con fecha de 30 de diciembre de 1999, que aparece en una hoja de contabilidad denominada "Gerardo Galeote.xls".

ELCONFIDENCIAL

GARZÓN ACUSA A BÁRCENAS Y GALEOTE DE HABER COBRADO DEL ENTRAMADO DE CORREA

NIEVES COLLI | MADRID

El juez Baltasar Garzón remitió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la totalidad del «caso Gürtel» horas después de que el órgano judicial madrileño decidiera asumir la competencia y ordenara al instructor de la Audiencia Nacional que le enviara el sumario íntegro de forma «inmediata». Dicho y hecho, Garzón obedeció al TSJM y le dejó la «patata caliente» de los aforados nacionales supuestamente vinculados a la trama de corrupción dirigida por el imputado Francisco Correa: el eurodiputado Gerardo Galeote y el senador y tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas (éste ha ordenado a su abogado que se querelle contra Garzón). El juez cuantifica en 1.353.000 euros la cantidad «posiblemente» recibida por Bárcenas; Galeote se habría embolsado 652.310 euros.

En el auto remitido al Tribunal madrileño, Garzón asegura que, ante los indicios existentes contra los dos aforados nacionales, la causa debe ser elevada al Tribunal Supremo, aunque la remisión de la exposición razonada al alto Tribunal ya no le corresponde a él, sino al TSJM.

Identificación «sin dudas»

Y esos indicios, considerados insuficientes por Anticorrupción hace un mes, vienen reforzados ahora, según Garzón, por la «identificación» que habrían hecho funcionarios policiales de Bárcenas y Galeote como «las personas sobre las que recaen pagos presuntamente ilícitos» y como las personas cuyas iniciales aparecen en apuntes contables de la trama de Correa.

«Con similares elementos, datos y apuntes contables -incide el juez-, una vez que la Policía Judicial ha conseguido la identificación, sin género de dudas, de los aforados a través de las siglas y nombres abreviados de los mismos, han sido imputadas otras personas en esta causa y se han elevado sendas exposiciones razonadas a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Valencia».

Garzón asegura que tanto Bárcenas como Galeote «estarían enmarcados dentro de la organización con el cometido de facilitar las actividades delictivas de la misma a través de la consecución de eventos y reparto de fondos procedentes de los mismos, en beneficio propio, prevaliéndose de su posición en el partido político al que pertenecían y de la capacidad de concesión o gestión de eventos para la organización y pago de los conferidos, recibiendo por ello cantidades en efectivo o pagos en especie».

El juez asegura que los dos aforados actuaron «en beneficio propio» y «prevaliéndose de su posición en el partido»

Como consecuencia de ello, considera que podrían haber incurrido en la comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, delito contra la Administración Pública y cohecho.

Horas antes de conocerse la decisión de Garzón, el TSJM había asumido la competencia del «caso Gürtel» al estimar suficientes los indicios existentes contra los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, los tres también del PP. La actividad de los tres aforados, dice el auto del Tribunal, aparece «vinculada» al entramado de Correa, por lo que podrían haber cometido bien un delito de cohecho bien un delito de tráfico de influencias. El TSJM ha nombrado instructor al magistrado Antonio Pedreira.

Fuentes del Tribunal han explicado que para tomar la decisión de asumir la competencia, el TSJM sólo analizó las conductas de los diputados regionales. Ahora, con los nuevos datos aportados por Garzón, corresponderá al nuevo instructor decidir si eleva o no una exposición razonada al Supremo para que determine si los indicios contra Bárcenas y Galeote son suficientes como para hacerse cargo de toda la causa.

Aforados de dos territorios
En su auto, el Tribunal se plantea la posibilidad de que el procedimiento deba remitirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y pide a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie al respecto. Pero no por la presunta implicación en los hechos de los dos aforados nacionales, sino por la existencia de aforados pertenecientes a dos comunidades diferentes.

Garzón cree que los indicios existentes permiten afirmar que ambos formaban parte de la trama de Correa

La ley no especifica a qué tribunal corresponde la competencia cuando se da esta circunstancia, aunque sí existe un precedente -en el que había aforados vascos y navarros- en el que la Sala Penal del Supremo se hizo cargo de la investigación.

Por la naturaleza de los hechos, en los que aparecen ramificaciones y conexiones entre distintos imputados, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree «esencial» que se lleve a cabo una «investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades». Eso mismo argumenta Baltasar Garzón para que sea el Tribunal Supremo quien se haga cargo de toda la causa.

ABC.ES

LOS NEGOCIOS DEL MARIDO DE LA ALCALDESA DE MARBELLA , EN EL PUNTO DE MIRA
















El deslinde pone en el punto de mira los negocios del marido de la alcaldesa de Marbella

El humilde Cerro del Colorado, donde se encuentra la casa de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y desde el que se inició la romanización de la zona sur de Andalucía, ha puesto en jaque a todo el gobierno municipal. Desde que el pasado mes de diciembre, la regidora decidiera regalar estos terrenos al municipio vecino de Benahavis, Marbella se ha puesto en pie de guerra pidiendo que este suelo se revierta en la ciudad marbellí. Y así tendrán que hacerlo la regidora después de que la Junta de Andalucía haya declarado ilegal esta decisión (ver documento adjunto 1) (ver documento adjunto 2).

Dos son los motivos. Primero: la Junta de Andalucía acaba de declarar Zona Arqueológica el suelo del cerro donde Ángeles Muñoz se construyó su lujosa mansión, de la que El Confidencial dio ayer fotografías en exclusiva. Segundo: El PSOE ha sabido que uno de los principales beneficiarios del deslinde de los terrenos de Marbella en favor de Benahavis era el marido de la alcaldesa, el constructor Lars Broberg.

Según el abogado José Cosín, “Ángeles Muñoz compró su participación en la sociedad titular de su casa a la gibraltareña Crassel Ltd. Cosín asegura que “en la declaración presentada ante el Parlamento andaluz la alcaldesa no ha incluido la sociedad Crasel Panorámica, S.L, participada por una mercantil radicada en un paraíso fiscal denominada Crasel Ltd”.

La maniobra del deslinde ‘vetado’ por la Junta ha puesto en punto de mira los negocios del constructor de La Casa Rosada, esposo de la alcaldesa. El letrado José Cosín dice que el marido de Ángeles Muñoz, el promotor Lars Broger, opera con el grupo Wasa. Crasel Ltd está relacionada con dicho grupo Wasa, pero no es la única sociedad radicada en Gibraltar (ver documento 1) (ver documento2) (ver documento 3).

Según le consta al abogado, Lars es administrador de Hacienda Property SL, empresa creada en junio de 1998 y que tiene como único accionista a la empresa Cutaga Limited, registrada en el paraíso fiscal de Gibraltar. Según admitió el propio Lars Broger, esta sociedad es de su propiedad. Cutaga Ltd. fue constituida en el notario de Gibraltar don Eric C. Elluly, apostillada y registrada con el número 65077 del ‘Companies House’ de Gibraltar. Además de ésta, hay otras sociedades gibraltareñas relacionadas con Ángeles Muñoz, caso de Knights Bridge Holding Overseas Ltd. y Neknes Ltd., que son socias de Vega del Colorado, S.L, propietaria de los terrenos colindantes a la mansión de Ángeles Muñoz, y objeto de controversia en los delindes.

La Junta se planta ante el deslinde

Poco tiempo después de que Ángeles Muñoz traspasara los terrenos de Marbella a Benahavis, en opinión del PSOE con fines urbanísticos, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía incluyó esta zona en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de Zona Arqueológica.

Ángeles Muñoz siempre ha argumentado que ella y su familia han cuidado de este yacimiento que se encuentra en su propiedad. No obstante, siendo concejal de Benahavís, Ángeles Muñoz tuvo conocimiento de la existencia de los restos, lo que no le impidió iniciar el movimiento de tierras poniendo en peligro uno de los más importantes yacimientos de la historia.

Todo empezó con las obras de la autopista. Comienzan en 1999 y en mayo de ese año se denuncian las obras ilegales a la Diputación de Málaga, siendo la delegada Rosa Torres quien ordena su paralización, lo que sucedió el 28 de mayo de 1999. A pesar de todo ello, parte del tesoro histórico quedó destruido. En el año 2005, el grupo WASA, perteneciente al esposo de la alcaldesa marbellí, después de hacer la Junta de Compensación solicita licencia de obras al Ayuntamiento de Benahavís. Tras la obligatoria prospección arqueológica, se encontraron los restos de una ciudad con sus viviendas y material cerámico.

Precisamente, el pasado jueves, la junta de Andalucía instó al consistorio a que se retractara de la decisión plenaria de cambiar las lindes de Marbella y Benahavís. El deslinde promovido por la alcaldesa iba a poder permitir construir en esos terrenos una vez pasaran a manos de Benahavis, ya que en Marbella no se puede edificar al tener paralizado el Plan General de Ordenación Urbana.

Curiosamente, los terrenos cedidos pertenecen a familiares de la alcaldesa y están sin desarrollar. La linde que defiende la Junta, que data de 1873, parte casi por la mitad una parcela de 24.700 metros cuadrados vinculada a los parientes de la regidora, cuyo destino urbanístico varía en función del municipio que la gestione. Casualmente, Benahavis ha modificado también la semana pasada su Plan General tras la protección arqueológica del Cerro del Colorado. El nuevo PGOU prevé una modificación en el plan parcial de la Vega del Jaque que supondrá la eliminación del uso comercial y hotelero y el aumento del número de viviendas.

La investigación iniciada por la Junta tiene su origen en la denuncia efectuada por el grupo municipal socialista, que sospechaba de los posibles intereses personales que pudiera tener Muñoz en la zona. Cuando este periódico preguntó a la regidora municipal si, una vez realizado el deslinde, su marido Lars Broberg iba a construir en los terrenos del Cerro del Colorado, ella sonrío y le cedió la palabra a la concejala de urbanismo, Blanca Echeverría para que contestara, pero ella tampoco aclaró nada.

También dijo que su postura de abstenerse en la votación del deslinde la hizo por “ética”. Pero desde el PSOE califican esta postura de incierta porque, según el acta plenaria, figura que “la alcaldesa hizo la propuesta de que se sometiera al pleno el deslinde, la firmó y posteriormente se abstuvo al señalarle el secretario que debía hacerlo al tener intereses en la zona”.

Descontento popular

Los marbellíes descargan su descontento en una página de Internet que se llama Foro Marbella. Este enlace se ha convertido en el principal estandarte de las denuncias en la ciudad. Lo único que tienen claro los participantes es que la determinación de los límites entre los municipios de Benahavis y Marbella ya se fijó en 1873 y no son susceptibles de variación mediante procedimientos urbanísticos.

Muchas son las cuestiones que plantean: “Si la alcaldesa dice que su vivienda pertenece a Benahavís desde el año 1977, por qué cuando vota lo hace en Marbella”, se preguntan. O esta otra referente a su casa: “Me permito hacer un pequeño comentario, Ángeles Munoz, alcaldesa de Marbella, vive en un ‘palacete’ (sala de cine incluido) que está edificado en una parcela de Cerro Colorado y no es urbanizable, y por lo tanto es ilegal. ¡Qué buen ejemplo!”.

Vea el álbum con las fotos de la casa de la alcaldesa.

ELCONFIDENCIAL

GUERRA EN EL PSOE ANDALUZ: LA JUNTA DESTAPA UN ESCÁNDALO QUE DAÑA A MONTESEIRÍN


El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, conocía la implicación de ex director general de Mercasevilla en la presunta extorsión de un empresario de hostelería de Sevilla, al que pidió 300.000 euros que debían "olvidarse" en un maletín, y sin embargo, la silenció sin denunciarla.

LD (Pedro de Tena)

Izquierda Unida, su socio de gobierno en Sevilla, ha sido cómplice del silencio. Antonio Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde y miembro de esta formación, es el responsable directo en la gestión de Mercasevilla, como vicepresidente de la empresa y su Fundación. Pero fue curiosamente la Consejería de Empleo de la Junta la que remitió a la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla una grabación en la que se oye una conversación de dicho empresario con Fernando Mellet, ex director gerente de Mercasevilla.


Es preciso tener en cuenta que Monteseirín, además de alcalde, es presidente de la Junta General de accionistas de Mercasevilla, y que Fernando Mellet está vinculado a la Agrupación socialista de Macarena, feudo de Monteseirín y afectada por escándalos de financiación irregular y facturas falsas que se han juzgado y condenado recientemente en los tribunales.


En la grabación transcrita por la Policía Judicial ambos directivos de Mercasevilla explicaban a sus interlocutores que la propuesta de aportación de 300.000 euros para un proyecto que había sido subvencionado por la Junta en su totalidad era algo habitual y que tenían instrucciones de que así se hiciera para sacarlo adelante, a pesar de que el proyecto había sido comprometido dos años antes en un protocolo, ya que insinuaban tenían otros posibles adjudicatarios.

Esta parte de la conversación, con independencia de las declaraciones que los directivos han realizado sobre la procedencia de las "instrucciones" puede llevar a la Fiscalía a citar en breve a algún responsable político de la empresa pública, que preside Sánchez Monteseirín y que tiene en su socio de gobierno, Antonio Rodrigo Torrijos, su responsable directo en la gestión, como vicepresidente de la empresa y su Fundación.


El Gobierno local (PSOE-IU) sabía desde el 4 de febrero que la Junta de Andalucía disponía de una grabación de audio que refleja cómo presuntamente el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, reclamaron una comisión de 300.000 euros a los directivos del Grupo La Raza a cambio de permitirles instalar una escuela de hostelería en su recinto.


De eso hace 55 días. Sólo este marte los socios de Gobierno emitieron un comunicado en el que admiten que la Junta le informó de la denuncia y que por eso destituyó a Mellet y Ponce, hace ya mes y medio. Entonces, Mellet alegó "motivos personales" –la grave enfermedad de su padre y su suegro– para dejar el mercado de mayoristas, cuando más proyectos se habían emprendido y más saneadas estaban las cuentas.


El expediente ha sido enviado por la Consejería de Empleo a la Fiscalía de Sevilla, donde la fiscal jefe, María José Segarra, se está encargando de la investigación. El delito del que son sospechosos es el de cohecho, que puede acarrearles penas de entre dos y seis años de cárcel después de un juicio con jurado popular.


El Gobierno municipal ocultó, pues, lo sucedido a pesar de ser advertido por la Consejería de Empleo el pasado 4 de febrero de la gravedad de las conversaciones de la dirección de Mercasevilla a empresarios sobre cómo se realizaba el proceso de adjudicación de subvenciones de la Junta.


El empresario ya habría recibido una primera propuesta en la que le indicaba que "la Junta colabora con quienes colaboran" y le habrían explicado que la forma de depositar el dinero era dejando olvidado un maletín con 300.000 euros en un despacho. El comunicado de la portavoz del Gobierno de este martes pone de manifiesto cómo a pesar de conocer los pormenores del caso a través de la Consejería de Empleo, el Gobierno admitió públicamente la dimisión "por motivos personales" de Fernando Mellet el pasado 17 de febrero silenciando los motivos de la misma.


En El Correo de Andalucía, se dice textualmente: "El caso de la empresa de mercados afecta directamente a los dos socios de Gobierno al igual que a la Junta de Andalucía. Ambos han dejado pasar casi dos meses y han tratado de evitar hacer público un escándalo de estas características. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, preside la junta general de accionistas, y Fernando Mellet está vinculado, según varias fuentes consultadas, a la Agrupación socialista de Macarena. IU, por su parte, ha hecho bandera de la buena gestión de la sociedad pública, de sus resultados económicos y de su plan de expansión con medidas como la absorción de tres de las plazas de abastos de la ciudad. El Gobierno local incide en que actuó a tiempo. Pero no destituyó públicamente a Mellet. Suspendió el consejo de administración, le dejó justificar su dimisión, y quedó a la espera".


Según ABC, la Consejería de Empleo anunció este martes que ha paralizado los expedientes relacionados con el protocolo de colaboración entre la Fundación Socio Asistencial Mercasevilla y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el desarrollo de planes de formación para desempleados del sector de la hostelería de Sevilla, a raíz del presunto cobro de comisiones a un empresario.

En un comunicado, Empleo explicó que remitió el 13 de febrero a la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla material audiovisual que incluye la grabación de una conversación, facilitada por un empresario de Sevilla del sector de hostelería, y que contempla elementos "que podrían ser constitutivos de algún tipo de ilícito penal relacionado con el desarrollo del protocolo de colaboración". La Consejería no ejecutó ninguno de los pagos de la subvención excepcional de 900. 000 euros y espera que la investigación llegue "hasta las últimas consecuencias".

Reacción del PP de Sevilla

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pidió explicaciones al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, por el "escándalo" de Mercasevilla y aseguró que llegarán "hasta el final". "Otro escándalo más", lamentó en declaraciones a los periodistas Zoido, quien apuntó que "se han confirmado las sospechas del PP" y aseguró que por esta causa el representante del PP en la empresa municipal "no ha cedido a firmar las cuentas de la Fundación Mercasevilla a pesar de los muchos requerimientos, porque había un rumor de que directivos de Mercasevilla exigían a algunos empresarios algunas cantidades". Así, se mostró "respetuoso" con las diligencias emprendidas por la Fiscalía, a lo que añadió que "el PP va a seguir investigando todo lo que pueda pasar tanto en Mercasevilla como en su Fundación", en la que no tiene representación la oposición.


Además, consideró que el alcalde "no está o no debe estar ajeno" a tal situación y añadió que "puede ser que no estuviera al corriente, lo que ya es bastante grave, o lo que sería más grave, que conociéndolo lo haya ocultado". Por tanto, criticó que "se haya aceptado la dimisión" del director general y director adjunto de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, en lugar de ordenar su "cese inmediato y hacer públicas las razones". Del mismo modo, el portavoz popular recordó que el vicepresidente de Mercasevilla es Antonio Rodrigo Torrijos, quien a su juicio "también tendrá algo que ver", y al que dijo aplicarle "la misma teoría que al alcalde".


En esta línea, apuntó que "Mellet llegó a Mercasevilla de mano del alcalde" y añadió que "los apellidos Mellet Jiménez no son casuales ni nuevos en este Ayuntamiento, una hermana suya es trabajadora social de Unidad, desde donde se emitían los fax diciendo como hacer facturas falsas".

"Tras estas situaciones tan reiteradas en distintas áreas el alcalde tiene que salir inmediatamente y dar una explicación, es el presidente de Mercasevilla y sin más dilaciones tiene que decirnos qué sabe de esto, desde cuando lo conoce, qué medidas han tomado y por qué motivo se ha callado", reafirmó Zoido. "Me cuesta mucho creer que llevan estos hechos más de diez días en Fiscalía y el alcalde no tuviese ninguna idea de lo que ha acontecido con Mellet", agregó el portavoz popular, quien se preguntó si "habrá más".

LIBERTADDIGITAL.COM