martes, 17 de febrero de 2009

LA EMPRESA DE UN EDIL DEL PP RECIBIRÁ 230.000 EUROS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA


El concejal del PP es apoderado de la empresa con el 50%

El Ayuntamiento marbellí ha autorizado el pago de 72.500 euros a una empresa de materiales de construcción. El PSOE ha llevado el caso a los tribunales ya que entiende que vulneran la ley de Contratos del Sector Público. El edil de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento, Antonio Espada, es socio al 50% de esta entidad.

Un nuevo caso, al menos conflictivo, podría planear sobre el ayuntamiento marbellí. El consistorio ha autorizado el pago 72.500 euros por dos contratos de suministro de materiales de construcción a una empresa de la que el concejal de Medio Ambiente es dueño al 50%. Los socialistas han solicitado la suspensión cautelar de los contratos, aunque por ahora no se ha hecho efectiva su petición.

Apoderado
Pese a que Espada dejó el cargo de administrador de la empresa beneficiada antes de ocupar su puesto de concejal, sigue siendo apoderado de la empresa y obtiene el 50% de los beneficios. Las facturas se aprobaron en una sesión de la Junta de Gobierno local a la que Espada no asistió.

Polémica en septiembre
Aunque por ahora se ha autorizado el pago de una parte, en total, la empresa recibirá 230.000 euros, repartidos en dos adjudicaciones en los meses de verano. Tal y como recogió ElPlural, la empresa fue contratada en dos adjudicaciones en junio y agosto. Ya en septiembre, los socialistas denunciaron los hechos y se levantó una polémica en el consistorio por la supuesta irregularidad en las formas. Mientras que el primer contrato fue adjudicado por un informe genérico y no estaba amparado por la Ley de contratos del sector público (su redacción fue posterior), el segundo se otorgó mediante un concurso cerrado al que la empresa fue “invitada” a participar.

No más adjudicaciones
A pesar de que el PP insistió en la legalidad de las dos contrataciones, sugirieron a la empresa a no presentarse a más concursos municipales. Además de estos contratos, la empresa suministraba material al Ayuntamiento marbellí durante la época del GIL.

“Error” en el informe
El PP se basó en un informe realizado pero obviaron un detalle. En el último párrafo se indica que la adjudicación sería incompatible si Espadas fuese administrador de la empresa o apoderado. Posteriormente añadieron una rectificación a pie de página señalando que el término apoderado se había incluido “por error”.

No más del 10%
Si se sigue la nueva normativa, está prohibido contratar a una empresa a través del sector público si algún alto cargo de la administración pública o un cargo electo cuenta con una participación superior al 10%. En el caso del concejal marbellí es el 50%.

Suspensión cautelar
Pese a que los socialistas han solicitado la suspensión cautelar de los pagos, el juzgado aún no se ha pronunciado al respecto. Los jueces admitieron a trámite los dos recursos pero no se ha emitido veredicto alguno sobre los pagos.

Otros casos
Desde el PSOE ya habían denunciado varios casos de incompatibilidad en el ayuntamiento marbellí. La edil Alicia Jiménez es copropietaria de la Sala Marbella, alquilada en diversas ocasiones por el Ayuntamiento. También el concejal popular Antonio Maíz con el Conservatorio municipal ha incurrido en una situación de irregularidad.

andalucia@elplural.com

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UN CONSEJERO DE CAMPS ALEGA QUE NO HA HECHO "GRANDES ADJUDICACIONES"

Los escándalos que afectan al PP

Serafín Castellano (en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy), titular de Gobernación de Valencia, admite que se dieron contratos menores a una constructora con la que mantiene vinculación

CRISTINA VÁZQUEZ | Valencia

Serafín Castellano, consejero de Gobernación del Gobierno de Francisco Camps, ha negado que haya beneficiado a la empresa constructora de unos amigos. "Yo no he beneficiado a esa empresa. Tendría conflicto de intereses si le hubiera dado grandes adjudicaciones", ha dicho el consejero de la Generalitat valenciana, que ha adjudicado en los últimos diez años, en los que ha formado parte del Gobierno valenciano al frente de tres carteras diferentes, obras a la empresa Construcciones Taroncher, con cuyos administradores mantiene una relación de amistad.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

En concreto, la dueña de esta sociedad es copropietaria con la esposa del consejero de una finca rústica en la localidad valenciana de Llíria, un suelo que también paga Castellano mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la constructora.

"Obras menores"

Castellano ha reconocido que desde que está al frente de la consejería de Gobernación ha concedido a Construcciones Taroncher contratos de obras menores -que no necesitan de concurso público- por valor de 171.034 euros, "un 0,23% de las adjudicaciones de este departamento", precisó el político.

Y en los 10 años en que está vinculado al Ejecutivo valenciano, la constructora ha ganado concurso públicos en libre concurrencia por otros de 391.450 euros. "Durante ese tiempo he adjudicado miles de millones de euros en obras...", dejó en el aire el consejero. Castellano no ha facilitado, sin embargo, el monto total que Construcciones Taronger se ha adjudicado en la última década ya sea a través de concursos públicos ya sea como obras menores. Sí se ha comprometido a proporcionar este dato en cuanto disponga de él.

El consejero no ha descartado emprender acciones legales en defensa de su honorabilidad y su gestión política y ha apuntado en dirección al PSOE. "A río revuelto ganancia de pescadores. En vísperas electorales estamos acostumbrados a que el PSOE nos obsequie con cortinas de humo".

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GARZÓN INVESTIGA UNA COMISIÓN DE TRES MILLONES POR UN PELOTAZO INMOBILIARIO

Los escándalos que afectan al PP

LA DENUNCIA SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP QUE INSTRUYE LA AUDIENCIA NACIONAL

Correa exigió cobrar una deuda de dos millones al Gobierno de Esperanza Aguirre

FRANCISCO MERCADO - Madrid


Esperanza Aguirre con su ex consejero de Deportes Alberto López Viejo-GORKA LEJARCEGI

La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.

Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.

Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.

Reparto de dinero
En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.

Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.

UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.

Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.

En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.

La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.

El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.

"Una empresa grande"
Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.

El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.

El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.

Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.

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Los escándalos que afectan al PP

La esposa del alto cargo compró terrenos con la dueña de la constructora


JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid

Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

La firma relacionada con el consejero es contratista habitual de su departamento

Construcciones Taroncher es propiedad de María Ángeles González García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es su marido, José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, un amigo personal del consejero Castellano, del que es compañero de cacerías y partidos de pelota.

La consejería de Gobernación ha encargado a la constructora, que apenas cuenta con cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Las obras han tenido lugar en la sede oficial de la consejería y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del consejero Serafín Castellano, que fue consejero de Sanidad con Eduardo Zaplana y hoy está alineado con Camps.

El 25 de abril de 2008, Nuria Fundamento Rioja Rioja, esposa del consejero de Gobernación, y María Ángeles González García, la dueña de la constructora, escrituraron ante notario la compra de una finca de naranjos de dos hectáreas y media en el término de Llíria. Nuria Rioja está casada en régimen de gananciales, por lo que el político también es propietario de los terrenos, y María Ángeles González, en separación de bienes, según señala la escritura.

Ambas adquirieron la finca a la sociedad mercantil L'Alqueria Vella S.C.P., y declararon un precio de compra de 130.392 euros. La forma de pago, según el documento notarial, fue así: dos pagos en efectivo de 30.000 y 17.792 euros y un cheque de 82.600 euros.

El mismo día de la compra de estos terrenos, el consejero Castellano acompañó a su esposa a la notaría de Llíria donde se escrituraron. Y en esa misma notaría Castellano; su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de la constructora, María Ángeles González, firmaron ante el mismo notario un préstamo hipotecario con el Banco Popular Español por 82.600 euros con la garantía de la finca de naranjos. Las dos mujeres tienen una cuenta conjunta.

"Firmé el préstamo porque tengo régimen de gananciales, pero lo hice como particular y pago la parte que me corresponde", explicó ayer el consejero a EL PAÍS.

Los contratos firmados por el consejero Castellano a favor de la citada constructora son de obras menores [inferiores a 50.000 euros] para los que no se requiere acudir a concurso.

En 2007, Taroncher facturó más de 27.000 euros en la planta tercera de la consejería de Gobernación por obras de ampliación de baño y hall. En esta planta se encuentra el despacho del consejero, también reformado. En este mismo edificio de la calle Historiador Chabás 2, la constructora hizo obras de pintura por unos 30.000 euros. Los proveedores de la Generalitat se quejan del atraso en los pagos, pero las obras de Taroncher se cobran con una celeridad poco común.

Construcciones Taroncher ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat de Valencia. Entre sus obras más importantes destaca el refuerzo de los pilares del pabellón general del Hospital La Fe de Valencia, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros, y reformas en centros de salud, algunas en la época en la que Castellano fue consejero de Sanidad (entre 2000 y 2003). Entre ellas el concurso del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe; rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del Hospital Maternal y Hospital Infantil La Fe y ampliación del centro de salud de Ribarroja del Turia. En total, unos 300.000 euros.

Los implicados

- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher y Asociados, SL, para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Entre 2007 y 2008, el consejero adjudicó a Construcciones Taroncher obras por unos 200.000 euros.

- Nuria Rioja. Esposa del consejero de Gobernación. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.

- María Ángeles González García. Ha facturado en los últimos siete años unos siete millones de euros, en su mayoría con la Administración y el Gobierno de Valencia. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.

- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL. Amigo personal del consejero Serafín Castellano.

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