lunes, 29 de noviembre de 2010

"ME OFRECIÓ 350 MILLONES, PERO CALLÉ A CORREA INMEDIATAMENTE"

DECLARACIÓN DEL ALCALDE DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'

TONO CALLEJA - Madrid

El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), justificó en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le ofreciera en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros (350 millones de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la adjudicataria del servicio de recogida de basuras, porque no tenía pruebas: "Hubiera sido su palabra contra la mía". EL PAÍS ha tenido acceso a la declaración íntegra del regidor ante el juez, en la que detalla el intento de soborno por parte de Correa: "350 millones [de pesetas] para ti y 50 para mí", fue la oferta.

"Los concejales tienen autonomía con su presupuesto para contratar"

La declaración del alcalde se produjo el pasado 10 de junio, tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com que había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de que este le ofreciera 350 millones de pesetas.

- Su palabra contra la mía. De Santiago, a la pregunta de la fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró pertinente denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil roceño dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer, porque no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra contra la mía".

- Aviso a otros concejales. Según el relato del alcalde, ese mismo día llamó al jefe de Contratación y al coordinador de Medio Ambiente, que eran los que estaban preparando el pliego de condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego de condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es lo único que me ha votado a favor la oposición".

- Contactos en Génova. En la declaración el alcalde de Las Rozas explica cómo Correa utilizaba sus contactos en el Partido Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en 1989 al líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova", donde el regidor trabajó durante 15 años.

- "Beneficio para los dos". Tras ser elegido como alcalde De Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su secretaria y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí, según el testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en febrero de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una concesión. Me dijo que podría haber presumiblemente un beneficio para los dos".

- Fuera del despacho. El beneficio consistía, según la declaración de De Santiago, en 400 millones de pesetas (2.400.000 euros): "350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me dijo que había una empresa interesada en las basuras, pero no me dijo el nombre porque yo inmediatamente le callé y le dije amablemente que abandonara mi despacho, le acompañé hasta la puerta". En su relato explicó que no fue hasta que saltara a los medios de comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no; pero le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del asunto". Al final, de las dos empresas que se presentaron a la adjudicación, Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por lo que Correa tampoco tuvo éxito en este segundo intento de obtener beneficio en Las Rozas.

- "No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en 2002 como en 2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio adjudicó dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas Escolares de Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron adjudicadas a Special Events, que yo no sabía ni de quién era, porque los concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable de Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el caso Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los cauces del Ayuntamiento...".

Veinte días después de la declaración de De Santiago, la concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad de Correa.

Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).

La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para poder realizar cualquier tipo de tramitación".

- No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa intentó que el Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) al igual que hicieron otros Consistorios del PP relacionados con la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la idea un concejal, y yo le dije que no necesitamos ninguna oficina de atención al ciudadano; de hecho, ni la necesitamos, ni la hemos necesitado, ni la necesitaremos", declaró el alcalde.

Más información:
    * Personaje: Bonifacio de Santiago
    * Personaje: Francisco Correa
    * Tema: Caso Gürtel
    * Fotografía: Bonifacio de Santiago

elpaís.com

EL TSJ DE VALENCIA ARCHIVA LA CAUSA CONTRA ÁNGEL LUNA POR LA REFORMA DE SU VIVIENDA

TRIBUNALES  | Portavoz del PSPV

    * El juez no considera 'dádiva' la relación de Luna con el empresario Ortiz
    * Asegura que de haber existido, el presunto delito ya habría prescrito
    * Contra esta decisión del magistrado caben recursos de reforma y de apelación
    * Sobre Luna hay otra causa por un supuesto delito de revelación de secreto

R. Terrasa | Valencia

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que instruye la causa abierta contra el portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, en base a la querella presentada por seis diputados autonómicos del PP, ha declarado la prescripción del presunto delito de cohecho, y por lo tanto ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.

Según informa el TSJ en un comunicado, una vez planteada por el Ministerio Fiscal la prescripción del presunto delito de cohecho, el único por el que fue admitida la querella de los diputados del PP, "esta cuestión debía ser examinada y resuelta por el magistrado instructor con carácter preferente y previo a cualquier otra, ya que la prescripción de los delitos extingue la responsabilidad penal (art. 130.5 del Código Penal), lo que impide cualquier otra investigación acerca de la existencia y calificación de los delitos y personas a las que afecta".

El auto del magistrado Juan Climent recoge también que la relación laboral de Luna con la empresa de Enrique Ortiz "no se produce inmediatamente después de su cese como alcalde en 1995, como se afirma en la querella, sino mucho tiempo después en 1999". "No permite la consideración de dádiva del hecho de la contratación del querellado por la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos S.A.'", asegura el auto.

El juez también subraya en sus conclusiones que "en la fecha de las reformas la propiedad del inmueble no era del querellado, sino de su actual esposa". Tampoco considera "dádiva" la supuesta trasferencia de Ortiz a Luna de un Audi A6 a tenor de la "secuencia temporal de los hechos".

"Sólo cabría el planteamiento de las dádivas como recompensa por actos anteriores no constitutivos de delito", concluye el juez.

El TSJ ha informado de que contra esta decisión del magistrado instructor caben recursos de reforma y de apelación.

La declaración de Luna
Luna fue citado el pasado lunes a declarar en calidad de "imputado" por el magistrado Juan Climent por un presunto delito de cohecho tras la denuncia interpuesta por el PP por la reforma de las obras de una vivienda del portavoz socialista, cuyo coste (698.600 pesetas) corrió supuestamente a cargo del empresario alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos 'Brugal' y 'Gürtel'.

Las obras, en cualquier caso, se ejecutaron más de dos años después de que el actual portavoz socialista dejara la alcaldía de Alicante, y cuando no ocupaba ningún cargo institucional ni orgánico en el PSOE.

El síndico socialista en las Cortes aseguró ante el juez que fue su esposa quien pagó al empresario alicantino Enrique Ortiz la reforma de su vivienda, que por otra parte, había recibido en herencia cuando aún no había contraído matrimonio con el ex alcalde de Alicante.

"La reforma fue sufragada por su propietaria, mi actual mujer, con independencia de quien entregara el dinero físicamente", explicó Luna.

El pasado viernes, la Fiscalía solicitó al TSJ el archivo de la querella del PP contra el portavoz socialista, pese a que los 'populares' habían solicitado al Tribunal nuevas diligencias que permitesen una investigación "más profunda" sobre la reforma de su casa. En concreto, solicitaron la declaración de la mujer de Luna, el contratista, que aseguró que las obras no se las pagaron ni Luna ni su mujer; y el constructor Enrique Ortiz.

Sobre Ángel Luna también hay abierta otra causa en el TSJCV tras la querella que también interpuso el PP contra él por un supuesto delito de revelación de secreto de sumario tras exhibir un informe secreto del 'caso Gürtel' en las Corts Valencianes. En este caso, el PSPV ha recurrido la admisión a trámite de la denuncia en un escrito que se basa en la inviolabilidad parlamentaria.

Además
    * Luna: 'Han intentado callarme y han fracasado'
    * Lea el auto del magistrado del TSJ de Valencia
    * El PP anuncia que recurrirá el archivo de la causa

elmundo.es

"CASO IBATUR"; EL JUEZ CITA A DECLARAR AL EX CONSELLER DE TURISMO, JOAN FLAQUER, COMO IMPUTADO

El 14 de diciembre

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ha citado a declarar para el próximo 14 de diciembre al diputado del PP y conseller de Turismo en la pasada legislatura, Joan Flaquer, en calidad de imputado dentro del caso que investiga un presunto desvío millonario de fondos públicos desde a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El ex titular de Turismo, encausado además en los casos Palma Arena y Sant Elm, será interrogado así acerca de su supuesta participación en los hechos investigados en la causa, por la que han sido detenidas hasta un total de 18 personas, entre ex altos cargos del Ejecutivo autonómico y empresarios, y en la que se indaga desde hace casi dos años los contratos y subvenciones presuntamente irregulares concedidos por el Ibatur durante el pasado mandato.

Su comparecencia tendrá lugar cuatro días después de la del ex gerente de la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo, Raimundo Alabern, citado el día 10 como encausado y precisamente uno de los arrestados en la primera fase de la denominada Operación Pasarela, que estalló a finales del pasado mes de junio y en la que, una vez pasó a disposición judicial, el juez le impuso una fianza de 350.000 euros con la que eludió su ingreso en prisión preventiva.

Cabe recordar que Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta y sobrino político del ex presidente del Govern, Jaume Matas, manifestó ante el magistrado que Flaquer, Alabern, y otros dos altos cargos dependientes de la Conselleria eran "conscientes" de que las facturas de los contratos que otorgaba la Administración pública durante el pasado mandato "estaban infladas", e incluso llegó a aseverar cómo el ex conseller le dijo que le iba a dar una prima extra de 40.000 euros "por la buena organización" con motivo de un viaje promocional a China y que le iría abonando "mediante facturas hinchadas".

Flaquer también está siendo investigado en la pieza número 14 del caso Palma Arena, que investiga el convenio suscrito en 2007 por 350.000 euros para patrocinar el Mundial de Ciclismo en Pista en el velódromo palmesano y que se encuentra bajo investigación judicial, cuya tramitación defendió ante el juez el pasado día 19 al asegurar que no apreció "ninguna irregularidad" cuando firmó el patrocinio.

Asimismo, el ex conseller también ha prestado declaración en el marco del caso Sant Elm, el presunto que indaga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al Ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce, pese a que ha negado haber cometido delito alguno en el marco de este procedimiento.


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"CASO MAQUILLAJE"; UN IMPUTADO AFIRMA QUE LE PRESIONARON EN UM ANTES DE DECLARAR ANTE LA POLICÍA

Los enchufados de UM

    * 'Monjo y Barón me instaron a que no dijera que había trabajado para UM'
    * Otro de los imputados dice que firmó el finiquito en un CD

Efe | Palma

Un imputado en el "caso Maquillaje" ha afirmado ante el juez que cuando recibió la citación de la policía por esta causa le presionaron en Unió Mallorquina (UM) para que dijera que no trabajó para el partido en la campaña de 2007, cuando realmente sí lo hizo aunque contratado por una productora.

Hoy ha acabado la tanda de declaraciones de los quince imputados citados por el juez del caso, Juan Ignacio Lope Sola, y vinculados con una supuesta red de enchufados que trabajaron para UM mientras estaban contratados por productoras vinculadas al partido.

Estas productoras fueron Ambit Digital y Vídeo U, esta última supuestamente propiedad de Maria Antònia Munar y de Miquel Nadal cuando eran presidenta y vicepresidente del Consell de Mallorca en la legislatura pasada, época en la que la institución insular concedió a estas sociedades contratos millonarios.

Uno de los imputados, Juan Arrom, afiliado a UM desde 2006 hasta este año, ha asegurado que durante la campaña estuvo contratado por Ambit Digital cuando realmente trabajó en la sede de UM como auxiliar administrativo.

Ha relatado que cuando recibió la citación de la policía para declarar por este caso acudió a UM, donde le dijeron que "bajo ningún concepto" dijera que había trabajado para el partido, que se abstuviera de declarar en policía y que ellos le dirían lo que tenía que decir, así como que se "quitara a la abogada de encima".

En esta reunión estaban presentes, ha dicho, el secretario general de UM Joan Monjo, otra de las contratadas por Ambit Digital que trabajó para UM y el entonces abogado del partido.

Tras escuchar esto, el imputado ha asegurado que les dijo que atendería a los consejos de su abogada y se marchó. Después, ha agregado, presentó su baja del partido.

Respecto a la contratación por parte de Ambit Digital, ha asegurado que firmó en presencia de la ex secretaria técnica de la institución insular Eugenia Cañellas y que, cuando le preguntó por qué no figuraba la formación como parte contratante, ella respondió que la productora estaba "vinculada totalmente" con el partido y que era "bien igual que si fuera UM".

También ha declarado hoy Miguel Vives, quien trabajó para el Consell contratado por Ambit Digital aunque ha dicho no tener ninguna relación con UM.
 
'Me hicieron firmar el finiquito en un CD'
Ha explicado que firmó el contrato en el Consell junto a Eugenia Cañellas y que, cuando preguntó por qué no le contrataba la institución insular sino una empresa que no conocía, ella le dijo que era una sociedad vinculada al Consell.

Su labor, ha afirmado, consistió en examinar las partidas de gastos de los departamentos del Consell, aunque "nadie" le pidió el trabajo, que entregó cuando firmó el finiquito en un CD.

"He hecho muchas valoraciones a posteriori, he pensado incluso que me habían querido captar políticamente o que alguien ha querido apropiarse de mi trabajo", ha afirmado el economista respecto a que nadie le reclamara su labor.

Ha relatado que en 2010 acudió a las oficinas de Ambit Digital, ya que le llamaron para firmar unas nóminas, y, una vez allí, sus administradores, Luisa Almiñana y Miquel Oliver, le dijeron que "pudiera ser que surgieran una serie de problemas legales".

Para encubrir su labor en el Consell, le dieron dos CDs con reportajes de vídeo que tenía que decir que había hecho él, ha afirmado, en concreto uno sobre una cueva y otro de un programa llamado "Fets i Gent".

"Me sorprendí mucho", ha confesado el imputado, que ha añadido que, a su juicio, intentaron engañarle.

La tercera en declarar hoy ha sido Maria de Lluch Coll, afiliada a UM y que ejerció de interventora y apoderada en las elecciones autonómicas de 2007 y europeas de 2009.

Ha contado que, al igual que Arrom, trabajó para UM en la campaña con un contrato de Ambit y de Vídeo U, el cual firmó en la misma sede del partido.

Cuando se acabó este contrato, ha indicado que le pidió trabajo a Miquel Nadal, quien le consiguió un contrato en el IMFOF, y luego a la ex concejal de UM Cristina Cerdó, que le facilitó otro trabajo en la empresa de informática Minser.

Más tarde, ha agregado, el ex conseller de UM Mateu Cañellas le ofreció trabajar para el Instituto Balear de la Juventud.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; NIMBUS FACTURÓ A ILLESPORT 60.000 NAPOLITANAS SIN QUE SE SEPA SU DESTINO

CASO PALMA ARENA  | El desfase presupuestario

Efe | Palma

La empresa de comunicación Nimbus facturó en 2006 un total de 60.000 napolitanas de chocolate a la fundación pública Illesport, sin que se sepa el destino de estos bollos, tal y como se ha puesto de manifiesto hoy en el interrogatorio al dueño de la sociedad, Miquel Romero, imputado en el "caso Palma Arena".

Romero ha comparecido por segunda vez ante el juez instructor del caso, José Castro, para contestar a preguntas acerca de dos piezas de esta extensa causa de corrupción, aunque su declaración por una de las piezas tendrá que proseguir otro día.

El imputado, cuya agencia supuestamente se benefició de un trato de favor por parte del anterior Govern del PP, ha respondido solo a las preguntas del juez y se ha negado a contestar a las del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, y la abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Comunidad han hecho constar las preguntas a las que tenían intención de someter a Romero, entre ellas una sobre la facturación de las citadas napolitanas.

Según varias facturas en poder del fiscal y la abogada, en el año 2006 Nimbus cobró a la Fundación Illesport 60.000 napolitanas, a razón de unos 30 céntimos la unidad, para supuestamente promocionar el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo Palma Arena en 2007.

Esta es una de las facturaciones supuestamente irregulares a entidades públicas -Illesport, Vicepresidencia e incluso Presidencia del Govern- que se investigan dentro de la pieza número 23 de la causa, organismos que en algunos casos presuntamente pagaron facturas duplicadas de Nimbus.

Otro de los conceptos que pagó la Fundación Illesport, en el año 2006, fue la cancelación de un avión que se había fletado para un viaje a Burdeos para unas 40 personas con el objetivo de presenciar un mundial, motivo por el cual se cobraron 2.950 euros a la entidad pública.

También ha hecho constar la Fiscalía sus sospechas de que un viaje del ciclista Joan Llaneras facturado a una entidad pública tenía como verdadero objetivo que participara en unos premios organizados por un periódico deportivo.

Asimismo, el fiscal se ha preguntado si Romero "dio orden clara" de que se le pagara al ex director general de Comunicación del Govern Joan Martorell un viaje y un alojamiento en París.

Nimbus fue la empresa adjudicataria de un concurso del Govern de enero de 2007, licitado en septiembre de 2006, por 350.000 euros para la publicidad del Mundial.

Asimismo, recibió otros 350.000 euros del Instituto Balear del Turismo para el patrocinio del Mundial, solo unos días antes de la celebración de la competición en el nuevo velódromo.

El imputado también ha declarado dentro de la pieza número 20, referente a la facturación de su empresa a la sociedad GR-1, propiedad de los hermanos arquitectos del velódromo, Jaime y Luis García-Ruiz.

GR-1 prestó el servicio de publicidad de la construcción del velódromo, que, según las facturas presentadas por la empresa de los arquitectos, asciende a más de 500.000 euros y que, según el juez, debería haber sido objeto de un concurso público.

El juez le ha preguntado por varias facturas aparentemente duplicadas y cargadas a entidades del Govern cuando las tenía que haber pagado GR-1, lo que Romero ha negado en todo momento.


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EL JUEZ DE "GÜRTEL" PIDE INVESTIGAR AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CORRUPCIÓN  | Pedreira se inhibe en favor del TSJCyL

    * A Fernández Santiago (PP) por presuntos delitos de cohecho y prevaricación

Agencias | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.

Así lo ha acordado el magistrado del Tribunal Superior madrileño (TSJM) en un auto notificado hoy en el que se inhibe de la parte de la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la adjudicación en 2002 de las obras de la variante de una autovía en la localidad leonesa de Olleros de Alba a una empresa que presuntamente pagó comisiones a varias personas.

Entre ellas, según Pedreira, figuran el propio Fernández Santiago, entonces consejero de Fomento del Gobierno castellano-leonés; así como el considerado responsable de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.

En concreto, se precisa que la inhibición se refiere a tres informes de la UDEF en relación al pago de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera cC-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama corrupta.

Comisión de 73.655 euros
El informe de la UDEF apuntaba a que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3%, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín.

Según recoge el documento judicial, la unidad de auxilio judicial de la IGAE ha concluido tras el examen del citado expediente que en su tramitación se ha incurrido en diversas irregularidades, "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

Asimismo, destaca que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, quien fue también la persona que lo adjudica el 29 de noviembre de 2002.

En la argumentación jurídica, el magistrado esgrime que los hechos relativos a la adjudicación irregular, la percepción de cantidades por ello y su reparto, sin perjuicio de ulterior calificación, podrían ser constitutivos de delito de cohecho sancionado en el artículo 419 del Código Penal y de delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
 
Notas del contable de Correa
El juez precisa que el cobro de la comisión se extrae de la documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo, el considerado contable de la trama corrupta liderada por Correa. En su domicilio se halló una carpeta de color azul que contenía documentos relacionados con esta adjudicación.

Entre los documentos figura un fax de la Consejería de Castilla y León remitiendo la adjudicación definitiva de la obra de la variante de Olleros en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3% de la adjudicación sin IVA (73.650).

Hay otro papel manuscrito en el que se anota, entre otros apuntes, la cantidad de 72.000 euros, reflejando que "1.650 euros de diferencia" se entregan a PC. Otro de los papeles correlaciona un sobre de 24.000 euros con las siglas T.O. que se habrían retirado de los 72.000 euros iniciales.
 
'Toti', el apodo de Fernández Santiago
El juez apunta a que la correlación entre las siglas T.O. y José Manuel Fernández Santiago se expone detalladamente en un informe de la UDEF. Así, se relaciona las siglas T.O. con 'Toti', apodo con el que se conoce a Fernández Santiago.

Asimismo, recalca que queda por determinar qué otras personas pudieron percibir comisiones por la adjudicación irregular de la citada Variante de Olleros, quienes se ocultan tras las iniciales P.C., L., G. y J.

Respecto a las primeras iniciales, se vinculan a Francisco Correa Sánchez y la L. al ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas. Añade que la inicial G. corresponde, al igual que las iniciales G.G., a Gerardo Galeote Quecedo, mientras que la J. al ex diputado del PP Jesús Merino.

Por todo ello, el magistrado instructor entiende en el auto que procede tramitar la inhibición parcial planteada a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Además
    * El día 5 se desvela el sumario de 'Gürtel'
    * Correa recusa a Pedreira por 'falta de imparcialidad'
    * Claves del 'caso Gürtel' | Madrid | Valencia
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