lunes, 19 de septiembre de 2011

EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" ABRE YA LA GRAN INVESTIGACIÓN A LOS PELOTAZOS DE MADRID

El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero a su llegada al Tribunal de Justicia de Madrid en julio.- LUIS SEVILLANO
Imputados en las últimas semanas empresarios de las constructoras implicadas- Correa cobró un millón por mediar en una adjudicación en Boadilla - Un reciente informe asegura que el empresario Ulibarri pagó esa comisión

TONO CALLEJA - Madrid

Las operaciones urbanísticas más lucrativas para la estructura delictiva que montó el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su red empresarial tuvieron como escenario la Comunidad de Madrid, en algunos municipios gobernados por el Partido Popular, fundamentalmente en dos, Boadilla del Monte (cuyos dos últimos alcaldes antes de las elecciones pasadas están imputados) y Arganda del Rey, con comisiones superiores a los 20 millones de euros. También hay un reciente informe que afecta al Ayuntamiento de Madrid, en el que se destapa que una de las firmas de la trama cobró un millón de euros.

La red corrupta cobró 12 millones de euros, tras un pelotazo en Arganda

Dos directivos de la constructora Teconsa deberán declarar como imputados


En las últimas semanas, el magistrado Antonio Pedreira, que instruye desde hace más de dos años el caso, ha dado el paso adelante de imputar a los empresarios de Martinsa, UFC y Teconsa, tres de las constructoras con las que, según la investigación, hizo tratos Correa.

El negocio del cerebro de la red corrupta consistía en servir de intermediario de estas constructoras ante Ayuntamientos gobernados por el PP, que supuestamente amañaban concursos para adjudicar terrenos para operaciones urbanísticas a los empresarios amigos de Correa.

En la caja B de la trama corrupta aparecían comisiones ilegales, entre las que destacaban por su cuantía las referidas a distintas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Ahora, todos esos empresarios deberán declarar como imputados ante el juez. Algunos, como el dueño de Martinsa, Fernando Martín, ya lo han hecho negándose a responder a las preguntas de las partes. Otros, como el dueño de Teconsa, lo tendrá que hacer en los próximos días.El próximo 5 de octubre tendrán que declarar ante el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, los directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública. Teconsa es la empresa a la que la Junta de Comunidades de Castilla y León adjudicó en 2002 las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros a cambio supuestamente de una comisión a Correa. Según las investigaciones, el jefe de la trama a su vez habría repartido el dinero recibido con el entonces consejero de Fomento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, y con los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote. Ninguno de los tres permanece imputado en estos momentos.

La firma Teconsa también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama, como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006; y en la Comunidad de Madrid la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.

Pero el principal pelotazo detectado por los investigadores en la Comunidad de Madrid, y en todo el sumario de la operación Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción ligada a un partido político de la democracia, el PP, se produjo en Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López dimitió tras ser imputado por el juez. Un informe policial indica que Correa cobró 12 millones de euros en Arganda, aunque nuevas investigaciones aumentan esta cifra hasta los 20 millones de euros. En este sentido, la información suministrada por el Gobierno de Suiza explica que el pago de los 12 millones de euros a Correa por el pelotazo de Arganda se hizo desde una cuenta identificada con el nombre de "finca", cuya titularidad era del dueño de Martinsa, Fernando Martín. Estos fondos, según el informe del Estado suizo, procedían de empresas radicadas en Panamá. En el municipio de Arganda del Rey también hicieron negocio empresas consideradas intermediarias de las sociedades de Correa, como por ejemplo el Grupo Rafael. Correa preparó para el Consistorio de Ginés López la comunicación municipal del festival Rock in Rio.

Otro de los presuntos pelotazos de Correa en la Comunidad, que en los últimos días están siendo investigados, es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en la causa, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe de la Policía Judicial enviado al magistrado Pedreira, el pasado 29 de julio, aporta más información acerca de posible comisión pagada por Ulibarri tras adjudicarle el Ayuntamiento de Boadilla una parcela. En el informe explica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, y según el informe policial, Ulibarri testificó que tras denegarle inicialmente el Ayuntamiento de Madrid la licencia de obras para la construcción de unos apartamentos turísticos en el distrito de San Blas, este se puso en contacto con Gordon para que realizara gestiones para desbloquear la obra, algo que consiguió "pactando verbalmente unos honorarios de un millón de euros", según el informe.

Posteriormente, el director financiero de otra de las empresas presuntamente relacionadas con la trama, la constructora Begar, dio instrucciones para que Gordon confeccionara dos facturas por un millón a UFC. No obstante, la policía considera que el millón de euros que pagó Ulibarri no procede de la intermediación en Madrid, como alega Ulibarri, sino de la operación de Boadilla.

REGRESO AL INICIO DEL ESCÁNDALO

El caso de los ERE recupera la polémica por el pago de la Junta en Mercasevilla

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

El polémico caso de los ERE fraudulentos ha sufrido esta semana una regresión hasta su origen: las irregularidades en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 de la empresa pública Mercasevilla. De sus pólizas de prejubilación surgió hace 10 meses el primer intruso (persona que nunca trabajó en una empresa beneficiada) de una posterior lista de 72 casos con ayudas indebidas, y redimensionó el proceso para darle un ámbito regional con irregularidades detectadas en todas las provincias.

El Ayuntamiento exige a Empleo que reconozca un pago de nueve millones

Del expediente de la empresa surgió hace 10 meses el primer intruso

Ahora el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha exigido a la Junta el pago de nueve millones para ese expediente, la mayor losa financiera para la frágil economía de Mercasevilla y un abono que el Gobierno andaluz no reconoce. El enfrentamiento tardará tiempo en resolverse porque las posturas están enfrentadas y la Junta no parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Todo apunta a que el Ayuntamiento se hará cargo en solitario de las costosas pólizas de los 40 extrabajadores prejubilados. Al menos de momento y hasta que un juez ordene lo contrario.

Las pruebas del supuesto compromiso de pago de la Junta son confusas. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en la causa judicial, firmó diversos documentos en los que confirmaba que la Consejería de Empleo se haría cargo de los nueve millones en diferentes pagos, el último de ellos el día antes de dejar el cargo. Pero meses después los servicios jurídicos de la Junta estimaron que los documentos carecían de validez legal.

Desde entonces, las posturas han variado poco pero el problema está algo más cerca de dilucidarse. Empleo abrió un expediente por vía administrativa tras la reclamación de la dirección de la empresa, que ahora está próximo a culminarse, aunque lo más probable es que se cierre con un silencio administrativo por parte de la Junta. En tal caso, Mercasevilla acudirá a los tribunales para iniciar la vía contencioso-administrativa.

La batalla jurídica será enconada. El principal argumento jurídico de la empresa es que Empleo tiene una "responsabilidad patrimonial" en el ERE, porque hizo creer a Mercasevilla que asumiría el 90% del costo de las prejubilaciones y tramitó de forma irregular el expediente.

Ejemplos de ERE pagados y sin convenio firmado entre las partes hay varios, pero destaca el del restaurante Río Grande, en el que la Junta abonó 1,5 millones. Este abono de Empleo se produjo gracias a los "pagos cruzados" por los que Guerrero movía el dinero de un expediente a otro según los compromisos más urgentes. ¿Realizó el ex director general esta operación con el ERE de 2007 de Mercasevilla? De momento nadie lo sabe. Lo único cierto son dos datos contradictorios: los prejubilados recibieron de la aseguradora Vitalicio más dinero del que aportó la empresa, pero Vitalicio certificó que la Junta no había abonado cantidad alguna para este ERE. ¿Quién abonó entonces ese dinero extra?

"En Merca tenemos claro que la Junta pagará, porque hemos visto compromisos de pago calcados de otras empresas. ¿Por qué a otras empresas sí y a Merca no?", interrogan fuentes de la empresa municipal. "Si Empleo no pagaba, lo lógico es que Vitalicio se quejara. Dicho esto, la Junta no se bajará del burro", admiten las mismas fuentes. Y es que con la grave crisis nueve millones es una importantísima cantidad para Empleo. "La postura de la Junta está clara y solo nos reiteramos en la misma", insistió el consejero de Empleo, Manuel Recio.

Mientras, los prejubilados se han visto en un fuego cruzado que les llevó a protagonizar acampadas ante los prolongados impagos. Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa, recuerda que el responsable de la división Vida de Vitalicio, José Antonio Mateos, que rechazó ofrecer su opinión, les confirmó que "a los trabajadores se les había pagado a través de la aseguradora 500.000 euros de más". La solución dependerá de un juez y se retrasará al menos un año.
 
"La empresa no podrá salir adelante"

La reclamación de Zoido para que la Junta se implique en el pago de los nueve millones tiene su razón de ser en la situación de ruina que atraviesa la empresa municipal. A pesar de saber que de momento la postura de Empleo no variará, el alcalde sevillano Juan Ignacio Zoido apeló a su responsabilidad en caso de que el mercado de abastos no salga del atolladero económico en que se encuentra. "Si no lo hace estará lastrando y creando un perjuicio económico y financiero a la empresa, que no podrá salir adelante", avisó el alcalde. "Lo acordado hay que cumplirlo", sostuvo.

Zoido considera que ni la empresa ni los trabajadores deben soportar esta losa económica que complica el futuro de Mercasevilla. De momento la empresa ha encargado un estudio de viabilidad para sanear sus maltrechas finanzas. "La corrupción y el desconcierto han reinado y deben desaparecer para pasar a la historia, llegando hasta el final a la hora de descubrir todo lo que ha pasado", ha dicho el regidor.

Zoido afirmó que en este asunto será "inflexible y muy exigente" y anunció que llevará una moción al pleno municipal para buscar el apoyo del resto de los grupos políticos. La crítica situación financiera de Mercasevilla requerirá de un gran esfuerzo y grandes soluciones. Porque los débitos han venido desde diversos flancos: los mayoristas de frutas que no abonan el alquiler de su nave, las multas por el pescado inmaduro que comercian los mayoristas de pescado, los múltiples procesos judiciales que tiene abiertos la empresa... Tras la detención de la anterior cúpula por supuesta corrupción, Mercasevilla cerró el ejercicio de 2009 con pérdidas de 4,1 millones, en 2010 registró pérdidas de 381.000 euros y este año ha previsto unas pérdidas de 1,8 millones.

Estas cifras han contribuido a la deuda global del Ayuntamiento, que Zoido ha cifrado en unos 700 millones de euros "como mínimo". A pesar de ello, el alcalde ha destilado optimismo para asegurar que prevé sanearlas en un año gracias a un plan de saneamiento. "En un año se habrá contenido el gasto y saneado las arcas públicas". "A pesar de que la deuda es muy alta, se saldrá adelante aunque con muchas dificultades y apretando el cinturón".


"CASO BRUGAL"; EL 90% DE LOS INGRESOS DEL DESPACHO DEL HERMANO DE LA ALCALDESA DE ALICANTE PROCEDEN DEL PLAN GENERAL

La Policía investiga al bufete de abogados por su implicación en el 'caso Brugal'- 
El informe cifra en más de un millón de euros las ganancias relacionadas con el PGOU

E. MOLTÓ / A. BALAGUER - Alicante 

La Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial concluye en un nuevo informe del caso Brugal que "la creación y actividad" del despacho Salvetti Abogados, del que eran socios José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exedil socialista Francisco Javier Gutiérrez "estaría estrechamente relacionada con la tramitación del PGOU de Alicante", hasta el extremo de que el 90% de los ingresos de este bufete entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" en relación con la elaboración del planeamiento urbano. La Policía cifra en más de un millón de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez. De la investigación en torno a supuestas irregularidades y tráfico de influencia en la tramitación del PGOU se encarga el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante como pieza separada del caso Brugal, que se centró en sus inicios en la corrupción en torno a la gestión de la basura en la comarca de La Vega Baja (Alicante) y se extendió después al urbanismo de Alicante, con la alcaldesa y el promotor Enrique Ortiz, supuesto beneficiario de las gestiones, como principales protagonistas.

El informe policial también establece "indicios racionales suficientes" de que Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, "además de contestar las alegaciones (al PGOU) a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". La Policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión de Luis Díaz Alperi.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el pasado 14 de abril el despacho Salvetti Abogados Consultores, SL, en el marco de las investigaciones de esta ramificación del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por su presunta mediación a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.
   
Más información:

elpaís.com

"CASO OSSIFAR"; LA JUEZA PRORROGA EL SECRETO DE SUMARIO

Toma declaración a varios imputados

Efe | Palma

La jueza instructora del caso Ossifar de supuesta corrupción en la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) ha prorrogado este lunes el secreto de sumario de esta causa destapada hace un mes con una serie de detenciones, después de haber tomado declaración a varios imputados.

Según han informado fuentes jurídicas, la jueza del Juzgado de Instrucción 2 de Palma ha decretado que se alargue el secreto de las actuaciones a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que dirigió hace un mes una operación en la que se detuvo a seis personas relacionadas con el caso.

En la causa se investiga la compra en la legislatura pasada por parte de Emaya de unos contenedores soterrados a la empresa Seguridad y Limpiezas que supusieron un sobrecoste de entre 1,2 y 1,7 millones de euros frente a otras opciones más económicas.

Entre los detenidos en la operación está el exresponsable de Medio Ambiente de Emaya Germán Chacártegui, la exgerente de la empresa pública Malén Tortella y el administrador de Seguridad y Limpiezas, Juan Pocoví.

La adjudicación de los contenedores se hizo por un valor de 11.000 euros cada uno, cuando el precio medio de mercado era de unos 7.000 euros, un sobrecoste que la Fiscalía investiga por un supuesto trato de favor por parte de los políticos responsables de Emaya, empresa que estaba en aquel entonces gestionada por Unió Mallorquina.

Desde la puesta en marcha hace un mes de la operación Ossifar, la jueza ha tomado declaración bajo secreto a varias personas de Emaya.

Con la prórroga de hoy, el sumario permanecerá secreto un mes más, con lo que las partes no pueden acceder a las pesquisas que se están llevando a cabo.


elmundo.es