jueves, 27 de enero de 2011

EL JUEZ ABRE JUICIO ORAL CONTRA BELLVER POR PREVARICACIÓN

El concejal de Urbanismo de Valencia está acusado de aprobar un aparcamiento bajo un jardín protegido sin el informe preceptivo de patrimonio.-La fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación 
 Valencia 

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, del PP, está a un paso de sentarse en el banquillo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, Josep Lluís Albiñana, ha acordado la apertura de juicio oral contra el edil por los supuestos delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa. Bellver está acusado de aprobar un aparcamiento bajo un jardín protegido sin el informe preceptivo de patrimonio. Por ello, la fiscalía de Valencia solicita para él ocho años y medio de inhabilitación para cargo público al considerar que concedió de forma ilegal la licencia de construcción del aparcamiento subterráneo que afecta al subsuelo de los Jardines de Monforte, un bien especialmente protegido. Para el ministerio público, el responsable de Urbanismo de Valencia sabía que tenía que pedir un informe sobre la actuación a la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Cultura, pero no lo hizo.

La misma pena pide la fiscalía para otros cuatro imputados a los que el juez también abre el juicio oral: Pedro García Rabasa, secretario del Ayuntamiento de Valencia; Juan Casañ, jefe de servicio de Circulación y Transporte; María José Gasull, arquitecto técnico y Juan Antonio Altés, jefe de servicio de Planeamiento.

Bellver firmó en 2004 el expediente que concedió la licencia para la construcción de un aparcamiento en las calles de Severo Ochoa y de Monforte. Adjudicó la obra a una empresa de Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal. El permiso se concedió sin tener en cuenta en la tramitación que los Jardines de Monforte gozan de una protección especial que se remota a la década de los cuarenta del siglo pasado. En su declaración ante el juez, Bellver aseguró que no sabía que debía pedir el informe de Patrimonio, y señaló como responsables a los técnicos.

El auto de apertura del juicio oral indica también que el Ayuntamiento de Valencia, de cuyo equipo de gobierno forma parte Bellver, puede personarse como parte perjudicada en el proceso. Ello es así porque de culminar el proceso con una sentencia condenatoria quedaría anulada la licencia que acordó el Consistorio. Contra el auto del juzgado cabe recurso.



"CASO GÜRTEL"; FLORS PIDE A LAS PARTES QUE PRESENTEN SUS CONCLUSIONES CONTRA CAMPS

Los escándalos que afectan al PP
El juez del TSJ decidirá después si abre juicio por los regalos de 'El Bigotes' a miembros del PP y de la Generalitat valenciana.- El presidente pide al fiscal que aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves"
IGNACIO ZAFRA - Valencia

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors ha dado un plazo de cinco días a las acusaciones para que presenten sus conclusiones finales en el caso abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres ex altos cargos del PP y del Gobierno regional por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar regalos de la trama Gürtel.

Una vez cubierto el plazo para las acusaciones (socialistas valencianos y fiscalía) dará el mismo tiempo a las defensas. A continuación, Flors decidirá si cierra el caso o abre juicio oral. En 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa aunque el Tribunal Supremo ordenó reabrirla meses después.

Poco después de conocer la noticia, el propio Camps ha pedido al fiscal que aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves", en referencia a los casos abiertos contra el presidente del Congreso y el vicepresidente tercero del Gobierno y que han sido archivados. Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.

Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo. "Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.

El magistrado del TSJ rechazó recientemente la práctica de nuevas pruebas que habían pedido Camps, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Sobre todos ellos pesan las acusaciones de haber recibido regalos de la trama Gürtel.

Tras divulgarse la providencia de Flors, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, se ha mostrado convencido de que Camps se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes, aunque no antes de las elecciones. A juicio de Luna, el magistrado "ha decidido dar un paso adelante en la instrucción del procedimiento" y "lo ha hecho un poco motivado por los intentos de dilatar el procedimiento que se estaban comenzando a observar en la defensa de Camps y los otros inculpados", algo que no es "nada nuevo". Según Luna, los populares se dedican a "presentar recursos, a enmarañarlos y en este caso, es evidente que Camps tiene mucho interés en que se alarguen todos los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" a la presidencia de la Generalitat porque "aún no la tiene".

Para el portavoz socialista, las pruebas reunidas en la causa con "suficientemente contundentes" contra Camps y, a su juicio, no hay "ninguna duda" de que "acabará sentándose en el banquillo" aunque no sea antes de las elecciones. Luna ha defendido que esta situación inhabilita a Camps para ser candidato y que debería haber dejado la presidencia de la Generalitat "hace muchos meses".

A estas declaraciones ha respondido el diputado del PP en el Parlamento valenciano José Marí Olano, para quien no existen "pruebas de cargo" que justifiquen mantener abierta la causa contra el presidente de la Generalitat. El diputado ha insistido en que hay "pruebas de descargo" como los dos informes periciales que obran en la causa y "muchos" testimonios "contundentes" que justificarían que la fiscalía pidiera el archivo de la causa. Y en la misma línea de Camps, ha instado a la fiscalía a que demuestre "que actúa imparcialmente y con sujeción al principio de legalidad", ya que existe "acerbo probatorio" suficiente para el archivo.

Está pendiente, por otra parte, que el TSJ valenciano acepte o no el resto del caso que afecta a los dirigentes políticos valencianos, y que está relacionado con una presunta financiación ilegal, después de que el magistrado del TSJ de Madrid Antonio Pedreira se inhibiera y enviara el asunto a Valencia tras encontrar indicios de hasta siete delitos en la actuación de la cúpula del PP y de la Generalitat.

"CASO PONIENTE"; EMPRESA DEL EX INTERVENTOR EJIDENSE INGRESÓ 4,8 MILLONES EN SUPUESTAS COMISIONES", SEGÚN SUMARIO

José Alemán justifica ante la juez los "altos ingresos" de su sociedad y dice que eran para "ayudar a su familia" Los ingresos principales de Sistemas de Dirección SL provenían de las subcontratas de Elsur, propiedad de los principales empresarios imputados
ALMERÍA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad 'Sistemas de Dirección SL', de la que es administrador único el ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán, ingresó entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban "importantes cantidades" al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).

   Así se recoge en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado contenido en las actuaciones de la causa que instruye el Juzgado número 2 de la capital, en el que se apunta, además, que no sería "aventurado" asegurar que Alemán "ha venido utilizando a sus amistades para facilitar la contratación" del Consistorio y Elsur "hacía las sociedades que son objeto de facturación por parte de Sistemas de Dirección SL".

   Alemán, a quien la Fiscalía señala en sus diligencias, a las que tuvo acceso Europa Press, como el "cabecilla" de la presunta trama, creó un 'modus operandi' para "cobrar comisiones" consistente en "encubrir mediante la facturación de servicios, presuntamente inexistentes, a todas aquellas sociedades que las pagan por favorecer, desde su puesto en el consejo de administración la contratación de aquellas con Elsur".

   Bajo el epígrafe "enriquecimiento del ex interventor municipal", la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada detalla que Sistemas de Dirección SL tuvo como principales clientes en el citado periodo, por una parte, a dos sociedades del denominado 'Grupo Galán', que encabeza el también imputado empresario madrileño, Juan Antonio Galán, y de las que ingresó un monto aproximado de 2,17 millones de euros.

   En concreto, el dinero provino de GP Santander y Multigestión Nuevo Ejido, que a su vez facturaban a las subcontratas "irregulares" de la empresa municipal Jardines del Alcor, Jardines del Poniente, y Lobelia Gestión, que en el mismo periodo facturaron a Elsur la cuantía de 27,4 millones de euros. Figura, asimismo, en las actuaciones que la sociedad de Alemán recibió otros 334.000 euros de la Sociedad de Aparcamientos y Señalización, también administrada por Galán.

   Hay que recordar que la investigación ha determinado que, supuestamente, los distintos clanes que formaban la trama y el Grupo Abengoa llegaron a constituir un "grupo criminal perfectamente estructurado" con la "finalidad" de "retraer dinero proveniente del Ayuntamiento de El Ejido "sirviéndose" de Elsur y articulando "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar" a través de sociedades patrimoniales.

   Otro cliente principal de 'Sistemas de Dirección SL' es la empresa Contenedores Lirola, que le pagó por supuestos servicios de asesoramiento 1,8 millones de euros entre 2002 y 2007. Los tres propietarios de la empresa fueron detenidos en el mes de diciembre, dos meses después de la detención de 20 imputados, entre ellos el alcalde, Juan Enciso (PAL), y puestos en libertad tras el pago de fianzas individuales de 50.000 euros.

SERVICIOS "INEXISTENTES" Y FACTURAS "FALSAS"
   Las actuaciones subrayan el "alto costo" de los citados servicios, lo que añadido a la "escasez de personal, tanto en número de empleados como en cualificación de los mismos" lleva necesariamente a sostener a la instructora de la causa que tales servicios "no se prestan y que las facturas, en caso de haberlas, son notoriamente falsas, por ser inexistentes los mismos".

   Figura en la lista de ingresos de la sociedad del ex interventor municipal una mercantil bajo la denominación 'Colaboradora de Gestión y recaudación' que, según consta en el Registro Mercantil, tiene como objeto social "los cobros de deudas y confección de facturas". Factura casi exclusivamente al Consistorio ejidense y a Elsur y realizó pagos a Sistemas de Dirección SL por valor de más de 500.000 euros.

   En esta línea, las diligencias de investigación de la Fiscalía recogen que los fondos que recibió la sociedad de Alemán, a quien no le constan propiedades a su nombre y sobre el que se apunta una "disonancia" entre sus ingresos y los gastos que dispensa que atribuye al papel de "testaferro" de su mujer, Isabel Carrasco, fueron empleados en la adquisición de "numerosos inmuebles" y, en menor medida, a la compra de activos mobiliarios y vehículos.

   A la Agencia Tributaria le "llama la atención" pagos realizados a una agencia de viajes por valor de 177.000 y 29.000 euros o al hotel Ritz de Madrid por valor de 110.000 euros, que relaciona con la boda entre Alemán y Carrasco, también imputada, a la que acudieron como invitados algunos de los principales implicados en la presunta trama corrupta al tiempo que los enfrenta con unos ingresos declarados que en esos años no superaron los 97.000 euros anuales.  

   Concluye la Fiscalía que Sistemas de Dirección SL está compuesta por familiares y señala que la contratación de estas por parte de Alemán, quien encabeza unos de los seis clanes implicados en la presunta trama y permanece en libertad provisional tras el pago de una fianza de 600.000 euros, se debería, "además de a factores sentimentales, al ánimo de dotara la empresa de una apariencia de legalidad tendente a enmascarar una posible facturación irregular o ficticia".

   En su primera y única declaración ante la juez tras ser arrestado el 20 de octubre de 2009, el ex interventor municipal "insistió" en que las cantidades facturadas por su empresa a otras sociedades del "grupo Galán" son "cantidades normales que se corresponden con los servicios prestados y con la calidad y cantidad de los mismos. Al tiempo, justificó "los altos ingresos obtenidos" con la mercantil familiar en su intención de "ayudar a la familia y a su hermano".

europapress.es

"CASO PONIENTE"; LA TRAMA DE EMPRESAS DE EL EJIDO FACTURÓ 93 MILLONES A ELSUR

La investigación ve un grupo estructurado para desviar dinero público a seis clanesALMERÍA

La presunta trama corrupta que investiga el «caso Poniente» facturó con subcontrataciones en su mayoría «irregulares» de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), en la que el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) tiene un 30 por ciento de participación y sustentada con dinero público, alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.

Según se recoge en las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a las que tuvo acceso Europa Press, las entidades beneficiadas, administradas por los principales imputados a los que la instrucción divide en seis clanes y el Grupo Abengoa, obtuvieron unos «superbeneficios no justificados» de Elsur mediante «precios inflados» y una «sobrefacturación».

Entre los acreedores y proveedores de la empresa municipal, clave en la supuesta trama que mantuvo encarcelado durante ocho meses al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, destaca la presencia de Francisco José Aguilera, cuñado del regidor, quien facturó como persona física a Elsur en cuatro años un total de tres millones de euros, a los que hay que sumar 550. 000 euros facturados «directamente» al Ayuntamiento entre los años 2002 y 2005.

«Grupo Amate»

Sin embargo, tal y como se señala en el sumario sobre el que la jueza instructora alzó el secreto este lunes, la cuantía «más importante» de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado Grupo Amate, que encabeza el empresario sevillano José Amate, en prisión provisional tras el pago de una fianza de 600.000 euros y director económico de Elsur. Un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) señala a Amate como «individuo aglutinador» en torno a quien se gestó un «grupo criminal perfectamente estructurado» con la «finalidad» —sostiene— de retraer dinero proveniente del Ayuntamiento de El Ejido «sirviéndose» de la empresa municipal y articulando «una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar».

El «desvío patrimonial» desde las arcas municipales a Elsur, que tal y como subraya el fiscal está presidida por el regidor ejidense, y de ésta, vía canon que experimentó un incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una «facturación innecesaria» y usando métodos para «ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo».

En el caso de Amate, las sociedades a través de las que actuó son Alseconsa Indalo SL, Jarbauros Obras y Servicios SL, Merfaoran Servicios SL, Carseal Servicios SL, Francenta Servicios SL y Mafran Obras y Servicios mientras que el denominado «grupo Galán», también principal en la presunta trama, habría facturado de Elsur a través de las empresas Lobelia Gestión, Jardines del Alcor y Jardines del Poniente un total de 27,4 millones de euros.

Por otra parte, el informe establece una «relación» entre la obtención por parte del alcalde, Juan Enciso (PAL), de un premio de cerca de 100.000 euros en un sorteo de la ONCE en 2004 y un posible blanqueo de capitales, al tiempo que califica este hecho como una «constante» en los imputados.

En los ingresos que percibió Enciso, imputado por la supuesta comisión de hasta cinco delitos, entre los años 2001 y 2007 destaca, entre los «tradicionales», la percepción de 99.000 euros por el sorteo de la ONCE que se celebró el 3 de marzo de 2004, una «constante», añade, en el grupo de personas investigadas en la causa. La Agencia Tributaria resalta en su informe, al que tuvo acceso Europa Press, que la «obtención de premios en juegos de azar está estrechamente relacionado con actividades de blanqueo de capitales».

abcdesevilla.es

"CASO PONIENTE"; EL CUÑADO DE ENCISO CONSIGUIÓ MÁS DE TRES MILLONES Y MEDIO EN CONTRATOS DE ELSUR Y DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERÍA)

MIGUEL CÁRCELES Y JOSÉ MARÍA GRANADOS | ALMERÍA

La gestión económica de Elsur, la subcontratación de servicios a empresas «afines» al alcalde, Juan Enciso, y los pagos de algunas de las subcontratas investigadas a Sistemas de Dirección, una empresa del entonces interventor del Ayuntamiento de El Ejido, centran la mayor parte de los informes económicos que constan en las actuaciones judiciales incluidas en el sumario del Caso Poniente. Existen diversos informes de tributarios y de intervención de los técnicos ligados a Anticorrupción que resultan demoledores.

Un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, fechado el 4 de noviembre de 2008 asegura que «las prácticas del Ayuntamiento [...] corroboradas por los numerosos datos que constan en la documentación analizada y en los proporcionados por la AEAT [Agencia Tributaria] se ponen de manifiesto variadas y graves irregularidades».

Por ejemplo, enumera el informe, «la forma de gestión desarrollada» en Elsur «deja en buena medida al arbitrio de los subcontratistas», y éstos se habrían centrado más «en la búsqueda de beneficios por cualquier medio, lícito o ilícito, que en el desempeño de los servicios». En el informe se habla de que el Ayuntamiento ha «favorecido» la subcontratación «sistemática» de los servicios adjudicados a Elsur «puesto que los beneficiarios principales han sido personas ligadas al propio Ayuntamiento o a su círculo de intereses». Y que, «a la vista del Ayuntamiento» se habría producido una «masiva cesión ilegal de trabajadores entre las subcontratas y la empresa adjudicataria Elsur sin que el Ayuntamiento lo haya impedido».

«El Ayuntamiento se ha dotado de un instrumento que amplía considerablemente el campo de actuación de los subcontratistas de su círculo de intereses», asevera el informe de los técnicos del Ministerio. Resume el documento que, de este modo, con Elsur, el Ayuntamiento «crea una empresa con minoría pública, lo que la exime de los procedimientos y controles públicos, manteniendo el control de la gestión». Y que dicha compañía –cuya propiedad comparte con Agua y Gestión de Servicios Ambientales, una empresa mayoritariamente participada por el Grupo Abengoa que ostenta el 70% del capital social– no tiene estructura para poder «ejercer los servicios y actividades asumidas». Por ello, subcontrata «incluso las prestaciones principales». Ylas empresas subcontratadas, al menos las que pertenecen a los tres grupos mayores beneficiarios –dice el informe– «se benefician de una gestión complaciente con sus intereses». Algo que les permite «una facturación sobrevalorada con servicios inexistentes o manipulados».

De la documentación analizada entonces por los técnicos de Hacienda, surgen «varias referencias a empresas pertenecientes o vinculadas, directa o indirectamente al alcalde o a otros cargos del Ayuntamiento». Por ejemplo, la de Francisco Javier Aguilera Callejón. «Es cuñado del alcalde», advierte de primeras el informe, que continúa alertando de que «ha realizado y facturado servicios para el Ayuntamiento y para Elsur». Concretamente, según la tabla reproducida en el informe, habría recibido 3.589.000 euros «redondeados» por servicios prestados, bien al Ayuntamiento, bien a Elsur, entre los años 2002 y 2007. Los servicios prestados por Aguilera a ambas entidades durante esos seis años «además de aumentar fuertemente, se han ido desplazando hacia Elsur, de forma que en 2006 ya no aparece facturación al Ayuntamiento», informa la Intervención General del Estado.

Sin embargo, advierten los técnicos de Hacienda que «las obras y servicios adjudicados lo han sido sin publicidad ni concurrencia, requisitos exigidos en toda contratación de las Administraciones Públicas». Y además, que se «ha fraccionado el gasto en pequeñas partidas», algo que les habría permitido «eludir buena parte del procedimiento de contratación». «El fraccionamiento está prohibido», sancionan los técnicos.

Además, también se habrían detectado otras irregularidades. «Se han incumplido en puntos esenciales el procedimiento establecido para la aprobación del gasto» y «los precios de los servicios prestados y las unidades de obra o servicios realizados son los que factura el contratista, que son admitidos sin contraste por la administración».

«Repartidor de negocio»
El documento elaborado por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, habla de que «en los datos analizados» predominan los pagos a las subcontratistas «lo que concuerda con el papel asignado a Elsur como intermediario repartidor del negocio que surge de la gestión de los servicios públicos y de las obras y servicios del Ayuntamiento». De este modo, relata que los principales grupos empresariales en torno a los que gira la investigación habrían facturado a Elsur más de 90 millones de euros entre los años 2002 y 2007. El que más, el que el informe denomina como «grupo Amate». Sus seis sociedades (Alseconsan Indalo, Jarbauros Servicios, Merfaoran Servicios, Mafran Obras y Servicios, Carseal Servicios y Fracenta Servicios)«han facturado a Elsur» durante el sexenio investigado «un total de 41,2 millones de euros». Le seguirían las empresas del «grupo Galán» (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión), que según los técnicos del Ministerio habrían facturado a Elsur casi 27,4 millones entre 2002 y 2007.

Además de la facturación del cuñado del alcalde, Francisco Javier Aguilera –cifrada en Elsur en unos 3 millones de euros– también se agregan las empresas del «grupo Abengoa». «Ha facturado a través de 3 sociedades un total de 21,2 millones de euros» en los seis años analizados por el documento. «Los datos que constan en la documentación reflejan que no cobra dividendos, a los que tendría derecho como titular del 70% del capital». Así, los técnicos estatales plantean «como hipótesis» que «cabe sospechar que las cantidades cobradas por el grupo Abengoa podrán corresponder a una compensación por renunciar a la gestión de Elsur y al cobro del 70% de los beneficios».

Otro informe de esta misma unidad, en esta ocasión fechado dos meses después, en enero de 2009, habla de una sobrefacturación en las subcontratas de Elsur. «Si sumamos las cantidades que se recogen en nuestros informes [...] referidas a las subcontratas de los grupos Amate y Galán como pagos a patrimoniales, pagos a facturadores falsos y ‘moduleros’, podemos estimar en al menos 10.000.000 de euros el sobreprecio acumulado del canon», informan los técnicos del Ministerio de Hacienda en otro documento también incluido en el sumario del Caso Poniente.