martes, 1 de mayo de 2012

"CASO GÜRTEL"; LA AGENCIA TRIBUTARIA DENUNCIA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN MADRID

Esperanza Aguirre, José María Aznar y Alberto Ruiz-Gallardón, en el mitin de cierre de la campaña de 2003, cuyos actos fueron pagados con cargo a Fundescam. / ULY MARTÍN
Un informe remitido a la Audiencia destapa facturas falsas de actos electorales

María Fabra Castellón

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Caso Gürtel
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Corrupción política
   

“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.

Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación.
Documentos de Special Events que cubrieron los gastos del congreso de Madid (70.000 euros).

El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y 2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”, indica.
Documentos de Special Events que justificaron la campaña electoral de Madrid (18.000 euros).

En otra factura, presentada por Special Events a Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de presentación de candidatos en Móstoles.

La campaña de las elecciones regionales de Madrid y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza Aguirre.
Documentos de Special Events para justificar los gastos de las elecciones generales (57.600 euros).

Las referencias que incluye en su informe la Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral, en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el “transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.

Tras detectar estas irregularidades, la investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y 2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados por empresarios.

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URDANGARÍN Y SU EXSOCIO OFRECEN AL FISCAL UN PACTO PARA ELUDIR LA CÁRCEL



Los correos que Torres llevó al juez han forzado las negociaciones

Jesús García / Andreu Manresa Barcelona / Palma de Mallorca

Iñaki Urdangarin y Diego Torres quieren enterrar el hacha de guerra. El duque de Palma y su exsocio están tratando de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño que han causado al erario público. A través de personas de su entorno, el yerno del Rey ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP.

Desde hace unas semanas, Urdangarin y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración.

El principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dos debe asumir la mayor parte de ese desembolso. En su declaración ante el juez José Castro, Urdangarin afirmó que desempeñaba un papel “institucional” en Nóos y descargó toda la responsabilidad en Torres. La tesis del esposo de la infanta Cristina, sin embargo, ha sido desacreditada por decenas de testigos e imputados en la pieza separada del caso Palma Arena.

El pago de los 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que, si se llega a una conformidad, pueda aplicarse a Urdangarin y a Torres la atenuante de reparación del daño. La mayor parte de ese dinero procede de la organización de los eventos Fórum Illes Balears y Valencia Summit. Durante su etapa al frente de Nóos, ambos lograron adjudicarse, a dedo, contratos por casi seis millones de euros con los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en manos del PP.

Urdangarin y Torres negocian entre sí para presentar una propuesta conjunta a la fiscalía, que podría dar su visto bueno a cambio de que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo de los dos imputados es que, si se impone una pena privativa de libertad, esta sea inferior a los dos años de cárcel, de forma que puedan eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se impone la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la Monarquía. Según fuentes judiciales, el yerno del Rey podría ser juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El delito de evasión fiscal por un cobro a través de una cuenta en Suiza no formará parte, en principio, de la acusación, ya que la cantidad defraudada no supera la cuota mínima que fija el Código Penal.

En los próximos días, el abogado del duque, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, mantendrán entrevistas con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para abordar ese asunto. Los encuentros los realizarán cada uno de ellos por separado, en fechas distintas.

Los correos electrónicos remitidos por Torres al juzgado hace apenas dos semanas han cambiado el tablero de juego y han forzado las negociaciones entre los dos principales implicados. En tres de esos correos, de 2007, Urdangarin afirma que el Rey hizo gestiones como mediador para que su yerno lograse la participación de un nuevo equipo de vela en la Copa del América. “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema (...). Y que en principio no habrá problema y nos ayudarán”, dice Urdangarin en alusión a unas instalaciones del puerto de Valencia necesarias para el proyecto. El entorno de Urdangarin teme que Torres haya guardado otro as en la manga y que saque a la luz nuevos documentos que comprometan la imagen de la Casa del Rey.

‘Arrepentidos’ en el ‘caso Palma Arena’
ANDREU MANRESA

La colaboración de imputados con la justicia y los pactos de conformidad con la fiscalía son habituales. Implican confesarse culpable. Los arrepentidos declaran su implicación en supuestos delitos en investigación para beneficiarse de un mejor trato en la sentencia.

El avance de la instrucción judicial, la acumulación de indicios, suele precipitar la decisión del imputado. Por este reconocimiento, los arrepentidos merecen ser beneficiarios de atenuantes penales: reducción de los tipos delictivos y de las posibles penas. Pactan para no entrar en la cárcel o cumplir penas bajas. En especial han de reponer totalmente, más un tercio de carga, el daño patrimonial causado a la Administración si se trata de malversación, cohecho o fraude.

Hay casos en los que el colaborador/infractor de la ley debe asumir la demolición de una obra ilegal, como ha sucedido en el caso Andratx de corrupción. Un arrepentido, funcionario de Andratx, ayudó a desentrañar varias causas pero la acumulación de condenas por los delitos que confesó le llevo a cumplir cárcel.

En el caso Palma Arena, en la pieza del caso Urdangarin ya se ha dado un pacto de un arrepentido, con hechos, citas, personajes y firmas, contactos y contratos de la trama de Nóos. Así, José Luis Ballester, amigo de Urdangarin y de la infanta Cristina, pactó con fiscalía un acuerdo que perjudicó los intereses del duque de Palma.

El pacto de conformidad puede ser global entre todos los coimputados y comportar la no celebración de la vista pública. El fiscal conduce con los letrados las negociaciones y los acuerdos y los somete al tribunal, en anuencia con aquellos que están sentados en el banquillo.

El expresidente Jaume Matas, del PP, ha sido condenado en la Audiencia de Palma a más de seis años de cárcel en parte por el relato de dos coimputados, un ex director general de Comunicación de su Gabinete y un empresario publicista del entorno de confianza de Matas y del PP, que está imputado en otras piezas.

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