sábado, 5 de marzo de 2011

UNA EMPRESA DE LA TRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GERONA FICHÓ A UN IMPLICADO EN EL "CASO MILLET"

Una vidriera del Palau de la Música (Súnion vía Flickr)

EL FISCAL YA HABÍA ACUSADO A CUATRO EMPRESAS POR DESVÍO DE 40 MILLONES


@A. Fernández

El negocio de la construcción puede resultar peligroso. Eso es lo que se desprende de las vicisitudes legales que padecen algunas de las empresas que se dedican al ladrillo y, especialmente, a la ejecución de obra civil licitada por las Administraciones públicas. El cártel de empresas que formaban un pool en la provincia de Gerona y que investiga el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona así lo acredita, ya que algunas de estas compañías tienen procesos abiertos por prácticas supuestamente delictivas. Al menos tres de ellas figuran en otro sumario que sigue el mismo juzgado y que se abrió tras la querella de la Fiscalía, que las acusaba de un desvío de dinero de más de 40 millones de euros.

Estas empresas son Construcciones Rubau, Copisa y Moviterra. Esta última está controlada por FCC Construcción, lo mismo que Servià Cantó. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Generalitat, hace algunas semanas, documentación sobre adjudicaciones que han obtenido tanto Construcciones Rubau como Copisa, Servià Cantó y Moviterra. En algunos informes que obran en el sumario, se especifica que estas dos últimas pertenecen a FCC.

Construcciones Rubau, una empresa familiar gerundense que preside Jorge Rubau Comalada, es una de las más importantes que aparecen en la trama ahora descubierta en Gerona. En 2001, formó una UTE con FCC Construcción, Ferrovial y Copisa (otra de las compañías ahora investigadas) para la construcción del Dique Este del Puerto de Barcelona, una obra casi faraónica adjudicada en aquel mismo año. Cuando el Tripartito llegó al poder, las constructoras intentaron cobrar 40 millones de euros más por la plataforma adosada al dique, que supuestamente ya estaba presupuestada en la adjudicación de la obra inicial.

La dirección de la institución se negó y entabló un pleito con ellas. Al final, el hasta hace poco presidente del Puerto, Jordi Valls, realizó un informe que acabó entregando al fiscal y éste, a su vez, presentó una querella por supuesto desvío de más de 40 millones de euros contra las cuatro constructoras que formaban la UTE.

Paralelamente, Hacienda descubrió supuestas facturas falsas de entrega de material. Resulta que los bloques de piedra que se habían comprado eran tantos que podrían dar para “varias pirámides”, según manifestaron a El Confidencial fuentes del Puerto de Barcelona. De ello se deducía que no habían comprado realmente ese material, sino que habían utilizado empresas pantalla para confeccionar las facturas y simular la entrega de los bloques. El tema está todavía bajo investigación.

Adjudicación de la T1 del Prat
Según la documentación del juzgado número 5, Construcciones Rubau recibió, sólo en los dos últimos años, unos 10 millones de euros en obras públicas de la demarcación de Gerona. Pero eso es una bagatela para lo que se ha embolsado en esta última década. Para empezar, también formó parte de la UTE -junto a Ferrovial y FCC Construcción- que se adjudicó el edificio de la terminal 1 del aeropuerto del Prat (525.500 metros cuadrados más 12.000 plazas de aparcamiento, 1.285 millones de presupuesto), que comenzó en el 2004. Allí trabajaron también otras dos UTES en las que se encuadraban, entre otras, Necso, OHL, Copcisa, Dragados y Comsa.

En Gerona, se adjudicó la construcción de la Audiencia Provincial en mayo de 2009 por más de 2 millones de euros, la construcción del Polígono industrial Sur de Figueres, en la misma provincia o la construcción del colegio La Draga en Banyoles. Pero su actividad no se circunscribe a la capital catalana y a Gerona, sino que se extiende más allá: en febrero de 2009, el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) le encargó la construcción del instituto Pi del Burgar por 4,76 millones de euros y en esta localidad también edificó el año pasado el centro de asistencia primaria, presupuestado en más de 5 millones. También remodeló la carretera de Reus a Salou por 735.000 euros. Recientemente, se hizo con el proyecto de nuevas áreas infantiles y la pista de patinaje del Parque Güell en Barcelona, contrato concedido por el Ayuntamiento de la ciudad, por algo más de medio millón de euros.

No se queda ahí la cosa: en mayo de 2006, Construcciones Rubau le robó el director general de Construcción a Ferrovial, Pedro Buenaventura, que hoy forma parte del consejo de la constructora gerundense y es consejero delegado solidario. Sería un fichaje más si no fuese porque en el año 2009 estalló el escándalo del Palau de la Música. Y salieron a la luz las cartas cruzadas entre Pedro Buenaventura y Fèlix Millet, el ex presidente del Palau, sobre adjudicaciones de obras y el pago del 4% de comisión a la institución musical.

Parte de este dinero podría haber acabado en la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Buenaventura tuvo que ir a declarar incluso a la comisión de investigación parlamentaria abierta el año pasado, ya que de los correos y las cartas cruzadas se deducía que la constructora recompensaba generosamente las adjudicaciones que le concedía la Generalitat. El juez debe decidir en breve si imputa al ex ejecutivo de Ferrovial, tal y como solicitó el fiscal.

Por su parte, Copisa, de la que la Fiscalía ha pedido también documentación al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, es una de las más potentes que operan en Cataluña. En 2007, por ejemplo, construyó la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú. Una de sus obras más emblemáticas, sin embargo, es el Hospital Transfronterizo de Puigcerdà, que construyó juntamente con Agefred. Esta obra fue presupuestada en casi 27 millones de euros. El ex consejero y actual líder de Reagrupament, Joan Carretero, fue nombrado por Pasqual Maragall codirector de este hospital incluso antes de comenzar su construcción, por lo que se embolsaba casi 30.000 euros anuales. Cuando supo que iba a estallar el escándalo de que cobraba estos emolumentos además de su sueldo de más de 90.000 euros anuales como médico que sólo estaba obligado a trabajar dos horas al día, abandonó el cargo.

En julio del año pasado, Copisa también resultó agraciada por la adjudicación de una variante en el pueblo pirenaico de Gerri de la Sal, donde formó UTE con TAU Ingeniería y Construcciones Especiales. Se trata de construir un túnel de 980 metros, un viaducto de 96 metros, un puente de 33,80 metros  y un paso inferior. Todo por 46,2 millones de euros. Paralelamente, concurre a obras locales de mucha menos envergadura: En Canet de Mar, logró las obras de la riera Gavarra en febrero del 2009 por 2,8 millones de euros, realizó diversos acondicionamientos de carreteras y hace seis meses se adjudicó la construcción de un jardín en el recinto de Llar Mundet, en Barcelona, por 222.000 euros.


"CASO SCALA"; UN IMPUADO COBRÓ 45.000 EUROS POR "ASESORAR CHARLANDO"

Josep Juan Cardona, izquierda, con su letrado Josep Zaforteza.  MIQUEL MASSUTI
Uno de los colaboradores externos del CDEIB asegura que su trabajo fue hablar de perlas con otro proveedor - Según la juez, el asesor oral cobró del Govern del PP entre 2004 y 2007

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA

Un imputado en el caso Scala, la presunta trama de desvíos millonarios de fondos públicos en un consorcio del anterior Govern del PP, cobró 45.000 euros por "asesorar sobre perlas" a otro encausado, según destaca la juez Piedad Marín en el auto donde da pie a la apertura de juicio oral por esta causa. La magistrada analiza con detalle las facturas pagadas por el consorcio CDEIB (dedicado a la promoción de productos de Balears) por estos "trabajos", que se camuflaron como si fueran informes sobre la industria perlera.
 
El empresario Pedro Veny está entre los 18 imputados por el caso Scala. Según la fiscalía anticorrupción, el exconseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona (principal encausado) ordenó a la gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, que fichase a Veny para que cobrase unos 16.000 euros al año porque venía recomendado por el alcalde de Manacor, Antoni Pastor.
 
Veny era en 2004 directivo de Perlas Orquídea, y el vicepresidente del CDEIB, Kurt Viaene, y la gerente del consorcio, pensaron en que hiciera estudios sobre perlas. Así se hizo, pero los estudios que costaron 45.000 euros nunca han aparecido.
 
De acuerdo con la juez, el propio Veny asegura que hizo su trabajo y que se reunió en varias ocasiones con otro proveedor del CDEIB, el encausado Arnoldus Mateo Van de Hurk, para "asesorarle charlando" sobre perlas. Van de Hurk era socio de Felipe Ferré, exedil del PP en Lloseta y sobrino político del entonces president del Govern Jaume Matas.
 
Veny facturó al Govern entre 2004 y 2007 un total de 45.000 euros por hablar de perlas con Van den Hurk, pero este último sostiene que mantuvo una única entrevista de 3 horas en 2004 con él.

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"CASO VOLTOR"; JULVE NIEGA HABER DESVIADO FONDOS COLOCANDO A PERSONAS EN EL CONSELL

La exportavoz de UM pide declarar voluntariamente ante la juez del caso Voltor Carmen Abrines

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA

Catalina Julve, la exportavoz de Unió Mallorquina (UM), niega haber malversado fondos públicos colocando a varias personas en un consorcio público del Consell, sin que estos empleados llegasen a efectuar trabajo alguno, como se investiga en una pieza separada del caso Voltor, una presunta trama de corrupción. Julve, defendida por el letrado Gabriel Garcías, ha solicitado declarar voluntariamente ante la magistrada de instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines para dar su versión sobre los hechos.
 
La juez del caso Voltor ha abierto la pieza separada número 13 donde se investigan presuntas malversaciones de caudales y otros delitos y donde figuran como imputados, además de Julve, los exconsellers de Turismo del Govern Miquel Nadal y Francesc Buils, el exgerente del Consorcio Insular de Informática (Cilma), Eugenio Losada; así como otros antiguos cargos de UM, como Coloma Castañer y Eugenia Cañellas.
 
Julve ya estaba encausada en otro asunto sobre presunta corrupción pública, el caso Cloaca, del que ayer se levantó el secreto de sumario. En el caso Voltor, la también exconsellera insular de Medio Ambiente del Consell de Mallorca no aparecía hasta el momento imputada.
 
Según la jueza, los encausados, entre 2005 y 2007, cuando ocupaban puestos de responsabilidad en el Consell de Mallorca, propiciaron que 35 personas cobraran su sueldo como empleados de dicha institución sin hacer trabajo alguno para ella.
 
A Catalina Julve se le atribuye, en concreto, enchufar a 7 personas en su calidad de presidenta de la dirección insular de Cooperación Local, siendo secretaria de ese organismo Coloma Castañer. Estos empleados, teóricamente, se dedicaron a el proyecto Encuesta Insular de Cooperación Local (EIEL) y percibieron entre 7.000 y 12.000 euros por cabeza.
 
Algunos de los enchufados en el Consell ya estaban siendo investigados en el caso Maquillaje, en relación a trabajos realizados para UM y pagados por proveedoras de las instituciones gobernadas por ese partido. Eugenio Losada, defendido por Francisca Pol, está colaborando con la fiscalía anticorrupción y ha aportado documentos sobre la presunta trama.

diariodemallorca.es

LA FISCALÍA DEL ESTADO AFIRMA QUE TRABAJA EN EL "CASO DE LOS ERE"

Conde-Pumpido asegura que Anticorrupción y Asuntos Económicos colaboran con el fiscal de Sevilla

REYES RINCÓN - Sevilla 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que su departamento trabaja y colabora en los casos de jubilaciones irregulares con fondos públicos destinados a expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía.
 
El fiscal ha afirmado que Anticorrupción no está trabajando directamente en el caso ERE y sí en Gürtel porque el PP presentó una denuncia en Sevilla y el proceso exige que sea la fiscalía de la capital andaluza la que actúe. No obstante, ha dicho que ha dado orden para que trabaje el delegado Anticorrupción y el de Asuntos Económicos. "No se puede decir, por lo tanto, que no se está trabajando", ha afirmado.

Sobre las acusaciones de doble rasero a la hora de actuar en los casos que afectan al PP y a los del PSOE, el fiscal ha sido tajante: "Tenemos dos varas de medir: la de los delincuentes y la de los inocentes".

Las explicaciones no han convencido al secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien ha calificado de "no decente" e "injusto" que el Gobierno esté haciendo la "vista gorda" con los presuntos ERE irregulares de la Junta de Andalucía y que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Inspección de Trabajo "todavía" no hayan "movido un papel" para investigar el caso.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Pons ha recordado que "todos los días" hay un "número creciente" de jubilaciones y de subvenciones "falsas" así como, ha apostillado, de dinero con el que se han pagado pensiones "por la cara" a los "amigos y amiguetes" del PSOE.
   

"CASO ASTAPA"; EL JUEZ ASEGURA QUE ESTÁN PENDIENTES NUEVAS DILIGENCIAS

Corrupción en Estepona

Europa Press | Málaga

El titular de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Jesús Torres, encargado del caso 'Astapa', contra la corrupción en dicho municipio, ha asegurado que en esta causa se están gestando nuevos informes y "pesquisas de variada índole" de cara a que se pueda acordar "al menos tres diligencias de investigación añadidas" en relación con esas investigaciones.

A través de un auto, dictado el 23 de febrero, se justifica "la imposibilidad" de levantar el secreto de las actuaciones en que la actividad policial e instructora "es incesante" en una causa "muy compleja" por la naturaleza jurídica de los hechos, por "innumerables flecos de la investigación conexos unos con otros" y por el amplio número de imputados, unas 70 personas.

Por esto y con el fin de "no frustrar el éxito de la investigación que sigue adelante y en una buena dirección", el instructor acuerda a través de dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, prorrogar el secreto respecto de determinados tomos, tanto de los autos principales como de las piezas documentales, hasta que se hayan completado las diligencias.

Recuerda que se están haciendo diligencias "que afectan a la práctica totalidad de los imputados", las cuales tienen "dificultades añadidas tan o igual que la propia causa", lo que, explica en el auto, "implica un tiempo" para llevarlas a cabo, precisando que el juzgado "está haciendo y poniendo todos los medios a su alcance para que una vez realizadas, levantar íntegramente el secreto".

En esta causa, que tiene casi 70 imputados, entre empresarios y políticos, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".

La operación policial se llevó a cabo en junio de 2008 e ingresaron en prisión el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre durante seis meses.

Levantamientos
El primer levantamiento del secreto sumarial se produjo en junio de 2009, tras lo que se prorrogó esta medida hasta septiembre del mismo año. En febrero y en mayo de 2010 se produjeron nuevos levantamientos parciales de las actuaciones, para continuar con el secreto hasta octubre de 2010, cuando se acordó el levantamiento de 10 tomos de la parte principal y 12 de las piezas documentales.

Posteriormente, en autos sucesivos, se acordó mantener el secreto que persiste sobre los tomos 22, 24, 27, 31 y del 38 y siguientes de la causa principal; y de los tomos 17 en adelante de las piezas documentales.

elmundo.es

VIERA, EXCULPADO EN EL CASO DEL LOCAL DE CORREOS DE BURGUILLOS QUE USABA EL PSOE

El juez se vio obligado a admitir la personación del PP

* El PSOE usufructuó durante 16 meses un local de Correos sin pagar nada
* El ente postal, a su vez, disfrutó de un espacio en un edificio municipal
* El PP había dirigido la denuncia contra Viera como secretario del PSOE

Efe | Sevilla

El juez de Sevilla que investiga presuntos delitos en el uso gratuito por parte del PSOE de un local de Correos en la localidad sevillana de Burguillos ha excluido de la causa al secretario del partido en Sevilla, José Antonio Viera, por falta de indicios de que interviniera, directa o indirectamente, en los hechos.

El abogado de Viera ha informado este sábado a Efe de que el juzgado de instrucción 13 de Sevilla ha archivado la causa respecto a Viera en los delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos.

Viera, ex consejero de Empleo de la Junta, fue denunciado por el PP pero su posible imputación se dejó en suspenso, dada su condición de aforado por ser senador.

Ahora, el juez entiende que de las diligencias practicadas no ha surgido ningún indicio que permita afirmar que Viera influyera, directa o indirectamente, para que su partido siguiera utilizando de forma gratuita el local propiedad de la empresa estatal.

Esta resolución se ha producido después de que el pasado 16 de febrero la Audiencia de Sevilla ordenase al juez admitir la personación del PP como acción popular y continuar la causa por apreciar indicios de tres tipos de delitos.

La Sección Tercera de la Audiencia dijo entonces que existen indicios de que el PSOE de Burguillos instaló su sede en un local de 160 metros propiedad de Correos "sin contraprestación económica alguna" desde el 4 de julio de 2008 hasta octubre de 2009, es decir "más de 16 meses".

A la vez, desde noviembre de 2007 Correos utilizaba como oficina un local ubicado en el edificio municipal Carmen Laffont de la localidad, sin que conste que "pague nada por el uso de dicho local" al Ayuntamiento gobernado por el PSOE.

Por ello, el auto judicial concluyó que estos hechos "pueden ser constitutivos de delitos de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias", por lo que "se hace necesaria la práctica de diligencias".

En la causa han sido denunciados el ex alcalde Jose Juan López (PSOE), el secretario local del partido, Jose María Fernández Brenes, la actual alcaldesa Mariana Pérez Fernández (PSOE) y el teniente de alcalde José Antonio Santos.

CUATRO PREJUBILADOS DE MERCASEVILLA EN EL ERE DE 2007 ENTRE LOS 33 NUEVOS INTRUSOS

Datos remitidos por la Consejería de Empleo

Europa Press | Sevilla

Hasta cuatro prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla figuran entre los 33 nuevos casos elevados por la Consejería de Empleo al Juzgado.

Estos datos son fruto de la investigación interna impulsada por el departamento de Manuel Recio acerca de posibles fraudes o irregularidades en las prejubilaciones consumadas mediante los incentivos librados por el que fuera director General de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para la reestructuración de empresas en crisis.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que figuran en esta partida cuatro prejubilaciones comprendidas en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla.

Hay que recordar que la investigación judicial sobre los expedientes de regulación de empleo subvencionados de la Junta se inició después de que se descubrieran irregularidades en el ERE de 2003 de Mercasevilla.

El propio ERE de 2007 de la sociedad mixta Mercasevilla figura entre las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya en cuanto al posible delito societario perpetrado en la gestión de esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.

Ya la juez había censurado en un auto la prejubilación de dos trabajadores de la Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos en este expediente de regulación de empleo en el que, en total, fueron prejubilados cuatro empleados de la Fundación.

Los trabajadores de la Fundación Socioasistencial prejubilados en el ERE de 2007 son, según ha recordado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO): Fernando R., José Luis T., Antonia H. y Eduardo C., si bien Domínguez había defendido estas prejubilaciones porque tal posibilidad figura "en el acuerdo" del procedimiento.


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"CASO GÜRTEL"; PANERO COBRABA A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS LOS REGALOS QUE LE HACÍA CORREA

Según un informe

Efe | Madrid

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, incluyó cláusulas "ficticias" en los contratos de adjudicación a empresas afines a la red Gürtel, de modo que éstas financiaran los viajes personales, prendas de vestir o televisores que le había regalado el responsable de la trama, Francisco Correa.

Esa es la conclusión a la que ha llegado la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en un informe, fechado el pasado día 1, que ha remitido al juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.

El informe analiza los contratos adjudicados entre 2001 y 2008 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) a las empresas Sufi S.A. y Construcciones y Contratas por servicios de recogida de residuos urbanos.

Según la Policía, estas sociedades acabaron pagando los gastos particulares que Correa había financiado a Gónzalez Panero, así como los actos y eventos del PP en esta localidad organizados por la trama de corrupción.

La UDEF cree que la "red Gürtel" actuaba como "canalizadora y ejecutora de la operación" con el siguiente "modus operandi":

Correa prestaba los "servicios turísticos" al exalcalde a través de su agencia, Pasadena Viajes, le compraba prendas de vestir y otros regalos -como un televisor de plasma- a nombre de su empresa Special Events, y después anotaba la cantidad "a facturar" a las empresas adjudicatarias de los contratos por conceptos de "publicidad".

Además, Correa se encargaba también de diversos eventos que le encargaba el PP de Boadilla y que posteriormente cobraba a las empresas que conseguían contratos por unos "supuestos servicios prestados".

"Es la organización de Francisco Correa y no el Ayuntamiento de Boadilla del Monte la que establece los conceptos e importes" a facturar a sociedades como Sufi y Fomento de Construcciones y Contratas "tomando como referencia el coste de los servicios efectuados de carácter particular y privado" de González Panero, dice la Policía.

En el pliego de contratación que el Ayuntamiento firmaba con las empresas se incluía una cláusula no relacionada directamente con la prestación del servicio que era objeto del contrato y que se asignaba de forma "ambigua" a campañas informativas y de concienciación ciudadana sobre el trabajo a realizar.

Un extremo que ayer confirmó ante el juez el presidente de la empresa Sufi S.A, Rafael Naranjo, que explicó que pagó una comisión de un millón de euros por un contrato, ya que el PP incluía en sus pliegos de condiciones una cláusula de un 2 por ciento del presupuesto de la adjudicación por campañas de comunicación.

La Policía ha comprobado que en los archivos de la memoria encontrada al supuesto contable de la trama, José Luis Izquierdo, figuran las facturas de viajes a Miami, gastos de alojamiento, billetes de avión, estancia en un hotel en Mijas, así como el pago de prendas de vestir, calzado y complementos que las empresas de Correa pagaron a González Panero, a su mujer y a su hija.

El informe asegura que tanto Sufi como Fomento de Construcciones y Contratas abonaron 49.194 euros cada una para hacer frente a esa cláusula, que según la Policía servía para financiar "gastos particulares del alcalde y de su formación política prestados a ésta directa o indirectamente por la organización de Correa".

La Policía no ha encontrado, sin embargo, ningún documento que refleje la percepción por parte de Correa de alguna cantidad de dinero procedente de González Panero.