miércoles, 1 de junio de 2011

"CASO GÜRTEL; EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 15 MILLONES A CORREA PARA QUEDAR EN LIBERTAD

Francisco Correa, a la salida del juzgado. / ÁLVARO GARCÍA
El juez justifica que haya estado todo este tiempo en prisión por el riesgo de fuga
La instrucción está casi concluida y se ha disipado el riesgo de destrucción de pruebas
Se le impondrán medidas de control electrónico personal, telemático, magnético y otras
El abogado de Correa dice que recurrirá la fianza porque es "una barbaridad"
Lee el auto de puesta en libertad de Correa

José Antonio Hernández Madrid
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   Francisco Camps  Francisco Correa Sánchez

El juez instructor del caso Gurtel, Antonio Pedreira, ha acordado la libertad con fianza de 15 millones de euros para el cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez entiende que cabe imponerle una fianza dado que la instrucción está prácticamente concluida y se ha disipado el riesgo de destrucción de pruebas. Pedreira justifica su decisión en que quiere "evitar una apariencia de parcialidad en la sociedad democrática".

Con respecto a la fianza -la segunda más alta de la historia judicial española- Pedreira estima en el auto de libertad que “Francisco Correa Sánchez tiene a su disposición una ingente cantidad de dinero, es el cabeza de la trama Gürtel y su fortuna era superior a la de cualquier imputado que se encuentre dentro de la causa". José Antonio Choclán, el abogado de Correa, ha respondido: "¿En qué se basa para decir que tiene esa cantidad? Es una percepción subjetiva sin corroboración objetiva. No hay dato objetivo para sustentar esa fianza". El abogado defensor ya ha anunciado que recurrirá la fianza porque es "una barbaridad" y una "salvajada".

El abogado de Correa ha anunciado recurrirá la fianza porque cree que es "una barbaridad"
El juez que instruye el caso entiende que las comisiones rogatorias enviadas a varios países,en las que se han recuperado en torno a 24 millones de euros, ya han concluido. Pedreira considera que cabe la posibilidad de que las fuerzas del orden adopten medidas de vigilancia sobre Francisco Correa (cuyo apellido traducido al alemán dio nombre a la operación), lo cual evitaría el riesgo de fuga. El Tribunal de Derechos Humanos, según el auto de libertad, evalúa el riesgo de fuga como algo que no debe ser tratado "aisladamente".

Resulta necesario tener en cuenta otro serie de factores, tales como el carácter de la persona, su moral, su hogar, su profesión, sus posesiones, sus vínculos familiares y toda clase de vínculos con el país en el que está siendo acusado, cuyo análisis confirmará la existencia del riesgo de fuga o determinará que no es necesario mantener la prisión preventiva.

Correa era el único de los tres cabecillas de Gürtel a los que la justicia había denegado la libertad bajo fianza

El riesgo de fuga decrece en la medida en que el tiempo transcurrido en prisión preventiva pueda luego descontarse del cómputo total de la sentencia. Si la prisión preventiva no se considera razonable en los términos analizados, cabe decidir la libertad de la persona detenida hasta el momento de la celebración del juicio, a cambio de que ofrezca garantías que aseguren su comparecencia, según asegura el auto hecho público hoy.

La garantía más común a este respecto es la prestación de fianza, fianza cuyo objetivo es asegurar la presencia del acusado ante el juez, y no la reparación del daño que la comisión del delito haya ocasionado.

Es la quinta vez que Correa, en prisión desde el 12 de febrero de 2009, pide la libertad desde que fue ingresado hace dos años. Actualmente se encuentra encarcelado en el penal de Soto del Real (Madrid). El cabecilla del caso Gürtel, de serle concedida la libertad, debería presentarse ante el juez los lunes y viernes de cada semana, se le retiraría el pasaporte y se le prohibiría abandonar el territorio nacional. También se le impondrán medidas de control electrónico personal, telemático, magnético y otras para contrarrestar el riesgo de fuga.

Francisco Correa era el único de los tres cabecillas de la trama Gürtel a los que la justicia había denegado la puesta en libertad bajo fianza. Antoine Sánchez, primo y testaferro de Correa, salió de la cárcel tras abonar una fianza de 40.000 euros que empezó siendo de 600.000. El número dos, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, sigue en prisión, aunque el juez rebajó su fianza de 1.200.000 a 600.000.

El pasado 8 de abril la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) volvió a desestimar los últimos recursos presentados por Correa y Crespo para que se les dejara en libertad provisional. Los magistrados Francisco Vieira y José Manuel Suárez Robledano –el juez Emilio Fernández Castro emitió un voto particular discrepante- entendieron que había grabaciones telefónicas que revelaban los intentos de Correa de huir de España antes de su detención en febrero de 2009 para asentarse en Colombia o Panamá, donde tiene inversiones inmobiliarias. En su escrito el tribunal recordaba que a Correa se le atribuyen delitos continuados penados con más de dos años de cárcel.
 
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"CASO BRUGAL"; UN INFORME POLICIAL SOSTIENE QUE ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU

Pudo acceder a él mientras se estaba redactando

El informe sugiere que el empresario podría haber obtenido copia del PGOU
Se basa en conversaciones y encuentros de Ortiz con Castedo y Díaz Alperi
Castedo defiende que Ortiz no obtuvo beneficio ni información privilegiada
Añade que ha estado en casa de Ortiz, 'como en la de otros empresarios'

Europa Press | Alicante

Un informe policial de la pieza separada del caso Brugal, relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, apunta a que el empresario Enrique Ortiz, uno de los principales investigados, podría haber tenido acceso al planeamiento durante su redacción, aunque la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, indica que el informe refleja que el constructor "no consigue lo que pretende", por lo que no hay información privilegiada.

El informe, publicado este miércoles por el diario Información y recogido por Europa Press, se basa en varias conversaciones y encuentros entre el empresario, el exalcalde Luis Díaz Alperi, la alcaldesa y el redactor del plan, Jesús Quesada, entre otros, apunta a que el empresario alicantino pudo obtener información sobre el planeamiento urbano mientras se estaba redactando, incluso antes de que los propios técnicos municipales lo conocieran y posteriormente, en su exposición pública, presuntamente podría haber tenido influencia en las alegaciones y modificaciones a través del despacho Salvetti, en el que trabaja el hermano de la alcaldesa.

La investigación policial comienza en mayo de 2008 y recoge conversaciones presuntamente relativas a los intereses urbanísticos de Ortiz en la ciudad de Alicante, como el estadio Rico Pérez, APA 9, Lomas de Garbinet o Pino Ruaya, cuando aún gobernaba Luis Díaz Alperi y Castedo era edil de Urbanismo.

De entre todas las conversaciones grabadas, el informe indica que el empresario podría haber recibido la información del nuevo planeamiento en una comida celebrada el 10 de julio en un restaurante de Alicante, a la que asiste el entonces alcalde, Sonia Castedo y un hombre llamado Pablo, que la policía no ha identificado.

El informe deduce este traspaso de información por una conversación posterior entre Ortiz y uno de sus empleados: "Escucha, si te pregunta alguien por el... si tienes el plano, sea quien sea le dices que no (...), no se los enseñes a nadie". Y a continuación le pide: "Mírate ahora el plano, todos los suelos nuestros y en qué situación se encuentran, todos, incluso, hazme memoria, tómate nota (...)".

Además, de las conversaciones grabadas a Ortiz se desprende que el empresario conocía determinados detalles del planeamiento en redacción, ya que asegura disponer de "un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad" en el nuevo plan. También habla de supuestas "presiones" en una conversación de Ortiz con uno de sus colaboradores, supuestamente tras recibir información sobre cambios en una determinada parcela. "Que nos parece bien... a trabajar.

Que no nos parece bien... pues hay que esperar porque yo les estoy haciendo la presión a ellos con que si no hacen lo que les digo, no hago el campo -de fútbol, 'Rico Pérez'-".

A finales de este mismo mes, el 28 de julio, una conversación entre Ortiz y la entonces responsable de Urbanismo hace pensar a los investigadores que ya podría haber recibido los planos porque el constructor le dice que le va a dar unos planos pero ella dice que "a lo mejor" ya los tiene y Ortiz le pregunta "si te lo ha dado Luis".

En concreto, en esta conversación, el empresario insiste en cambios sobre tres parcelas para "a ver si las pintamos de azul", aunque Castedo replica: "Yo, yo de nada, eso es Jesús", en alusión al redactor del PGOU.

Una vez que Castedo accede a la alcaldía, Ortiz se queja ante ella del PGOU porque, según dice, "el tema es gordo, estoy viendo el plan general, y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos...".

Además, Ortiz y Díaz Alperi mantienen una conversación en la que el exalcalde le advierte de que no diga nada Castedo: "a Sonia, nada de nada. "(...) Sé más cosas, y sé que me..., vamos, Sonia me odia a muerte", le dice Alperi.
 
'No lo consigue'
Por su parte, Sonia Castedo ha declarado que, según se desprende del documento policial, el empresario pretende obtener esta información pero que no la consigue. De hecho, según la alcaldesa, "si todo lo que pretende el empresario alicantino del PGOU no lo consigue, dónde está la información privilegiada".

Castedo ha admitido haber estado en casa de Ortiz, como en la de "otros muchos empresarios" de la ciudad, aunque ha asegurado que no ha vuelto "para que nadie piense que puedo beneficiarle".

A este respecto, ha aseverando que "nunca" ha dado instrucciones a los redactores del PGOU y que desde que es alcaldesa "ni siquiera acudía a las reuniones de los redactores con los técnicos municipales y sólo recibía una información semanal por parte de su redactor, Jesús Quesada, y ya está".

Denuncia de Fiscalía
La Fiscalía de Alicante ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue un posible delito de revelación de secretos relacionado con el contenido del informe policial relativo a la pieza separada del caso 'Brugal', que atañe al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que publica este miércoles el Diario Información, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante continúa bajo secreto de sumario, por lo que el acusador público ha denunciado, ante el juzgado de guardia, la publicación de parte de este informe policial, todavía secreto, por parte de un medio de comunicación.

El informe publicado apunta a que el empresario Enrique Ortiz, uno de los principales investigados, podría haber tenido acceso al PGOU durante su redacción.


"CASO GÜRTEL"; LIBERTAD BAJO FIANZA DE 15 MILLONES PARA CORREA, JEFE DE LA TRAMA

Correa, trasladado para comparecer al TSJ de Madrid. | Gonzalo Arroyo
Está en prisión provisional desde febrero de 2009

El juez Pedreira toma la decisión pese a que persiste 'el riesgo de fuga'
Añade que dicho riesgo 'puede conjurarse con medidas de vigilancia'
Justifica la elevada fianza en que Correa posee una 'ingente cantidad de dinero'
Se le retirará el pasaporte y deberá comparecer en el juzgado lunes y viernes

Agencias | Madrid

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira ha decretado libertad bajo fianza de 15 millones de euros para Francisco Correa, el cerebro de 'Gürtel', la presunta trama de corrupción que ha afectado a varios cargos del PP, sobre todo en Madrid y la Comunidad Valenciana. Su abogado ya ha anunciado que pedirá una rebaja de la cantidad.

A Correa se le imputan delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

En un auto dictado este miércoles, el instructor del caso en el TSJM ha modificado la situación de prisión provisional incondicional de Correa tras declarar "procedente establecer la fianza en la suma de 15 millones de euros".

La solicitud de libertad del máximo cabecilla de 'Gürtel' había sido desestimada en varias ocasiones no sólo por el magistrado Pedreira, sino también por los magistrados que componen la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.

Preso desde febrero de 2009
Ahora, el magistrado dice que hay que tener en cuenta el tiempo que Correa lleva en prisión -fue encarcelado en febrero de 2009- y señala que, aunque persiste el riesgo de fuga "puede, razonablemente, conjurarse mediante las oportunas medidas de vigilancia, que corresponde aplicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En concreto, Pedreira reclama que se establezcan "medidas de control electrónico personal y otras que permitan contrarrestar el riesgo de fuga", en referencia a la posibilidad de implantar a Correa una de las conocidas pulseras telemáticas.

Añade además que "dado el avance de la investigación y el material instructorio allegado, no existe riesgo relevante de entorpecimiento a la instrucción, destrucción, ocultación o enervación de fuentes de prueba o medios instructorios"

'Ingente cantidad de dinero'
Pedreira justifica la elevada fianza solicitada diciendo que Correa "tiene a su disposición una ingente cantidad de dinero, es el cabeza de la trama Gürtel y su fortuna era superior a la de cualquier imputado que se encuentre dentro de la causa".

Finalmente, el instructor del caso aclara que "Correa no está en prisión por meras conjeturas o hipótesis, sino la imputación de graves indicios, así como por supuestos comportamientos, tipificados ilegalmente".

Retirada del pasaporte
La libertad provisional se hará efectiva cuando el abogado de Correa, José Antonio Choclán, abone los 15 millones de euros fijados. En caso de que los deposite, a Correa, que se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), se le retiraría el pasaporte, tendría prohibido salir del territorio nacional y debería comparecer en el Juzgado dos veces a la semana: los lunes y los viernes.

Correa y su supuesto 'número dos' Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, son los dos únicos implicados de la trama que permanecen en prisión. El pasado febrero, Pedreira decidió dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Crespo, una cuantía que todavía no ha podido abonar.

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"CASO PALMA ARENA"; EL TSJB CONFIRMA LA FIANZA DE 1,6 MILLONES DE EUROS A MATAS POR LA ADJUDICACIÓN DE LA ÓPERA

Esteban Urreiztieta | Efe | Palma

El TSJIB confirma la fianza civil de 1,6 millones de euros a Matas por la adjudicación de la ópera al arquitecto Calatrava.

La fianza fue fijada por el juez instructor del caso Palma Arena contra el expresidente balear Jaume Matas (PP) por su implicación en la pieza relativa al proyecto de ópera que encargó a Santiago Calatrava.

Según informa hoy el TSJIB en un comunicado, el alto tribunal autonómico rechaza los argumentos que esgrimía la defensa de Matas en el recurso de apelación a esta fianza, dictada para asegurar las eventuales responsabilidades civiles derivadas de esta pieza del caso.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJIB desestima asimismo la solicitud de sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones para Matas, indica la nota.

La Sala ha confirmado la medida cautelar por considerar que, en su momento, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, tuvo a su alcance indicios suficientes para la imposición de la fianza.

Respecto a la solicitud de sobreseimiento, la Sala cree que corresponde al instructor decidir si deben o no practicarse más diligencias y, de considerar acabada la instrucción, resolver sobre tal petición o sus alternativas.

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"CASO MAQUILLAJE"; UM MONTÓ UNA BASE DE DATOS ELECTORAL EN EL CONSELL QUE SE NUTRÍA DE SUS CONSELLERÍAS

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Unió Mallorquina (UM) creó una base de datos electoral en el Consell de Mallorca que se nutría de las iniciativas organizadas por sus diferentes departamentos. El partido que presidía Maria Antònia Munar ordenó a dos activistas, que cobraban con cargo a empresas contratistas de la institución insular, y que trabajaban físicamente en la sede de la calle Palau Reial, que se encargasen de confeccionar listados de "potenciales votantes".

No en vano así reza el encabezamiento de uno de ellos, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares. Esta relación de posibles adeptos a la formación nacionalista se componía de la identidad de todas aquellas personas que acudían a los actos organizados por las diferentes consellerias de la institución insular. De tal manera que la práctica que ha destapado recientemente la Operación Picnic en la Regiduría de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, la formación nacionalista ya la había puesto en práctica a gran escala en la institución insular años atrás.

UM utilizaba desde catas de vino a excursiones para recoger los datos de los asistentes. La información se volcaba en unos listados en los que se incluían el nombre y los apellidos, la dirección, el teléfono así como los distritos electorales a los que pertenecían los invitados y los códigos de la zona donde residían. A su vez se precisaba cómo se había establecido su "relación con UM", indicándose en una casilla ad hoc si eran simplemente "afines" a la formación o directamente "potenciales votantes".

elmundo.es

"CASO MALAYA"; UNA PERITO CONCLUYE QUE HAY FIRMAS ATRIBUIDAS A CORULLA QUE NO SON AUTÉNTICAS

La mayoría, de ingresos en efectivo
Europa Press | Málaga

Una perito propuesta por la defensa de la acusada en el caso 'Malaya' Montserrat Corulla, presunta testaferro del supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha concluido en un informe que hay firmas de la procesada en documentos que no se le pueden atribuir a ésta y que, por tanto, no serían auténticas.

Así, la experta ha realizado un informe pericial para lo que se le facilitaron fotocopias que cotejó con los documentos que existen en la causa, haciendo un perfil de las firmas indubitadas para comprarlo con cada una de las firmas dubitadas -en las que sí hay dudas- que se le aportaron, con el fin de ver las diferencias y similitudes y poder determinar si son auténticas o no.

En este sentido, tras analizar la documentación correspondiente, la perito, que ha comparecido este martes en el juicio del caso 'Malaya', ha ratificado su informe y ha señalado que algunas firmas "son simples garabatos y no se le pueden atribuir de ninguna manera la autoría" y otras, "a pesar de ser rúbricas, son totalmente diferentes".

Respecto a otras firmas, ha indicado que "aunque tienen más similitudes, sin embargo, a la hora de realizarla, se ha hecho de forma diferente", precisando que "tanto la inclinación como el proceso de ejecución y el final de la firma es diferente". Según la defensa, se trataría de 14 firmas, la mayoría de ellas de ingresos en efectivo.
 
El chófer
En esta sesión, ha declarado el que fuera chófer de Roca en el momento de su detención, que ha contestado a las acusaciones que el vehículo que conducía era oficial y le pagaba "el Ayuntamiento de Marbella", donde sigue trabajando; aunque también cobraba "una gratificación" que le daba el exasesor de Urbanismo, quien los fines de semana le pedía que le llevara a sus fincas.

Este testigo ha sido propuesto por el abogado del acusado Jaime Hachuel, quien le ha preguntado por la preocupación que tenía Roca por la seguridad de su hijo, que ha corroborado el chófer, quien ha aseverado que tras un día que recibió una llamada del colegio, éste comentó que iba a pedir a Hachuel que acompañara al menor. Ha dicho que el principal acusado no tenía habitualmente escolta.

Otro testigo que ha comparecido es un guardia civil que declaró como imputado en la causa, que ha manifestado que es frecuente hacer consultas a los registros a requerimiento de vigilantes de seguridad privada, intercambios informales para "prevenir delitos", asegurando que Hachuel le hizo consultas en otros empleos que tuvo y que sólo informó sobre si el coche era robado o no.

También se ha practicado otra pericial de parte, propuesta por la defensa de los acusados Gonzalo Astorqui y Julio Blasco, sobre las operaciones empresariales con las que se vincula a éstos en dos sociedades, la trazabilidad de los fondos empleados y los posibles indicios de blanqueo. Para ello, ha declarado un perito al que se le encargó analizar la documentación correspondiente.

Tras examinar en la vista muchas de las operaciones, ha concluido que no ha encontrado indicios de actos tendentes a la ocultación y que ha podido verificar la lógica que había en las operaciones, a su entender, "normales", destacando que, salvo alguna cuestión de no haber documentado, "no he encontrado cosas inusuales o que se puedan considerar habitualmente como indicios de blanqueo".

El fiscal le ha preguntado por si conocía el titular último de las sociedades que intervienen en las operaciones, que era Roca, indicando el perito que no y que no es un dato relevante a la hora de hacer su informe desde el punto de vista del blanqueo de capitales. Para este experto, este delito "más que con ocultación, tiene que ver con afloración al circuito oficial".

Por esto, ha dicho que en su informe "hemos ido a mirar de dónde venían los fondos, porque eso parecía que podía ser el indicio de la existencia de una operación de blanqueo". Ha añadido que en las operaciones y préstamos no aparece Roca como persona que ordena y canaliza estos negocios, sino que aparece en manifestaciones "como parte del consejo asesor" que se montó en una de las sociedades.

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"CASO MERCASEVILLA"; EL EX GERENTE DE MERCASEVILLA PIDE LA NULIDAD PORQUE LA GRABACIÓN FUE "TORTICERA"

Los cuatro acusados piden la libre absolución
 
La defensa de Mellet pide la nulidad de la grabación como prueba en el caso
El letrado del directivo sostiene que se hizo de manera "malintencionada"
Niega que Mellet fuese funcionario, por lo que el delito a juzgar sería estafa

Efe | Sevilla

La defensa del exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, procesado en el sumario por la presunta petición de 450.000 euros en comisiones ilegales, ha solicitado que se declaren nulas las grabaciones del soborno pues fueron hechas de forma "torticera" para provocar una serie de comentarios de los imputados.

Al concluir este martes el plazo de presentación de los escritos de defensa, los cuatro acusados han solicitado la libre absolución pero el abogado de Mellet, en un escrito de 110 folios, pide la nulidad de la grabación como prueba y niega que fuese funcionario público.

Este es el primero de los cuatro sumarios del 'caso Mercasevilla' que llega a juicio y en él están imputados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la funcionaria M.R.P. y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Las diligencias se refieren a la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza de Hostelería como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería del mercado central sevillano, que gozaba de una subvención de la Junta de 900.000 euros.

El caso fue denunciado por los empresarios, que grabaron la petición de pago de los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, realizada en enero de 2009, por lo que la Fiscalía pide para cada imputado una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa.

La defensa de Mellet, que ejerce el abogado José Manuel Carrión, dice en su escrito de calificación que los empresarios de La Raza efectuaron la grabación de manera "malintencionada, como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada", de manera que los destinatarios actuaron "de forma desprotegida" y les "arrancaron" las expresiones "de modo torticero".

En realidad -añade la defensa- los empresarios "pretendían realizar el negocio al que aspiraban: gestionar una Escuela de Hostelería sin aportar un euro ni para infraestructuras ni para el desarrollo del proyecto ni su ejecución".

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EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA, CONDENADO POR UN CENTENAR DE CONTRATACIONES IRREGULARES

CÁDIZ | Abandonó la Alcaldía por una condena anterior

Alberto Espinosa | Algeciras

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial ha condenado al ex alcalde de La Línea de la Concepción Juan Carlos Juárez Arriola a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo en la administración local y el desempeño de cargo público de concejal.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía, se considera al ex gilista y también a los concejales Manuel Aguilera y Alfonso González Carbonell responsables de un delito de prevaricación realizada por autoridad o funcionario público.

Juárez ya abandonó la Alcaldía por una condena relacionada con otro de los asuntos judiciales que jalonaron su trayectoria a lo largo de los diez años que tuvo el bastón de mando. Se da la circunstancia que Aguilera, otro de los condenados, permanece aún como concejal del equipo de gobierno, aunque no formará parte de la nueva corporación ya que no formaba parte de la lista electoral del PP.

Los hechos que se juzgaron durante varios días en la sala algecireña hacían referencia a la presunta contratación irregular de más de 100 personas entre los años 1999 y 2000. Justo cuando llegó Juárez a la Alcaldía. Años después el PSOE, así como otros colectivos laborales, denunciaron las presuntas irregularidades de esas contrataciones. Tras varias denuncias y numerosas polémicas, el caso llegó a la Audiencia.

La sentencia absuelve a los tres implicados del resto de cargos que se les imputaban: cohecho y falsificación de documento públicos. Contra el dictamen del tribunal cabe presentar un recurso en el plazo de cinco días.


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