sábado, 1 de agosto de 2009

EL EX ALCALDE DE BOADILLA SE AFERRA AL ACTA DE EDIL PESE AL MALESTAR DEL PP

El concejal de Deportes, fiel a Panero, deja el cargo por "motivos profesionales"

PABLO LINDE - Boadilla del Monte

Sin hacer ruido, sin decir nada a nadie, el ex alcalde popular de Boadilla del Monte Arturo González Panero se levantó de su silla y salió por la puerta de atrás de la sala de plenos del Ayuntamiento. Sucedió ayer. Mientras el resto de concejales escuchaba la reivindicación de medio centenar de padres sobre una escuela infantil, El Albondiguilla, como llamaban los cabecillas de la trama Gürtel al hoy edil, se marchaba sigilosamente. La escena es representativa de la vida en un Consistorio que hace medio año se convirtió en epicentro de la mayor trama de presunta corrupción en torno al PP.

El Albondiguilla sigue en la dirección de la Empresa Municipal del Suelo

Panero salió de forma rocambolesca de la alcaldía. El 9 de febrero, simultáneamente, él y el líder nacional del PP hacían declaraciones opuestas: el regidor aseguraba que se quedaba, mientras el presidente de su partido, Mariano Rajoy, estaba convencido de que ya se había ido. Panero renunció al cargo al día siguiente, pero mantiene su acta de concejal y sigue en el grupo popular, con el que vota todo tipo de decisiones, incluso algunas que tienen que ver con la propia trama. El juez le ha impuesto la mayor fianza del caso: 1,8 millones de euros para hacer frente a eventuales responsabilidades económicas. Está imputado por seis delitos, entre los que figuran cohecho, tráfico de influencias y evasión de capitales.

Como el resto de los ediles, Panero forma parte de la junta general de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV), donde supuestamente se cocieron numerosas concesiones a empresas de la red. De ella tuvieron que salir otros altos cargos imputados en el caso: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor, el ex director del Ayuntamiento Tomás Martín Morales, y José Galeote, antiguo concejal del PP. Para quedarse, Panero aduce que fue elegido por sus vecinos y que les fallaría si abandona el Ayuntamiento. "Estar imputado es simplemente una figura para poder defenderse. Hay cientos de concejales imputados en España y no pasa nada", ha dicho a EL PAÍS.

Su presencia en la comisión informativa de recursos humanos del Ayuntamiento ha levantado las iras de la oposición: los ediles del PSOE y Alternativa por Boadilla han abandonado la comisión en protesta por la presencia de Panero. En ella se votó el mes pasado la rescisión del contrato de la oficina de información al ciudadano, adjudicada a Easy Concept, una de las empresas vinculadas a la red Gürtel.

Ante la negativa de Panero a marcharse, la oposición mira asombrada cómo el PP lo mantiene en su grupo municipal. La teniente de alcalde del municipio, Marta Puig, explica que el partido ya tomó la iniciativa de suspenderlo cautelarmente de militancia. "Tiene todo el derecho a mantener su acta como concejal y a estar en las reuniones", repite cuando se le pregunta si el grupo se ha planteado expulsar a Panero. El resultado de todo esto es un ambiente algo enrarecido, con un gobierno popular dividido entre ediles partidarios o enfrentados con el antiguo alcalde.

Ayer mismo se hizo efectiva la renuncia al acta del que fuera responsable de Deportes hasta hace poco más de un mes, José Alfonso Rodríguez. El edil estaba en su cargo cuando el Ayuntamiento otorgó el 10 de mayo de 2007 las obras del Parque del Deporte a Constructora Hispánica, una de las empresas de la trama Gürtel, que consiguió la adjudicación pese a tener peor valoración que Sacyr. Rodríguez era uno de los fieles a Panero y, según dijo, se va "por motivos profesionales". Pero el Ayuntamiento sugiere que se ha marchado después de que el actual alcalde, Juan Siguero, lo despojase de sus funciones por "discrepancias con su gestión".González Panero mantiene que todos los ediles le muestran un gran cariño. En privado, algunos -que piden anonimato- lo desmienten: "Es una vergüenza que siga ocupando un cargo institucional. Llega a los plenos y no hace nada. Cierra la boca y mira al móvil". En el pleno de ayer, el ex alcalde dedicó buena parte de la sesión a teclear en su teléfono.

No ejerce ninguna profesión y se centra, según sus palabras, en "demostrar" su inocencia en el caso Gürtel. Cobra unos 400 euros por cada pleno al que asiste, otros tantos por las Juntas Generales de la EMSV y alrededor de 200 en las comisiones. No junta un gran sueldo: unos 800 euros al mes.

Con el cariño de unos, el desprecio de otros y la aparente indiferencia que muestran en público quienes ahora están al frente del Ayuntamiento de Boadilla, la presencia de Panero es, cuando menos, polémica. Fuentes cercanas al PP del municipio señalan que la dirección regional está intentando convencerlo para que se marche. Las mismas fuentes indican que es posible que le quede poco tiempo en su cargo al actual coordinador municipal, Manuel Ángel Jiménez, hombre de confianza de Panero.

Los que ya están fuera de sus cargos son otros perjudicados de la trama. Una es A. J. B. Pide que se silencie su identidad porque está "harta" de ser calificada como "una de las chicas de Correa". Nada tiene que ver con el presunto líder de la red mafiosa. Sólo se dedicaba, junto a 10 compañeras, a atender las llamadas de los vecinos de Boadilla como empleada en la Oficina de Atención al Ciudadano. Lo hacían por 758 euros al mes, y cuando empezaron a ver en la prensa que la empresa adjudicataria recibía por el servicio más de medio millón de euros al año, las cuentas no les salían por ningún lado. El pasado 30 de junio se quedó sin empleo, igual que sus compañeras. Easy Concept ya no atiende a los vecinos de Boadilla.

ELPAÍS.COM

EL "CASO CAMPS" LLEGA A UNA ENCRUCIJADA

La causa puede seguir en Valencia o acabar en el Supremo
El tribunal de Madrid advierte de que puede haber nueva documentación

LYDIA GARRIDO - Valencia

Los dos "escalones" que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pensaba subir sin esfuerzo y con paso firme hacia el archivo de la causa en la que está imputado por recibir regalos de una trama corrupta son desde el viernes bastante más altos y complicados de superar. Camps y los otros tres imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, podrían tener como compañeros de banquillo al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a dos de sus hombres: Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, el hombre que pagó los trajes supuestamente regalados.

La sala ha recibido una invitación para seguir investigando los regalos a Camps

Están más cerca que hace solo dos días de verse todos juntos frente a un jurado popular. El auto del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) en el que se inhibe en favor del TSJCV para que incorpore a la causa a los empresarios corruptos ha introducido un elemento nuevo que puede desembocar en que la investigación prosiga con más imputados o en que se archive y el tribunal madrileño plantee un incidente de competencia ante el Supremo. Los jueces de la Sala de Lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, tienen la palabra.La sala de Lo Civil y Penal tiene que resolver dos cuestiones que además están vinculadas. De una parte, los recursos presentados por los cuatro imputados contra el auto que el pasado día 6 de julio dictó el instructor José Flors y en el que convertía el procedimiento en jurado y dejaba claros los sólidos indicios que le servían para seguir adelante con la instrucción. Camps, Costa, Campos y Betoret solicitaron el archivo de la causa, negaron la existencia de delito alguno porque aseguraron no haber recibido regalos y sostuvieron que en el hipotético caso de que los hubieran recibido, habría sido por su relevancia en el PP y no por sus responsabilidades en la Administración pública. Además de esos recursos, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, presentaron alegaciones a los escritos de las defensas.

La sala tiene que decidir si estima que los argumentos de los imputados frente al auto de José Flors son o no más creíbles, válidos y contundentes. Pero también tiene que decidir sobre la incorporación a la causa de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, todos ellos imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos varios relacionados con la trama de corrupción que afecta a Valencia. En ocasiones previas, la respuesta de la sala a la petición realizada por las acusaciones fue negativa. Sin embargo, en este momento, no es una parte la que lo solicita. Se trata de un tribunal superior que estima conveniente que las tres personas que supuestamente realizaron los regalos sean juzgadas junto a quienes los recibieron. Y lo entiende oportuno porque cree que evidentemente existe una conexión, porque supone economía procesal (¿por qué juzgar por el mismo hecho en dos tribunales distintos pudiendo estar todos en uno?) y por seguridad jurídica, para evitar que se pudieran producir sentencias contradictorias sobre un mismo hecho.

Hay más. El tribunal de Madrid no solo esgrime esas razones: advierte de que puede haber más en el procedimiento en tanto quedan por desprecintar cajas con documentación.

Si la sala decidiera rechazar la competencia, mantener que asumió el caso solo para los cuatro imputados actuales y por el delito de cohecho pasivo impropio, el tribunal de Madrid podría presentar un incidente de competencia ante el Tribunal Supremo. Y si lo rechazara porque previamente archivara la causa al estimar los recursos de los imputados y por tanto planteara que al no haber caso no tiene nada que asumir, también acabaría en el Supremo: porque el Tribunal de Madrid presentaría el mismo incidente y porque las acusaciones recurrirán, como así han anunciado. Camps, por tanto, tiene una encrucijada. No parece fácil que la sala archive una causa en la que aún podrían incorporarse documentos nuevos sobre los hechos.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

ELPAÍS.COM

CATORCE ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT TOCADOS POR LA TRAMA GÜRTEL EN VALENCIA

Un juguete de 1.800 euros para Camps junior

C.G
Catorce altos cargos del PP y la Generalitat valencianos han sido agregados a la lista de implicados en la trama de corrupción del caso Gürtel, en la que está incluido el nombre de Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Corts, y ex consejera de Turismo.

El magistrado del Tribunal Superior de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido a José Flors, su homólogo en Valencia, un listado con los nombres de otros 14 cargos del PP y del Consell que habrían recibido diversos regalos de Navidad, enviados por Orange Market y su gerente Alvaro Pérez (El Bigotes).

La lista: regalos navideños
La documentación enviada por Pedreira a Flors contiene la relación de nombres que fue sustraída de un archivo intervenido en la sede social de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa. El nombre de Alvaro Pérez aparecía encabezando el documento, que lleva el nombre de: “Acto: regalos Navidad. Lugar: Valencia”, según El Mundo.

Chaquetón, monedero...
Los políticos valencianos presuntamente señalados por el informe judicial son Juan Cotino, consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Gobierno de Camps, quien habría sido obsequiado con un chaquetón de unos 300 euros. También aparece en la lista el nombre de Cristina, identificada como gerente del PP regional, para quien se encargó un monedero de 260 euros.

Bolso, pañuelo, portafolio...
Beatriz Sánchez, ex jefa del gabinete del vicepresidente Campos, habría recibido un bolso por valor de 270 euros, mientras la jefe del gabinete del presidente Francisco Camps, un portafolios de 220 euros. La alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, quien fuera secretaria general del PP valenciano, se habría llevado un pañuelo de 140 euros.

Un bolso para la diputada García
Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica habría aceptado por parte de la trama corrupta un bolso de 290 euros; y Nuria Romeral, jefe de prensa de Camps y secretaria autonómica de Comunicación, un portadocumentos de 230 euros.

Corbatas, gemelos...
El ex consejero de Cultura y actual consejero de Educación, Alejandro Font de Mora se habría beneficiado de una corbata de 452 euros; mientras el concejal Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, de unos gemelos de 100 euros. El mismo regalo habría llegado a las manos de David Serra, ex secretario autonómico de Deportes y actual número tres del PP valenciano; de Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas; César Sánchez, ex asesor de Camps y ahora diputado autonómico; José Marí, ex jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, también parlamentario en las Corts.

Maleta de 1.000 euros para Costa
Además de esos 14 altos cargos, en la lista de implicados aparecen los nombres del ex vicepresidente Víctor Campos y del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ya están imputados por haber recibido trajes y otras prendas de vestir supuestamente pagadas por la empresa de la trama corrupta en Valencia, Orange Market. De acuerdo con ese listado, con fecha de diciembre-enero, y en el que no se precisa el año, Campos habría aceptado una corbata de 115 euros y Costa, una maleta de unos 1.100 euros.

El juguete de Camps junior
Las familias del ex vicepresidente Campos y de Camps también aparecen en la lista como beneficiarias de regalos navideños. Las esposas de ambos habrían recibido un bolso por valor de 780 euros. Bajo la rúbrica “Hijos de Francisco Camps” se describe el obsequio “Aibo + maleta (Aibo, amigo en japonés, es un robot mascota con forma de perro, que es uno de los juguetes más sofisticados del mercado y tiene un coste de 1.800 euros.

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EL TRIBUNAL ESTUDIA SI ARCHIVA EL "CASO CAMPS" SIN TENER AÚN TODOS LOS PAPELES

El juez de Madrid recuerda a sus colegas valencianos que hay documentos sin analizar

J. A. HERNÁNDEZ / L. GARRIDO - Madrid / Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se inhibe en favor del de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los supuestos trajes que éstos regalaron a Camps. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano.

Fuentes del Supremo creen un error que se hayan abierto tres Procedimientos

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

La Sala del Tribunal Superior valenciano estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos a cambio de nada) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.

Aunque no la tendrá toda, ya que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, instructor de la variante del caso Gürtel en Madrid, señala a sus colegas de Valencia, en el citado auto, que les ha ido remitiendo documentación intervenida por la policía, pero que aún queda por desprecintar otra parte. "Al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", señala Pedreira, "se ha acordado la remisión de testimonio de algunos documentos. [Pero] aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de [toda] la documentación intervenida", según el auto.

El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Este último asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada. El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados. De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid para no tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: a Camps y a su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".

Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?". Estas fuentes consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.

El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y El Bigotes en contra del criterio de la fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

En su auto de ayer, Pedreira avala esa tesis: "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica".

ELPAÍS.COM

LA ALCALDESA DE LA MUELA NO DIMITIRÁ "POR SU COMPROMISO CON EL PUEBLO"

CORRUPCIÓN
Antes de presidir su primer pleno tras salir de prisión

La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, hace declaraciones a la prensa. | Efe

Efe | La Muela (Zaragoza)

La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla (PAR), ha asegurado hoy, antes de presidir su primer pleno tras salir de la cárcel, que no va a dimitir porque no está inhabilitada por la justicia y tiene un "compromiso" para los próximos cuatro años que cumplirá si la justicia se lo permite.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación antes de entrar en el consistorio, donde ha explicado que está "tranquila" aunque trabajando mucho y durmiendo muy poco desde que salió hace poco más de una semana de la prisión de Zuera (Zaragoza), donde ha permanecido casi cuatro meses por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística e imputada por 11 delitos.

La alcaldesa ha dicho que este pleno es uno "de los miles" que ha celebrado el Ayuntamiento de La Muela y que el objetivo es "sacar las cosas adelante", porque "llevamos mucho retraso".

En el Pleno participarán los siete concejales del PAR, que conforman el equipo de Gobierno, entre ellos la alcaldesa y Juan Carlos García Vela, ambos supuestamente implicados en la trama de corrupción urbanística del municipio.

El PP será el único partido de la oposición presente en Pleno, ya que los dos ediles del PSOE, Goya Torres y Vicente Blázquez, presentaron el pasado viernes su renuncia al acta de concejal con el objetivo de que se creara una comisión gestora y se "recobre la regeneración democrática" en la localidad.

Pinilla ha precisado, antes de iniciarse el pleno, que va a aceptar la dimisión de los dos concejales socialistas, una situación que a su juicio "no va a cambiar nada" la situación del consistorio, y ha considerado que se trata de una decisión personal.

Ha comentado que su vida, tras su salida de prisión, se centra en el trabajo y en pasar el mayor tiempo posible con su familia y amigos, "quienes tienen muchas ganas de hablar" y de que les transmita sus sentimientos.

Ha resaltado además que se siente muy sorprendida por el cariño que ha encontrado en la gente a su vuelta al pueblo y ha explicado que el signo de victoria que hizo con la mano al salir de la prisión no era de "triunfo", sino un gesto dedicado a sus amigas y compañeras de la cárcel.

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