lunes, 16 de mayo de 2011

CIUDADANOS EN CRISIS, CONTRA EL PARO Y LA CORRUPCIÓN

N. C. / E. M. - Valencia / Alicante

Desempleados, subcontratados, precarios y muchos, muchos jóvenes salieron ayer a las calles de Valencia "hartos" de las "reformas antisociales" y de que "los bancos, que han provocado la crisis, suban las hipotecas o se quedan con las viviendas". Pero sobre todo, en una comunidad marcada por la corrupción, en la que la cúpula del PP en la Generalitat está imputada en la trama corrupta Gürtel, los valencianos clamaron contra la corrupción política al grito de "Corruptos del mundo, venid; delitos veréis prescribir".

Con pancartas con el reclamo de "Basta ya de corrupción política", varios miles de manifestantes recorrieron -sin incidentes- las calles de Valencia y Alicante en las dos manifestaciones convocadas, simultáneamente, bajo el lema Democracia real ya. En Alicante, la concentración arrancó de manera simbólica en la puerta de la Diputación, que preside Joaquín Ripoll imputado en el caso Brugal, en protesta por la corrupción. Las manifestaciones, que se han gestado íntegramente en las redes sociales, descolocaron a los dos grandes partidos políticos que fueron el objeto central de la crítica. "PSOE y PP son la misma mierda", se oyó en ambas marchas.El bipartidismo se llevó la peor parte en la manifestación de Valencia. "PP y PSOE, corruptos a tope", en referencia a la cantidad de cargos imputados en su respectivas listas electorales. La "reforma electoral, ya" es imperativo para estos "ciudadanos en crisis" que no creen en el actual sistema de partidos.

Unos pidieron la abstención; otros como el candidato de Izquierda Unida, Cayo Lara, y la ex diputada valenciana de su formación Gloria Marcos, silenciosamente apoyaron a los que piden trabajo. "Queremos trabajar!", gritaron los más jóvenes. "Por una vivienda digna", solicitaron las familias con hijos. Y los ecologistas reclamaron: "Cambiar el mundo, en vez del clima".

Al ritmo de la comparsa Lunático Valencia integrada por jóvenes acróbatas, en la capital valenciana, la marcha realizó una parada frente al Banco de Valencia para señalarlo como la mítica "cueva de Alí Babá y los 40 ladrones". Mientras, jóvenes vestidos de impecable traje negro con máscaras de Anonymous, exhibiendo su anonimato, denunciaron la "venta de armas" de los países desarrollados a regímenes dictatoriales, como destapó Wilkileaks o el "ataque a la libertad de expresión" de la Ley Sinde.

En Alicante, las consignas contra los bancos y la crisis económica, como "La banca al banquillo" y "Esto no es una crisis, es una estafa", fueron las más coreadas. A lo largo de manifestación, los jóvenes protagonizaron diversas sentadas cada vez que pasaban delante de una sucursal bancaria. La corrupción tampoco faltó en los improvisados estribillos cantados de forma espontánea al ritmo de: "¿Dónde están los trajes, matarile, matarile?/ ¿Dónde están los trajes del PP?".

La manifestación concluyó ante el Aula de Cultura de la CAM, con una crítica a la crisis financiera: "El oro del banquero, es la sangre del obrero".

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ DECIDE ACELERAR EL PROCESO CONTRA CAMPS

El magistrado Flors rechaza acumular a los cabecillas de Gürtel a la causa contra Camps por aceptar regalos de la trama corrupta

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El juez José Flors, instructor del caso de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que afecta al el presidente de la Generalitat y a los cargos del PP Ricardo Costa y Rafael Betoret, y al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos se ha inclinado hoy por la opción que permite juzgar de forma casi inmediata a Francisco Camps por haber aceptado regalos de la trama Gürtel.

En un auto, Flors ha rechazado acumular en la causa contra Camps a los cabecillas de la trama, porque en el momento en que sucedieron los hechos el Código Penal no castigaba a quienes se limitaban a efectuar regalos a cargos públicos en función de su cargo. De haber optado Flors por la acumulación, la causa habría retrocedido a la fase de instrucción, lo que hubiese implicado una demora de meses en la decisión sobre la apertura o no de juicio contra el presidente valenciano.

La decisión de Flors permite celebrar la audiencia preliminar, el acto previo a que Flors decida si sienta o no a Camps en el banquillo esta misma semana. Contra su auto, sin embargo, cabe recurso de queja, ya que no se refiere estrictamente a la causa de los trajes, si no a la primera inhibición dictada por el juez instructor de Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Si las defensas o las acusaciones presentan recurso, la celebración de dicha audiencia preliminar se retrasaría probablemente hasta la semana que viene o la siguiente, según explican fuentes jurídicas. Una vez celebrada la audiencia preliminar, Flors deberá tomar la decisión de sentar o no a Camps en el banquillo en un plazo máximo de tres días.

El TSJ debe decidir también este jueves, a tres días de las elecciones, si imputa a la cúpula del PP regional, al vicepresidente Vicente Rambla y a la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, por graves delitos de corrupción (financiación ilegal, prevaricación, cohecho propio y delitos fiscales) cometidos presuntamente con motivo de las estrechas relaciones que mantuvieron durante años con la trama Gürtel.
 
Camps dobre gürtel: "No contestaré, así están empatados"
En un encuentro con empresarios, el presidente en funciones de la Generalitat, Francisco Camps, ha eludido las preguntas de los periodistas sobre sus asuntos judiciales. "¿Su próximo Gobierno va a incluir a imputados en casos de corrupción o eso les invalida?", se le ha preguntado. Camps ha contestado: "Aquí hemos venido a hablar de economía". El presidente en funciones ha concretado que ya sabía que la periodista buscaba un titular pero que ese no era el sitio.

A continuación, otro reportero ha interpelado a Camps sobre el auto del magistrado José Flors que rechaza acumular a la causa de los trajes a los cabecillas de la trama Gürtel. Así, el juez se ha inclinado por juzgar a Camps "de forma casi inmediata". El líder popular ha esquivado de nuevo la pregunta y ha comentado: "No contestaré, así están empatados". Y se ha ido.
M.OLIVARES






elmundo.es

LA AUDIENCIA DE ALICANTE ARCHIVA LA RAMA DE "BRUGAL" QUE AFECTABA A GERARDO CAMPS

Presunto tráfico de influencias

ELMUNDO.es | Agencias | Alicante

La Audiencia de Alicante ha archivado la rama de 'Brugal' que supuestamente implicaba al vicepresidente segundo del Consell y titular de Economía, Gerardo Camps, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la resolución de 5 de noviembre de 2010.

Los hechos investigados, concretamente, han sido el proceso de adjudicación de las obras del Palacio de Congresos de Alicante y del Parque Cultural de San Vicent del Raspeig, a raíz de las conversaciones telefónicas mantenidas por Enrique Ortiz Selfa con Miguel Ángel Fuster y diversos empresarios del sector de la construcción alicantino.

El Ministerio Fiscal consideró que estas conversaciones evidencian claramente la resolución manifestada por Ortiz de influir en la decisión de Gerardo Camps, presidente de la entidad publica Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, en lo que se refiere a la adjudicación de las obras publicas mencionadas.

El auto de la Sección Décima de la Audiencia alicantina, difundido este lunes, desestima el recurso presentado el 5 de noviembre de 2010 por el fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, contra el archivo inicial emitido por el juzgado número 2 de Alicante.

Ese juzgado no había visto delito alguno en el proceso de adjudicación de las obras del Centro de Congresos de Alicante, en el barrio de La Sangueta, y del parque cultural de San Vicent del Raspeig. En cambio, el fiscal Briones se apoyó en las escuchas policiales del 'Brugal' para apreciar un supuesto tráfico de influencias a raíz del patrocinio económico del empresario Enrique Ortiz, imputado en otras ramas del caso Brugal, al piloto de rally Miguel Fuster a cambio de que éste ejerciera su amistad con el conseller Camps para ser beneficiario en los proyectos citados de Alicante y San Vicent.

La resolución de la Audiencia, contra la que no cabe recurso, decreta que las conversaciones telefónicas entre Ortiz y Fuster durante más de un año y medio "no aportan indicios mínimos, claros y racionales" de la supuesta "influencia y presión" que pudiera ejercer el empresario en la decisión de Gerardo Camps con respecto a las obras de Alicante y San Vicent.


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN RECURRIRÁ LA DECISIÓN DE FLORS DE NO JUZGAR A CAMPS CON CORREA Y PÉREZ

Europa Press | Valencia

Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, de no incorporar a este procedimiento a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, presuntos cabecillas del 'caso Gürtel'.

Según han informado a Europa Press fuentes de Fiscalía Anticorrupción, se muestra en desacuerdo con decisión del magistrado y pedirán que se incluya a estas tres personas en la 'causa de los trajes'.

El magistrado ha acordado el sobreseimiento libre y parcial de la causa en relación con los tres, una decisión contra la que cabe interponer un recurso de queja ante la Sala de lo Civil y Penal.

Según consta en un auto de fecha de este lunes, el magistrado instructor entiende que no se puede proceder penalmente contra los presuntos cabecillas de la trama Gürtel porque resulta "penalmente atípica" su conducta en relación con "las entregas o el pago del precio de prendas de vestir con las que indiciarimiente parecen haber sido obsequiados" Camps; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa; el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret; y el exvicepresidente del Consell Víctor Campos.

El magistrado se ha pronunciado de esta manera después de que el pasado 20 de abril de 2011, la Sala del TSJCV accediera a la inhibición parcial acordada por el instructor del TSJM, Antonio Pedreira, respecto de los hechos presuntamente imputados a Correa, Crespo y Pérez, y le diera traslado para decidir "con libertad" sobre esta cuestión.



"CASO VOLTOR"; NADAL SE NIEGA A DECLARAR SOBRE LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DE 20 PERSONAS

Nadal a su llegada al juzgado. | Jordi Avellà
Pieza número 13
Efe | Palma

El exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal (UM) se ha acogido ante el juez a su derecho a no declarar por una pieza del caso Voltor que investiga la contratación por parte del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) de una veintena de personas que se sospecha trabajaron para UM.

Esta pieza, la número 13 de este extenso caso de supuesta corrupción durante la pasada y actual legislaturas, investiga tres convenios entre el Consell de Mallorca y el Cilma -dependiente de la institución insular- para poner en marcha sendos proyectos durante la pasada legislatura. Estos tres proyectos fueron Infomallorca, una página web de información de la isla; Mallorca Digital, una plataforma para digitalizar bases de datos, y Eiel, una encuesta sobre las necesidades de los ayuntamientos.

El primero de ellos lo financió el departamento de Turismo del Consell, dirigido por Francesc Buils; el segundo el de Cooperación Local, de Catalina Julve, y el tercero el de Vicepresidencia, de Nadal. Cada uno de estos proyectos costaba al Consell entre 100.000 y 150.000 euros anuales y todos ellos empleaban a unas 35 personas, de las cuales una veintena se sospecha que realmente trabajaron para Unió Mallorquina (UM).

La declaración hoy de Nadal, además de la de Eugenia Cañellas, ex secretaria técnica de Vicepresidencia, y de Coloma Castañer, la que fuera secretaria técnica del departamento de Cooperación Local, se han producido días después de que el exgerente del Cilma Eugenio Losada afirmara que estas personas no trabajaron para el consorcio. El primero en comparecer ante la juez de instrucción 10, Carmen Abrines, ha sido Nadal, que se ha negado a declarar, tras lo que ha declarado Cañellas, la cual ha afirmado que el exvicepresidente le dijo en una ocasión que todo lo relativo a este convenio lo debía tratar con su secretaria personal, Antonia Vidal, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Coloma, por su parte, ha afirmado que Losada era quien le decía lo que tenía que hacer con el convenio y ha negado cualquier implicación en este proyecto. En torno a esta misma pieza están citados a declarar el próximo miércoles Susana Mas, exgerente del Cilma; Antonia Vidal, ex secretaria personal de Nadal; Esperanza Massanet, ex secretaria técnica de Presidencia, y Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares (CITTIB) y mujer de un sobrino de la ex presidenta de UM y del Parlament balear, Maria Antònia Munar.


elmundo.es

PIDEN ARCHIVAR LAS DILIGENCIAS DEL "CASO MORELÁBOR"

La Fiscalía de Granada

En el caso están imputados nueve cargos políticos, entre ellos Francisco Cuenca, por un posible delito de cohecho

EFE

La Fiscalía de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el llamado 'caso Morelábor', en el que están imputados nueve cargos políticos --de PP, PSOE e independientes--, entre ellos el candidato socialista a la alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, por la posible comisión de delitos de cohecho relacionados con la moción de censura que dio al PP la alcaldía de Morelábor, un municipio de la comarca de Los Montes de apenas 700 habitantes.

La causa, que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, se abrió a raíz de las denuncias interpuestas de manera separada por PP y PSOE por la supuesta compra de la voluntad de los concejales Belinda Clares y Celedonio Jiménez para que apoyaran en un caso y rechazaran en otro la moción de censura, que finalmente prosperó el 16 de noviembre de 2009.

Tras la toma de declaración de los imputados, el fiscal considera que "no existe prueba" ni sobre la "concreción" ni sobre la realidad de una "oferta económica" cierta a los concejales Clares y Jiménez --que, pese a ser independientes, se presentaron en la lista del PSOE en las elecciones de 2007--, ni si éstos recibieron dinero o prebenda alguna, según señala el Ministerio Público en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.

De hecho, los implicados sólo invocan "conversaciones no contrastadas" y refieren "promesas o expectativas en términos genéricos", según las interpretaciones de uno y otro lado, y "nunca avaladas por ningún testigo sujeto a la obligación de decir verdad".

Por ello, la Fiscalía concluye que procede el sobreseimiento de la causa dado que la jurisprudencia exige para el delito de cohecho que exista un ofrecimiento concreto de una cantidad económica o de un puesto de trabajo y, como quiera que ese ofrecimiento "no se ha podido acreditar" y sólo existen "dos bloques de declaraciones idénticas y contradictorias", entiende que en los hechos no existe el suficiente "apoyo probatorio".

El juez abrió diligencias de investigación penal después de la denuncia que el PP presentó tras la rueda de prensa que ofrecieron los concejales en la que afirmaron haber mantenido reuniones con los responsables provinciales del PSOE en las que éstos les aseguraron "que si no acudían a la moción de censura contra el alcalde socialista de Morelábor no iban a tener problemas en lograr ayudas en forma de trabajo o dinero por parte del PSOE".

Concretamente, la edil Belinda Clares manifestó que recibió presiones constantes por parte de los socialistas imputados para evitar su apoyo a la moción, "llegando hasta el punto de asegurarle que si la apoyaba no iba a tener dinero ni para pagar el colegio de su hijo".

El asunto había sido llevado en diciembre de 2009 por el PSOE a la Fiscalía, que denunció por cohecho a tres diputados del PP granadino por supuestamente haber ofrecido empleo a los dos concejales a cambio de que apoyaran la moción de censura, denuncia que fue trasladada posteriormente al juzgado.

Según el PSOE, los ediles se habrían visto forzados a apoyar esa moción por su situación "económica y familiar", dado que dos diputadas del PP --las denunciadas, junto al portavoz del PP José Antonio Robles, Teresa Fernández del Moral y María Victoria Molina-- les ofrecieron a ambos "un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Guadix".

laopiniondegranada.es

LA INVESTIGACIÓN DEL "CASO MORELÁBOR", ANTE EL JUEZ

Posible delito de cohecho

La Fiscalía de Granada ha trasladado la investigación al Juzgado de Instrucción numero uno de la capital granadina

EUROPA PRESS

La Fiscalía de Granada, que abrió diligencias de investigación penal por la posible comisión de un delito de cohecho cometido por tres diputados del PP granadino por supuestamente haber ofrecido empleo a dos concejales tránsfugas en Morelábor a cambio de que apoyaran una moción de censura contra el que fuera alcalde socialista en la localidad, Joaquín García, ha trasladado la investigación al Juzgado de Instrucción 1 de Granada.

La remisión de las diligencias se debe la petición del propio juzgado, después de que éste abriera una investigación por un asunto relacionado, toda vez que el PP se querelló por los delitos de amenazas, coacciones y denuncia falsa contra la que fuera secretaria provincial de Organización del PSOE de Granada, Mercedes González, el actual delegado de Economía, Innovación y Ciencia, Francisco Cuenca, la diputada provincial del PSOE Josefa Caballero, y el militante socialista Perfecto Álvarez, tal y como consta en el decreto fiscal, al que tuvo acceso Europa Press.

El Ministerio Público, que ya ha oído en declaración a todas las partes implicadas, comenzó a intentar esclarecer los hechos el pasado mes de diciembre de 2009, tras la denuncia del PSOE granadino, que alertaba de que los concejales Celedonio Jiménez y Belinda Clares, electos en Morelábor por el PSOE, se habrían visto forzados a aceptar suscribir la moción por su situación "económica y familiar", dado que dos diputadas del PP --las denunciadas, junto al portavoz del PP José Antonio Robles, Teresa Fernández del Moral y María Victoria Molina-- les ofrecieron a ambos "un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Guadix".

El 24 de febrero el propio Celedonio Jiménez presentó un escrito de alegaciones en el que negaba haber aceptado oferta alguna de trabajo a cambio de apoyar la moción por parte de las dos diputadas, ni que éstas actuaran en nombre de Robles. De hecho, según indicó el edil, que hoy forma gobierno con Montalvo, fueron los socialistas --la diputada y el militante Álvarez-- los que les ofrecieron "toda la ayuda necesaria" para mejorar su "precaria económica y personal" con tal de no firmar la moción de censura.

En el mismo sentido se ha pronunciado en su alegación Belinda Clares, quien llega incluso a afirmar en el escrito presentado ante el fiscal que Caballero le dijo "Te doy mi palabra de que el PSOE te va a ayudar, no te presentes a la moción de censura porque si no, tus verdaderos problemas van a empezar, porque en tu puta vida vas a trabajar".

También las diputadas 'populares' negaron "rotundamente" los hechos denunciados y aportaron diferentes recortes de prensa de medios de comunicación locales y nacionales. Por su parte, José Antonio Robles, alegó haber asistido "como mero espectador" a los acontecimientos desarrollados en Morelábor.

El 22 de marzo, Mercedes González aportó al Ministerio Público artículos de prensa recogiendo las afirmaciones que Clares y Jiménez hicieron en el mes de febrero, grabaciones de una rueda de prensa, y de una grabación privada que ofreció el PP el 16 de febrero de 2010.

Días más tarde, concretamente el 26 de marzo, fue cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Granada le envió un oficio a la Fiscalía Provincial para que le fuera enviada la investigación, a consecuencia de la presentación de la querella del PP.

Esta querella se produjo a raíz de una comparecencia pública de los ediles Belinda Clares y Celedonio Jiménez, que se presentaron por las listas del PSOE en las pasadas elecciones municiales, y que afirmaron haber mantenido reuniones con los responsables provinciales del PSOE en las que les aseguraron "que si no acudían a la moción de censura contra el alcalde socialista de Morelábor no iban a tener problemas en lograr ayudas en forma de trabajo o dinero por parte del PSOE".

laopiniondegranada.es

LA POLICÍA DUDA DE SI EL ORDENADOR QUE ENTREGÓ LA CONSEJERÍA ES EL DE RENEDO

Bloque por Asturies pide que Migoya explique al juez por qué el disco duro no estaba en el despacho de la funcionaria

I. VILLAR | GIJÓN.

El abogado de Bloque por Asturies, una de las partes que participan como acusación particular en el proceso abierto por el 'caso Renedo', pedirá hoy formalmente al juez Ángel Sorando que tome declaración a la consejera de Administraciones Públicas del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, para que explique por qué cuando la Policía Judicial registró el despacho de Marta Renedo, ocho días después de su cese en 2010, la Unidad Central de Procesamiento (CPU) de su ordenador -la parte que contiene el disco duro y por tanto todos los datos de memoria- no se encontraba allí. Según explicó ayer el portavoz del partido y candidato a la presidencia del Principado, Rafael Palacios, el día que los funcionarios judiciales entraron en la consejería en la mesa de la funcionaria tan sólo encontraron un monitor, ya que la CPU había sido retirada por el Centro de Gestión de Servicios Informáticos, «una subcontrata».
 
En el acta de entrada y registro del despacho de Marta Renedo, levantada el 25 de febrero de 2010, queda constancia de este hecho. Según recoge ese documento, «a pesar de que en la mesa de trabajo figura un monitor de ordenador (PC), no existe 'torre' o PC en el despacho». El director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto, presente en el registro, explicó a los funcionarios que el ordenador había sido trasladado a otra ubicación. Posteriormente, el coordinador del almacén del Centro de Gestión de Servicios les hace entrega «de lo que según manifiestan es el PC que estaba instalado en el despacho de Marta Renedo», que según reza en el acta «estaba precintado con candado y contraseña».
 
De ese ordenador se extrajo un disco duro con 80 gigabytes de memoria que posteriormente fue desprecintado y analizado, si bien la forma en que fue entregado motivó que, en el informe presentado al juzgado de Instrucción, la Policía puntualizase que «no se puede acreditar por parte de este Grupo de investigación a priori que el disco duro intervenido pertenezca al lugar de trabajo de Marta Renedo».
 
Según Bloque por Asturies «se ha producido una grave actuación por parte de la Consejería de Administraciones Públicas en lo referente a la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los presuntos casos de corrupción dentro de la Administración del Principado». Consideran asimismo que «estas actuaciones ponen en duda que la administración socialista asturiana quiera de verdad colaborar con la Policía, ya que se ha alterado uno de los escenarios donde presuntamente se cometieron los delitos».
 
Preguntas a la consejera

A raíz de estos hechos, el letrado que representa al partido como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo presentará hoy dos solicitudes con las que se pretende esclarecer en particular este asunto. Por un lado pedirá al juez Ángel Sorando que tome declaración a Migoya, con la intención de que la consejera explique «quién dio la orden de retirar el ordenador de Marta Renedo, por qué se tomó esta decisión, quién realizó el traslado del ordenador, dónde estuvo, quién hizo la custodia del mismo, si se manipuló y, en caso afirmativo, cuál era el objetivo de esa manipulación». Bloque por Asturies solicitará también que técnicos cualificados e independientes practiquen una prueba pericial para determinar si en fechas posteriores al cese de Marta Renedo el ordenador fue manipulado para borrar datos o para otro tipo de actuaciones.
 
Rafael Palacios definió ayer esta situación en torno a la intervención del ordenador de trabajo de Marta Renedo como «extremadamente grave» y destacó que quien lo custodió fue «personal de una empresa privada, que no son ni siquiera funcionarios de la Administración».

elcomercio.es

BLOQUE POR ASTURIES PEDIRÁ QUE MIGOYA SEA CITADA PARA DECLARAR DEN EL "CASO RENEDO"

J. A. G.OVIEDO.

El candidato de Bloque por Asturies-Unidá Nacionalista Asturiana a la Presidencia del Principado explicó ayer que su formación pedirá como parte personada en la causa que la actual consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, sea citada a declarar en el marco del denominado 'caso Renedo' por una supuesta ocultación a la Policía del ordenador que utilizaba la ex funcionaria Marta Renedo.

Rafael Palacios precisó que un informe de la Policía Judicial significa que cuando los agentes entraron el 25 de febrero de 2010 en el despacho de la funcionaria, ubicado en la Dirección General de Modernización, no pudieron localizar ningún equipo informático, ni acreditar, por tanto, que el ordenador intervenido hubiera sido el de la imputada.

«A pesar de haber monitor no se pudo localizar el equipo, por lo que no se puede acreditar que el disco duro intervenido pertenezca al lugar de trabajo de Renedo», desgranó el portavoz de Bloque por Asturies.

A la vista de estos hechos, la organización asturianista, que tiene un diputado en la Junta General, solicitará hoy mismo que la consejera de Administración Pública y portavoz del Ejecutivo regional ofrezca explicaciones ante el juez que instruye la causa de por qué se decidió retirar el ordenador antes de la llegada de la Policía Judicial y quiénes realizaron el traslado y la custodia del equipo. Bloque por Asturies, que concurre a las urnas en coalición con UNA, plantea en esta campaña la necesidad de renovar la clase política asturiana y acabar con la corrupción en las administraciones.


elcomercio.es