martes, 8 de marzo de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS RECONOCE EN SU ESCRITO DE DEFENSA QUE CONOCÍA A "EL BIGOTES" DESDE 2002

Francisco Camps en un acto oficial este lunes | Efe
Pide el archivo de la causa de los trajes

* En 2009, el presidente aseguró no tener 'ninguna relación' con la trama
* Su escrito dice que 'nunca ha negado' la relación con el empresario
* El sueldo de Camps es de 3.900 euros en 12 pagas, sin ninguna extraordinaria

Europa Press | Valencia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha presentado su escrito de conclusiones al magistrado José Flors, que instruye la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el que pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, según han informado fuentes jurídicas.

La defensa del jefe del Consell solicita además que se celebre una audiencia preliminar para practicar pruebas que considera "indispensables" para esta parte porque asegura que existen "contradicciones importantes" entre las prendas atribuidas a Francisco Camps en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se inhibió de una parte de la investigación sobre la 'trama Gürtel' a favor del TSJCV y el auto del 6 de julio de 2009 del magistrado José Flors, en el que consideraba que los hechos atribuidos al jefe del Consell podían ser cohecho y ordenaba continuar la causa según el Tribunal del Jurado.

Además, según alega la defensa, no existe tampoco "ninguna coincidencia" entre estos autos y el escrito de conclusiones remitido al instructor por la Fiscalía, que reclama una multa de 41.250 euros para Camps por un delito de cohecho pasivo.

Asimismo, en el escrito, la defensa de Camps niega la recepción de "ningún regalo" por parte del presidente de la Generalitat y asegura que las compras fueron pagadas "en metálico". Por otra parte, el letrado defensor afirma que el presidente de la Generalitat y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, "se conocían desde 2002" -un extremo que afirma que Camps "nunca ha negado"-, ya que Pérez "realizó trabajos con el PP".

Sin embargo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, aseguró en 2009, durante una sesión de control del Parlamento autonómico y a preguntas de la oposición, que no tenía "ninguna relación, ninguna" con el 'caso Gürtel' ni con ningún miembro de la trama investigada por orden del juez Garzón.

El escrito de la defensa también incluye que el sueldo de Francisco Camps es de 3.900 euros al mes en 12 pagas, sin ninguna extraordinaria, con el fin de "justificar" su patrimonio con su nivel de ingresos y demostrar que en "sus 20 años de intachable trayectoria política no ha existido enriquecimiento personal".

Luna insiste en que 'Camps mintió'
Por su parte, el portavoz socialista en Cortes, Ángel Luna, destacó que el hecho de que el jefe del Consell reconozca por primera vez en su escrito de defensa que conocía a 'El Bigotes' demuestra que Camps "mintió" y que "existe una trama de corrupción detrás de todo esto".

Por su parte, el PP valenciano, a través de Rafael Blasco, ha asegurado que el presidente "no ha negado nunca nada de lo que está afirmando ahora" y ha añadido que "no deja de ser un asunto absolutamente anecdótico" en el conjunto de la causa.

"CASO MALAYA"; ROCA DICE QUE HUBO UN "ENRIQUECIMIENTO INJUSTO" DEL AYUNTAMIENTO POR CONVENIOS URBANÍSTICOS

Niega haberse lucrado con esas operaciones

* Niega haber amasado su inmenso patrimonio con comisiones de promotores

José Carlos Villanueva | Málaga

"Ha habido un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento de Marbella por convenios urbanísticos y ya lo demostraremos". El principal acusado por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha vuelto la oración por pasiva este martes cuando el fiscal de Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, le ha preguntado sobre si se lucró de dichas operaciones, con promotores y constructores, y utilizó los fondos para engordar, paulatinamente, su patrimonio.

Durante la cuarta sesión de este segundo bloque de la vista oral, centrado en la organización diseñada por Roca para blanquear, presuntamente, fondos obtenidos durante su actividad municipal (1992-2006) el Ministerio Público ha preguntado al principal acusado sobre otras causas judiciales por corrupción como el caso 'Saqueo 1', ya sentenciado, así como el caso 'Saqueo 2' y el caso 'Convenios'.

López Caballero pretende demostrar el llamado "delito antecedente", que explicaría el inmenso patrimonio amasado por Roca. Él mismo reconoció en 90 millones de euros su fortuna, después de su detención en marzo de 2006. Siempre tras descontar el pasivo cifrado en 120 millones. Para el fiscal habría habido financiación de las numerosas sociedades de su entramado mediante fondos objeto de delitos cometidos en el Ayuntamiento de Marbella.

El Ministerio Público ha hecho alusión a un informe elaborado por la Agencia Tributaria. En él se enumeran los diferentes procesos penales por corrupción en los que ha estado, o está actualmente imputado Juan Antonio Roca.
 
CAso 'Saqueo1'
La piedra angular para la acusación pública es el llamado 'Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999, y que acarreó una condena firme de prisión para el ex asesor urbanístico de 6 años, que cumple actualmente.

López Caballero le ha preguntado al ex brazo derecho de Gil si los 24 millones de euros de las arcas municipales que fueron desviados, entre 1991 y 1995, por los condenados le sirvieron a Roca para adquirir patrimonio.

El ex asesor lo ha negado y se ha definido como "cooperador necesario" de dicha malversación de caudales públicos, que acabaron en cuentas privadas después de que cuatro empresas factureras fantasma, a nombre de su fallecida madre, Dolores Nicolás Paredes, recibieran la citada cantidad por obras y servicios que nunca prestaron al Consistorio marbellí.

"No me apropié de una sola peseta de la que se me ha condenado. Participé como cooperador necesario, al encubrir el delito de otra persona", ha insistido ante la reiteración del fiscal.

Roca también ha sido preguntado por el llamado 'Saqueo 2', pendiente de juicio oral en la Audiencia Nacional. En dicha causa, por múltiples delitos relacionados con la corrupción, se le reclaman siete años de cárcel desde la Fiscalía. Se trata de una investigación abierta a raíz del informe del Tribunal de Cuentas (1991-1999) sobre el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades.

Los informes del citado órgano fiscalizador se ampliaron hasta el 2003. Fue entonces cuando la Agencia Tributaria detectó que el arquitecto Carlos Monteverde, también imputado en el 'Saqueo 2' , percibió más de 40 millones de euros por 73 proyectos urbanísticos ficticios que nunca llevó a cabo y que ni siquiera fueron visados por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Roca podría haberse beneficiado de ello.

Caso 'Convenios'
Por lo que respecta al llamado caso 'Convenios', que tramita el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y en el que el considerado cerebro de la trama de corrupción figura entre los numerosos imputados, por el perjuicio patrimonial causado al Ayuntamiento de Marbella -en más de 30 operaciones urbanísticas- el ex asesor municipal se ha desentendido de cualquier enriquecimiento ilícito, relacionado con detraer fondos públicos.

Ha sido al ser preguntado por ello cuando ha acusado al Consistorio de haberse enriquecido "ilícitamente" en los acuerdos con promotores, por lo que ha dado a entender que los empresarios fueron las víctimas y no los ciudadanos de Marbella. Sin embargo, el perjuicio a los intereses de Marbella se cifra en decenas de millones de euros, según Anticorrupción.

"¿Usted ha financiado su patrimonio con fondos procedentes de otros empresarios?", le ha preguntado el fiscal a Roca. Ha sido entonces cuando el acusado, además de negarlo ha reiterado que no se pronunciará sobre la veracidad de los archivos de la empresa Maras Asesores (su contabilidad opaca incautada), hasta que el contable y responsable de dicha sociedad, Salvador Gardoqui, también acusado, ratifique la veracidad, o no, de dichos apuntes contables.

Así, Roca no ha reconocido una entrada de dinero de 913.000 euros, atribuida al empresario también acusado Fidel San Román. Tan sólo ha admitido tener "relaciones comerciales" con dicha persona y otros promotores cuyas iniciales y nombres, como el de AIFOS, o Ávila Rojas, aparecían en la contabilidad que manejaba Gardoqui.

Paralelamente, en el marco de su pulso dialéctico con el fiscal, Roca se ha escudado en que la actividad delictiva que se le atribuye es del 91 al 2001 y los archivos de Maras son del periodo 2004 y 2006. Sin embargo, López Caballero sostiene que todas las causas por corrupción en las que está encausado el ex asesor engloban su presunta actividad delictiva del 91 al 2006, con el paréntesis de la condena firme del 'Saqueo 1', ya sentenciado por el Supremo.

ARCHIVAN EL CASO DE LOS MERINOS POR NO HABER CONSTANCIA DE QUE SE COMETIERA UN DELITO

RONDA | El alcalde estaba imputado por prevaricación

* Dicen que no hay constancia de que el alcalde conociera los informes negativos

Europa Press | Ronda

El Juzgado número 1 de Ronda (Málaga), a petición de la Fiscalía, ha archivado el caso de Los Merinos al considerar que no hay constancia de que el Ayuntamiento del municipio conociera "con contundencia" la existencia de informes negativos de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), según ha confirmado el portavoz municipal de IU, Rafael Ruiz.

El alcalde del municipio, Antonio Marín Lara, aparece en esta causa como presunto responsable de un delito de prevaricación tras la aprobación por decreto del proyecto de urbanización de lujo Los Merinos-Norte.

En su escrito la Fiscalía añadía que "no existe realmente ningún hecho que en principio pueda revestir carácter de delito dentro del Derecho Penal". Así, señalaba que "es posible que exista alguna irregularidad administrativa o de cualquier otro tipo sin alcanzar la gravedad necesaria para ser considerada dentro de la órbita del Derecho Penal".

Rafael Ruiz, que ha anunciado en rueda de prensa que la coalición va a recurrir el archivo de la causa, ha señalado que IU quiere aportar las actas del pleno donde el propio portavoz de esta formación advertía al equipo de gobierno y al alcalde de que había informes negativos de la Agencia Andaluza del Agua.

Asimismo, pedirán que el ex delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta Ignacio Trillo declare después de que éste último se ofreciese para "contarle al fiscal y a la jueza cuanto sabe de este proyecto de macrourbanización que carece de agua e incumple la Declaración de Impacto Ambiental".


elmundo,es

"CASO MERCASEVILLA"; LA AUDIENCIA RECHAZA ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA MELLET PORQUE HAY "INDICIOS" DE DELITO

Por un delito societario

Europa Press | Sevilla

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso de apelación por el que el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet solicitaba el archivo de la causa que sigue contra su persona el Juzgado de Instrucción número 6 por un presunto delito societario, ya que entiende que "existen en esta fase inicial del procedimiento indicios de la realización de unos hechos con relevancia penal que deben ser esclarecidos".

La Audiencia argumenta además que Mellet, en su calidad de director del merca y gerente de la Fundación Socioasistencial, "ostentaba un papel esencial y directo en la toma de decisiones que afectaban al transcurrir económico de ambas entidades".

En un auto emitido el 13 de mayo de 2010, la juez Mercedes Alaya apuntaba a la existencia de "una amalgama de hechos que conllevaría una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicamente evaluables", lo cual, según argumentó entonces, "obliga a reabrir" las presentes actuaciones y admitir tanto la querella presentada en su día por Mercasevilla y la Fundación Socioasistencial como, de manera "parcial", la formulada por el PP, dirigiendo inicialmente la investigación contra los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce y contra la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo.

Pues bien, la Sección Primera dictó un auto el pasado día 24 en el que comienza diciendo que "los argumentos esgrimidos por el apelante conforme a los cuales reclama el sobreseimiento de las actuaciones no son compartidos por esta Sala", recordando que, en su auto, la juez Alaya "especifica que de la copiosa documental de la que se disponía en aquel momento, se desprende indiciariamente la realización de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, delitos societarios en su doble vertiente de falsedad de las cuentas anuales y administración desleal, o en su caso, de apropiación indebida".

Al hilo de ello, la Audiencia Provincial pone de manifiesto que los hechos mencionados en la resolución de la juez Alaya "aluden a la existencia de anotaciones contables que, en lugar de figurar como pérdidas o pasivo, lo hace como activo o ingresos, lo que ha obligado a la sociedad a realizar unos ajustes en las cuentas que han dado como resultado que, en lugar de existir los beneficios que mostraban las cuentas aprobadas -258.024 euros-, se detecten unas pérdidas ascendentes a 1.539.713 euros y un efecto patrimonial conjunto negativo de 2.654.446 euros", unas "divergencias" que "pudieran verse incrementadas como consecuencia de las limitaciones con las que se ha encontrado la entidad auditora" Deloitte.
 
"Perjuicio evidente"
En este sentido, apunta también "a la realización de contratación, no por proceso público sino discrecional, respecto tanto del personal como de proveedores", y añade que otro grupo de hechos "se refiere a una serie de operaciones de diversa índole, tales como pago con tarjeta Visa de la dirección general durante los años 2007, 2008 y 2009 por un importe de 30.272 euros, sin soporte documental justificativo; entregas a cuenta para gastos de viaje sin que se justifiquen los gastos; abono de parte del importe de una beca de estudio por 24.000 euros en Vietnam a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla sin que existan bases o criterios que justifiquen su concesión, u otros pagos de importancia no comunicados a la Comisión Ejecutiva, Consejo o Patronato".

Tras hacer mención "a la posible irrealidad de los servicios prestados y las cantidades abonadas, a veces duplicadamente, a Maginae Solutions S.L.", la Sala relata otros hechos recogidos en la querella formulada por el concejal del PP Beltrán Pérez "que aluden a la falta de control del traspaso de las cuarteladas, lo que causa un perjuicio evidente a la sociedad, o la no retención a cuenta del IRPF del abono por los ERE a ciertos trabajadores, lo que ha conllevado que esa omisión haya debido ser suplida económicamente por la sociedad".

De este modo, la Audiencia Provincial pone de manifiesto que "si a ello se añade que Mercasevilla es de naturaleza mixta, fuertemente participada por capital público y que presta servicio de mataderos, mercados y lonjas centrales, así como que la Fundación resulta instrumental respecto de ella, no podemos sino concluir que los hechos investigados pudieran, de quedar acreditados, ser constitutivos" de los delitos descritos, "de los que existen indicios que en este momento procesal no deben identificarse con certezas absolutas".
 
"Turismo judicial"
Asimismo, el abogado de Fernando Mellet había solicitado también la nulidad del procedimiento, argumentando para ello que la juez Mercedes Alaya había archivado en primera instancia la querella presentada por el PP, pero la Audiencia dice que este archivo "no era un sobreseimiento libre ni estaba motivado porque los hechos descritos en la querella no pudieran, en modo alguno, ser constitutivos de delito", sino que, "muy al contrario, aquella resolución estuvo motivada por considerar prematura la presentación de la querella por encontrarse pendiente la realización de la auditoría de gestión por parte de Deloitte". "El inicio de esas actuaciones hubiera implicado, de facto, la paralización de la auditoría", apunta.

La Audiencia Provincial advierte de que Mellet "confunde la imposibilidad de modificación de una resolución ya dictada con lo que supone una resolución distinta, propiciada por el devenir del procedimiento, que es una entidad dinámica". El abogado de Mellet también había pedido, subsidiariamente, la inhibición del Juzgado de Instrucción número 6 a favor del Juzgado de Instrucción número 3 por resultar competente el mismo, pero la Sala argumenta que "lo que denomina 'turismo judicial' no es sino el resultado de la aplicación estricta de las normas de reparto entre los juzgados de Instrucción".

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA PIDE LOS CONTRATOS FIRMADOS A 6 CONTRUCTORES EN 4 COMUNIDADES DEL PP

Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León

Efe | Madrid

La Policía ha pedido al juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, que solicite a seis empresarios de la construcción que supuestamente pagaron comisiones a la trama un listado de los contratos firmados entre 2001 y 2004 en las comunidades de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.

El oficio que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido al magistrado también pide que se reclame a la Agencia Tributaria los datos de las operaciones con terceras personas que declararon dichas empresas durante el mismo periodo.

Con esta información, los investigadores policiales buscan esclarecer el origen de una parte de los fondos de los que se nutría la llamada 'caja B' de la 'trama Gürtel', presuntamente dirigida por Francisco Correa, que hasta ahora no ha podido determinarse.

Así, la Policía indica que si bien la documentación de la "carpeta azul" incautada al presunto contable de la red, José Luis Izquierdo, ha permitido concretar la entrada de fondos de empresas constructoras y su distribución a personas concretas, "en su mayoría responsables políticos", aún no ha podido averiguarse la procedencia de otra parte de los fondos que se refleja en los documentos.

En concreto, el oficio policial menciona a la sociedad Teconsa, de los empresarios José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, que en otros informes de la UDEF aparece relacionada con el pago de comisiones al grupo de Correa, con origen en adjudicaciones de contratos públicos en Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Parte de ese dinero, explican los investigadores, es destinado al pago de obras de carácter particular del propio Correa en Ibiza, "al igual que ocurre con la mercantil Begar SA vinculada al empresario José Luis Ulibarri, quien igualmente aporta fondos para tal fin".

Martínez Núñez, Martínez Parra y Ulibarri -que ya está imputado en la causa- son tres de los empresarios a los que, según la Policía, el juez Pedreria debe pedir un listado de los contratos adjudicados a sus empresas entre 2001 y 2004 por cualquier ente, público o privado, en Galicia, Madrid, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

El informe solicita que el mandamiento se expida también a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica SL); Plácido Ramón Vázquez (Sufi SA y Ros Roca, entre otras) y Enrique Carrasco (FCC Construcción), todos ellos imputados por supuestamente haber pagado comisiones ilegales a la 'trama Gürtel' para obtener la adjudicación de contratos.

Uno de los citados, José Luis Ulibarri, que el pasado 12 de enero pidió a Pedreira que archive la causa en lo que a él respecta, ha pedido esta semana al magistrado que le llame a declarar para "exponer y justificar personalmente (...) los motivos por los que entiende que procede decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones", según un escrito de su defensa.

Además
* Para entender el 'caso Gürtel'