jueves, 23 de febrero de 2012

DETENIDO EL DIRECTOR DE COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR CORRUPCIÓN


El director de Cooperación, Josep Maria Felip, tras el registro de la sede de su departamento. / J.C.Cárdenas (EFE)
El presidente Fabra anuncia la destitución del arrestado y de otro cargo imputado
Felip fue nombrado en el mandato de Camps y gestionaba ayudas para el Tercer Mundo

María Fabra / Adolf Beltran / Joaquín Ferrandis Castellón / Valencia

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La policía ha detenido al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep Maria Felip, acusado de supuestos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, durante la mañana se han practicado más detenciones por este caso, que es instruido por el juzgado número 21 de Valencia. Los detenidos son, según fuentes policiales, Marcial López, presidente de la Fundación Cyes; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; Fernando Cañete Marco, y Marc Llinares Pico, un técnico informático que llegó a ser jefe del área de Cooperación.

Además, también se han producido registros, entre otros, en la dirección general en la que trabajaba el ahora detenido, de la que la policía judicial se ha llevado varias carpetas. El caso, abierto desde el pasado mes de mayo, está bajo secreto de sumario.

Horas después de conocer la noticia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destituido al director general detenido y al actual subsecretario de la Consjería de Sanidad, Alexandre Catalá, que está imputado en el mismo caso tras ocupar la subsecretaría de Solidaridad. Además, Fabra ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación popular en el caso que ha calificado de "muy grave" porque "estamos hablando de fondos que iban destinados a las cooperación".

Felip ha sido durante años número dos de la consejería que dirigía el ahora portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, que ha sido objeto de dos denuncias por la creación de una supuesta trama de ONG para desviar dinero del Tercer Mundo. Algunas organizaciones, además, están siendo investigadas por el indebido uso de subvenciones otorgadas para proyectos de cooperación. Blasco se encontraba en el interior del salón de plenos de las Cortes, donde, tras saltar la noticia, ha permanecido en su escaño, durante una hora, hablando por teléfono pero sin querer hacer declaraciones. Al abandonar el salón ha afirmado que "no se sabe si es un error" y que el hecho de la detención del que fue su director general "no quiere decir nada". "Las ayudas a la Cooperación están perfectas y los expedientes se tramitaron de forma impecable", ha añadido para volver a arremeter contra informaciones publicadas, especialmente contra EL PAÍS. Rafael Blasco, que ha insistido en que ya no es consejero, ha pedido que "no se prejuzgue porque está todo muy bien y no se ha desviado ningún dinero". Blasco dijo en su día que dimitiría si se demostraban las irregularidades en las ayudas de Cooperación. Hoy ha negado esa afirmación para decir que solo dimitirá si le afectaban a él.

La denuncia más voluminosa fue la presentada por el grupo Compromís, que entregó a la fiscalía una cantidad ingente de documentación sobre el desvío de fondos originariamente destinados a proyectos de cooperación internacional. Antes de esta, la diputada socialista Clara Tirado presentó otra denuncia ante la fiscalía en la que también alertaba de las irregularidades en la adjudicación de fondos.

En octubre de 2010, la fiscalía abrió diligencias de investigación por subvenciones otorgadas en 2008 por la Consejería de Solidaridad a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua. Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que  acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

Petición de dimisión de Blasco
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha exigido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que destituya "inmediatamente" al director general detenido y ha añadido que la "autoridad que le nombró es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario, que no debe acabar la jornada sin ser destituido". Alarte ha hecho un reconocimiento a la diputada Clara Tirado, que presentó la denuncia, y al actual diputado Josep Moreno, que también la impulsó, diciendo que "son socialistas que decidieron plantar cara a la corrupción". "Cuando empezó este duro y difícil tiempo empezamos a denunciar la corrupción generalizada que asola todas las instituciones por donde ha pasado el PP" y ha recordado los casos Gürtel, Emarsa, Brugal y el caso Fabra y ahora "el desvío de fondo de Cooperación". Por su parte, la diputada Clara Tirado ha explicado que entre lo que se puede haber desviado por las ayudas a Nicaragua que acabaron en la compra de pisos y toda la trama alrededor de la Fundación Hemisferio "pueden haberse desviado hasta nueve millones de euros".

La diputada Mireia Mollá, que fue la parlamentaria de Compromís que presentó la otra denuncia ha dicho que "la documentación que aportamos era importante y muy clara, revelaba pagos de forma fraudulenta organizados alrededor de la Fundación Hemisferio y el consejero Blasco era conocedor de todo este sistema". "Exigimos toda la documentación que nos han negado hasta ahora y me voy a plantar en la consejería para que me la den", ha añadido. "Exigimos que la justicia vaya avanzando, ya que las responsabilidades no afectab solo al señor Felip sino que afectan directamente a Rafael Blasco".

Además, la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha exigido también la destitución inmediata de Felip pero ha añadido que el máximo responsable es quien era en ese momento consejero de Cooperación y Ciudadanía, Rafael Blasco. "Blasco no debe acabar el día siendo síndico del grupo popular", ha añadido. Esquerra Unida se plantea pedir una comisión de investigación sobre el trasvase de fondos de cooperación a otros fines.

La segunda denuncia incidía en la intervención de la Fundación Hemisferio (antes Entre Pueblos) en la gestión de subvenciones a otras ONG que luego contrataban a empresas de los dirigentes de esta fundación. Así, las empresas de los responsables de la fundación facturaban por cursos y por la evaluación del proyecto subvencionado. Las organizaciones tienen la obligación legal de encargar un informe final externo antes de seis meses tras haber finalizado los proyectos subvencionados, siempre que estas sean superiores a los 200.000 euros. Pero, según la documentación que presentaron ante fiscalía, el pago por esta evaluación llegó a realizar incluso antes de que se ejecutara el proyecto.

El consejero, Rafael Blasco, mantenían una estrecha relación con esta fundación cuyos dirigentes acababan enriqueciéndose con el dinero destinados los proyectos de cooperación, según ambas denuncias.

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EN OTROS MEDIOS

"CASO PEAJE", LA JUEZA DA 24 HORAS DE PLAZO A LOS IMPUTADOS PARA QUE PAGUEN LA FIANZA

Les ha impuesto una caución de 600.000€


Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ha dado un plazo de 24 horas al exingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y a otros cuatro imputados del caso Peaje, tras requerirles una fianza de responsabilidad civil que asciende a un total de 600.000 euros. La caución les ha sido impuesta en el marco de la causa que indaga un presunto desvío de 23 millones de euros públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos.

Mediante una providencia la magistrada emplazó a los cinco encausados a que compareciesen este jueves ante el Juzgado para solicitarles el pago de esta cantidad, citación que se produjo más de un año después de que decretase la fianza.

En concreto, la fianza, acordada a petición de Fiscalía -que solicitaba un millón de euros-, ha sido impuesta tanto a Orejudo como a su compañera sentimental, Mónica Florit -quienes prevén ir este viernes al Juzgado para que les sea requerida la fianza, acompañados de su abogado Gabriel Garcías-, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, defendidos por Llorenç Gomila, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro.

Todos ellos deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria al pago de los 600.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados. En caso de que no puedan abonar la fianza en este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal y como apuntaba la jueza en su auto, estos cinco inculpados alcanzaron un "acuerdo" de cara a levantar con fondos públicos una vivienda unifamiliar aislada sobre un terreno propiedad de Florit en Búger, a pesar de que los encausados defienden que se trata de un templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang -a la que pertenecen-, construido gracias a las donaciones de los socios de esta entidad de filosofía china, cuyo importe ascendería a 300.000 euros.

Sin embargo, la magistrada se ampara en un peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, lo que hace "no creíbles" sus alegaciones, sobre todo "si se atiende a que las supuestas donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico, han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los correspondientes extractos".

Un informe elevaba el valor a 300.000 euros
Por el contrario, un informe posterior elaborado por un aparejador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) concluía que el valor de la edificación asciende a unos 300.000 euros, tal y como consta en la valoración que aportó a la causa la defensa de Orejudo, y que arrojaba sus conclusiones en base a las mediciones realizadas sobre los materiales empleados, las dependencias del edificio, su extensión, la cimentación y el tamaño de las paredes y los muros.

Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.

"CASO FACTURAS FALSAS"; EL JUEZ PROCESA AL EX ASESOR MUNICIPAL ÁNGEL CERVERA Y SU MUJER POR EL "CASO UNIDAD"

FACTURAS FALSAS | Exculpa a Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño
También procesa a la contable de la federación, y empleados de una copistería
Los procesa sólo por tres facturas de 2.343, 1.369 y 2.517 euros
Se usaron para justificar 'fraudulentamente' dos subvenciones diferentes
El juez admite que hay infracciones 'objeto de crítica política', no penal

Efe | Sevilla

El juez que investiga las presuntas facturas falsas y duplicadas presentadas por la federación vecinal Unidad al Ayuntamiento y a la Diputación de Sevilla ha exculpado de la causa al ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo y al ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño.

El juez de instrucción 14 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso Efe, concluye la investigación de la causa y da al fiscal y a la acusación particular que ejerce el PP veinte días para que presenten su calificación de los hechos por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial.

La causa queda finalmente dirigida contra Ángel Cervera, ex asesor del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y la Diputación, contra su esposa y expresidenta de Unidad, Ángeles Nevado, contra la contable de la federación Josefa P.F., contra el representante legal de la copistería Copyur, Juan José G.V., y contra su empleada María del Carmen M.N.

El juez considera que sólo debe abrirse juicio respecto a tres facturas, por importe de 2.343 euros, 1.369 y 2.517 euros, que en 2003 la federación vecinal utilizó por duplicado para justificar subvenciones del programa 'Juventud y movida' del Ayuntamiento y 'Fomento del Asociacionismo en el área metropolitana' de la Diputación.

Dice el juez que "no ha quedado acreditado la existencia de otro ilícito penal, sin perjuicio de que puedan haberse apreciado infracciones administrativas, mercantiles u otras que puedan ser objeto de crítica social o política, pero que no son constitutivas de infracción penal".

También declara prescritas, por superar los plazos legales, las posibles irregularidades en facturas anteriores al año 2002 y las de 2004 y 2005, que fueron "correctamente contabilizadas" según un informe pericial.

El juez, que abrió estas actuaciones en 2006, dice: "No podemos hacer en este procedimiento una investigación general o universal de las relaciones entre el Ayuntamiento de Sevilla y la asociación denunciada o cualquier otra asociación", por lo que da por concluida la investigación y rechaza practicar nuevas pruebas.

Según el auto, las facturas duplicadas se utilizaron por la federación de asociaciones de vecinos para "justificar por duplicado y de forma fraudulenta subvenciones distintas y ante las dos administraciones".

En septiembre de 2010, el juez exculpó del caso a los dos representantes de la copistería ahora procesados y a los dos responsables políticos respecto los cuales vuelve a decretar el archivo.

El PP había pedido que se investigase a la abogada A.V.S., compañera de Domingo Enrique Castaño, como firmante de los justificantes de gasto entregados entre 2001 y 2002 por atención jurídica a mujeres vecinales, pese a que la asesoría jurídica de Unidad era ejercida por otros dos abogados y no por ella.

EL EX ALCALDE DE BOLLULLOS, IMPUTADO POR CUARTA VEZ, EN ESTA OCASIÓN POR ESTAFA

HUELVA | El PSOE busca 'quitárselo de en medio'
Carlos Sánchez (PSOE) está imputado en 3 causas anteriores por prevaricación
En este caso, la denunciante le imputa estafa, prevaricación, daños y amenazas
Autorizó una vivienda en terreno rústico que luego ordenó demoler sin expropiar

José Carlos Aguado | Huelva

El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma, tribunal que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007, a denuncia de una vecina jubilada que asegura haber sido "profundamente engañada" por Sánchez.

Según la providencia del juzgado fechada el pasado lunes, el ex regidor socialista comparecerá ante la juez como imputado el próximo 5 de marzo, declaración que forma parte de las diligencias previas abiertas por el tribunal, que decidió reabrir el caso el pasado 4 de enero tras recibir denuncia ampliatoria sobre los hechos.

La denuncia presentada por María Josefa López Valenciano contra el ex primer edil de Bollullos, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, apunta a los delitos de estafa, hurto, daños, prevaricación y amenazas, ya que, según la denunciante, Sánchez le llegó a amenazar con "pasarlo muy mal" si finalmente tomaba la decisión de denunciarlo.

Según la denuncia, Josefa López heredó de sus padres, junto a su hermana, una casa construida en 1880 en la calle Calvario de la localidad, donde pretendía instalarse a pasar los años de jubilación tras regresar de Ginebra donde había emigrado. El Ayuntamiento estaba interesado desde la década de los 90 en adquirir la vivienda para demolerla y construir una plaza pública, pero nunca llegaron a un acuerdo. Así, durante años el consistorio le denegó licencia para realizar obras de rehabilitación, lo que provocó que en 2002 fuese declarada en ruinas.

En 2003, siendo alcalde Carlos Sánchez, se llega a un acuerdo verbal que sería ratificado por escrito en 2005, por el cual el consistorio se queda con la casa y a cambio autoriza a la vecina a construirse una nueva vivienda en un terreno no urbanizable bajo la promesa de que el solar sería recalificado. Además, los costes de urbanización "quedarían compensados con la cesión de su parte de la casa", valorada en poco más de 27.000 euros.

Sin embargo, tan sólo unos meses después empezaron los problemas que desembocaron en una orden de demolición de la nueva vivienda y en una multa que ya roza los 90.000 euros, que originó el embargo de su pensión. Además, el acuerdo nunca fue ratificado en pleno y la vieja casa de la denunciante fue echada abajo sin expediente de expropiación y sin previo aviso.

"Me han quitado todo lo que era de mi madre y los recuerdos de mi pasado", lamenta Josefa López en su denuncia, en la que destaca que a su hermana no le han pagado su parte y ni tan siquiera se pusieron en contacto con ella, y que, para colmo, aún le sigue llegando a nombre de su padre el recibo para pagar el IBI.

Cuarta imputación
Con esta imputación, el ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado suma ya cuatro. A falta de que la juez de La Palma determine si hay indicios de delito para seguir adelante con el procedimiento judicial y si es así especificar los delitos, Carlos Sánchez está imputado de prevaricación en tres causas anteriores, dos de ellas por irregularidades urbanísticas y otra por adjudicar el contrato de recogida de basuras a una empresa aún a sabiendas de que el Ayuntamiento no tenía dinero para pagarlo.

Según fuentes consultadas por este periódico, la dirección del PSOE de Huelva está tratando de "quitarse de en medio" a Sánchez y ya tiene sustituto. Sin embargo, hace tan sólo unos meses la cúpula socialista onubense, liderada por el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, defendió la candidatura de Sánchez a la Alcaldía de Bollullos para las elecciones municipales del pasado mayo, a pesar de que ya estaba imputado por irregularidades urbanísticas.

LA POLICÍA REGISTRA LA SEDE DE COOPERACIÓN EN VALENCIA Y DETIENE A SU DIRECTOR GENERAL

CORRUPCIÓN | Josep María Felip

El PSPV denunció que una subvención de cerca de dos millones de euros para ayudas en Nicaragua se destinó a la compra de bienes inmuebles en Valencia
La Policía ha registrado la sede de Cooperación y ha sacado escoltado a Felip
El TSJ ha confirmado la detención de 'varias personas' durante la operación
Dos de ellos son los presidentes de las fundaciones CYES y Hemisferio

Rodrigo Terrasa | Cristóbal Toledo | Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Minutos antes de las dos de la tarde, Felip abandonaba escoltado por la Policía la sede de la dirección general de Cooperación, tras los registros ordenados por la Fiscalía Anticorrupción en el departamento.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido que el Juzgado de Instrucción número 21 tiene abierto un procedimiento desde el pasado mes de mayo por "supuesto fraude en la concesión de subvenciones contra varias personas, entre ellas varios funcionarios" y ha confirmado "varias detenciones", así como "entradas y registros".

Aunque la causa permanece secreta,ELMUNDO.es ha podido confirmar, a través de fuentes jurídicas, otras cuatro detenciones. Son las de los presidentes de las fundaciones CYES (Fundación Cultural y de Estudios Sociales) y Hemisferio (antes conocida como Fundación Solidaria Entre Pueblos), Marcial López y Arturo Tauroni, respectivamente; así como la César Augusto Tauroni, hermano de este último. El cuarto arresto corresponde al técnico informático Marc Llinares.

La operación es consecuencia de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha realizado durante los últimos meses sobre los fondos adjudicados por la Generalitat Valenciana a estas fundaciones .

Denuncias de PSPV y Compromís
En octubre de 2010, la fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la diputada autonómica del PSPV Clara Tirado, en relación a subvenciones otorgadas en 2008 a ambas entidades por la Conselleria de Solidaridad, dirigida entonces por Rafael Blasco, ahora portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Ante la abundante documentación y su complejidad, el fiscal decidió pedir una prórroga durante seis meses más para seguir con la investigación.

En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que -según mantenía- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia. Este jueves, la propia Tirado ha cifrado en cerca de 9 millones de euros la cantidad de dinero que se desvió.

En respuesta a la denuncia de los socialistas valencianos, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -así como de los grupos parlamentarios- los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.

Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.

Sobre la denuncia en relación a la Fundación Cyes (nada que ver con la constructora), Blasco ha mantenido desde el primer momento que la Generalitat no ha dado un sólo euro para la adquisición de ningún inmueble de esta organización, y enmarcó estas acusaciones en una estrategia "degenerada" del PSPV, que, a su parecer, había facilitado un "expediente trucado, obviando documentos esenciales".

Respecto a la Fundación Hemisferio, el ex conseller señaló que la relación de su ex departamento con la entidad era "perfecta, absolutamente reglamentada y dentro de la ley" y, aunque esta relación está en manos de la Justicia, agregó que "nadie ha podido señalar que haya habido una sola irregularidad".

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