lunes, 15 de marzo de 2010

"CASO PRETORIA"; GRAMEPARK CONSTRUÍA SIN EL ENCARGO FORMAL DEL AYUNTAMIENTO

El arquitecto de la empresa de Santa Coloma, vinculada al 'caso Pretoria', trabajó para al menos dos adjudicatarias
Dobarco y Sierra podían adjudicar hasta 400.000 euros

PERE RÍOS / LLUÍS PELLICER - Barcelona

Cuando los grupos de la oposición de Santa Coloma reciban hoy la extensa auditoría sobre Gramepark, se encontrarán con un varapalo a su gestión entre 2007 y septiembre de 2009. El informe que el Ayuntamiento de Santa Coloma encargó a Deloitte sobre la actividad de su constructora pública, investigada por el juez Baltasar Garzón por el caso Pretoria, advierte de que la empresa ha ejecutado obras por dos millones de euros sin encargo del Consistorio. Además, el documento señala varias deficiencias de control interno y contabilidad que cometió el equipo que gestionó la sociedad bajo mandato del ex alcalde socialista Bartomeu Muñoz, imputado en la causa.

La auditoría avala los informes negativos de la ex interventora local

Los números rojos de la constructora son de 2,72 millones hasta septiembre

La compañía debe más de 63 millones de euros, sobre todo a bancos

El Ayuntamiento y Gramepark firmaron en junio de 2008 un convenio por el que la constructora podría ejecutar un conjunto de obras entre 2007 y 2011. Sin embargo, varias condiciones que fijaba el acuerdo nunca se cumplieron. La auditoría expone que la junta de gobierno local sólo aprobaba los proyectos, pero advierte de que eso "no constituye el encargo". El informe es claro: ni había consignación presupuestaria para los proyectos ni se elaboró ni aprobó nunca el plan económico y financiero que exige el convenio.

La auditoría avala los informes negativos que emitió durante todo 2009 la ex interventora municipal Maite Carol, que fue apartada de su cargo. Sin embargo, a pesar del rechazo de Carol, las obras seguían adelante, puesto que la junta de gobierno, en la que, además de Muñoz, estaba también la actual alcaldesa Núria Parlón, no tenía en cuenta los avisos de la ex funcionaria.

Además de las obras sin encargo, éstos son otros puntos en los que pone el acento la auditoría que el gobierno local presentará hoy a la oposición (CiU, ICV y PP) y cuyo contenido ya avanzó EL PAÍS el viernes pasado.

- Incompatibilidades. La Oficina Antifraude, que ha asumido la gestión de Gramepark, decidió apartar al gerente de la sociedad, Manuel Sierra, y al arquitecto, Jordi Nadal Estrada, por haber realizado trabajos para Proinosa, una de las principales adjudicatarias de obra pública de la ciudad. La auditoría halla más vínculos con otras contratistas. Nadal participó en "un proyecto de ordenación y definición de usos" de una plaza de Barcelona para la empresa Gecopatrimoni, participada por Gecoinsa, la quinta adjudicataria. La empresa, según Deloitte, además es socia de Pasca, que ha realizado "diversas obras" en la ciudad.- Torre Sonia. Una de las obras que gestiona Gramepark sin encargo es la del edificio donde deben realojarse los afectados por la explosión de gas del barrio de Fondo en 2006. "No hay un encargo formal por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet acerca de la gestión de la ejecución de las obras por parte de Gramepark", apunta el informe. El cometido, procedente de alcaldía, fue trasladado "verbalmente", y sólo se refería a las gestiones y no a la promoción, aunque a la práctica también acabó asumiéndola.

Los fiscalizadores de la actividad de Gramepark también echan de menos otros documentos. Los antiguos gestores de la sociedad pública informaron al Ayuntamiento de que el proyecto del inmueble supondría un déficit de 3,5 millones de euros, por lo que propusieron construir nueve viviendas más que permitieran cubrir esta cantidad. Sin embargo, los auditores no han hallado soporte documental alguno sobre esta comunicación ni tampoco consta "formalmente" que los vecinos del edificio, constituidos en comunidad de bienes, aceptaran esta decisión.

El informe también ahonda en el proceso de adjudicación de esta obra. Tras un concurso público, la primera fase fue adjudicada a Proinosa -cuyo presidente, Josep Singla, también está imputado- por 767.000 euros.

En abril de 2008 se procedió a la adjudicación de la segunda fase, en la que Proinosa quedó quinta. Aun así, el 7 de mayo de ese año el entonces arquitecto, Jordi Nadal, presentó al consejo de administración de Gramepark un informe en el que recomendó dar la obra a Proinosa, que ya había hecho la primera parte. El consejo aceptó y la adjudicó a la constructora por 600.000 euros.

- Adjudicaciones de hasta 400.000 euros. La auditoría pone de manifiesto que la presencia de varios concejales, como la del también imputado Manuel Dobarco, en todas las esferas de decisión de Gramepark "limitan la efectividad de la segregación de funciones". El informe, además, destaca que el consejo de administración aprobó la delegación en Dobarco y Sierra de la adjudicación de las obras de hasta 400.000 euros, cuando las normas fijan que ese importe requiere de un procedimiento negociado, una modalidad de concurso restringido.

A pesar de que Deloitte señala que el examen de los procesos de contratación se dejan para otro informe, la consultora resalta algunas irregularidades. Se distribuyen en cinco apartados: obras y servicios adjudicados a dedo o con un procedimiento inadecuado sin justificación; la licitación, e incluso ejecución, de proyectos sin respetar el plazo de información pública; la ejecución de obras sin encargo específico del Ayuntamiento; adjudicaciones a empresas que no han tenido la mejor puntuación económica y técnica en los concursos, y desviaciones presupuestarias.

Los auditores detallan estas prácticas a lo largo de la descripción de cada obra realizada entre 2007 y 2009. Tal como avanzó este diario el pasado viernes, hay procesos irregulares en 29 proyectos que suman 35 millones de euros.

- Gestión deficiente. De la auditoría se desprende que la gestión de Gramepark era cuando menos deficiente. Además de que la contabilidad se llevaba a mano, lo cual dio lugar a errores, la sociedad tenía varios compromisos adquiridos "no contabilizados" referentes a expropiaciones. Además de estos errores, Deloitte también indica que la sociedad imputaba, indebidamente, las subvenciones en el resultado del ejercicio.

- Endeudamiento elevado. A falta de valorar todos los activos inmobiliarios, el patrimonio neto ajustado de Gramepark era de 7,58 millones de euros, cuando en diciembre de 2008 era de 14,3 millones. La sociedad siguió con pérdidas hasta esa fecha, cuando registraba unos números rojos de 2,72 millones de euros. Las obligaciones a corto plazo, además, suman 63 millones de euros, lo cual arroja una situación de apalancamiento -la relación entre el pasivo exigible y el activo de la empresa- que oscila entre el 88% y el 93%. La proporción es muy elevada, aun siendo una empresa que se dedica a un sector en plena crisis.

Los auditores resaltan como "muy relevante" la facultad de las entidades financieras para exigir a la sociedad "la amortización anticipada" de "la totalidad de las cantidades adeudadas", sobre todo en el caso de que los activos se devalúen por encima del 20%. La empresa, además, ha obtenido avales del Ayuntamiento para renovar las pólizas de crédito, que ascienden a 27,8 millones de euros y cuyos tipos de interés se han triplicado.

La principal amenaza de Gramepark ahora es, sin embargo, quedarse sin liquidez. Y ello depende, según Deloitte, sobre todo de tres factores. El primero, la evolución del mercado inmobiliario, que ha sido el sector más tocado por la crisis. El segundo factor es si el Ayuntamiento decide comprar o alquilar los inmuebles que ocupa, en especial en la plaza de Olimpo, y que ascienden a 11,2 millones. Y por último, Gramepark ha realizado una inversión de 18,4 millones en suelo que requerirán de más capital para su gestión.

elpaís.com

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID SE INCLINA POR ANULAR LAS ESCUCHAS DEL "CASO GÜRTEL"

Dos magistrados frente a uno, el ponente, apoyan dejar sin efecto conversaciones grabadas en la cárcel entre los miembros de la trama corrupta y sus abogados

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid -

El caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro y la más extensa conocida en democracia al afectar a varias comunidades y Ayuntamientos, tiene a los corruptos implicados pendientes de una resolución clave para el desarrollo de la investigación judicial. Tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han mantenido ya dos sesiones para deliberar si las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en la cárcel entre los corruptos y sus abogados, algunos también implicados en la ocultación de fondos, son legales o hay que anularlas. Dos de los tres jueces que deliberan sobre este asunto defienden la anulación total o parcial de las escuchas decretadas por Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Uno de los jueces está a favor de invalidar todas las comunicaciones
El presidente del tribunal se muestra partidario de una anulación parcial

La decisión es clave para el desarrollo de la investigación penal

El juez Antonio Pedreira validó las escuchas ordenadas por Garzón


Las grabaciones que preocupan a los corruptos y a sus abogados probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama (Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo) estableciendo estrategias comunes, por un lado, y tratando de evitar que la justicia localizara decenas de millones de euros evadidos a paraísos fiscales.

La tensión en la Sala que delibera sobre la legalidad o no de las conversaciones es muy notable, según fuentes conocedoras de las mismas. En las dos sesiones que han celebrado hasta ahora los tres jueces hay una mayoría de dos a uno a favor de anular las escuchas, aunque no se ponen de acuerdo respecto a si hay que declarar ilegales todas las conversaciones grabadas en la cárcel con abogados o sólo algunas de ellas.

La decisión de esta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede poner en la picota una instrucción que acumula ya decenas de miles de folios, cientos de pruebas y que afecta a un centenar de imputados. Los delitos cometidos por la trama corrupta han dejado fuera del juego político a cuatro alcaldes madrileños del PP, tres diputados autonómicos, entre ellos un ex consejero de Esperanza Aguirre, y han cuestionado las prácticas, muchas de ellas ilegales, de Gobiernos que colaboraron con la trama corrupta, todos ellos del PP.

Cada uno de los tres jueces que dirimen los recursos presentados por los abogados de los corruptos tiene un criterio distinto y opuesto al de los demás, si bien ya se ha conformado una mayoría de dos magistrados frente a uno que son partidarios de anular estas pruebas.

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, aupado al este cargo a propuesta de la conservadora, y afín al PP, Asociación Profesional de la Magistratura, se ha mostrado hasta ahora partidario de anular parcialmente las escuchas. Es decir, considera que el juez Baltasar Garzón se excedió cuando ordenó pinchar las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel de Soto del Real los dos jefes de la trama con sus abogados. Colateralmente, admitir los recursos de los abogados también afectaría tangencialmente a Garzón, sobre quien pende una querella por este motivo que presentó el abogado del constructor José Luis Ulibarri, sobre el que pesa la sospecha de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones de Gobiernos del PP. El Supremo ha admitido y está instruyendo esta causa contra Garzón.

En principio, Vieira contaría con el apoyo y el voto, para conformar una mayoría de dos contra uno y anular gran parte de las escuchas, de su colega Emilio Fernández Castro. Este magistrado se ha mostrado aún más radical que Vieira y su propósito inicial es anular casi todas las escuchas hechas desde la cárcel.

La postura discrepante la mantiene el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su criterio pasa por convalidar todas las escuchas decretadas por Garzón y desestimar los recursos de los abogados que piden la anulación parcial o total del proceso sobre la base de la ilegalidad de estas grabaciones.

Si la deliberación sigue por los actuales derroteros, lo previsible es que al final, si hay votación, Viera y Fernández Castro apoyen la anulación de las escuchas, total o parcialmente, al sumar sus dos votos en contra del de Suárez Robledano, cuya opinión está en sintonía, por otro lado, con la ya expuesta en un auto por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien validó las escuchas de Garzón rechazando los recursos de los abogados de los corruptos.

Pedreira sostuvo que las escuchas eran válidas porque algunos de los abogados indagados actuaban en connivencia con sus clientes y colaboraban con ellos para, entre otras cosas, tratar de ocultar y evadir de la justicia española "muchos millones de euros" ocultos por la trama corrupta en casi una quincena de paraísos fiscales.

Según fuentes conocedoras de las deliberaciones, en este momento el nivel de colisión entre los magistrados es tal que Vieira está meditando incluso cambiar al ponente y poner otro, es decir, a él mismo o a Fernández Castro. Y es que su postura y la de Suárez Robledano, ponente en este recurso, parecen de momento irreconciliables, mientras que Fernández Castro estaría dispuesto a modificar la suya, nulidad total, y unirla a una de consenso entre ambos. A Fernández Castro no le importa que pasen semanas antes de tomar una decisión definitiva si con ello la Sala del tribunal alcanza un consenso. La deliberación, según las citadas fuentes, continuará mañana mismo.

Los jueces que quieren anular las escuchas sostienen, entre otros argumentos, que el artículo que invocó Garzón para las escuchas sólo permite intervenir las comunicaciones entre clientes y abogados en los supuestos de terrorismo. El juez Pedreira entendió, en cambio, que eran válidas porque, al margen de ese supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite intervenir comunicaciones de abogados y ordenar registros de sus despachos si, como en este caso, media una orden judicial y el abogado puede ser cómplice del delito.

El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real en relación con los fondos de la organización en Suiza, según las conclusiones de la policía extraídas de las intervenciones de comunicaciones en la cárcel.

En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, fechadas en el mes de marzo del año 2009, del cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, y de su lugarteniente, Pablo Crespo, con sus respectivos abogados.

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elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; "LA DECISIÓN DEL CONVENIO DE LA ENTIDAD VINCULADA A URDANGARÍN FUE DE MATAS"

Ex jefa de gabinete del ex presidente

Dulce Linares | Pep Vicens

El gasto que en su día se presupuestó, 1,2 millones, no ha sido acreditado

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha interrogado este lunes a Dulce Linares, jefa de gabinete del ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, durante la pasada legislatura, sobre el convenio que el Govern suscribió en 2005 por 1,2 millones de euros con el Instituto Nóos, entidad dedicada al patrocinio y mecenazgo que estaba entonces presidida por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en torno a este convenio, el gasto que en su día se presupuestó no ha sido acreditado, un total de 1,2 millones de euros que el Ejecutivo autonómico abonó a Nóos para la celebración de un Foro sobre Turismo y Deporte y que duró apenas tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.

En concreto, las preguntas del fiscal Pedro Horrach han sido formuladas durante la declaración que efectuó Linares en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, el representante del Ministerio Público y varios de los letrados personados en el caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007).

Al respecto, Linares ha dicho que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.

Precisamente, sobre este convenio también fue interrogado recientemente el entonces conseller de Turismo y actual diputado del PP, Joan Flaquer, que en su comparecencia como testigo aseguró ignorar quién gestó el convenio, adoptado en concreto por la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Govern con Nóos, aunque defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar "por la armonización del turismo y el deporte".

Cabe recordar que el caso Palma Arena investiga asimismo la posible conexión de la presunta malversación de caudales públicos cometida durante la ejecución del Palma Arena con el incremento patrimonial de Matas en su etapa como presidente. Se da la circunstancia de que el ex presidente está citado a declarar el próximo 23 de marzo como encausado en este procedimiento judicial.

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; LOS CUATRO DETENIDOS DORMIRÁN ESTA NOCHE EN LOS CALABOZOS

CORRUPCIÓN | Segunda fase de la operación policial

Dos de los arrestados son Francesc Buils (UM) y el empresario Jacinto Farrús
Han señalado que todavía no está previsto que pasen a disposición judicial

Europa Press | Palma

El ex conseller de Turismo Francesc Buils (UM), el propietario de SBT (concesionaria de los informativos de IB3)Jacinto Farrús, y otros dos empresarios, que fueron detenidos este lunes por la mañana en la segunda fase de la Operación Voltor, pasarán, "como mínimo", esta noche en los calabozos de la Policía Nacional, ya que, de momento, no está previsto que pasen a disposición judicial.

Así lo han confirmardo fuentes policiales, que señalaron que aún se desconoce si los cuatro arrestados por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial agotarán el plazo máximo de 72 horas en el que una persona puede permanecer en los calabozos de la Policía a la espera de pasar a disposición judicial.

Durante toda la mañana de este lunes, el Grupo de Delincuencia Económica ha registrado las dependencias del edificio Lloret, en el Parc Bit, donde ha sido detenido Jacinto Farrús, a quien se le imputa, junto al ex-conseller de Turismo, los delitos de malversación de caudales públicos y fraude.

La Operación Voltor investiga la presunta trama de corrupción urdida desde el Instituto de Estrategia Turísitica a través del cual se ha desviado durante la presente legislatura fondos públicos a personas y empresas afines a Unió Mallorquina. El Inestur, gestionado desde la Conselleria de Turismo, estaba en manos de UM antes de que el pasado 5 de marzo esta formación fuera expulsada del Ejecutivo autonómico, rompiéndose el Pacto de gobierno.

La Operación Voltor se desató el pasado mes de febrero con la detención de numerosas personas y altos cargos del Govern. Así, en esta operación fueron detenidos el ex conseller de urismo, Miquel Nadal (UM), el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el ex director general de Promoción Turística del Govern, Joan Sastre, el contable de UM, Alvaro Llompart, y el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver.

Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, decretó el pasado 6 de febrero prisión bajo fianza de 100.000 euros para Nadal y Flaquer, la misma cantidad que solicitaba la Fiscalía después de que ambos declarasen en el marco de la Operación Voltor, a fin de mitigar un posible riesgo de fuga por su presunta implicación en esta trama de corrupción y las penas que llevan aparejadas los delitos que se les imputan.

Mientras tanto, el magistrado decretó también fianza de 100.000 euros para Oliver y Sastre; y de 75.000 euros para Llompart, mientras que sobre el director del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico y concejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa, la Fiscalía no solicitó privación de libertad.

Las detenciones de este lunes se han producido en el marco de la segunda fase de la Operación Voltor, que ya ha supuesto la detención de dos ex consellers de Turismo del Govern actual.

Además
Detienen al ex conseller de Turismo, Francisco Buils
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elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; CONDE PIDIÓ ASESORAMIENTO PARA CREAR ONA MALLORCA ANTES DE QUE LE FUERA ADJUDICADA

Un periodista declaró hoy que Conde le pidió un listado con las personas y partidos políticos que formaban parte del Consell

PALMA. EUROPA PRESS Un periodista que declaró hoy en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, afirmó que el propietario de la productora Studio Media, Alfredo Conde, le pidió a mediados del año 2000 un listado con las personas y partidos políticos que formaban parte del Consell, así como asesoramiento periodístico y técnico, todo ello meses antes de que la Institución insular adjudicase la puesta en marcha y explotación de Ona Mallorca a esta empresa audiovisual.

Durante su comparecencia ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2, el fiscal Juan Carrau y varios de los letrados personados en el procedimiento, el encausado, Carlos Marín, negó sin embargo que Conde, en libertad bajo fianza de 200.000 euros por este caso y presunto testaferro del ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, nunca le comentó cómo sabía que Studio Media iba a resultar adjudicataria en diciembre de ese mismo año del impulso de la emisora pública.

Tal y como recordó, Conde se dirigió a él para pedirle asesoramiento para la creación de la cadena ya que era profesional técnico, aunque insistió en que no sabía por qué le pidió información sobre las áreas de gestión del Consell. El imputado, asistido por el abogado Juan José Cano de Alarcón, admitió sin embargo que remitió el listado al propietario de Studio Media, después de que el juez le exhibiese el correo electrónico que Marín envió a Conde con la información solicitada.

En este punto de la declaración, el encausado aseguró desconocer la relación de Conde con la entonces presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, quien precisamente está citada a declarar el próximo miércoles, por tercera vez dentro de esta causa, para dar explicaciones sobre su presunta implicación en esta supuesta trama de corrupción.

Marín aseguró además que nunca tuvo una relación contractual con la productora sino que facturaba por los servicios que prestó, aunque "en ningún momento me dijeron de dónde provenía el dinero". De hecho, subrayó, no estaba dado de alta como trabajador en la empresa y acudía de forma puntual a los locales de la compañía, que entre los años 2000 y 2006 recibió más de tres millones de euros para la apertura y explotación de Ona Mallorca, y es una de las principales productoras investigadas en el marco de este procedimiento.

Respecto al asesoramiento que ofreció a Conde, el periodista explicó que informó a Conde sobre cómo estructurar una programación, la realización de boletines informativos, qué tipo de periodistas contratar y el funcionamiento general de una parrilla. Finalmente, señaló que las reuniones que mantuvo con el ex director de Ona Mallorca las tuvieron siempre los dos solos, y que los periodistas que le sugirió fueron contratados posteriormente.

diariodemallorca.es

"CASO PALMA ARENA"; LINARES DECLARA QUE LAS DECISIONES IMPORTANTES LAS TOMABA MATAS

La directora de gabinete del ex president del Goverm ha afirmado que las deiciones importantes las tomaba Pepote Ballester, siempre previa consulta con Matas

EFE.PALMA Dulce Linares, que fue directora de gabinete del ex presidente del Govern Jaume Matas, ha declarado hoy al juez que las decisiones "más importantes" del velódromo Palma Arena las tomaba el ex director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, pero siempre "previa consulta" con Matas.

Linares ha declarado hoy en calidad de imputada ante el juez instructor del caso Palma Arena, Jose Castro, que investiga una supuesta corrupción en la construcción del velódromo durante la anterior legislatura del PP, presidida por Matas, dado el elevado sobrecoste que supuso esta infraestructura.

El propio Matas, que actualmente reside en Estados Unidos, está citado a declarar en esta causa el próximo 23 de marzo, también como imputado.

La ex jefa de gabinete de Matas, a quien se le atribuyen delitos de prevaricación y malversación, ha comparecido ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma por espacio de unas dos horas, después de que su declaración fuera aplazada la pasada semana.

Sin embargo, la que fue patrona de la Fundación Illesport (encargada de gestionar la construcción del velódromo y que presidía Matas) y miembro del consorcio Palma Arena, no ha salido hasta más tarde de las dependencias judiciales de Vía Alemania, ya que la acusación y la fiscalía han debatido la posibilidad de pedir medidas cautelares contra ella de tipo civil o penal.

Finalmente, y debido a cuestiones "técnicas", según han informado a Efe fuentes jurídicas, no se ha decidido reclamar dichas medidas contra Linares, algo que se podría hacer con posterioridad.

Durante su comparecencia, Linares ha explicado al juez, a los abogados presentes y al fiscal Anticorrupción, que tanto Ballester como el entonces gerente del pabellón, Jorge Moisés, se presentaban en las reuniones de Illesport "con la decisiones tomadas".

Ha abundado que las de "menos calado" las adoptaban ellos mismos y las "más importantes" las consultaban antes con Matas, aunque ha discrepado en que el ex presidente y ex ministro de Medio Ambiente quisiera hacer el velódromo "a costa de lo que fuera", tal y como han indicado al juez otros imputados.

Respecto al papel de José Luis "Pepote" Ballester, ex campeón olímpico, en las decisiones, ha afirmado que si bien "al principio no tenía conocimiento de contratación administrativa", supone que "iba adquiriendo" estas cualidades.

En varios momentos de la declaración, Linares se ha desvinculado de las supuestas irregularidades que se investigan y ha llegado a afirmar que ella era una mera "figura decorativa" en algunas contrataciones, así como que "siempre" ha confiado en el buen hacer del departamento de Contratación del Govern.

Finalmente, a preguntas de su abogado, Eduardo Valdivia, Linares ha asegurado que "nunca", con ocasión de la tramitación de los expedientes referidos al velódromo, tuvo "conocimiento ni sospecha de ninguna irregularidad" y que "en ningún momento" fue consciente de "haber relajado ningún rigor en su tramitación".

diariodemallorca.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; DETENIDOS FRANCESC BUILS Y JACINTO FARRÚS

El ex conselller de Turismo, el empresario de comunicación y dos informáticos de la empresa Minser han sido detenidos esta mañana en el marco de la Operación Voltor
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Mallorca REDACCIÓN. PALMA Francesc Buils, ex conseller de Turismo, y Jacinto Farrús han sido detenidos esta mañana por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. en el marco de la Operación Voltor, acusados de corrupción. Así como también han sido detenidos dos empresarios de la empresa Minser. En estos momentos los cuatro detenidos se encuentran en comisaría.

En estos momentos, la policía está registrando las sedes de las empresas de Farrús. En concreto, los edificios Lloret y Closell, sedes de Canal4 y Cent&ment, se encuentran precintados, en estos momentos. Y se está registrando también la redacción de informativos de IB3, aunque por ahora se sigue trabajando con normalidad.

El empresario es el propietario de la televisión Canal 4, así como también tiene la concesión de los servicios informativos de IB3.

Por su parte, la empresa Minser recibió por concurso directo 600.000 euros del conseller de Turismo de Unió Mallorquina, Miquel àngel Flaquer.

La Operación Voltor investiga la presunta trama de corrupción urdida desde el Instituto de Estrategia Turísitica a través del cual se ha desviado durante la presente legislatura fondos públicos a personas y empresas afines a Unió Mallorquina. El Inestur, gestionado desde la Conselleria de Turismo, estaba en manos de UM antes de que el pasado 5 de marzo esta formación fuera expulsada del Ejecutivo autonómico, rompiéndose el Pacto de gobierno.

La Operación Voltor se desató el pasado mes de febrero con la detención de numerosas personas y altos cargos del Govern. Así, en esta operación fueron detenidos el ex conseller de urismo, Miquel Nadal (UM), el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el ex director general de Promoción Turística del Govern, Joan Sastre, el contable de UM, Alvaro Llompart, y el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver.