miércoles, 16 de noviembre de 2011

ARTACHO ELUDE DECLARAR TAMBIÉN EN EL "CASO BRUGAL"

ARTUR BALAGUER - Benidorm

El empresario Francisco Artacho se presentó por fin ayer en el juzgado de Dénia que instruye la pieza separada del caso Brugal por la adjudicación de la planta de basura de esta localidad de La Marina Alta a Ángel Fenoll en el año 1998.

Artacho, cuñado del exedil del Partido Popular Juan Roselló, cerró la ronda de declaraciones de la causa, pero se acogió a su derecho a no declarar, como ya habían hecho otros cinco del total de 11 imputados que han desfilado por el juzgado.

El empresario Artacho está considerado por la policía y por el fiscal el intermediario de la operación por la cual el industrial Fenoll habría pagado 600.000 euros a concejales y técnicos del Ayuntamiento de Calp, hechos por los que se investigan los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Este empresario, que también estuvo implicado en el caso Aguas de Calp, no acudió el día que estaba citado, eludió la segunda citación y solo después de ser amenazado por el juez con su arresto se puso a disposición de la justicia. Ayer compareció, pero ni siquiera se justificó. Ahora tendrá que decidir el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia, que ha concluido con la primera ronda de citaciones, los siguientes pasos de la instrucción.

Este caso tiene que ver con la supuesta manipulación al alza del pesaje de los camiones de la basura. Estas falsas facturas eran luego endosadas a las arcas municipales.

La policía y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que Fenoll entregaba "grandes cantidades de dinero" a los políticos locales a cambio de consentir las irregularidades en la adjudicación, construcción de la planta y pesaje de la basura.
 
Más negativas
De momento se han negado a prestar declaración Artacho y su cuñado, Fenoll y su hijo y los propietarios del suelo donde se construyó la planta de transferencia de basura. Los otros cinco imputados negaron los hechos en su comparecencia judicial.

El empresario Ángel Fenoll también está imputado en la adjudicación del vertedero previsto dentro del plan zonal de la comarca de La Vega Baja, sobre la que declarará el próximo día 1 de diciembre el expresidente de la Diputación de Alicante y líder del PP regional, José Joaquín Ripoll, actualmente presidente del puerto de Alicante.

elpaís.com

UN JUEZ INDAGA SI EL EX ALCALDE DE BENALMÁDENA MALVERSÓ FONDOS

La fiscalía advierte indicios de presuntos delitos en relación con el puerto

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

La fiscalía de Málaga ha advertido indicios de presuntos delitos de malversación de caudales y de falsedad de documento público en la sociedad municipal del puerto deportivo de Benalmádena durante el mandado del ex alcalde Enrique Moya (PP), y de los que sería responsable también la concejal que era responsable de Puerto Marina, Carmen Romero, la edil tránsfuga de Movimiento por Benalmádena que en mayo de 2008 rompió el gobierno tripartito con PSOE e IU y dio el voto decisivo para la moción de censura que aupó al PP a la alcaldía. Un juez de Torremolinos ha abierto diligencias a instancias de la fiscalía, sin que de momento haya formulado imputaciones.

Los hechos se refieren al presunto trato favorable que la sociedad municipal del puerto dio a la discoteca kaleido, con la que en julio de 2009 firmó un contrato de cesión de una terraza de 120 metros cuadrados en la vía pública pese a que contaba con informe desfavorable de los técnicos municipales y que de hecho la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) desautorizó y mandó retirar en octubre de 2010. En ese tiempo, la discoteca no abonó el canon correspondiente, y generó una deuda de 66.746 euros.

Cuando hubo de retirar la terraza, el Ayuntamiento acordó compensar a la discoteca con 62.348 euros, importe en el que una empresa estimó el coste del montaje de la terraza, con lo que la discoteca sólo hubo de abonar 4.397 euros de lo que debía.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, conminó ayer al presidente, Elías Bendodo, a suspender temporalmente de sus puestos mientras se concluye la investigación judicial a Moya y Romero, contratados ahora como asesores taurino y de desarrollo, respectivamente.

elpaís.com

"URDANGARÍN ERA EL GESTOR Y COBRABA POR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE SU EMPRESA"

Comité Ejecutivo del Instituto Noos.
LOS NEGOCIOS DEL DUQUE DE PALMA

* El socio del Duque de Palma declara que este cobraba de la subvención del Gobierno balear a través de su empresa privada
* Excelencia, le investigan
* Urdangarin regresa a España para preparar su defensa

Andreu Manresa / Jesús García Palma / Barcelona 16 NOV 2011 - 12:39 CET32

Diego Torres, socio principal de Iñaki Urdangarin, durante la etapa en que este fue presidente del Instituto Noos, una asociación sin ánimo de lucro que cobró 2,3 millones del Gobierno balear entre 2005 y 2006 por organizar unos congresos sobre turismo y deporte, aseguró en su única declaración ante el juez que investiga el caso Palma Arena que el yerno del Rey y Duque de Palma gestionaba el organismo y que pese a que no tenía sueldo por esa tarea sí cobró por los servicios prestados al Instituto Noos a través de una consultora de su propiedad llamada Aizoon.

La Fiscalía Anticorrupción que investiga este caso sostiene que Torres y Urdangarin tomaron el control del Instituto Noos para “contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales) para rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y, simultáneamente, organizar un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles a través de las cuales desviaban fondos públicos y privados que recibía el Instituto Noos, apoderándose de los mismos”.

Torres, mano derecha de Urdangarin en el Instituto Noos hasta 2006, en que ascendió a presidente de la empresa en lugar del Duque de Palma, está imputado por supuestos delitos de falsedad documental, fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación con los contratos suscritos con el Gobierno balear. Fuentes de la investigación sostienen que la imputación de Urdangarin será “inevitable” dadas las pruebas recabadas contra él en el curso de la instrucción de este caso.

Torres aseguró al juez el 11 de julio pasado que los contratos con el Gobierno balear eran en realidad patrocinios para la celebración de congresos de deporte y turismo y que, como tales patrocinios, el Instituto que presidía no tenía por qué “justificar los gastos”.

Lo que sigue es un amplio resumen textual de esa declaración de Torres.

Origen de la relación con el Gobierno balear. “El primer encuentro que recuerdo [relacionado con el convenio que firmó el Instituto Noos] es el que tuvo lugar con José Luis Ballester [director general de Deportes del Gobierno balear], que representaba a la fundación Illes Sport [dependiente de la administración autonómica de Baleares]. Solo conozco una fundación que tenga por objetivo el turismo deportivo y es la fundación Noos y creo que por eso contactaron con nosotros. En la reunión se habló de la conveniencia de impulsar el turismo deportivo y se convino que Noos presentara un presupuesto y quedaron para otras reuniones. En esas reuniones, quién más asistía era el señor Ballester, en alguna ocasión iba el señor Flaquer. El convenio se firmó el 17 de julio de 2005. Yo me desplacé a Palma y me limité a firmar el convenio que se me presentó, que contempla tres líneas de actuación: involucrar al mundo empresarial y universidad; crear un observatorio permanente y organizar una serie de actos. Presenté diversos presupuestos y se aceptó uno de 1,2 millones. El acuerdo era que Nóos recibirá 1,2 millones de euros contra la presentación de las facturas emitidas por Noos pero sin que este instituto tuviera que dar cuenta del coste del encargo. Noos corría con el riesgo de que el encargo pudiera resultar más costoso. Noos libró así las facturas. (…) Supongo que habrá habido algún contacto entre Urdangarin y el gobierno balear ya que conocía al señor Ballester del ámbito deportivo.

[Los informes periciales que maneja la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el coste del servicio prestado por Nóos no superó los 500.000 euros, pero el instituto que presidía Urdangarin cobró 1,2 millones]

Superávit por otros patrocinios. “Contábamos con el patrocinio de la cadena Sol y Melia y Air Europa, una empresa de alquiler de coches, y no recuerdo si había más ni los importes de los patrocinios. Yo conté estos patrocinios verbalmente en reuniones más o menos mensuales a Ballester. Los otros patrocinadores no sumaban 1,2 millones de euros, era mucho menos. El coste del encargo del Gobierno balear rondó 1,2 millones de euros y es posible que haya habido un superávit correspondiente al resto de los patrocinios.

La junta directiva no cobra salarios. Ningún miembro de la junta directiva cobra salarios y solo los honorarios por los servicios que puntualmente prestan, al margen de que contamos con una plantilla de personal laboral para las funciones no directivas.

[En la Junta Directiva de Noos figuraban hasta 2006 tanto Urdangarin como su esposa, la Infanta Cristina y el secretario de esta, Carlos García Revenga, que ejercía como tesorero].

El negocio del socio. “Yo tengo una empresa de consultoría que facturaba al año al Instituto Noos unos 80.000 euros, que hay hasta 120 profesionales que facturan a Noos por sus servicios. No cobro por participar en los órganos de Gobierno de Noos sino por los servicios que presto con ocasión de desarrollar proyectos, básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría con personal propio”.

Plantilla y clientes. “La plantilla de Noos la componen unas 15 personas. Noos ha prestado servicios para la Generalitat Valenciana, Telefónica y pequeñas empresas”.

Los cobros del duque de Palma. “[Urdangarin] no cobraba por las funciones de gerencia pero sí por los servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador, llamada Aizoon y en razón de los estudios y dirección de proyectos que realizara”. (…) “En 2005, Urdangarín realizaba funciones de gestión junto a mí y a los restantes miembros de la Junta Rectora se les informaba periódicamente de dicha gestión”.

Miembros del consejo. Los demás miembros del consejo de dirección no solían facturar. Salvo el abogado por algún estudio jurídico que hiciera.

"No hay que justificar gastos". "En un convenio de patrocinio como este, el patrocinado no tiene por qué justificar los gastos y solo constatar que se ha celebrado el evento patrocinado. El presupuesto que se aportó en el primer convenio era una aproximación y Noos tenía asumido que si costaba más, sería a su cargo. Yo ignoraba que en el expediente administrativo solo figuraba el presupuesto. Algunos patrocinadores patrocinaban sufragando gastos, pero otros aportaron sumas en efectivo, ahora no puedo decir cuánto. Un contrato de patrocinio se puede firmar de un día para otro".

"CASO MALAYA"; ROCA REVELA QUE VARIOS EMPRESARIOS FINANCIARON LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL GIL EN 2003

Juan Antonio Roca durante el juicio por el caso 'Malaya'. | ELMUNDO.es
Los pagos superan los 292.000 euros

* Con tal argumento trata de exculparse del delito de cohecho
* El fiscal no acusa por ningún delito de financiación irregular de partidos

José Carlos Villanueva | Málaga

Nueva sorpresa en el juicio por el caso 'Malaya'. El principal acusado, Juan Antonio Roca, ha desvelado este miércoles que varios empresarios acusados que comparten banquillo junto a él contribuyeron con su dinero a financiar la campaña electoral del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las elecciones municipales de 2003. Los pagos superan los 292.000 euros y el cabeza de cartel era Julián Muñoz.

La confesión del exasesor urbanístico se ha producido a preguntas del fiscal, cuando Juan Carlos López Caballero le interrogaba sobre documentos de su contabilidad denominados "hoja de caja cña". Roca ha respondido que "está muy claro, porque se trata de hoja de campaña". Todo ello tras asegurar que el empresario Fidel San Román aportó 75.000 euros para tal fin.

Con esta versión el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí trata de desvincular cualquier relación entre pagos recibidos por empresarios y resoluciones urbanísticas favorables que éstos obtuvieron a cambio, en el marco de construcciones ejecutadas en Marbella, lo que equivaldría al delito de cohecho que se le imputa. Todo en contra de lo que sostiene el Ministerio Público al acusar a Roca de delitos de cohecho por influir en el otorgamiento de licencias y permisos de obras ilegales. López Caballero no refleja imputación alguna por posibles delitos de financiación irregular de partidos políticos.

Aunque el que fuera brazo derecho de Jesús Gil no ha sido preguntado por otros nombres de empresarios, lo cierto es que al admitir que "hoja de caja cña" está íntegramente relacionado con dicha campaña electoral de 2003, con ello implica en los pagos al resto de promotores acusados que figuran bajo dicho epígrafe en la famosa contabilidad incautada de Maras Asesores S.L.

Concretamente, en el escrito de conclusiones del fiscal se reproduce una aportación del empresario portuense Manuel Lores, el 13 de diciembre de 2002, por importe de 50.000 euros. Antes, el 18 de octubre de 2002 aparece el empresario Javier Arteche vinculado a otro pago de 60.100 euros.

El 3 de diciembre de 2002 figura una aportación del también acusado Francisco Zambrana en la llamada "hoja de caja cña", por la cantidad de 45.000 euros.

Por lo que respecta a la aportación de San Román de 75.000 euros dicha cantidad consta como "entrada" en la contabilidad del exasesor urbanístico el 18 de diciembre de 2002. Además, por el mismo concepto de "hoja de caja cña", el 4 de diciembre de 2002 figura un pago de 60.000 euros aportado por el apoderado de la empresa inmobiliaria Proincosta, Eusebio Sierra.

Sierra alcanzó un acuerdo de conformidad con el fiscal y se declaró culpable, semanas atrás, de haber entregado un soborno de 60.000 euros a Roca. No obstante, relacionó el pago sujeto a un reconocimiento de una deuda que el Ayuntamiento de Marbella tenía contraída con la citada mercantil representada por Sierra.

Aunque el acusador público aún no ha preguntado a Roca por el presunto soborno que entregó éste al exalcalde Julián Muñoz, cifrado en 162.000 euros, repartidos en tres pagos, el grueso de dicha cantidad también figura en la llamada "hoja de caja cña" como "salidas". Así pues, es previsible que el exasesor urbanístico relacione los pagos recibidos por el exregidor con la campaña electoral de mayo de 2003 en la que Muñoz fue cabeza de lista del GIL.
 
Tres pagos atribuidos a J.M.
En dichos archivos aparecen un total de tres pagos atribuidos al acrónimo J.M. que el fiscal relaciona con Julián Muñoz. El primero el 7 de noviembre de 2002-semanas después de firmarse un convenio urbanístico con la empresa CCF21 vinculada a socios de Roca-por importe de 15.000 euros; el segundo el 11 del mismo mes, por 135.000 euros. El tercer pago, con Muñoz ya fuera de la Alcaldía, es el 10 de diciembre de 2003, por 12.000 euros.

A pesar de que Roca sostiene que todas las entradas de dinero que recibió por fondos de "hoja de caja cña" se destinaron a gastos electorales del GIL el fiscal argumenta en su escrito de acusación que todo se desvió a empresas del propio acusado. Tal es el caso de la propia Maras Asesores; Heliponto Marbella S.L.; Fincas e Inmuebles Socotora, así como Aragonesas de Finanzas Jacetanas, entre otras.

En todo momento el ex brazo derecho de Jesús Gil ha atribuido al fallecido exregidor la responsabilidad a la hora de recaudar las cantidades destinadas a la campaña electoral de 2003: "Eran todo anotaciones mías siguiendo instrucciones del señor Gil".

El tenso interrogatorio entre fiscal y acusado se ha centrado también en el otorgamiento de licencias de obras. De nuevo Juan Antonio Roca se ha desvinculado de cualquier responsabilidad y ha negado haber asistido nunca a comisión de gobierno alguna.

"No me acuse usted de haber urdido un urbanismo ilegal en Marbella, porque eso lo hizo Jesús Gil, con quien yo tenía discusiones bizantinas para cambiar las cosas", le ha espetado Roca al fiscal. El exgerente de urbanismo marbellí también ha asegurado que se reunía "todos los meses" con "el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía" en Málaga "para sacar adelante un nuevo Plan", en alusión al PGOU.

Dado que Roca vincula las discusiones con Gil con las reuniones que mantenía con dicho delegado del Ejecutivo autonómico, los encuentros con quien ocupaba dicho cargo pudieron mantenerse entre agosto de 2003, fecha de la moción de censura contra el exalcalde Muñoz, y abril de 2004, fecha del fallecimiento de Jesús Gil. La persona que ostentaba tal responsabilidad en el Gobierno andaluz era José María Ruiz Povedano.