viernes, 24 de abril de 2009

EL JUEZ DEL "GUATEQUE" PIDE INFORMACIÓN SOBRE LÓPEZ VIEJO


Su esposa está imputada en el 'caso Guateque' de corrupción municipal

DANIEL VERDÚ - Madrid

A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, le crecen los enanos. A la imputación por el caso Gürtel a la que tiene que hacer frente por su presunta vinculación con la trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa ahora se le suma el interés del juez Santiago Torres, que ha pedido información sobres sus bienes por la imputación de su esposa, Teresa Gabarra, en otro escándalo de corrupción: el caso Guateque. Un juez de instrucción no puede imputar a un aforado, como es el caso de López Viejo, diputado de la Asamblea de Madrid. En caso de que encuentre indicios, tiene que elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que solicite al parlamento autonómico el correspondiente suplicatorio para proceder contra él.

* Un cargo polémico

El magistrado, en una providencia fechada el 27 de marzo, reclama a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid las declaraciones de López Viejo que figuren tanto en el Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid como en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. Dicho interés proviene de la imputación de la esposa de López Viejo.La esposa del consejero, Teresa Gabarra, está imputada en la concesión de licencias por un supuesto trato de favor: la obtención de permisos para un restaurante de su propiedad en la calle de Ibiza. Uno de los expedientes solicitados por el juez, el relativo al local de la mujer de López Viejo, contenía una anotación con la palabra: "Urgente". Gabarra Balsells negó este extremo ante el juez el pasado mes de diciembre.

Además, en la providencia, el juez reclama también al registro mercantil información sobre cuatro sociedades en las que figuran la imputada Teresa Gabarra y presuntamente también el propio López Viejo; entre ellas, se encuentra la empresa Marvel. Gabarra figura como apoderada en dos: de La Pampa Hostelera SL y Loga Siglo XXI SL, sociedades de las que fue vicepresidenta hasta agosto de 2008.

De la misma manera, el juez solicita información al registro civil sobre el régimen económico matrimonial de esta pareja por si se hubieran acogido a separación de bienes.

López Viejo, de 41 años, está imputado y fue investigado por el juez Baltasar Garzón por el presunto cobro de comisiones y regalos a cambio de adjudicar contratos a la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Fraccionó contratos para adjudicarlos a la trama mafiosa y recibió sobornos por 563.000 euros, según consta en el sumario. Su causa ha pasado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá continuar con el proceso.

La trama tenía presuntamente su contacto en López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes. El hombre de confianza de Esperanza Aguirre, quien conoce a la presidenta desde su etapa en el Ayuntamiento (fue concejal de Limpieza entre 1999 y 2003), les facilitó la entrada en la Comunidad de Madrid, como relató Isabel Jordán, otra de las imputadas, al juez: "Una vez que ganamos el primer concurso, los técnicos de Presidencia ya nos llamaban a todos y nos preguntaban si nos íbamos a presentar. Luego, había actos que no estaban, que surgían. De repente, viene Axa a presentar aquí no sé qué. Pues venga. Yo recuerdo un acto porque ganó el Real Madrid la copa o algo así".

Cuando López Viejo era concejal en el Ayuntamiento fue señalado por el interventor del Consistorio por irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. También fue acusado de imponer a los proveedores la compra de vehículos de una marca para favorecer a un concesionario y de forzar la adquisición de muebles en la tienda de su padre, Fernando López Paredes.

Un cargo polémico

- Alberto López Viejo fue concejal en Madrid desde 1995 hasta 2003.

Durante 12 años organizó los actos electorales de Aguirre. Fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes.

- Cesó en febrero, cuando fue vinculado al 'caso Gürtel'. Se le acusa de fraccionar contratos y recibir sobornos por 563.000 euros.

ELPAÍS.COM

EL CASO GÜRTEL SE ACERCA A AGUIRRE


Dos cargos de la lideresa, imputados judicialmente

JOSÉ MARÍA GARRIDO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar el próximo martes como imputados al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado para declarar sobre su implicación en el caso Gürtel.




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Así, Alfonso Bosch Tejedor se convierte en el primer aforado madrileño al que se imputa en el procedimiento penal. Bosch será interrogado por el magistrado de ese tribunal Antonio Pedreira, designado instructor de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y que también ha citado para la semana que viene a su presunto cabecilla, Francisco Correa, y a varios empresarios (Santiago Lago, Alfonso García Pozuelo y Enrique Carrasco), informa EFE.

Pieza clave en el PP madrileño
El perfil de Bosch Tejedor revela conexiones clave con importantísimos dirigentes del PP. Bosch fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. Hasta hace poco, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Además era secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre.

Mesa y mantel
Bosch fue uno de los encargados de organizar el banquete entre Ana Botella Aznar y Alejandro Agag. El diputado madrileño compartió mesa y mantel con Álvaro Perez -imputado, detenido y puesto en libertad con cargos-, Alberto López Viejo – imputado y cesado de la Consejería de Deportes-, y Francisco Correa -considerado el cerebro de la presunta trama, también imputado y detenido- y sus respectivas mujeres

Indemnización
El pasado 7 de noviembre, este periódico desveló que el diputado autonómico madrileño recibió 9.000 euros de indemnización al ser destituido como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivivienda (EMSV) de Boadilla del Monte.

Bosch, según Garzón
Bosch “tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado” en Boadilla, según el auto de Garzón. Se le acusa de adjudicar a la trama contratos como el de gestión de la Oficina municipal de Atención al Ciudadano, un acuerdo por 14 años con un pago de 506.000 anuales. El parlamentario, además, se autoinculpó al reconocer “en las intervenciones telefónicas que está detrás de todo el tinglado” en el municipio, refiriéndose “a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios”.

Bosch, según el TSJM
El 31 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a Garzón, se declaró competente para seguir con el caso Gürtel, y aseguró que todo parece indicar que “Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquel".

Carlos Clemente Aguado.
Por su parte, Carlos Clemente Aguado, fue viceconsejero de Inmigración de Madrid desde el 2005 hasta el 2008. Se le acusa de haber recibido 6.000 euros en diciembre del 2006 y habría incurrido en delitos de blanqueo y asociación ilícita. En la actualidad, reside en Colombia.

jmgarrido@elplural.com

EL TSJM IMPUTA AL DIPUTADO BOSCH TEJEDOR Y AL EX VICECONSEJERO CLEMENTE AGUADO EN LA TRAMA "GÜRTEL


ESPAÑA

Alfonso Bosch, caso Gurtel, TSJM

Agencias

El diputado del PP Alfonso Bosch Tejedor. Efe

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar el próximo martes como imputados al diputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Clemente Aguado, para declarar sobre su implicación en la trama corrupta de empresas que salpica al PP, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De este modo, el parlamentario regional Alfonso Bosch Tejedor se convierte en el primer aforado madrileño al que se imputa en el procedimiento penal. En el auto por el que el TSJM asumió investigar el 'caso Gürtel', la Sala apreció en la conducta de Bosch Tejedor la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Asimismo, el instructor del TSJM tomará declaración en calidad de imputado el próximo jueves al supuesto 'cerebro' de la red corrupta Francisco Correa, a quien el juez de la Audiencia Nacional imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Además, el magistrado Antonio Pedreira cita como imputados el 28 de abril al abogado Santiago Lago Borstein y el 30 de abril a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns, el presidente de la Constructora-Hispánica, y Enrique Ruiz de la Fuente. Se trata de nuevos imputados en la causa penal.

El instructor del procedimiento, que mantiene secreto el sumario, seguirá celebrando nuevas comparecencias en los próximos días para el esclarecimiento de los hechos que saltaron a la luz el pasado 6 de febrero con la detención de cinco de los implicados, entre ellos Correa.

Aforados madrileños
Se trata de las primeras citaciones que acuerda el magistrado desde que el pasado 31 de marzo el Alto Tribunal madrileño aceptara la competencia planteada por el juez Garzón al apreciar indicios de responsabilidad penal en tres aforados parlamentarios de Madrid por cohecho y tráfico de influencias.

El Tribunal de Madrid consideró que entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación aparecía la posible percepción por los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.

En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL SASTRE JOSÉ TOMÁS: "CAMPS JAMÁS DESEMBOLSÓ UN EURO" POR SUS TRAJES


El Bigotes: “Orange Market no ha pagado a nadie ropa”

La polémica por los trajes que la presunta trama corrupta habría regalado al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, continúa. Las versiones de José Tomás, el sastre de la tienda que los vendió, y de Álvaro Pérez, El Bigotes, directivo de la filial valenciana de la trama, son, a todas luces, contradictorias. Mientras el primero asegura que “Camps jamás pagó un euro ni a Milano ni a Forever Young”, los establecimientos en los que el sastre trabajaba y la red compraba los obsequios, según el segundo “Orange Market no ha pagado a nadie ropa”. Si ambos tuvieran razón, los trajes se habrían pagado solos, pero son las declaraciones de Tomás, prestadas el pasado 13 de marzo en la Audiencia Nacional, las que coinciden con los datos recopilados en el sumario del juez Baltasar Garzón. El sastre llevó facturas ratificadas por un notario que prueban el sistema de pago de la trama.

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“Ni el señor Camps ni ninguno de los políticos que han sido citados (los dirigentes del PP Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos) han pagado jamás un solo euro, ni en Milano ni en Forever young. Jamás (…). Siempre pagaba Pablo Crespo (directivo de la trama y ex dirigente del PP gallego)”, indicó el sastre en la Audiencia Nacional.

Yo no he pagado”
Su testimonio es radicalmente opuesto al prestado un mes antes, el 12 de febrero, por El Bigotes. “Orange Market no ha pagado a nadie ropa. Yo no e he pagado a ningún funcionario ropa. Ni en Milano ni en ningún otro sitio. A mí Pablo Crespo nunca me ha pagado nada”, indicó aquel en la Audiencia Nacional.

Envío de trajes…
Otro punto de contradicción en ambas declaraciones es el destino de los trajes. Según el sastre, lo habitual era remitirlos a las casas de los agasajados, “por ejemplo, a Rafael Betoret siempre se lo mandé a su domicilio, y al único al que no se lo solía mandar era a Camps porque era muy complicado, si la seguridad de su domicilio no tenía notificación, alguna vez me lo devolvieron, entonces se lo solía mandar a Álvaro Pérez a la sede suya y él se los hacía llegar”, recoge El País. Precisamente ayer este diario destapó unas conversaciones que evidencian la íntima relación de amistad entre el jefe del Ejecutivo regional y El Bigotes.

…o devolución de trajes
Según Pérez, no obstante, no hubo envío: “Al principio de estar en Milano, no sé si fue el vicepresidente de la Generalitat a ver si se le hacía alguna ropa. Y el presidente. Pero creo que devolvió los trajes porque no le gustó nada”, señaló ante el juez Garzón.

Viajes del sastre
Los viajes del sastre son otro motivo de desencuentro. Según Pérez, el dependiente “no fue a Valencia” a tomar medidas por encargo suyo. Pero Tomás ha relatado varios desplazamientos con El Bigotes y a petición suya. “El segundo viaje que hago yo a la Comunidad Valenciana es a Castellón de la Plana para verle los trajes a Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano) porque dice que le hacen unas arrugas y me tengo que ir con el coche de Álvaro Pérez que me lleva, y luego volverme en un tren. Todo esto, informado el que era mi jefe de ventas y el que era mi gerente de Milano”, ha asegurado.

Pruebas
La declaración del sastre coincide con los indicios del sumario del juez instructor, Baltasar Garzón. La investigación judicial recopiló facturas de estos regalos cuyo valor total superaba los 30.000 euros. Los documentos detallaban, además de los costes, las personas a las que se obsequiaban. La última vez que prestó declaracion, el 13 de marzo, Tomás aportó nuevos documentos “pasados por un notario” que prueban el sistema de pago de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, a Milano y Forever Young.

ELPLURAL.COM

EL PP DENUNCIA EN EL JUZGADO A MONESEIRÍN Y A TORRIJOS POR EL "CASO MERCASEVILLA"


MERCASEVILLA | Presunta petición de comisiones a empresarios



El portavoz del PP municipal, Juan Ignacio Zoido y el concejal Beltrán Pérez. | Esther Lobato

Efe | Sevilla





El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha denunciado al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y al primer teniente de alcalde, Antonio Rodríguez Torrijos, por la presunta petición de comisiones a empresarios por dos ex directivos de Mercasevilla.

Junto con Monteseirín y Torrijos, denunciados en su condición de presidente y vicepresidente de Mercasevilla, también figura en la denuncia Antonio Rivas, delegado provincial de la Consejería de Empleo, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex consejero Enrique Castaño; el concejal y actual responsable político de Mercasevilla, Alfonso Mir, y el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas municipales, Manuel Marchena.

Los cargos de los que se les acusa, según el escrito, son coacciones, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento.

Con respecto a esta denuncia, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, aseguró que responde a "los intereses bastardos del PP", ya que el Ayuntaiento hispalense "tomó la iniciativa en el proceso desde el primer momento". "El PP sólo sabe enredar", declaró el regidor socialista.

En la denuncia, el PP pide la declaración de todos ellos en calidad de imputados y que se cite a declarar como testigos a Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, empresarios del Grupo La Raza, y Jorge Piñero, vicesecretario del consejo de administración de Mercasevilla.

La decisión del Grupo Popular se ha tomado tras conocerse el contenido de la grabación de una conversación mantenida en febrero por Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de Mercasevilla denunciados por la Junta ante la Fiscalía, y empresarios del grupo La Raza.

En esa conversación se les pedía "que dejen un maletín olvidado con 300.000 euros y que pagaran otros 150.000" a cambio de adjudicarles la Escuela de Hostelería Mercasevilla, proyecto que la Junta había subvencionado íntegramente con 900.000 euros", según Zoido.
Silencio de Monteseirín

En la denuncia, se indica de la actuación de Monteseirín que, "de no ser autor directo o cómplice de los hechos principales objeto de la denuncia, es evidente que no sólo ha desatendido la obligación que le impone el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de delito y de los que tuviera conocimiento en razón de su cargo, sino que ha desplegado toda la actividad posible para el encubrimiento de los hechos".

Zoido ha dicho que "han pasado ya casi 3 meses desde que el alcalde supo que Mellet había pedido 450.000 euros en comisiones ilegales y no ha puesto la denuncia", "ni da la cara", así como que "ni Mellet ni Ponce hayan declarado aún ante la autoridad judicial".

El dirigente del PP ha recalcado que en esa grabación aparecen, además, "nombres directamente vinculados al entorno de Monteseirín y de la Junta", como el propio alcalde, Torrijos, el vicepresidente de las empresas municipales, Manuel Marchena, y el concejal del PSOE y actual responsable de la gerencia de Mercasevilla, Alfonso Mir, todos ellos ahora denunciados.

ELMUNDO.ES