jueves, 10 de diciembre de 2009

"CASO SON OMS"; VICENS "COBRÓ" 9.200 EUROS DE SU CONTABLE TRAS DARLE 12.000 POR EL INFORME

Juicio en la Audiencia

* El diputado pudo quedarse con el dinero pagado por el documento plagiado

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Bartomeu Vicens declaró a Hacienda haber cobrado 9.280 euros de manos de su contable Tomás Martín después de adjudicarle a dedo 12.020 euros públicos para que hiciera un informe sobre el valor del suelo en Mallorca que éste acabó plagiando de Internet.

Con esta demoledora nueva prueba bajo el brazo se presentó el fiscal Anticorrupción Joan Carrau al primer juicio por corrupción contra la histórica cúpula de Unió Mallorquina (UM), en el que solicita 4 años y 6 meses de cárcel para el diputado Vicens y 3 años y 2 meses para el que fuera su director insular en la Conselleria de Territorio del Consell de Mallorca Damià Nicolau. A ambos les acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos por este fleco del caso Son Oms destapado por EL MUNDO/El Día de Baleares el pasado mes de febrero.

Carrau esgrimió el nuevo hallazgo del equipo de inspectores de la Agencia Tributaria que dirige Raúl Burillo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que juzga al ex conseller y al ex secretario general de UM por pagar con fondos públicos al contable que consiguió a Vicens facturas falsas por importe de 295.000 euros para pagar menos impuestos por sus comisiones de la recalificación del polígono industrial de Son Oms.

Carrau abrió el interrogatorio al principal imputado preguntándole con aparente ingenuidad si había tenido alguna relación mercantil con su contable durante el ejercicio de 2007. Vicens contestó rotundamente que 'no'.

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elmundo.es

"CASO SON OMS"; LA FISCALÍA DICE QUE ENTRE VICENS Y SU CONTABLE EXISTÍA "PROVECHO MUTUO"

* Durante la jornada de hoy se han expuesto los informes finales en el juicio
* El fiscal recuerda que Martín representaba ante Hacienda a Metalumba


Europa Press | Palma

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha subrayado que la contratación, por parte del ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, de su contable Tomás Martín para elaborar un estudio sobre el valor del suelo a cambio de 12.020 euros públicos y que presuntamente fue plagiado de Internet, iba dirigida a consolidar la relación que ambos mantenían "de provecho mutuo", así como "la actividad delictiva para la comisión de ulteriores delitos y garantizar que los anteriormente cometidos no fuesen descubiertos".

Así se ha pronunciado el representante de la acusación pública durante la exposición de los informes finales en el juicio por esta pieza separada del caso Son Oms, celebrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y que hoy quedó visto para sentencia. "La única pretensión de Vicens al contratar de forma arbitraria a Martín era favorecer a un amigo, comprar su disponibilidad y consolidar las relaciones provechosas entre ambos", ha incidido Carrau.

En su intervención, el fiscal ha recordado que Martín representaba ante la Agencia Tributaria a Metalumba -propiedad de Vicens y su mujer y presunta tapadera a través de la cual habría cobrado unos 750.000 euros en comisiones obtenidas por la recalificación del polígono de Son Oms, según las investigaciones del caso- y mantenía amistad con el ex portavoz parlamentario de UM desde hacía 15 años, así como "relaciones de provecho mutuo".

Sin embargo, ha puntualizado que "nunca" ha mantenido que el encargo del estudio fuese como recompensa a las facturas falsas que el asesor fiscal proporcionó a Metalumba, tal y como confesaron Vicens y Martín, procedentes de dos empresas del constructor John Leaners -precisamente imputado en el procedimiento principal de Son Oms-. "Vicens decidió favorecer a Martín y es algo que ya estaba preparado antes de que fuese contratado", espetó el fiscal anticorrupción, quien acerca del estudio hizo hincapié en que una vez elaborado "no se formuló queja alguna sobre su contenido, no se reelaboró y ningún técnico lo leyó, así como tampoco se exigió a Martín preparación para su realización". Es más, defendió que el informe era "innecesario" y no suponía "ninguna utilidad" para el Consell de Mallorca.

En referencia específica al ex director insular de Territorio, Damià Nicolau, acusado junto a Vicens y Martín y quien suscribió un informe para avalar la necesidad del estudio, sostuvo que "estaba al tanto" de la pretensión del encargo y "ni siquiera lo leyó ni en diagonal ni en zig zag". Por último, Carrau ha apuntado que "no ha quedado claro" que el informe estuviese relacionado con la adopción de futuras medidas cautelares y con la adaptación del Plan Territorial de Mallorca (PTM) de los municipios, como defendió Vicens en el juicio.

En el turno de la defensa, el letrado de Vicens, Eduardo Valdivia, que pide la libre absolución del acusado, expresó su "perplejidad" ante las acusaciones de la Fiscalía y respondió que entre su patrocinado y Martín "no había fidelidad alguna que guardar ni nada en el pasado que compensar", al tiempo que recriminó el "trato favorable" recibido por el asesor fiscal "después de afirmar que ha engañado al Consell y sin embargo se le pide una multa como pena".

Durante su discurso, el abogado ha enfatizado que las tesis defendidas por el Ministerio Público "carecen de toda lógica y no pueden prosperar", al recalcar que no hay prueba sobre la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación que se imputan a su defendido. "¿Qué necesidad tenía Vicens de encargar a su contable un trabajo sobre el que no tenía capacidad?", se preguntó Valdivia respecto a la acusación de que el asesor fiscal no tenía preparación para elaborar el estudio y por ello la Conselleria de Territorio le instó a plagiarlo de varias páginas web.

Asimismo, ha lamentado que la Fiscalía postule que hubo prevaricación "alegando que el estudio era deficiente, cosa que se comprobó dos meses después de que hubiera haberse producido este delito al resolver la contratación en favor de Martín", un hecho que calificó de "jurídicamente absurdo". Por último, el letrado incidió en el "vacío probatorio" del juicio que la acusación pública "ha intentado disipar" aportando testigos y documentos, como una tasación de Can Domenge, "que nada tienen que ver con los hechos que se juzgan".

Mientras tanto, el abogado de Nicolau, Fernando Rosselló, que también solicitó la absolución de su defendido, se pronunció en la misma línea que Valdivia y aseveró que la declaración de Martín "no son prueba de cargo y no se puede tener en cuenta para nada". Asimismo, respecto a la actuación de su patrocinado recalcó que como director insular de Territorio "no tenía competencia absolutamente alguna para intervenir en los contratos menores y, por tanto, tampoco tenía una función fiscalizadora".

Finalmente, ha destacado que los contratos menores "se adjudican a dedo y esto está dentro de la Ley", por lo que apuntó que "nunca puede constituir un delito este tipo de concesión, sea o no hacia un conocido". Es por ello que se preguntó "dónde está el dolo directo y de primer grado en Nicolau que exige la jurispridencia".

Además
* La Fiscalía pide 4 años para Vicens y 3 para Nicolau
* 'El Consell tenía técnicos para valorar suelo en el piso de abajo'
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* Vicens y su contable admiten que emitieron facturas falsas

elmundo.es

CASO GÜRTEL: FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA UN EX MANDATARIO DE LA EMSV DE BOADILLA

Impuesta por el juez Pedreira

* Se le imputan, entre otros, los delitos de cohecho y tráfico de influencias


Efe | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 1.500.000 euros al ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla, César Tomás Martín Morales, imputado por cinco delitos.

Según ha informado el TSJM, Martín Morales ha contestado durante su comparecencia ante Pedreira a las preguntas formuladas por su abogado y a algunas cuestiones del Ministerio Fiscal y el magistrado instructor, quien le ha impuesto esta fianza para "hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas" de la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

El también ex concejal del PP en Getafe (Madrid) fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el 'caso Gürtel' por delitos de cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de dinero cuando era vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

También ha comparecido ante Pedreira Francisco Leal Bravo, miembro de los órganos de administración de las sociedades Good&Better y Easy Concept -ambas intervenidas judicialmente por su presunta implicación en la trama-, que fue contratado para encargarse de la base de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, y a quien el juez del TSJM no ha impuesto ninguna medida cautelar.

elmundo.es

IMPUTAN POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA AL ALCALDE DE ESTEPONA, DAVID VALADEZ

ESTEPONA
La juez investiga a su jefe de gabinete y al aparejador

[foto de la noticia]

* Un ex edil denunció la construcción ilegal de una casa en suelo rústico


Juan Sánchez | Málaga
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona ha imputado al alcade, el socialista David Valadez, por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos, según han informado fuentes judiciales a ELMUNDO.es.

Junto al regidor figuran también imputados el aparejador municipal José Antonio Molina y el jefe de gabinete del primer edil, Luciano Sánchez. Los hechos se remontan a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Marbella por el ahora ex edil del PES Juan Manuel Rodríguez contra Luciano Sánchez por haber construido una vivienda en suelo rústico con el visto bueno del técnico municipal.

La casa se encuentra situada una parcela de la Loma de la Pontezuela. La finca consta de 5.000 metros cuadrados de extensión con catalogación de suelo rústico. Sobre ella, como certifica el Registro de la Propiedad, se levanta una vivienda compuesta de una sola planta, distribuida en salón, cocina, baño, distribuidor, dos dormitorios y porche, que ocupa una extensión de algo más de 115 metros cuadrados, y un cobertizo, anexo a ésta, de casi 14 metros cuadrados.

Sus propietarios el jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, y su esposa, Pilar Flores, quienes adquirieron la finca en gananciales el 21 de julio de 2004. Posteriormente, el 6 de marzo de 2007 Sánchez elevó a público ante notario la declaración de obra nueva ejecutada sobre dicho terreno.

En la inscripción el jefe de gabinete atestigua que sobre la parcela se halla levantada la citada casa y el cobertizo. Al objeto de poder otorgar escritura pública de obra nueva, Sánchez hace constar que ambas edificaciones tienen más de cinco años de antigüedad. Para que quede legalmente registrado aporta una certificación expedida por el arquitecto técnico José Antonio Molina, "por la que se declara que la construcción, cuya descripción es coincidente con la indicada en el título que se despacha, tiene una antigüedad superior a cinco años", según recoge la inscripción registral.

La certificación del aparejador fue visada el 1 de marzo de 2007 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Sin embargo, una ortofoto realizada el 29 de septiembre de 2004 por los técnicos del Instituto de Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, revela que sobre la parcela no hay vivienda alguna, lo que pone de manifiesto que el jefe de gabiente y el aparejador no dijeron la verdad al advertir de que la construcción tenía una antigüedad superior a los cinco años.

Además
* La dirección provincial del PSOE apoya al alcalde de Estepona
* Valadez dice que actuó tras conocer la presunta irregularidad
* El PP pide la dimisión de David Valadez
* Trabajadores del Consistorio de Estepona se manifiestan

elmundo.es