miércoles, 22 de junio de 2011

"CASO MALAYA"; VARIOS ACUSADOS DE HACER NEGOCIOS CON ROCA DICEN QUE NO SABÍAN QUE PARTICIPABA

Juan Antonio Roca en una de sus declaraciones del juicio. | ELMUNDO.es
Aseguran que no le conocían
Europa Press | Málaga

Acusados en el caso 'Malaya', que supuestamente participaron en un negocio inmobiliario con sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, han negado este miércoles que supieran que el principal acusado estuviera detrás de la operación y que estuviera trabajando en el Ayuntamiento marbellí, ya que no lo conocían.

Los empresarios acusados Jesús Bravo y Osvaldo Godfrid, según la acusación pública, asumieron el control de una sociedad comprando la mayoría de las participaciones que en la misma tenían dos sociedades, una de ellas vinculada a la familia del exalcalde Jesús Gil, aunque en esta entidad permanece Roca a través de otra empresa, con el 25 por ciento del capital social.

El fiscal sostiene que la participación de ambos es para desarrollar urbanísticamente los terrenos de una finca, mediante la construcción de un campo de golf y viviendas, que pertenecía a la sociedad en la que entran, "asegurándose el éxito de la aventura empresarial acometida al contar con el poder del señor Roca, uno de sus socios, en materia urbanística en el Ayuntamiento de Marbella".

Declaraciones de los acusados
El primero de los acusados en declarar en esta sesión del juicio ha explicado que la inversión fue de unos cinco millones de euros y ha señalado que no estuvo en el día a día de la compra, "sólo fui al notario". Ha afirmado que compraron "una finca rústica con posibilidades de ser urbanizable", pero no sabían cuándo podía ser, y que "había tantas dudas en el urbanismo de Marbella que tuvimos recelos".

Ha negado en varias ocasiones que conociera entonces a Roca y que supiera que estaba detrás de la sociedad con la que se realizó la operación, participando en parte del capital social con otra empresa; y ha manifestado que los vendedores, entre los que, según el fiscal había familiares de Gil, "ya habían iniciado una serie de gestiones para promover un cambio urbanístico".

Aunque ha admitido que era una operación "de alto riesgo" porque "no era inminente poder urbanizar", ha dicho que no sabían quiénes eran los otros accionistas ni se preocuparon en saberlo "porque teníamos el 75 por ciento de la sociedad y podíamos hacer casi lo que quisiéramos". Ha afirmado que, finalmente, no hay construido ni la promoción ni el campo de golf, aunque se obtuvo licencia para éste.

El otro acusado de blanqueo de capitales por esta operación, que ha dicho que no es promotor, sino que se dedica a "comerciar con lámparas", ha afirmado que no sabía antes de entrar en el negocio quiénes eran los socios anteriores ni que estaba participada por sociedades relacionadas con Gil o con Roca ni tampoco que éste último trabajaba en el Ayuntamiento marbellí. Ha dicho que entró en el negocio pensando que le hacían "un favor, pero al final resultó así".

También ha declarado José Luis Benavente, hermano de uno de los principales testaferros de Roca, quien ha indicado que desconocía que la sociedad de la que fue administrador era de éste último, asegurando que por esto cobraba en efectivo 15.000 pesetas al mes. Ha dicho que no sospechó de nada porque "todo se hacía ante notario". "Yo iba, firmaba y me iba", ha señalado, indicando que las negociaciones las hacía el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta.

Ha asegurado que su hermano, en quien tenía "total confianza", le pidió que fuera administrador, pero nunca le preguntó a éste de quién eran las sociedades ni si eran de Roca, a quien sí le presentó su hermano. También ha declarado el acusado Óscar Jiménez y ha empezado a hacerlo el ganadero Manuel Sánchez Dalp, que vendió una sociedad de ganadería a Roca y que seguirá este próximo lunes.

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elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; LA AUDIENCIA DECLARA QUE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO NO SON SECRETAS

Revés judicial al Gobierno andaluz

* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"

S. Torres | A. Salvador | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha declarado que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó estos documentos al Gobierno andaluz en su investigación de la trama de los ERE, pero el Ejecutivo de Griñán se los denegó alegando que su contenido era reservado.

En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.

"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".

Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.

Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.

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* El día que cambió la versión oficial

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA IMPUTA UN DELITO FISCAL AL EX ALCALDE DE BOADILLA Y A SU EX MUJER

Contra la hacienda pública

Europa Press | Madrid

El magistrado que investiga la rama madrileña de la trama Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero por un delito contra la hacienda pública y le ha citado a declarar el 29 de junio a las 13 horas.

Así consta en un auto emitido por el magistrado en el que también imputa a la esposa del exregidor, Elena Villarroya, por el mismo delito, razón por la que tendrá que declarar ante el juez el día 29 a las 11 horas.

La decisión de Pedreira parte de un informe de la Fiscalía en el que se pone de manifiesto la posible comisión de un delito contra la Hacienda pública por parte de González Panero y de Villarroya relacionado con la disposición de cuenta abierta en una sucursal bancaria con sede en Suiza.

Según el documento, habrían defraudado una cuota de 238.429 euros en 2005 y 123.396 euros en el años 2006 en el pago del IRPF. La cuenta fue abierta en 2005 y en ella aparece Villarroya como apoderada y ex alcalde como gestor. El magistrado recuerda que González Panero está imputado en el caso Gürtel por un delito de cohecho y por prevaricación.

Además, señala que la disposición de fondos de la cuenta a la que se hace referencia ponen de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares y, un año después, contaba con 866.216 dólares, "cantidades que no fueron declaradas en las autoliquidaciones de IRPF por ambos en el 2005 y 2006".

Pedreira considera que estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos contra la hacienda públicas siendo la cuota defraudada de 283.429,06 euros para el ejercicio 2005 y 123.396 euros en 2006.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA FISCALÍA SE OPONE A LA NULIDAD DE LAS GRABACIONES PLANTEADA POR EL EX GERENTE FERNANDO MELLER

En el caso de las presuntas comisiones ilegales

El fiscal entiende que en ningún caso se ha producido indefensión
La juez aplazó la vista preliminar hasta que las partes se pronunciaran

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición realizada por el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet para que se declaren nulas las grabaciones que dieron lugar a la investigación por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el mercado central de abastos, ya que entiende que "ninguna indefensión se ha provocado" al acusado con estas grabaciones por parte de los empresarios del grupo La Raza.

En su escrito de defensa, el abogado de Mellet argumenta que "las grabaciones efectuadas y aportadas al procedimiento carecen de valor probatorio resultando nulas, y por ende, igualmente nulas sus transcripciones, las declaraciones de los testigos, y de todos los que hubieran declarado con conocimiento directo o indirecto de las mismas", añadiendo que estas grabaciones "se efectuaron malintencionadamente y como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada".

La juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, decidió suspender la convocatoria de la audiencia preliminar para que las partes se pronunciaran sobre la nulidad planteada.

En un escrito elevado este mismo martes ante el Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Juan Enrique Egocheaga se opone a esta petición y pone de manifiesto que "si se escuchan tales grabaciones, se observa que se trata de manifestaciones espontáneas por parte de los acusados, sin que haya incitación o provocación alguna por parte de quien realiza la grabación para que los acusados -Mellet y el exdirectivo del merca Daniel Ponce- manifiesten sus intenciones".

Al hilo de ello, muestra su sorpresa por esta petición de nulidad "en el presente momento procesal, máxime cuando se alega una indefensión", y señala que, "de todos modos, de la lectura de las actuaciones practicadas se desprende que Mellet nunca ha manifestado en sus declaraciones en sede policial ni en las hechas en la Fiscalía, en las que reconoció su participación en la conversación grabada, que se les haya causado indefensión alguna con la grabación de su conversación con los representantes" del grupo La Raza.

"Es más, nunca han manifestado, en las mismas declaraciones, que se les haya 'provocado ni inducido' a realizar ninguna de las manifestaciones por ellos vertidas en tales grabaciones, siendo las alegaciones de la defensa de Mellet sobre el 'mal actuar' de los citados empresarios una simple alegación de defensa sin soporte alguno", asevera el fiscal, tras lo que recuerda que Mellet, en sede policial, reconoció "íntegramente" el contenido de las grabaciones y la identidad de las personas que intervienen.

Dentro de esta causa, que será enjuiciada por un jurado popular en una fecha aún por concretar, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados, como son Mellet, Ponce, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, y la que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, María Regla Pereira.

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La juez investiga los préstamos a un 'intruso' del PSOE

EL FISCAL SUPERIOR DE ANDALUCÍA, PREOCUPADO POR LAS "NUEVAS FORMAS DE CORRUPCIÓN"

FISCALÍA | Se refiere al escándalo de los ERE pagados por la Junta

'Antes, la corrupción se ceñía a la gestión urbanística', dice García Calderon
El Fiscal Superior de Andalucía pide más medios para la Fiscalía Anticorrupción

Europa Press | Granada

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha mostrado este martes su "preocupación" por la aparición de nuevas formas de corrupción, y ha puesto como ejemplo el caso de la investigación de las supuestas irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) gestionados por la Junta de Andalucía, de la que se encarga la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla.

En la presentación ante los medios de comunicación de la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2010, que llevó este lunes al Parlamento andaluz, García Calderón ha señalado que la corrupción, que antes se vinculaba con la gestión urbanística o municipal, se está alejando de estos ámbitos para adentrarse en nuevos caminos, que suponen una "preocupación básica" para el Ministerio Público.

"La lucha contra la corrupción es fundamental y máxime en una situación económica como la actual, en la que el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último euro", ha dicho.

En ese sentido, ha abogado por la necesidad de apoyar a los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, que existen en Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería, e incrementar el personal auxiliar "para ayudarles en sus funciones y para una mejor coordinación". Asimismo, ha valorado que las actuaciones del Ministerio Público en este aspecto están siendo "discretas y por lo tanto eficaces" y están "siempre inspiradas" por el principio de imparcialidad.


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