sábado, 12 de septiembre de 2009

MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESTEPONA

PROTESTA | Bajo el lema 'Estepona, por su dignidad y contra la corrupción'

Efe | Málaga

Unos mil ciudadanos de Estepona, según la Policía Local, se han manifestado hoy para mostrar su rechazo a la corrupción y con el objetivo de "limpiar el nombre de la ciudad", que se ha visto "asociado y ligado a la corrupción por operaciones judiciales como "Gurtel" y "Astapa".

Bajo el lema 'Estepona, por su dignidad y contra la corrupción', varios colectivos vecinales y el sindicato CC OO han protestado por la actitud de determinados políticos que con sus actuaciones "desprestigian la política fomentando la desconfianza de la ciudadanía en el sistema democrático".

En el manifiesto, que se ha leído a las puertas de los juzgados donde ha concluido la manifestación, los convocantes han señalado que "la falta de ideología y de sentido vocacional de servicio público" ha generado que algunos políticos entiendan la administración local "como una fuente particular de negocio actuando contra los intereses generales".

Por ello, han exigido a los concejales imputados, ocho en el caso Astapa que investiga la presunta trama de corrupción municipal, que "asuman sus responsabilidades políticas y abandonen la corporación" entregando sus actas de ediles.

Además, han pedido a los partidos políticos que "haciendo uso de su voluntad de trabajo apuesten por la gobernabilidad y dejen a un lado los intereses partidistas" y han exigido a las distintas administraciones públicas el "máximo apoyo económico" para el Ayuntamiento de Estepona, que arrastra una deuda de 164 millones de euros.

Los convocantes también han solicitado al actual gobierno "y a los futuros" un cambio en el modelo de gestión política, sobre todo, en materia urbanística para que los mayores beneficiarios "sean los ciudadanos".

Durante la manifestación hubo lemas como "En Estepona, no queremos ni corruptos ni usureros", y "Estepona=Marbella, Griñán, ayúdanos".

A la manifestación han asistido el alcalde de Estepona, David Valadez, y la concejala de Extrarradio, Cristina Rodríguez, que denunciaron ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción en 2006 la presunta trama de corrupción que dio lugar a la investigación policial y judicial denominada Astapa.

Además también ha asistido el secretario provincial de CC OO en Málaga, Antonio Herrera, así como también ediles del equipo de gobierno y algunos concejales del PP, en la oposición.

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LA PERMISIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO FACILITÓ EL DESCONTROL EN MERCASEVILLA

CASO MERCASEVILLA | Investigación de supuestas comisiones ilegales

Francisco Javier Recio | Sevilla

El gobierno local presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín dio manga ancha al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, para hacer y deshacer y, durante años, ni siquiera le reclamó información documentada en torno a los gastos e inversiones realizados a cuenta de las arcas de la empresa pública, propiedad en un 51 por ciento de su capital del Ayuntamiento de Sevilla. El informe elaborado por la consultora Deloitte el pasado junio, después de estallar el escándalo por el presunto cobro de comisiones a empresarios, revela una casi absoluta ausencia de control contable en la empresa pública con la anuencia del gobierno municipal, que en ningún momento puso cortapisas a Mellet pese a que éste superaba con frecuencia los límites de gasto para los que estaba autorizado.

El informe –elaborado a partir de un muestreo de expedientes, por lo que sus resultados no son exhaustivos– desvela, por ejemplo, que en Mercasevilla nadie ha estado controlando las desviaciones entre los presupuestos anuales aprobados en el consejo de administración y los gastos e inversiones ejecutados realmente. Tampoco se ha estado controlando el desarrollo efectivo de los presupuestos en la Fundación Mercasevilla, en los que ni siquiera se detallaban los ingresos y gastos previstos.

Los auditores llaman la atención sobre la inexistencia de un Manual de Procedimientos, que Mercasevilla estaba obligada a aprobar por mandato legal. Sin ese reglamento, la única limitación de gastos que tenía el director general era la que marcaba el apoderamiento genérico otorgado por el consejo de administración, en el que tiene mayoría el Ayuntamiento de Sevilla.

Mellet no informaba sobre las desviaciones de los gastos. Tampoco nadie se lo reclamó

Con algunas excepciones, el director general no podía afrontar por su cuenta pagos de más de 60.000 euros y, en cualquier caso, debía dar cuenta de ellos a la comisión ejecutiva de la empresa, de la que forma parte el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Ésa era la teoría. El informe revela que entre enero de 2007 y febrero de 2009 sólo pasaron por los órganos de gobierno de Mercasevilla cuatro asuntos relacionados con contrataciones, y en la mitad de ellos ni siquiera se dejó constancia del coste de los proyectos. Otro tanto ocurría en la Fundación Mercasevilla.

Además, Mellet afrontó gastos muy por encima del límite de 60.000 euros que tenía autorizado sin que el gobierno local se lo impidiera. Así ocurrió en dos casos muy significativos.

Por un lado, la contratación de la consultora Maginae Solutions –propiedad del cuñado del ex sindicalista Juan Lanzas– para la negociación del último expediente de regulación de empleo. A esta sociedad se le abonaron 157.000 euros (IVA aparte), de los que 106.000 se le pagaron en 2007.

Por otro, la contratación del estudio Urbanismo y Arquitectura López-Bermúdez por un importe de 170.000 euros en 2008 para la elaboración de un proyecto relacionado con el futuro traslado de las instalaciones.

A la vista de estos datos, los auditores concluyen que en Mercasevilla y su fundación «no existe una efectiva aprobación de gastos e inversiones por encima del nivel de Gerencia [Mellet], bien porque no se han establecido unos límites cuantitativos (en el caso de la fundación) o porque los mismos no han sido aplicados (Mercasevilla)». Asimismo, «no consta la existencia de un efectivo control del desempeño de la dirección a través del análisis de la ejecución del presupuesto previamente aprobado».

Los jefes intermedios decidían las compras, elegían al proveedor y revisaban el material

El informe revela, asimismo, que el proceso de selección de proveedores, que se dejó en manos de los jefes de departamento, no contemplaba la solicitud de distintas ofertas ni generaba prácticamente documentación oficial alguna, con excepción del departamento de Informática. Existía, además, una confusión de funciones en este proceso, dándose el caso de que un mismo jefe seleccionaba a sus proveedores, tramitaba la compra, recepcionaba la mercancía y autorizaba el pago mediante cheque.

¿Cuáles eran las consecuencias de esta falta de control? Los auditores de Deloitte sugieren algunas de ellas: posibilidad de un mal uso de los recursos financieros de las entidades; contratación de compras en condiciones de precio y calidad no óptimos; falta de información a la dirección, en primera instancia, y a los órganos de gobierno, en segunda instancia, sobre las circunstancias económicas del mercado central y su fundación; y, en el caso concreto de la fundación, un uso indebido de las subvenciones de otras entidades que deriven en la obligación de devolver los fondos a las entidades colaboradoras.

Sólo unas semanas antes de estallar públicamente el escándalo, a principios de este año, la dirección de la empresa modificó el procedimiento. Se empezaron a utilizar ‘hojas de pedido’, que debían cumplimentar los departamentos y ser rubricados por el jefe del departamento y la dirección. Se creó, además, un listado de proveedores habituales con el objetivo de crear, en el futuro, una lista de proveedores homologados; por último, se realizó una estimación y justificación de los gastos previstos para el ejercicio 2009 en cada departamento, tarea que el pasado junio, cuando se elaboró el informe de Deloitte, no estaba concluida.

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LA VICEPRESIDENTA QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ

CRISIS DEL PP

Los frentes judiciales que rodean a la eurodiputada

Estaràs junto a Matas en una imagen de archivo.

* Pagos 'a dedo' y 'actas fantasma' cuestionan el 'yo no sabía nada' de Estaràs
* Su nombre había pasado desapercibido en todos los procesos de corrupción

Esteban Urreiztieta | Palma

La vicepresidenta que nunca estuvo allí -Rosa Estaràs fue vicepresidenta del Govern balear cuando Jaume Matas era el presidente- empieza a estarlo. El nombre de Rosa Estarás había pasado desapercibido en todos los grandes procesos de corrupción del PP. Los esquivaba con un "yo no sabía nada de esto" y la fijación de la Fiscalía con el ex president como objetivo último contribuía a que la impresión, pero tan sólo la impresión, poco más que un espejismo, fuera que la guerra no iba con ella. Que podría sobrevivir milagrosamente a una ofensiva que le pasaba demasiado cerca.

Estarás -que ayer abandonó la presidencia del PP balear- ha permanecido así al margen de una estrategia que termina en la cúpula del anterior Govern, en el que todas las grandes decisiones contaban con su visto bueno. Por acción o por omisión.

Pero el pasado mes de julio se produjo un inesperado e inquietante punto de inflexión. En las negociaciones entre los imputados populares en las diferentes causas en busca de beneficios penitenciarios con unos fiscales ansiosos de cobrarse piezas mayores, salió su nombre.

Anticorrupción lo escuchó y lo aceptó por primera vez como moneda de cambio. Como lo fue el de Matas en boca del ex edil de Lloseta Felipe Ferré o el del ex conseller de Comercio del PP Josep Joan Cardona en la de la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) Antónia Ordinas. Quien apunte hacia arriba tiene premio. El ex jefe de Instalaciones del Consorcio Turisme Jove Juan Francisco Gosálbez, captó el mensaje y ofreció a Estarás. Consiguió salir de la cárcel con una fianza de sólo 12.000 euros después de cuatro meses. Una cifra ridícula para unos fiscales que le habían pedido poco antes prisión incondicional. Pero supo ser correspondido.

Declaró que la hasta ayer presidenta del PP balear autorizó una supuesta malversación de 120.000 euros públicos a través de facturas falsas que fueron abonadas al empresario francés André Villena.

Por primera vez Estarás tenía que dar la cara en nombre propio, negar la mayor y anunciar la interposición de una querella criminal contra Gosálbez. El peligro parecía, eso sí, haber pasado. La juez no cursó imputación alguna contra ella y el testimonio de Gosálbez, el hombre que se autoalquilaba locales con contratos blindados con cargo al erario público, se diluyó. Al fin y al cabo no dejaba de ser su palabra contra la de la ex vicepresidenta del Govern. Pero quedó claro que la vicepresidenta que nunca estaba allí, iba a empezar a ocupar un lugar destacado en los puestos del mercado instalado por el Ministerio Público. No en vano, ¿qué objetivo puede haber más importante en una operación contra el PP que la cabeza de su actual líder?

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