jueves, 15 de marzo de 2012

"CASO EMARSA"; EL JUEZ RÍOS ORDENA AL EX ALCALDE DE MANISES COMPARECER SEMANALMENTE EN EL JUZGADO

Medidas cautelares
El titular del juzgado de instrucción número 3 le retiró el pasaporte
La Fiscalía pide 20 años de cárcel para el que ex dirigente del PP

Europa Press | Valencia

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha acordado que el ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, imputado en esta causa por un delito de malversación de caudales públicos continuado, otro delito continuado de falsedad documental y cuatro delitos contra la hacienda pública, agravados, comparezca semanalmente en el juzgado.

El magistrado ha adoptado esta medida después de que el miércoles celebrara una comparecencia con las partes, a la que asistió el propio Crespo -quien según el ministerio público podría enfrentarse a una pena de 20 años de prisión-, para debatir sobre la petición de la acusación particular (PSPV) de acordar contra él la libertad provisional con la comparecencia semanal en el juzgado y la retirada de su pasaporte.

En este acto, Crespo aportó voluntariamente su pasaporte "caducado" y afirmó que no pensaba fugarse de la justicia por el arraigo que tiene en la Comunidad, ya que en esta tierra está su familia y le unen muchos lazos. Pese a ello, las partes acusatorias insistieron en que compareciera cada semana en el juzgado.

Asume la petición de las acusaciones
El magistrado, tras deliberar sobre esta petición, ha decidido asumir la petición de las acusaciones, y rechazar la que requería el letrado de Crespo, que era la de que su cliente acudiera al juzgado pero de forma mensual, ya que no había riesgo de fuga.

Ante esta resolución, la dirección letrada del que también fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa, ha anunciado su intención de recurrir por considerar que las medidas adoptadas son "del todo desproporcionadas", y "más si cabe cuando Crespo ha dado muestras, reiteradamente, de su voluntad de colaborar con la justicia en todo momento y habiendo entregado, antes de que le fuera solicitado, su pasaporte", que se hallaba caducado y sobre el que no inició ningún trámite para renovarlo.

Por su parte, Crespo ha manifestado todo su "respeto" a la decisión del magistrado, aunque ha indicado que no la comparte dado que es "absolutamente inocente" de los hechos que se le imputan. Según mantiene, él no ha cometido, participado ni ordenado actividad irregular alguna en la gestión de la depuradora de Pinedo.

"Como siempre he demostrado, nunca he pretendido eludir la justicia, ni tampoco abandonar mi tierra. Ni he cometido ni consentido delito alguno, ni me he concertado con nadie para obtener beneficios ilícitos", ha insistido.

'Se basa en declaraciones'
Según la dirección letrada de Crespo, los "únicos" hechos a los que se acoge el auto emitido este jueves por el magistrado Vicente Ríos para realizar sus afirmaciones son "las declaraciones de otros imputados, a los que la Constitución, en su calidad de imputados, ampara para mentir", ha dicho.

"Unos imputados que -ha agregado-, curiosamente siguiendo una línea defensiva similar que a saber a qué intereses se confía, han pretendido eximir su responsabilidad ante hechos que ellos mismos sí han reconocido cometer, afirmando que eran simples marionetas, algo del todo falso e interesado", ha aseverado.

Asimismo, y a tenor de este último auto, el exalcalde de Manises ha indicado que como presidente del Consejo de Administración de Emarsa, "era conocedor de las mismas informaciones y decisiones que llegaban a este organismo, donde todos y cada uno de los miembros, de los diferentes partidos políticos allí representados, tenían responsabilidad. Las cuentas eran aprobadas por todos los miembros que formábamos parte del Consejo y a todos nos llegaban los mismos informes de las auditorías", ha puntualizado.

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; GUERRERO PIDE QUE LO EXCARCELEN DESPUÉS DE QUE DECLARE SU CHÓFER

Admite tener que ir todos los días al juzgado


Efe | Sevilla

El abogado de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo encarcelado desde el sábado por los ERE fraudulentos, ha pedido su libertad a partir del próximo día 21, después de que el día 20 declare ante la juez el chófer que le acusa de comprar cocaína con las ayudas.

Su abogado, Fernando de Pablo, ha informado a los periodistas de que ha argumentado ante la juez Mercedes Alaya que su ex chófer Juan Francisco Trujillo es la única persona sobre la que Guerrero podría ejercer presión, según los razonamientos de la propia magistrada.

Ha pedido que Guerrero quede libre sin fianza, dado que carece de medios, y que se le obligue a personarse todos los días en el juzgado y se le retire el pasaporte.

Guerrero "lo ha contado todo" en su declaración de tres días ante la juez, realizada la semana pasada, y ya solo quedan pendientes de interrogatorio "expedientes sueltos, de perfil bajo, en los que no puede presionar a nadie", ha explicado el abogado defensor De Pablo.

El abogado rebate el argumento de la juez de que Guerrero puede intentar huir ahora de la Justicia, pues ha quedado sin "arraigo social y laboral", y razona que ha pedido el reingreso como funcionario de la Junta a su antiguo puesto de trabajo en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Constantina (Sevilla).

Guerrero conocía desde hace más de un año los delitos que le imputaban y podía haberse fugado en todo ese tiempo, añade De Pablo en su recurso, quien también argumenta que el imputado tiene una hija menor de edad, residente en Sevilla, y su esposa tiene trabajo.

El pasado 9 de marzo, la juez Alaya decretó prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, con lo que se convirtió en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel.

La decisión de la juez se produjo después de la petición del fiscal, quien alegó que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel.

Guerrero permanece en la prisión Sevilla 1, donde su abogado lo ha visto "animado dentro de lo que cabe, dada su situación".

Además

REABREN LA INVESTIGACIÓN POR "GÜRTEL" CONTRA BÁRCENAS, MERINO Y GALEOTE


De izqda. a dcha., Jesús Merino, Ricardo Galeote y Luis Bárcenas. | Bernardo Díaz | Efe
TRIBUNALES | La Audiencia Nacional recupera su imputación tras anular los archivos de las causas
Sostiene que el juez Pedreira no era competente cuando ordenó el archivo
No entra a valorar el fondo y no se pronuncia sobre los nuevos indicios

Manuel Marraco | Madrid

La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado 'popular' Jesús Merino y el ex concejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote por su implicación en el 'caso Gürtel'. Por tanto, los tres vuelven a estar imputados por los delitos de cohecho, fraude fiscal o blanqueo de capitales.

En tres autos, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal sostiene que el juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, no era competente sobre el caso cuando ordenó el archivo porque el alto tribunal madrileño ya había decidido inhibirse de la causa en favor de la Audiencia Nacional. Asimismo, se resalta que la decisión no era de una urgencia suficiente ni "inaplazable" como para adoptar aquella decisión.

La sala estima los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía y anula los tres sobreseimientos lo que deja la investigación otra vez abierta en mano del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El tribunal no entra a valorar el fondo del asunto y no se pronuncia sobre los nuevos indicios que alegó la Fiscalía y que publicó EL MUNDO el 21 de febrero. Tal y como informaba este periódico, Bárcenas y cuatro cargos del PP, entre ellos Merino, se repartieron dos millones de euros de comisiones mediante una sociedad llamada "Spinaker". Unas comisiones a costa de los contratos de las campañas electorales de los comicios autonómicos de 2003 y de los generales de 2004 que organizó Francisco Correa, principal implicado en el 'caso Gürtel'.

Los ex cargos del PP a los que hace referencia esta información, además de Bárcenas y Merino, son Gerardo Galeote, Jesús Sepúlveda y un tercero con las siglas P.A.C y que, según fuentes la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción, podría ser el presidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos. Los principales señalados descalificaron este informe de la Policía.

Las razones de Pedreira
El juez Pedreira consideró que no existían pruebas de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales por los que estaba imputado el ex tesorero del PP. Incluso, apuntó que, al no ser Bárcenas un cargo público en el momento de los hechos, "sería irrelevante que se le hubiese invitado" a viajes.

Argumentó que no estaba acreditado que las anotaciones 'L', 'L.B.' y 'Luis el Cabrón' -que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, había realizado en la contabilidad de sus empresas- hicieran referencia al ex senador, informa Europa Press. En esos apuntes se habla de 72.000 euros, pero la Policía le atribuye el cobro, "sin género de dudas", de 1,3 millones de euros en sobornos de la trama 'Gürtel'.

Por lo que respecta a Merino, el magistrado dijo que no existían indicios que le vincularan con la trama de corrupción porque en la documentación que obra en las actuaciones no aparece indicio alguno de "conexidad entre el cargo de diputado" y "la adjudicación de obras u otros contratos".

En la contabilidad 'B' de Correa figuraban varios apuntes con las iniciales "J" y "JM" que acompañaban a anotaciones de asuntos, localidades y expedientes relacionados con las actividades de la trama. También aparecía la anotación 'Jesús Merino', aunque Pedreira consideró que debe considerarse "correspondiente a otra persona distinta".

En relación con Galeote, el juez del TSJM acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que los indicios que pesaban contra él no habían alcanzado "la solidez y contundencia incriminatoria" suficiente, informa Europa Press. La acusación contra el ex edil de Estepona se basaba en que el Ayuntamiento habría comprado a un precio menor al del mercado a la empresa Special Events carpas, moquetas y cortinas cuyo destino era el Palacio de Exposiciones y Congresos.

En la causa también obran dos apuntes de facturas a nombre de Galeote y su novia de 6.000 y 30.400 euros, respectivamente, aunque su defensa argumentó que el primero se habría hecho a través de Caja Madrid, entidad en la que nunca ha tenido una cuenta, y el segundo respondía a un préstamo que se satisfizo en 2006.

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