jueves, 19 de mayo de 2011

PSOE Y PP INTERCAMBIAN GOLPES CON CIENTOS DE IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN

Rajoy se atrinchera con Camps tras un listado de supuestos casos de corrupción de los socialistas

Fernando Garea Madrid

Los imputados entran en campaña. Ya eran protagonistas porque un centenar de ellos de todos los partidos van en las listas electorales, pero se han convertido también en arma electoral que los principales partidos se arrojan desde que el presidente del PP, Mariano Rajoy, participara el martes en un acto de apoyo a Francisco Camps en Valencia. Y sobre todo desde que el líder del PP defendiera ayer en la Cadena Ser la honradez del presidente de la Generalitat valenciana: "Es una persona honrada y ha recibido un apoyo masivo por parte de los ciudadanos y estar imputado no es estar condenado”. Su tesis sigue siendo la de que por “tres trajes no se corrompe nadie”.

Rajoy se ha atrincherado en apoyo a Camps tras un supuesto listado de casos de corrupción o actuación judicial que afectan al PSOE. El propio Rajoy hizo mención a esa recopilación de un centenar de casos de socialistas en su entrevista en la SER para intentar extender la idea de que ese problema lo tienen todos los partidos. El PP ha elaborado una relación de 116 imputados del PSOE en toda España. En esa relación, se incluían cargos públicos que ya no lo son como Trinidad Rollán, ex Alcaldesa de Torrejón de Ardoz (Madrid). Rollán sí fue expresamente apartada de las listas del PSOE de Madrid, aunque se mantenga como secretaria de Organización de los socialistas de la comunidad. La relación del PP tampoco diferencia entre los delitos, como sí hizo Rajoy en su defensa de Camps.

Ante el respaldo explícito de Rajoy a Camps, los socialistas intentaron lanzar su contraofensiva con un documento del PSOE de la Comunidad valenciana que denuncia la pasividad del PP con la corrupción. Y cómo la comunidad que preside Camps se está convirtiendo en un referente, no por sus políticas, sino por la profusión de casos de corrupción.

En el argumentario interno del PP sobre la corrupción del PSOE se reconstruye una relación específica por comunidades autónomas, con 14 supuestos casos sospechosos a nivel municipal en pueblos de la comunidad valenciana. Aunque la comunidad en la que el PP más se detiene, y no es casual, es Andalucía, donde observan según su recuento 45 supuestos casos de corrupción en las filas socialistas.

El PP defiende que hay que cambiar la ley para que no se vulnere la presunción de inocencia del imputado

La figura del imputado
El PP defiende que la figura del imputado es difusa, que es preciso cambiar la ley para que no se vulnere la presunción de inocencia. En eso se escudó ayer Rajoy para asegurar que hay casos como el del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, que fue imputado y luego desimputado sin cargos. También dijo que en Murcia el PP había llegado a tener hasta 40 casos de imputados, que tampoco fructificaron en nada. El documento interno del PP contra el PSOE precisa que ese partido tiene en Murcia una decena de imputados.

Según el PSOE, esta posición de Rajoy choca con documentos recientes del partido, que hacen propósito de enmienda en el combate contra la corrupción, sin hacer diferencias entre la gravedad de los hechos que se imputan, como sí hace el líder popular con Camps. “Es cierto que existen prácticas corruptas y comportamientos ilegales en las actuaciones de algunos responsables políticos. Por ello, debemos luchar contra ellas con tanta firmeza como repulsa social levantan. Por esta razón, la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del PP, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”, asegura el documento que el PP aprobó recientemente y que firmó en un acto público el propio Camps. Antes, el PP hizo público en noviembre un documento contra la corrupción que no distinguía en el tipo de delito o conducta a combatir.

Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Griñán, aseguró ayer que el PP practica la "doble moral" en relación con los imputados por casos de corrupción.

El socialista Griñán hacía frente al hecho de que el PP en Andalucía sí ha explotado la corrupción como argumento electoral, en relación a los casos de los ERE falsos. Es decir, el PP ha hecho en Andalucía lo que no hace en Valencia y los socialistas han hecho en Valencia lo que no hacen en Andalucía.

En todo caso, los casos de corrupción no afectan electoralmente al PP, según se pone de manifiesto en las encuestas, incluidas las de Metroscopia y las del CIS. De hecho, Camps reforzará su mayoría en Valencia, según todas las previsiones.

Fuentes del PSOE explican que, a la luz de las encuestas, la corrupción no es una buena arma para su campaña, porque todos los estudios demuestran que al PP no le desgastan los casos de corrupción, porque su electorado está muy movilizado. Por eso, José Luis Rodríguez Zapatero no incidió en el tema en su intervención en Valencia. Fuentes del equipo del PP explican que están constatando que asuntos como la crisis económica y el paro están muy por encima de los casos y, por tanto, apenas tendrá incidencia en estas elecciones.

Archivado en:
    * Política
    * España
    * PP
    * PSOE
    * Francisco Camps
    * Corrupción
    * Mariano Rajoy
    * Elecciones
    * Comunidad Valenciana
    * Caso Gürtel
    * Imputados
    * Tribunales
    * Campañas electorales
    * José Luis Rodríguez Zapatero

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ ESTUDIA HOY SI INVESTIGA AL PP VALENCIANO POR FINANCIACIÓN IRREGULAR

Comienzan las deliberaciones

* La Sala ha de decidir es competente para asumir la inhibición del TSJM

Europa Press | Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha comenzado este jueves a deliberar sobre si acepta la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del caso 'Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en relación a los presuntos delitos electorales y de financiación irregular, entre otros. Los magistrados se volverán a reunir mañana.

Según fuentes judiciales, la Sala ha empezado a deliberar sobre si es competente o no para asumir la inhibición acordada en mayo de 2010 y confirmada por la Sala del TSJM el pasado mes de marzo, pero esto no quiere decir que vaya a adoptar una decisión en el mismo día.

De hecho, el TSJ valenciano ha informado a través de Twitter de la conclusión de la primera sesión de deliberación. Según se precisa en este mismo comunicado, la Sala de los Civil y Penal se volverán a reunir mañana viernes.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana.

Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.


elmundo.es

"CASO MAR BLAU"; LOS CIUDADANOS PAGARÁN LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS DE PUERTOS POR CORRUPCIÓN

* La Autoridad Portuaria ha aprobado que las arcas públicas del organismo paguen la defensa jurídica particular de sus dirigentes imputados

Eduardo Colom | María José García | Palma

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado hoy que las arcas públicas del organismo portuario paguen la defensa jurídica particular de sus dirigentes imputados por presunta corrupción en la adjudicación de negocios portuarios (el llamado caso Mar Blau).

El órgano de decisión de la APB que controla el socialista Francesc Triay ha aprobado por unanimidad esta medida en la última sesión antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo. Unos comicios con los que, de cambiar el color político del gobierno, cambiaría también la presidencia de Puertos.

La investigación judicial indaga el presunto amaño por parte de este organismo estatal de concesiones portuarias millonarias en las tres Islas durante la pasada legislatura y que ha provocado la imputación de sus dos últimos presidentes, Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como del ex director del organismo portuario Ángel Matías.

El órgano de gobierno del ente portuario ha sometido a votación como tercer punto del orden del día una propuesta encaminada a «autorizar las hojas de encargo de servicios profesionales en las diligencias previas del procedimiento abreviado 4179/2008». Es decir, el asunto judicial sobre las polémicas adjudicaciones en Mahón –154 amarres– e Ibiza –379 amarres– que está siendo investigado desde hace más de un año en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma y que estalló a raíz de las revelaciones realizadas por EL MUNDO/El Día de Baleares en torno al intento de amaño del Club Marítimo de Mahón.

En el argot jurídico se conoce como hojas de encargo a las propuestas escritas que realizan y pactan los letrados con sus clientes a la hora de asumir un asunto en su nombre. En ellas, aunque no existe un patrón único, es habitual que se incluya el precio dependiendo del recorrido que tenga el caso y el desenlace del mismo.

La propuesta va un paso más allá y añade una coletilla indeterminada que abarca otros gastos derivados del proceso. Concretamente, prevé autorizar además de esas hojas de encargo por las diligencias previas que ahora están en marcha «cualquier otro asunto que surja en dicho procedimiento».

Por su condición de organismo estatal (depende del Ministerio de Fomento aunque su presidencia se designa a propuesta del presidente de la Comunidad Autónoma), la Autoridad Portuaria tiene asignado un servicio de abogados perteneciente a la Abogacía del Estado para representar a la institución. Sus dirigentes han contado hasta el momento a título personal con abogados particulares para hacer fente a las acusaciones sobre su gestión. Todos ellos letrados de reconocido prestigio y que forman parte de la élite de los abogados penalistas palmesanos. El Consejo abordará hoy este asunto entre otras diez cuestiones relacionadas con concesiones públicas y otras autorizaciones.

Hasta el momento éste no ha sido el trato que han tenido otros políticos imputados, como ha sido el caso del propio ex presidente del Govern Jaume Matas (PP), quien recientemente ha tenido que cambiar de abogado. Entre otros motivos alegados, por cuestiones económicas.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA IMPUTA A TORRIJOS POR LA "VENTA FRAUDULENTA" DE LOS SUELOS

También el ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena

Efe | Sevilla

La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha citado el 8 de junio, como imputado, al primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el día 30 al ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena.

Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, ha citado a ambos en la rama del caso que investiga lo que ha calificado como "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sanma.

Según el auto de imputación de Torrijos, este tuvo una "responsabilidad y activa participación", como vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria e indiciariamente y "de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma".

Torrijos fue denunciado por la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Sevilla, como propietaria del 0,1 por ciento de Mercasevilla, y en su auto la juez rechazó citarlos como testigo.

Al conocer su imputación, Torrijos se negó a dimitir porque entiende que no está incurso en ningún supuesto que recoge el código ético de Izquierda Unida, y destacó la "casualidad curiosa" de conocerse su imputación cuando se firmaba dicho código.

Según el ahora candidato de IU a la Alcaldía de Sevilla, el código ético se refiere "claramente" a los que estén imputados y procesados "por delitos urbanísticos o de corrupción", y por los datos que conoce del auto "no se identifican, en términos políticos, con estar incluso en alguno de los supuestos del código ético".

Además, la juez tomará declaración como imputado, el 30 de junio, a Manuel Marchena, exgerente de Urbanismo que inicialmente había sido citado en diciembre pasado pero su comparecencia quedó aplazada por problemas de agenda del juzgado.

El ex gerente de Urbanismo ha sido convocado como imputado después de que el empresario A.P.R., dueño de la firma Larena 98, que tenía unos derechos de superficie en Mercasevilla, declarase a la juez que Marchena le citó en su despacho y le ofreció participar en concursos de viviendas VPO, momento en el que "aunque no se le dice expresamente que los concursos le serían adjudicados, lo entendió así", según su declaración.

Dicha oferta se produjo en el contexto de otras entrevistas en las que altos cargos de la Junta y del Ayuntamiento, según el testigo, le ofrecieron concesiones ilegales a cambio de ceder sus derechos en Mercasevilla, lo que favoreció la posición de la inmobiliaria Sanma para ganar el concurso de adjudicación de los terrenos del mercado central, investigado por "fraudulento".

En los tres sumarios del caso Mercasevilla están imputadas una quincena de personas, entre ellas varios cargos políticos o de confianza como Antonio Rivas, ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del alcalde.


elmundo.es