viernes, 17 de febrero de 2012

LA JUEZA DE LA "OPERACIÓN CAMPEÓN" LEVANTARÁ EL SECRETO DE SUMARIO ANTES DEL 3 DE MARZO


El tribunal resuelve un recurso del ex diputado del PP Pablo Cobián

EFE Santiago de Compostela

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La Audiencia Provincial de Lugo ha resuelto un recurso interpuesto por la defensa del exdiputado autonómico del Partido Popular Pablo Cobián contra la prórroga del secreto de sumario de la llamada 'Operación Campeón' y ha determinado que la reserva de las actuaciones no podrá prolongarse más allá del día 3 de marzo. Según informó a Efe el abogado que se ocupa de la defensa del exdiputado del PP Ulises Bértolo, el recurso que ahora acaba de resolver la Audiencia Provincial de Lugo fue presentado contra la prórroga del secreto de sumario acordada por el Juzgado de Instrucción Número 3, que dirige Estela San José, mediante un auto emitido el 7 de noviembre de 2011.

El letrado aclaró que esa resolución de la Audiencia Provincial de Lugo determina que "el secreto de las actuaciones no se podrá prorrogar más allá del vencimiento de la prórroga que está vigente y que finaliza el próximo día 3 de marzo". Como consecuencia de esta resolución, Ulises Bértolo confirmó que ha decidido "desistir" del recurso de apelación que había interpuesto contra la última prórroga del secreto de sumario.

"Ahora ya existe una fecha cierta y próxima para que finalice esta situación, que tantos perjuicios ha generado a mi cliente", concluyó. Hace ya más de ocho meses que la instructora de la 'operación Campeón' ordenó la intervención judicial de la empresa Nupel y la detención de quince personas por su supuesta implicación en una trama para obtener de forma fraudulenta subvenciones públicas.

Entre esos quince detenidos, además de dos altos cargos del IGAPE, figuraba el propietario de Nupel, Jorge Dorribo, el único que fue enviado a prisión por la juez, hasta que prestó declaración el día 8 de agosto de 2011, porque después de esa comparecencia ante la instructora salió, finalmente, de la cárcel. Posteriormente, Estela San José decidió elevar al Tribunal Supremo (TS) la parte de la investigación que afecta al exministro de Fomento, José Blanco, supuestamente acusado por Dorribo en su declaración de haber cobrado comisiones irregulares a través de dos empresas a cambio de favores.

Blanco ya prestó declaración, a petición propia, el pasado 26 de enero ante el instructor de la causa, José Ramón Soriano, y el día 21 comparecerá en el Tribunal Supremo Jorge Dorribo. Un día después, el 22 de febrero, será interrogado el primo del exministro de Fomento, Manuel Bran, acusado por el propietario de Nupel de actuar como intermediario para el cobro de comisiones irregulares

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"CASO BRUGAL"; EL SOCIO DEL HERMANO DE CASTEDO LLAMÓ A UNA TESTIGO ANTES DE DECLARAR


Admite que su exjefe, imputado en Brugal, habló con ella antes de ir al juzgado
La Audiencia avala las escuchas que destaparon el 'caso Brugal'

Santiago Navarro Alicante

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La abogada Rosa María Olcina Jover, testigo de la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, admitió este miércoles al juez que antes de ir a declarar recibió dos llamadas de sendas personas vinculadas a la causa, una de ellas un imputado. No obstante, la testigo aseguró al magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que en ningún caso recibió amenazas o coacciones.

Según fuentes del caso, las dos personas que llamaron a la testigo fueron su antiguo jefe, el exedil socialista Javier Gutiérrez, que está imputado en el sumario, y un vecino, un concejal socialista. La abogada compareció ante el juez en calidad de testigo a petición de la acusación popular del PSPV.

La llamada de Gutiérrez a su exempleada, según su defensa, se efectuó el mismo día que recibió la citación judicial para acudir a testificar. “Gutiérrez la llamó sólo para comunicarle que tenía que ir a declarar como testigo”, dijo el letrado.

Rosa María Olcina Jover es extrabajadora de la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Javier Gutiérrez. El exconcejal socialista se asoció, más tarde, con José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en el despacho Salvetti Abogados.

José Luis Castedo también está imputado en el sumario. Según la investigación, Salvetti Abogados tramitó alegaciones al plan general que luego eran estimadas sobre la base de la información privilegiada que recibían.

La testigo trabajó para la firma de Javier Gutiérrez entre 2006 y febrero de 2008. El despacho Salvetti Abogados se constituyó en noviembre de 2008. Hasta esa fecha y desde 2004, José Luis Castedo había trabajado en los servicios territoriales de la Consejería de Urbanismo.

En su declaración, la abogada señaló que durante el tiempo en el que trabajó en la firma G&M Gestión del Suelo nunca vio pasar por las oficinas de la empresa al hermano de Castedo ni a la alcaldesa, ni a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ni al promotor Enrique Ortiz. También rechazó que esa empresa realizara ningún trabajo relacionado con el PGOU de Alicante durante el tiempo que ella estuvo como empleada.

La investigación, en cambio, sostiene que esa primera firma de Gutiérrez y el despacho Salvetti Abogados fueron el puente del que se valió la trama, liderada por el exregidor Alperi, para amañar el planeamiento en favor de promotor Enrique Ortiz.

El PSPV había propuesto como testigo a la recepcionista de la empresa de Gutiérrez. El letrado de esa parte renunció a su testimonio, tras la declaración de la primera extrabajadora.

El juez interrogó como testigo a Luis Miguel Sirvent, un colaborador de Ortiz en temas urbanísticos. Sirvent admitió las conversaciones recogidas en las escuchas del sumario, pero puntualizó que hablaban sobre cuestiones del PGOU que ya estaban en fase de exposición al público.

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"CASO EMARSA"; EMBARGADAS DOS MOTOS DEL EXGERENTE DE EMARSA IMPUTADO EN EL SAQUEO

El Tribunal de Cuentas le había reclamado una fianza de 1,37 millones
El juez que investiga el caso por la vía penal le ha exigido otros 25 millones

I. Z. Valencia

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Los implicados en el saqueo de la sociedad Emarsa han empezado a ver cómo sus bienes quedan embargados para hacer frente a sus posibles responsabilidades en el millonario desfalco registrado en la empresa pública. El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del sector público español, inició en 2011 una investigación sobre Emarsa, la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, exprimida por sus responsables y un grupo de empresarios hasta llevarla a la quiebra. El expediente del Tribunal de Cuentas corrió en paralelo a la causa judicial que investiga el titular del juzgado número 15 de Valencia, Vicente Ríos.

Antes de que el juez Ríos reclamase una fianza de 25 millones de euros a 14 de los 27 imputados, concediéndoles un plazo que concluye esta semana, el Tribunal de Cuentas adoptó su propia medidas en ese sentido. El órgano exigió el 20 de diciembreuna fianza solidaria de 1,37 millones de euros contra dos de los principales imputados: el exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Valencia con el PP, Esteban Cuesta, y el exdirector financiero de la sociedad y exedil de Unión Valenciana en Moncada, Enrique Arnal.

Ante la falta de respuesta de Cuesta al requerimiento, indicaron fuentes del caso, el Tribunal de Cuentas resolvió el 17 de enero embargar los bienes de los que tenía constancia y que se concretaron en dos motos, una Yamaha XP500 y una Vespa modelo 125 FL.

Resulta llamativo que el órgano no encontrase más bienes de Cuesta que embargar hasta cubrir los 1,37 millones de euros establecido en la fianza. Según el informe de la Agencia Tributaria solicitado por el juez Vicente Ríos, el exgerente de Emarsa es propietario, al menos, de tres plazas de garajes, un piso y un fondo de pensiones, además de que solo en 2009 ingresó por rendimientos del trabajo 62.797 euros.

La fianza fijada por el juez instructor de la causa penal también es solidaria; es decir, que cada uno de ellos debe responder por el total si ninguno de los otros afectados aporta fondos o bienes para asegurarla. En el caso de Cuesta, el juez Ríos ha fijado su fianza en 25 millones de euros, un importe que solo ha impuesto también a Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, recientemente dimitido por su imputación en el caso.


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"CASO VÓLTOR"; LLOMPART REVELA QUE MUNAR ORDENÓ COMPENSAR A FARRÚS CON 3,5 MILLONES

CORRUPCIÓN | Por haber comprado votos para UM


Europa Press | Palma

El excontable de Unió Mallorquina (UM) y exjefe del área económica del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Álvaro Llompart, ha revelado ante la Fiscalía que la exdirigente histórica del partido, Maria Antònia Munar, ordenó a través de un exsocio del empresario Jacinto Farrús beneficiar a éste con 3,5 millones de euros en proyectos públicos "por toda la ayuda" que había prestado a UM durante la campaña electoral de 2007, como la compra de votos en favor de la formación.

Se trata de uno de los datos que ha arrojado Llompart en torno a la supuesta financiación ilegal del partido y que puso de manifiesto el imputado en una de las comparecencias voluntarias que realizó en dependencias del Ministerio Público en aras de colaborar con los investigadores. Las revelaciones de Llompart dieron lugar a la apertura, en el marco del caso Voltor, de una pieza separada cuyo secreto ha sido levantado tras tres meses de sigilo sumarial.

En una de las tres declaraciones que ha prestado ante la Fiscalía, el encausado relató cómo el entonces gerente del Inestur, Antoni Oliver, le ordenó que se reservasen partidas presupuestarias a favor de Farrús, y cómo el expresidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, le instó a asesorar en lo referente a la parte técnica de los proyectos que presentase el empresario a fin de que éste acabase ganándolos, puesto que "se trataba de un tema directo de Maria Antònia Munar".

Así de contundente se mostró en referencia a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, quien, tal y como abundó llompart en su deposición, le había ordenado a través de un exsocio de Farrús, Antoni Martorell, que se debía recompensar a éste "por toda la ayuda que había prestado a UM con motivo de las elecciones de 2007" y que se concretaban en la compra de votos, la colocación de más de cien empleados, el pago de eventos electorales y la instalación de vallas y carpas.

En su declaración, Llompart, asistido por el letrado Fernando Mateas, explicó que Oliver le trasladó la necesidad de contratar a Farrús por orden del entonces conseller de Turismo Francesc Buils. Tras ello, Flaquer le comunicó que tenía que mantener una reunión con el representante de Provista Consulting, empresa de Farrús, de cara a "pensar proyectos". Según recordó, Flaquer le dijo que debía "idear los proyectos para que luego los pudiera desarrollar Provista", a lo que se negó el responsable económico.

Tal y como apuntó el imputado durante el interrogatorio, se había pactado alcanzar la cifra de 3,5 millones en favor del empresario catalán: 2,5 millones se pagaron a través de proyectos adjudicados desde el Inestur mientras que el millón restante se pagó con proyectos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y de otras instituciones públicas "en manos de UM".

"TRAMA DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN PIDE CITAR YA A LOS IMPUTADOS E INVESTIGAR LAS EMPRESAS DEL CHÓFER

En un escrito dirigido a la juez Mercedes Alaya
El fiscal propugna que se fije fecha para las declaraciones de los imputados
También propone que se investigue todas las empresas del chófer de Guerrero
En esta línea, quiere averiguar cuál es la relación de éstas con la trama

Efe | Sevilla

La Fiscalía ha pedido a la juez que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía que "a la mayor brevedad" empiece a tomar declaración a los nuevos imputados y que investigue a otras empresas del chófer del ex director general ya imputado, Francisco Javier Guerrero, así como sus contactos con otras empresas de la trama.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, pide que, además de la declaración fijada para el día 23 del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, la juez comience la toma de declaraciones al menos de los imputados por los ERE de las empresas Río Grande, Surcolor, Calderinox, Acyco y Aglomerados Morell. El objeto es "avanzar en la investigación y concretar las imputaciones", dice la Fiscalía.

Además, la Fiscalía constata que "no coinciden" los datos sobre las ayudas a la empresa Marco de Estudios y Proyecciones Siglo XXI entregados por la Junta y los que constan en el recurso contencioso-administrativo planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que solicita a la juez Mercedes Alaya que requiera al Gobierno andaluz la entrega de la totalidad del expediente.

El escrito recuerda que la empresa planteó un recurso porque la Junta no le había abonado la totalidad de la ayuda comprometida, por lo que el fiscal aprovecha para pedir que el Gobierno andaluz informe sobre "todos los expedientes de concesión de ayudas directas a empresas, concedidas por el mismo sistema por la dirección general de Empleo".

Se trata de conocer las ayudas que no han sido abonadas y que por tanto no aparecían en el desplegable aportado en su día por la Junta al juzgado. La Fiscalía se une así a la decisión ya adoptada por la juez de investigar no solo las ayudas concedidas, sino también las denegadas y las de menor cuantía.

Por otra parte, el fiscal pide que el juzgado de primera instancia 18 de Sevilla aporte la documentación que tenga sobre la demanda de la aseguradora Apra Leven, en liquidación, contra la Junta de Andalucía en reclamación de 36 millones de euros por impago de las pólizas de renta y capital que son objeto de esta causa. Según la Fiscalía, dicha demanda, sus documentos y la contestación de la Junta "pueden ser de interés para esta causa".

En cuanto a Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero que declaró que con "buena parte" de las ayudas recibidas por su empresa compró cocaína para su jefe, el fiscal pide que se investiguen la totalidad de las empresas que creó durante el mandato del exdirector general. Asimismo, solicita que la Guardia Civil investigue la relación de las empresas de Trujillo "con otras de la trama".

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