miércoles, 4 de marzo de 2009

SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE MICHAVILA

José María Michavila,
Eius Abogados,
Boadilla del Monte

@F. Martín/ A. Mendoza.-

El cerco en torno al diputado del PP José María Michavila se estrecha. Las sospechas sobre si compatibiliza de forma legal sus actividades privadas con su escaño de diputado aumentaron ayer, después de que el Congreso anunciara que investigará a dos letrados de las Cortes con quienes comparte el bufete Eius Abogados. Precisamente, este despacho puede convertirse en otro foco de problemas para Michavila, ya que posee una notable presencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, municipio madrileño epicentro del ‘caso Gürtel’.

La dimisión como alcalde del imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla, con quien Eius mantenía una relación privilegiada, no ha enfriado el vínculo de este despacho con Boadilla. De hecho, la primera decisión que tomó el sucesor de Panero, el alcalde accidental Juan Siguero, fue confirmar en su cargo de director jurídico a Carlos Ruiz Cabrera, ex abogado de Eius, donde prestaba asesoramiento en materias de protección de datos y propiedad intelectual, según documentos municipales a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Se da la circunstancia de que Ruiz Cabrera había sido precedido en su puesto por otro hombre de Michavila, Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito. González Sánchez había sido nombrado en junio de 2007 por Panero, el mismo día que el ex alcalde designó a César Tomás Martín Morales, amigo de Francisco Correa, director general del Ayuntamiento.

Así, pese al cambio de alcalde, el poder dentro del Ayuntamiento de Boadilla apenas se ha movido de manos, y el despacho de Michavila ha logrado conservar su influencia. Buena prueba de este inmovilismo es que el nuevo alcalde también volvió a nombrar a otros cargos de confianza de Panero, como Laura Samaniego -prima de la mujer de el Albondiguilla-, y a Elena Cerezo -esposa de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid-.

"Esto es una agencia de colocación de militantes y familiares de cargos del PP con unos sueldos escandalosos. Esperanza Aguirre no es tan liberal como dice porque tiene a familiares de medio partido cobrando de las instituciones públicas, una auténtica vergüenza" declaró Ángel Galindo, Portavoz de Alternativa por Boadilla. Según fuentes municipales, Panero sigue muy de cerca todo lo que acontece en el consistorio, hasta el punto de que “se ha montado un despacho frente a la puerta de la Alcaldía, desde donde vigila como el ‘ojo de Sauron’ lo que entra y lo que sale”.

Los negocios de Eius en Boadilla

Pese contar con abogados en nómina, el Ayuntamiento de Boadilla no dudó en contratar en distintas ocasiones los servicios de Eius Abogados. En el contencioso por el polémico ‘regalo’ a la SGAE del Palacio del Infante don Luis, fueron dos abogados de este despacho, Alberto Dorrego -director del bufete- y Alfredo Dagnino, quienes defendieron a la sociedad de autores y al Ayuntamiento en la demanda interpuesta por Alternativa por Boadilla.

Por otra parte, Dorrego también colabora con otro imputado en ‘Gürtel’, el tycoon mesetario de los ladrillos y los medios, José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana, donde la hermana de Michavila ejerce como jefa de gabinete del presidente Francisco Camps. Según el diario Levante, el despacho de Michavila cobró al menos 150.000 euros a Mediamed antes de la adjudicación de TDT. Asimismo, el bufete Eius asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri.

Michavila habría participado también como mediador en una operación urbanística en Boadilla. De acuerdo con El Mundo, el ex ministro pidió seis millones para ejercer como intermediario entre el Ayuntamiento y Global Health –su empresa cliente, que fue administrada por Dorrego- en la malograda ciudad sanitaria que la Mutua Madrileña pretendía levantar en esta localidad. Este diario trató de ponerse en contacto ayer sin éxito con Michavila y con la sede de Eius Abogados, cuya página web ha sido bloqueada en las últimas horas.

Investigación del Congreso de los Diputados

Ahora, Dorrego y su colega de despacho Andrés Jiménez deberán justificar en el Congreso de los Diputados, donde trabajan como letrados, que sus actividades privadas no violan el Estatuto del Personal de la Cortes. El secretario general del Congreso anunció ayer a la Mesa de la Cámara que investigará si los trabajos en Eius de Dorrego y Jiménez son compatibles con su función en el Parlamento.

El propio Michavila podría ser el próximo en tener que dar explicaciones sobre sus actividades, ya que, como diputado, está sujeto al Régimen Electoral General (LOREG), cuyo Capítulo II incluye como incompatibilidades el desempeño de cualquier otro puesto público o privado retribuidos. En particular, es en todo caso incompatible la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.

Fuentes del entorno de Michavila expusieron la dificultad que supone para el ex ministro separar sus contactos personales, labrados durante años de servicio en la Administración, y los clientes que se acercan a su despacho por el prestigio profesional de sus abogados. El diputado del PP conjuga su escaño con el trabajo en Eius, y con labores más conocidas como la representación de artistas como Shakira y Alejandro Sanz. Esta variedad de actividades le ha valido en dos ocasiones (2004 y 2006) el ‘premio’ anual “desconocido del Parlamento” que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL JUEZ DEL CASO "MALAYA" INCLUYE A 16 PERSONAS MÁS COMO PROCESADAS

TRIBUNALES | Superan el centenar

* Además, se han añadido delitos a quince de los ya procesados
* A los nuevos imputados se les tomará declaración el próximo lunes

Europa Press | Málaga

El juez instructor del caso 'Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Óscar Pérez, ha ampliado el auto de procesamiento incluyendo a otras 16 personas, con lo que el número de procesados en la causa que investiga una trama de presunta corrupción en Marbella supera el centenar.

Según han informado fuentes judiciales, además de estas personas, se añaden delitos a algunos de los ya procesados por el anterior instructor, Miguel Ángel Torres.

Las fuentes precisaron que a los nuevos procesados se les tomará declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, encargado del caso, a partir del próximo 16 de marzo y señalaron que ocurriría lo mismo con los procesados antes, a quienes, inicialmente, se les tendría que notificar esta resolución y volver a tomarles declaración indagatoria.

Entre los nuevos procesados se encuentran constructores y abogados, así como economistas y asesores fiscales que podrían haber actuado como testaferros del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y principal imputado en el caso, Juan Antonio Roca. Los empresarios Javier Arteche y Máximo Filipa y los abogados Antonio y Eduardo Abril Cumpián se encuentran entre los procesados.

El juez imputa a doce de los dieciséis nuevos encausados un delito de blanqueo de capitales, a uno de los imputados tráfico de influencias y a otro de los procesados, ambos delitos.

Los otros dos nuevos procesados son el empresario Javier Arteche, al que el juez le imputa los delitos de cohecho, cooperación al fraude y cooperación a la prevaricación, y el tasador José Mora, a quien el instructor le imputa un delito de falsedad documental.

En el auto, Pérez imputa además nuevos delitos a quince personas que ya estaban encausadas en el caso 'Malaya' como Roca, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y varios ex concejales del GIL.

El juez imputa al ex asesor urbanístico los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, inducción a falsedad documental, cohecho, fraude y prevaricación, así como un delito fiscal, y procesa a Julián Muñoz por los delitos de fraude, cohecho y prevaricación.

Al ex primer teniente de alcalde Pedro Román le imputa cinco delitos fiscales, dos al ex comisario Florencio San Agapito y uno al abogado Juan Germán Hoffman.

Por un delito de fraude también han sido procesados los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta y los ex ediles Tomás Reñones, Javier Lendínez, José Luis Fernández Garrosa, Rafael González y Marisa Alcalá.

Por último, el juez imputa al ex secretario del Ayuntamiento de Marbella Leopoldo Barrantes un delito de falsedad documental, mientras que al ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo le procesa por un delito de tenencia ilícita de armas, al unir a la causa principal la pieza separada en la que se investigaban estos hechos.

Además
* Las fianzas suman 28 millones

ELMUNDO.ES

QUIEN ES QUIEN EN EL "CASO MACARENA"

FACTURAS FALSAS | Los acusados en el juicio


José Pardo García
Militante socialista implicado en el 'caso Guerra'. Empresario. Es el contratista de las obras pagadas con las facturas falsas, emitidas anombre de la empresa Cos. Antes de estallar el escándalo había trabajado al servicio del PSOE, como responsable de la seguridad del alcalde de Sevilla, durante la campaña electoral del año 2003. El fiscal pedía para él cuatro años y tres meses de cárcel, 1.350 euros de multa y cuatro años de inhabilitación, como autor de delitos continuados de falsedad en documento mercantil y oficial y cooperador necesario de la supuesta malversación.

José Marín
Ex director de área del Ayuntamiento de Sevilla. En el momento de estallar el escándalo, era secretario del distrito Macarena. Era quien autorizaba el pago de las facturas emitidas por José Pardo en nombre de la empresa Cos. Dimitió, junto con el concejal José Antonio García, después de haber mantenido que las obras se ejecutaron, cuando un vecino del distrito desveló que había sido él quien realizó la demolición de unas instalaciones y que no había cobrado nada por ello. Modificó los cheques emitidos a nombre de COS, una vez firmados por el concejal, añadiéndole el nombre de José Pardo García, para que éste pudiera cobrarlos. El fiscal pedía cuatro años y seis meses de prisión, 900 euros de multa y ocho años de inhabilitación. Lo considera autor de delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

José Antonio García
Ex concejal del distrito Macarena. Socialista. Dimitió al mismo tiempo que su director de área, cuando no pudo defender por más tiempo que las obras se habían realizado. Empeñó su palabra en que el Ayuntamiento había pagado por la demolición de unas instalaciones... pero un vecino lo desenmascaró al asegurar que quien echó abajo el tinglado fue él. Y además no cobró por ello. "Fuimos inducidos al error", se justificó cuando presentó su dimisión en marzo de 2005. Con su dimisión, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, pretendió dar por cerrado el caso. Estuvo imputado durante toda la instrucción y llegó a estar procesado hasta justo antes de iniciarse el juicio en la Audiencia. La Fiscalía retiró su acusación.

Manuel Portela
Funcionario del distrito Macarena. El juez lo absolvió antes de que el jurado se pronunciara al considerar que no existían pruebas de cargo que lo incriminaran. En palabras de su abogada, su «error» fue coger el teléfono cuando Pardo llamó para decir que no podía demoler los módulos y «transmitir esa información».


ELMUNDO.ES