lunes, 11 de enero de 2010

"CASO MERCASEVILLA"; EL PSOE DICE QUE EL PROCESO A ANTONIO RIVAS SÓLO PERSIGUE "ESHIBIRLO EN LA PLAZA PÚBLICA"

El PSOE, que es acusación, defiende al delegado de Empleo

* Dice que su imputación es una 'suerte de sostenella y no enmendalla'
* Critica a la juez por convertir el Derecho Penal en una arena política
* También pide que se rebaje la fianza de los otros imputados

Efe | Sevilla

El PSOE, que ejerce la acusación popular por las presuntas irregularidades en Mercasevilla, ha pedido que se retire la imputación contra Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo de la Junta, porque solo pretende "pasearlo y exhibirlo por la plaza pública" por intereses "político-procesales".

El PSOE se opone al auto de incoación de un procedimiento ante jurado abierto por la juez de instrucción 6 de Sevilla, que ha imputado a Rivas y a tres directivos de Mercasevilla un delito de cohecho por la supuesta petición de 450.000 euros en comisiones ilegales al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de la empresa pública.

El abogado de Rivas se ha opuesto también al procesamiento de su cliente por entender que no existen pruebas suficientes, que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y además el futuro juicio le causará "gravísimos perjuicios, a sumar a los que ya hemos denunciado en este procedimiento".

El PSOE, por su parte, va más allá y dice a la juez que lo vivido hasta ahora ha convertido el Derecho Penal, que es "mucho más constreñido y garante", en un "ámbito donde se dilucidan discrepancias o responsabilidades políticas".

"No queremos ni pensar que el impacto informativo y mediático alcanzado por estas diligencias con la imputación del señor Rivas se haya podido constituir en un elemento distorsionador y determinante para la continuación de su situación procesal", sostiene el abogado del PSOE en su recurso.

Añade que pese a la ausencia de pruebas contra Rivas, la permanencia de su imputación parece "una suerte de sostenella y no enmendalla", por lo que pide a la juez que retire la imputación contra el delegado de Empleo de la Junta y contra la funcionaria M.R.P.B., de la que "no consta que solicitara en ningún momento la ilegal petición de comisión alguna".

Razona que la imputación de Rivas es un "sarcasmo" porque se basa "sólo y exclusivamente" en las declaraciones ante la Policía y la fiscal jefe de Sevilla de los otros dos acusados: el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y su ex adjunto Daniel Ponce.

Causa con jurado
La juez de instrucción 6 de Sevilla ha dado traslado este lunes a todas las partes de los recursos contra la incoación de causa ante un jurado, tras la comparecencia del pasado 23 de diciembre, y anuncia que en los próximos horas resolverá sobre la continuación del procedimiento.

El PSOE, por otra parte, considera "notoriamente desproporcionada" la fianza de 300.000 euros impuesta a cada imputado, para cubrir unas responsabilidades civiles "inexistentes", pues el Grupo La Raza no llegó a abonar ninguna comisión ilegal.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUNTA DESTITUIRÁ A SU DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO SI CONTINÚA IMPUTADO

Griñán sostiene que tendrá que dedicarse a su defensa

* Antonio Rivas está imputado en la instrucción judicial del caso Mercasevilla

Manuel Mª Becerro | Sevilla

El delegado provincial de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas, se verá forzado a cesar en el cargo si el juez mantiene su imputación en el caso que se sigue por la presunta exigencia de comisiones ilegales a unos empresarios que querían instalar una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla.

Rivas está imputado en la causa, pero su caso está pendiente ahora de diversos recursos judiciales a los que ha aludido el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando se le ha preguntado por el particular en un desayuno informativo con periodistas parlamentarios.

En concreto, Griñán ha dicho que de mantenerse la imputación porque no prosperen los recursos, el delegado provincial de Empleo no tendrá más remedio que dejar el puesto para concentrar sus esfuerzos en la defensa jurídica de su actuación en el reparto de subvenciones con cargo al proyecto por el que se supuestamente se exigieron las comisiones ilegales a los empresarios.

Además
* Los trece imputados de Mercasevilla

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UN TOPO AVISÓ DE LAS ESCUCHAS JUDICIALES A LA RED CORRUPTA DE BAENA

CÓRDOBA | La Subdelegación del Gobierno negó su existencia

* Los agentes de la Policía Judicial descubrieron que estaban al tanto

Manuel María Becerro | Sevilla

Las grabaciones que figuran en el sumario del caso de las facturas falsas de Baena, contra la presunta red de malversación de caudales públicos que operaba en dicho Ayuntamiento cordobés y que permitía sufragar las visitas de personal de confianza del alcalde a un club de alterne, corroboran que la investigación judicial se vio interrumpida por el chivatazo de que los teléfonos móviles del Consistorio habían sido pinchados por la Guardia Civil.

En una conversación interceptada por orden del Juzgado de Instrucción de Baena el 4 de octubre de 2007, se oye cómo el presunto cabecilla de la red –el secretario personal del alcalde, Jesús Santano– le advierte al otro trabajador imputado en la causa, Juan Díaz Pérez, que «me han dicho que dice que algunos de nosotros tenemos los teléfonos pinchados».

Santano precisa que se trata «de los teléfonos que nos da el Ayuntamiento» y que son «los móviles, y no sé si el fijo del Ayuntamiento también», pero en ningún momento cunde la preocupación en su interlocutor: «Yo no tengo ningún problema. Yo todo lo que tenga que negar lo niego», responde Juan Díaz, que concluye: «Tú sabes lo que es el in dubio pro reo, ¿no?».

Los agentes de la Policía Judicial firmaron su último informe el 8 de octubre de 2007, apenas cuatro días después de la conversación referida. En él corroboran que, «de alguna forma, Santano ha tenido conocimiento de que ‘gente del Ayuntamiento’ tienen los teléfonos móviles intervenidos; habiéndose detectado desde entonces que evitan hablar de los temas investigados».

El efectivo chivatazo al Ayuntamiento, en principio, sólo habría podido partir de una instancia administrativa. Dado su carácter secreto, sólo un grupo muy reducido de personas tenía conocimiento de que se estaban produciendo escuchas telefónicas, y todas ellas estaban obligadas especialmente a evitar cualquier filtración que pudiera afectar a las investigaciones.

Además
*'Yo todo lo que tenga que negar, lo niego'
* El juez revisa las cuentas 'infumables' de Baena

elmundo.es

LOS PROTAGONISTAS DEL "PELOTAZO" DE SON BORDOY ESTÁN VINCULADOS AL PSOE

CORRUPCIÓN | La superurbanización del Molinar

* El actual promotor tiene muy buenas relaciones con Margarita Nájera
* El ex propietario del solar es militante en activo del partido

Mariona Cerdó | Palma

El Govern del socialista Francesc Antich se dispone a impulsar un pelotazo urbanístico vestido de proyecto social en el que aparecen en varias de sus fases promotores históricamente vinculados al PSOE. Es el caso de José Miguel García, vicepresidente del Mallorca y militante en activo de la agrupación socialista de Ponent. Y también de Martín Gual, un promotor que se hizo con negocios muy lucrativos en el Calvià de Margarita Nájera, con la que siempre ha tenido una excelente relación.

Pero empecemos por el principio. La finca de Son Bordoy –la del pelotazo– era una área rústica hasta que se adaptó al Plan General en 2005, una operación que se llevó a cabo durante el mandato de la popular Catalina Cirer en el Ayuntamiento de Palma y que fue impulsada por Profusa, la sociedad que en aquel momento quería urbanizar la zona. Tras la adaptación al Plan General, se estableció que se podían construir en el solar 225 viviendas.

En abril de 2007, el Grupo Garbal, del vicepresidente del Mallorca, le compró el 50% del terreno a Fbex, que conservó la mitad restante del solar. Sin embargo, algo ocurrió y José Miguel García –que es vocal en la Comisión Ejecutiva del PSOE de Palma-Ponent– le volvió a vender su mitad a Fbex, que poco después encontró otro comprador: el actual promotor, Haras Gestión de Suelo, empresa controlada por Martín Gual.

Aunque no aparece al frente de esta sociedad, Gual sí ha sido responsable de numerosas sociedades que, casualmente, tienen el mismo domicilio social que Haras Gestión de Suelo. Además, son numerosas las fuentes que sitúan a Gual al frente de la promoción de Son Bordoy.

Además
* El solar cambió de manos cuando tramitaban la Ley Carbonero
* Opinión: Vinculaciones sospechosas entre promotores y PSOE
* El chiste de Alfie:De dónde salen

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PRENAFETA DICE QUE NO RECUERDA "NADA" DE UN ESTUDIO DEL "CASO HACIENDA"

CORRUPCIÓN | Citado como testigo

* El juicio, uno de los más largos de la Historia, empezó el 15 de septiembre
* En el banquillo, 16 personas, entre empresarios e inspectores de Hacienda

Germán González | Europa Press | Barcelona

El ex secretario general de Presidencia de la Generalitat catalana, Lluís Prenafeta, ha declarado como testigo en el juicio que se celebra desde hace casi cuatro meses en la Audiencia de Barcelona por el denominado 'caso Hacienda', y que sienta en el banquillo a 16 personas entre ex inspectores de Hacienda y empresarios o asesores fiscales. El Abogado del Estado, que citó a Prenafeta como testigo, quería aclarar el estudio que supuestamente encargó el ex secretario general a la empresa que tenía Mayra Mas con su ex marido, el inspector José Lucas Carrasco, los dos acusados en este juicio. Este estudio, que trataba sobre la población de Cataluña, fue autorizado por el Departamento de Presidència en 1988 y costó cuatro millones de las antiguas pesetas.

Prenafeta ha explicado que no recordaba "nada" de este estudio ya que habían pasado más de 20 años y no recordaba detalles. Además, destacó que en su cargo no se ocupaba de temas administrativos como fue la adjudicación de este informe y que era el Consell Executiu quien autorizaba su elaboración. Pese a esto, reconoció que el plazo de tramitación del estudio -que se inició el 1 de diciembre de 1987, se adjudicó el día 4 del mismo mes y se firmó al día siguiente- "es muy rápido", pero seguramente fue "porque se creyó necesario". Además, negó que la letra manuscrita que se lee en el informe fuera suya. El ex secretario de Presidencia destacó que le une una amistad de muchos años con algunos de los acusados como el empresario Josep Lluís NŽñez y con su hijo, así como que tuvo relación con Javier de la Rosa.

El Abogado del Estado considera que la adjudicación de este estudio fue irregular i destaca que la misma empresa que obtuvo su concesión es la misma que utilizaban Lucas Carrasco y su ex mujer para hacer informes para Nuñez y Navarro y así "enmascarar sobornos". Pese a esto, la Fiscalía no acusa a Mayra Mas de estas supuestas irregularidades, ni pide responsabilidad penal por el estudio hecho para la Generalitat en 1988. El juicio se ha suspendido hasta el próximo jueves cuando está previsto que declare el ex ministro Josep Borrell, secretario de Hacienda cuando se cometieron supuestamente los sobornos a funcionarios.

Prenafeta está imputado en el caso Pretoria, la trama de corrupción urbanística que habría tenido su epicentro en Santa Coloma de Gramenet, y podrá acudir después de que el pasado 7 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón dictara la libertad bajo fianza de un millón de euros. El ex alto cargo de CiU llevaba en prisión provisional desde el pasado 30 de octubre

Este miércoles también está previsto que declare el ex ministro Josep Borrell, que fue Secretario de Estado de Hacienda entre 1984 y 1991, 'jefe' de los inspectores cuando estalló la trama y que le truncó sus aspiraciones políticas a la Moncloa.

El juicio -uno de los más largos de la historia de España- empezó el 15 de septiembre, con la declaración del supuesto jefe de la trama, el inspector jefe regional de Hacienda en Catalunya, José María Huget y se prevé que continúe hasta abril.

En total, se sientan en el banquillo 16 personas, entre empresarios e inspectores de Hacienda, cuyas penas suman 126, y entre las que destacan los 16 años de cárcel para Huguet y los 12 años para el ex asesor jurídico del Grupo Torras-Kio, Juan José Folchi. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el constructor Josep Lluís Núñez y el financiero Javier De la Rosa, respectivamente.

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