martes, 21 de febrero de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DORRIBO APORTA COMO PRUEBA DOCUMENTAL CONTRA BLANCO UNA HOJA DE BLOC SIN VALOR

El empresario ofrece ante el Supremo la cuarta versión del supuesto pago al exministro
El imputado dice ahora que el dinero lo sacó de su casa

Julio M. Lázaro Madrid


El empresario gallego Jorge Dorribo, imputado por delitos de corrupción en la conocida como Operación Campeón, una trama empresarial para obtener subvenciones públicas, presentó este martes ante el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano una cuarta versión sobre la procedencia del dinero con el que supuestamente pagó al exministro de Fomento José Blanco a cambio de un trato de favor. Según la última versión de Dorribo, imputado por fraude a la administración y blanqueo de capitales, el dinero (150.000 euros) no lo sacó de una cuenta de su mujer en Andorra, como había declarado el 14 de octubre, sino que lo tenía, en metálico y en billetes de 500, en su casa.

Con esta última versión, Dorribo trató de contradecir el informe del perito judicial de la Agencia Tributaria José Antonio Morín Ramos, que aseguró que el dinero de la cuenta de Andorra fue destinado a levantar la quiebra que pesaba sobre una farmacia andorrana, y por tanto era “ajeno e independiente del supuesto pago realizado en España”.

El perito que analizó el resto de cuentas de Dorribo y de sus empresas, concluyó que el dinero tampoco había salido de Laboratorios Nupel, la empresa de Dorribo. Por tanto, y de ser cierto el hipotético pago, “éste había sido efectuado en efectivo y con fondos de origen desconocido, lo que imposibilitaría su verificación y seguimiento”.

Este informe del perito de Hacienda tumbó sin remedio la versión de que el dinero para Blanco salió de una cuenta andorrana. Así que este martes, el dinero del supuesto soborno se pagó “en metálico”, con el dinero que Dorribo tenía por casa.

Para “rebatir” el informe pericial, su abogado, Ignacio Peláez, manifestó a los informadores al término de la declaración que su cliente había presentado una prueba “documental”. Posteriormente, se supo que la única “prueba documental” que Dorribo presentó en su declaración era en realidad una hoja de libreta del hotel Art de Andorra, con unas anotaciones sin valor probatorio alguno y sobre todo, sin relación con los pagos al exministro.

En realidad, lo único que acreditan esas anotaciones o “documento original” atribuido por Dorribo al gerente de la empresa Salut e Innovació, Joan Bazarra, es que coinciden sustancialmente con las cantidades examinadas por el perito en su informe, pero para comprar la farmacia andorrana en quiebra. Así incluso lo manifestó Dorribo ante el juez. En ningún momento se dice que sean para pagar a Blanco o al primo de éste, Manuel Bran, supuesto intermediario del pago según el empresario.

El resto de la declaración de Dorribo ante el juez instructor de la Sala Penal del Supremo, que se prolongó por espacio de unas tres horas, consistió en ratificar sus acusaciones contra el exministro de Fomento, José Blanco. En síntesis, que el primo del ministro, Manuel Bran, le dijo que el pago de 200.000 euros para Blanco se los tenían que dar a él, y que él se encargaría de que hablase con el ministro. Según Dorribo, quedaron en la gasolinera de Guitiriz, donde él hizo el pago a Bran en presencia del director general de Cofares, José Antonio López, quien habría presenciado la entrega del sobre con los 200.000 euros, en billetes de 500. Bran dejó el sobre en su coche y esperó con Dorribo la llegada de Blanco. Tomaron un café en la barra y en un momento dado Blanco le dijo que fuera con él en el coche a un restaurante donde tenían concertada una comida.

El empresario declaró más de tres horas ante el juez del Supremo

A preguntas del abogado del exministro Blanco, Gonzalo Matínez-Fresneda, Dorribo tuvo que reconocer que en su primera declaración, el 25 de mayo de 2011, no hizo mención de ningún político. En la segunda, el 8 de agosto, ya con Peláez de abogado, es cuando habla del ministro Blanco y la juez de Lugo, Estela San José, le deja en libertad sin fianza. En esa declaración cifra en “más de 40.000 euros” el pago a Blanco. Después, en otra declaración del 13 de octubre, elevó la cantidad a 290.000 euros.

Dorribo dice que no ha leído ningún periódico desde que salió de la cárcel

También a preguntas del Martínez-Fresneda, Dorribo negó haber acomodado su tercera versión a lo publicado por el diario El Mundo. Es más, dijo que desde su estancia en la cárcel “no había leído ningún medio de comunicación”.

A preguntas de su abogado defensor, Dorribo dijo que el informe pericial sobre los pagos de Andorra es “incompleto”, porque no recoge los movimientos de la cuenta bancaria anteriores al 1 y 2 de febrero, es decir, se recogía solo un día y no los anteriores y posteriores. La forma de pago a Blanco, según dijo el empresario, era en parte en metálico y en parte en acciones, además de contratar al primo de Blanco, Manuel Bran, para todo tipo de obras.

Curiosamente, Dorribo sostuvo ante el juez del Supremo que cuando ingresó en prisión “desapareció la carpeta” en la que figuraban los pagos a políticos y algún documento más. Los datos personales de las personas que figuraban en la carpeta desaparecida constaban de iniciales IFB, JD, etcétera. La correspondiente al entonces ministro de Fomento sería IFB, (Iniciativas de Fomento Bran), ya que no había iníciales con su nombre.

Para este miércoles está prevista la declaración de Manuel Bran, ante el instructor del Supremo.

"CASO TURISME JOVE"; ABREN JUICIO ORAL CONTRA LOS TRECE ACUSADOS DE DESVIAR MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

CORRUPCIÓN

Europa Press | Palma

Tras más de tres años en fase de instrucción, el juez ha abierto juicio oral contra el exgerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, el exdirector general de Juventud en la última legislatura de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, y el exjefe de Servicios y Mantenimiento de la empresa pública, Juan Francisco Gosálbez, a quienes acusa de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama por la que habrían desviado más de un millón de euros a través del consorcio y que provocó su quiebra técnica.

Sin embargo, no son los únicos que se sentarán en el banquillo puesto que junto a ellos también serán juzgados otros diez inculpados, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit. En total, el Ministerio Público solicita 48 años y medio de prisión para los trece acusados, sobre quienes pesan presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

Las penas más elevadas que reclama la Fiscalía, a cuyo escrito de acusación se ha adherido la Abogacía de la Comunidad Autónoma, son los 12 años de cárcel que reclama para Gálvez, 10 años y medio para Amengual y los cuatro y medio que pide para Gosálbez, quienes presuntamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para conseguir que parte de los fondos del consorcio fuese utilizada en beneficio privado.

"Un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos que se desarrolló utilizando distintas operativas" aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión, tal y como postulan los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau. Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

Otros de los imputados a quienes acusa la Fiscalía son el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo; el rotulista Pau Pujante y el hotelero francés André José Villena, quien según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

También están personados en el caso, como acusación popular, el PP, que únicamente acusa a Gosálbez -para quien solicita cuatro años y medio de cárcel- y el Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ), que pide cuatro años de prisión para Gosálbez, Amengual, Gálvez y María Auxiliadora Pérez. Las acusaciones reclaman además cuantiosas indemnizaciones para los inculpados en favor de Turisme Jove y el REAJ.

Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

"CASO MALAYA"; EL PROMOTOR LIÉTOR, SOCIO DE ROCA, ACUSA A LA POLICÍA DE MANIPULAR PRUEBAS

El promotor Andrés Liétor en el careo con Juan Antonio Roca. | Cabanillas


José Carlos Villanueva | Málaga

Todo tiene un límite. El fiscal de Anticorrupción, asignado al caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero, ha aguantado con estoicismo todo tipo de acusaciones hacia él y la Policía por parte de procesados en la trama de corrupción municipal. Este martes ha decidido abrir diligencias contra el promotor Andrés Liétor, por imputar delitos falsos a los investigadores. El también socio de Juan Antonio Roca acusa a la Udyco de haber manipulado archivos informáticos incautados en discos duros de la contabilidad interna de Juan Antonio Roca. Se trata de pruebas fundamentales.

Las graves acusaciones se han producido cuando Liétor declaraba a preguntas de su abogada defensora, Rosario Gómez Bravo, sobre las anotaciones de pagos con su nombre que aparecían en la contabilidad del ex asesor urbanístico municipal.

"Se me ocurren muchas cosas, alguien ha podido dejar una pista falsa y también se me ocurre que hasta lo haya puesto la Policía". Poco después, el empresario jiennense ha ido a más: "Esos archivos informáticos fueron manipulados por la Policía. Ese disco duro fue manipulado indebidamente".

Liétor ha insistido en "denunciar públicamente" que dichos archivos "fueron manipulados por la Policía el 29 de marzo de 2006, el 29 de mayo de 2006, el 13 de noviembre de 2007 y el 3 de noviembre de 2010, cuando llevábamos más de un mes de juicio", ha detallado.

Fuentes judiciales consultadas por EL MUNDO.es han calificado como "materialmente imposible" que se haya producido manipulación alguna en los discos duros de los ordenadores, dada la cadena de custodia de dichas piezas de convicción, siempre bajo la supervisión de la autoridad judicial del instructor, así como de la Audiencia de Málaga.

Para el representante del Ministerio Público las expresiones vertidas por dicho procesado son de contenido delictivo y "no voy a permitir que eso quede impune". López Caballero ha sido muy claro al respecto: "Voy a ejercitar acciones penales contra toda la persona que manifieste que la Policía ha alterado pruebas". La advertencia del fiscal no ha achantado al acusado, que se ha reafirmado en lo dicho.

En esta sesión, la 139, se han vivido momentos de mucha tensión. De hecho, el presidente del tribunal, José Godino, se ha visto obligado a llamar al orden a Liétor hasta en cinco ocasiones, después de que, incluso, se quejara de "los gestos que hace el fiscal".

"Comprenderá usted que me tiene fuera de quicio", le ha espetado el acusador público al socio de Roca cuando contínuamente le nombraba. "Pues imagínese cómo me tiene usted a mí después de seis años de instrucción".

La jornada ha deparado otra sorpresa, al ordenar el presidente del tribunal un nuevo careo. En este ocasión entre Roca y Liétor, ante las contradicciones en sus testimonios. El primero ya declaró que tuvo "cuentas en participación" con Carlos Sánchez y Andrés Liétor, extremo negado por este último.

Una vez sentados juntos ante el tribunal el ex brazo derecho de Jesús Gil en el urbanismo marbellí ha explicado que él pagó de su bolsillo una deuda de 262 millones de las antiguas pesetas que, en 1993, la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47 (propiedad de Andrés Liétor y Carlos Sánchez) había contraído con el Ayuntamiento de Marbella, en el marco de la compra venta del hotel Pueblo Andaluz. Lo hizo a cambio de una participación societaria en dicho negocio. La contundente explicación del ex gerente de Urbanismo se ha producido minutos después de que Liétor negara cualquier negocio con él.

Liétor también ha acusado a Roca de intentar hacerle cambiar su declaración, tras los acuerdos de conformidad que alcanzaron algunos acusados con la Fiscalía Anticorrupción para atenuar considerablemente las penas a las que se enfrentan, al reconocer delitos cometidos.

"El señor Roca se puso nervioso con los acuerdos de conformidad de algunos acusados y su abogada me planteó entonces que tenía que cambiar su estrategia", ha expuesto Liétor. Ha llegado a proponer que la letrada defensora del ex asesor marbellí, Rocío Amigo, declarara como testigo ante el tribunal, pero no se ha aceptado la propuesta.

Juan Antonio Roca se ha pronunciado así ante tales acusaciones: "Mi letrada lo único que hizo es avisar a tu letrada de lo que iba a declarar, para que te defendieras". A pesar de las contradicciones entre ambos ha calificado a Liétor como "mi amigo". Todo queda en casa y la sangre no ha llegado al río.

Además

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO PREGUNTA SI LLAMA A DECLARAR A LA INFANTA CRISTINA COMO IMPUTADA

TRIBUNALES
Europa Press | Palma de Mallorca

El juez instructor del 'caso Palma Arena', José Castro, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía de la Comunidad Autónoma, el PP y las defensas personadas en la pieza que investiga la actividad del Instituto Nóos, para que se pronuncien sobre si debe ser citada en calidad de imputada la Infanta Cristina, tal y como solicitó el sindicato Manos Limpias.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en un auto dictado este miércoles por el que ha unido a la causa el escrito presentado por Manos Limpias, personada como acusación popular, para pedir el encausamiento de la hija del Rey Juan Carlos en el marco de estas pesquisas.

El juez ha dado a las partes un plazo de cinco días -el primero en computar será el 28 de febrero- para que hagan las alegaciones que estimen convenientes respecto a la petición del sindicato. Será a partir de entonces cuando el magistrado resuelva sobre la citación de la Infanta.

Y es que Manos Limpias, a través del escrito que presentó la pasada semana para pedir la imputación de la Infanta, considera que ésta fue "beneficiaria directa" del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de forma supuestamente fraudulenta por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Mediante un escrito de seis páginas, al que tuvo acceso Europa Press, la entidad desglosa los indicios que, a su juicio, llevan a concluir que la esposa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, fue autora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- "y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin".

El sindicato, representado en la causa por la abogada Virginia López Negrete, apunta además que era "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso.

En el mismo auto, el magistrado acuerda tener por aportada la denuncia del grupo parlamentario Compromís, de las Cortes Valencianas, que solicitaba la citación del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y del presidente del Comité Olímpico Español, sobre las que Castro afirma que por el momento no procede adoptar resolución alguna, más allá de su incorporación al caso.

Mientras tanto, el juez ha desestimado las peticiones formuladas por varias partes, que planteaban la nulidad de diligencias policiales llevadas a cabo en Barcelona. Al mismo tiempo, ha elevado a la Audiencia el recurso que interpuso el abogado del expresidente Jaume Matas contra su citación como imputado el próximo 17 de mayo. Castro ya rechazó el recurso en trámite de reforma.

Además

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DORRIBO REBATE "CON DATOS" EL INFORME QUE CUESTIONA QUE PAGARA A BLANCO 200.000 €

El empresario lucense, Jorge Dorribo, llega al Supremo. | Efe
TRIBUNALES


Europa Press | Madrid

El empresario farmaceútico Jorge Dorribo se ha ratificado este martes ante el Tribunal Supremo en sus acusaciones contra el ex ministro de Fomento José Blanco, a quien implica en una supuesta trama de fraude en la obtención de ayudas públicas investigada en la denominada 'operación Campeón', según ha manifestado su abogado, Ignacio Peláez, al término de la declaración.

Dorribo ha evitado hacer declaraciones a la prensa tras permanecer más de dos horas declarando ante el magistrado José Ramón Soriano. Por su parte, su abogado se ha limitado a decir que su cliente "no miente ni está diciendo cosas diferentes a las que ha dicho antes", en alusión a las declaraciones contra Blanco que ha venido realizando desde el pasado verano ante la juez de Lugo Estela San José.

Peláez ha eludido las preguntas concretas de los numerosos periodistas que se agolpaban a las puertas del Supremo y ha señalado que, debido a que las diligencias están secretas, sólo puede precisar que su cliente "no es una persona que haya cometido un delito de calumnias y tampoco está diciendo una mentira".

A diferencia de lo ocurrido el día de la declaración de Blanco ante el Supremo, el pasado 26 de enero, en esta ocasión las diferentes partes han tenido acceso a nuevos documentos tras el levantamiento parcial del secreto por parte del magistrado. Entre ellos, la conclusión concreta de un informe pericial que vendría a desmontar parte de las acusaciones realizadas por el empresario farmacéutico contra el ex ministro del PSOE.

Se trata del apartado octavo de un informe pericial de la Agencia Tributaria que concluye que, de forma contraria a lo que aseguró ante la juez de Lugo, Dorribo no obtuvo de sus cuentas bancarias en Andorra los 200.000 euros que dice que en febrero de 2011 entregó a Blanco, a través de su primo, en una gasolinera de Guitiriz (Lugo).

Según la investigación, en la fecha señalada el empresario realizó, junto con otras entregas de dinero, una transferencia por valor de 15.000 euros desde dichas cuentas en Andorra a la cuenta de la sociedad Salut D'Innovació, "para poder levantar la quiebra que pesaba sobre la farmacéutica Elisa Muxel Mollins, en cumplimiento del contrato firmado por ella". También realizó diferentes pagos en efectivo a su colaborador Xoan Bazarra para que los ingresara en dicha sociedad.

La conclusión de esta pericia es que la operación "es ajena e independiente del supuesto pago efectuado en España, según su declaración (del empresario ante la juez de Lugo), que de ser cierta supondría que Jorge Dorribo Guide, además de los fondos entregados Xoan Bazarra (...) y que ascendían en esas fechas a 226.000 euros, contaba con otros fondos en efectivo adicionales por el importe del supuesto pago" a Blanco.

Peláez, por su parte, ha insistido a las puertas del tribunal en que su cliente no está de acuerdo con las conclusiones de este informe y ha podido rebatirlo "documentalmente", aunque no ha precisado en qué sentido.

Según destacaba en su escrito ante el juez Soriano el fiscal del Supremo adscrito al caso, Manuel Jesús Dolz Lago, el resultado de esta pericia, realizada por la Unidad de Peritaje Judicial e Informático de la Agencia Tributaria, estaba pendiente de ser entregado a la juez de Lugo Estela San José antes de que ésta elevara exposición razonada al Tribunal Supremo respecto de la posible implicación del exministro en delitos de tráfico de influencias y cohecho.

'Lo miraría'
El ex ministro de Fomento José Blanco reconoció ante el Tribunal Supremo el pasado día 26, durante su declaración como imputado en relación con la 'operación Campeón', que podría haber utilizado la expresión de "que lo miraría" durante un encuentro que mantuvo con el empresario de transportes José Antonio Orozco, que estaba interesado en la obtención de un permiso para la recogida de medicamentos en viviendas, si bien esta es la frase que "utiliza habitualmente" en sus encuentros con empresarios y no hizo gestión alguna al respecto con el Ministerio de Sanidad.

A lo largo de su declaración en el Supremo, Blanco negó también haber realizado ningún tipo de gestión, haber presionado ni condicionado en relación con los intereses de Dorribo, aunque sí reconoce haber preguntado a su jefe de Gabinete sobre el estado de un expediente administrativo sobre ampliación de infraestructuras en Cataluña sobre el que le preguntó Orozco. También declaró que trasladó al secretario de Estado las dificultades de las que le habló este empresario en relación con unas naves en Sant Boi (Barcelona).

Bran, según la denuncia realizada por el empresario farmacéutico Dorribo, habría actuado como intermediario del ex ministro en el cobro de determinadas cantidades en pago de sus gestiones ante diferentes organismos públicos.

Investigación de cobros ilegales
En el marco de la 'operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas al menos 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas. En sus declaraciones ante la juez de Lugo, Dorribo habría a Blanco en distintas declaraciones de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.

El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.

Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al exministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.

En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al exministro por un posible delito de tráfico de influencias y otro de cohecho derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.

Además

AL PP SE LE VUELVE A APARECER EL FANTASMA DE LA "GÜRTEL"


La portada del diario El Mundo.

PD
Jesús Merino, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote y 'P.A.C.', junto a Bárcenas, cobraron 230.000 de la sociedad Spinaker cada uno
La Policía cree que 'P.A.C.', que recibió otros 750.000 de Asian Deluxe, podría ser Paco Álvarez-Cascos


Todos cobraron comisiones a cuenta del contrato de 12 millones que el propio Bárcenas, por entonces tesorero del PP, firmó con el 'número 2' de Correa

Esta vez no es una de esas obsesiones de Pedrojota Ramírez, al estilo de la 'mochila de Vallecas', la 'frugonte Kangoo' o cualquier otra ensoñación delirante relacionada con el 11-M.

En esta ocasión, el asunto esta muy bien fundado, amarrado minuciosamente, y tiene pinta de traer consecuencias.

El reportaje lo firma el veterano Antonio Rubio, sabueso feroz, veraz e incansable, y lo pública a toda página el diario 'El Mundo', con un titular de portada que se les tiene que haber atragantado a varios a la hora del desayuno este 21 de febrero de 2012: "Bárcenas y 4 cargos del PP se repartieron 2 millones de Gürtel".

Lo que cuenta, con todo detalle Antonio Rubio es que un pequeño grupo de altos cargos del PP, a traves de una sociedad llamada Spinaker y a costa de los contratos de las campañas electorales de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004 que organizó Francisco Correa, principal implicado en la operación Gürtel, se llenaban los bolsillos.

La fuente es un informe interno de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía.

Y esos aaltos cargos son: Luis Bárcenas (ex senador y ex tesorero del PP), Gerardo Galeote (ex eurodiputado), Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo de Alarcón), Jesús Merino (ex diputado) y un quinto que aparece bajo las siglas «P. A. C.».

Eser quinto hombre -al que fuentes de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción describen como "una persona con gran capacidad de influencia [...] y que está relacionado con las otras personas identificadas"- podría ser, nada más y nada menos, que Francisco Álvarez-Cascos

Todos los dirigentes del PP que aparecen en el reparto de los dos millones de euros a través de la organización de Correa han estado imputados, en diversos momentos, en las diferentes causas judiciales de la operación Gürtel.

El informe de la Udef explica, de manera pormenorizada, cómo se llevaba a cabo el reparto de las comisiones entre Correa y los políticos del PP y a través de qué sociedades.

Dice 'El Mundo' y con razón que, a la vista del contenido de este informe, cabe suponer que la Audiencia retomará la investigación archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Antes de conocer estos datos, la Fiscalía ya discrepó del criterio del juez Antonio Pedreira al considerar que había indicios «contundentes» de delito por parte de Luis Bárcenas.

El Ministerio Fiscal sostenía que las siglas «L», «L. B.» y el apelativo «Luis el cabrón» que aparecían en la contabilidad de las empresas de Correa pertenecían al ex tesorero del PP. Ahora el informe policial corrobora el criterio de la Fiscalía al aportar facturas y documentos que indican que efectivamente se trata de Luis Bárcenas.

Entre ellos, un fax dirigido por Pablo Crespo al tesorero del PP en el que el documento queda archivado como una comunicación a «L. B.».

Pero la novedad de este informe policial es la aparición de ese quinto dirigente del PP nombrado por sus siglas.

Es cierto que coinciden con las de Álvarez-Cascos, pero el político asturiano tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, ya que, por el momento, no hay nada que demuestre que cobró de esta trama.

El asunto tiene que ser investigado a fondo, ya que los nuevos datos demuestran que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se precipitó al archivar al caso.

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LA POLICÍA SOSPECHA QUE BÁRCENAS, EL EXTESORERO DEL PP, SE REPARTIÓ CASI 2 MILLONES DE LA GÜRTEL CON GALEOTE, MERINO Y SEPÚLVEDA

Un informe de la Unidad de Delitos Económicos identifica Francisco Álvarez-Cascos como posible receptor de 750.000 euros


C.G. |

Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda, todos exaltos cargos del PP, que ocupaban, además puestos públicos, se repartieron dos millones de euros en comisiones de la ‘Gürtel’ a costa de los contratos de las campañas electorales de las autonómicas de 2003 y las generales en 2004, que organizaron las empresas de Francisco Correa, cabecilla de esta trama de corrupción.

Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef), al que ha tenido acceso El Mundo, explica que el reparto del dinero se hizo a través de la empresa Spinaker en partes idénticas entre los cargos populares (230.000 euros), identificados en los documentos de las empresas Gürtel con las siglas: “L.B” (Luis Bárcenas, exsenador y extesorero del PP); “G.G” (Gerardo Galeote, exeurodiputado); “J.S” (Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón);y “J.M” (Jesús Merino, ex diputado). Además, en la documentación aparecen las siglas: “P.A.C”, que se corresponderían, según los investigadores, con el nombre de Francisco Álvarez–Castro, actual presidente de Asturias y ministro en la etapa de Aznar.

12 millones por las campañas de 2003 y 2004
Las comisiones pagadas a estos políticos del PP provinieron de la facturación de la trama Gürtel de 12 millones de euros al PP por las campañas de 2003 y 2004. De ese total, unos tres millones se repartieron de la siguiente forma: la mitad para la sociedad Asian Deluxe Group y la misma cantidad para la empresa Spinaker 2000, a través de la cual se pagó a los cargos populares.

Spinaker
Como administrador único de Spinaker 2000 aparece Luis de Miguel Pérez, pieza fundamental en la trama Gürtel y como apoderado, Pablo Crespo, número dos de la trama.

Asian Deluxe
Asian Deluxe Group es también una sociedad del grupo de Francisco Correa y en ella consta como administrador único José Luis Rois. Según el informe de la Policía, Rois recibió de comisiones 750.000 euros, la misma cifra que se habría llevado “P. A.C.”, identificado como Álvarez-Cascos.

Los cuatro han sido investigados en el caso Gürtel
Bárcenas, Galeote, Merino y Sepúlveda han estado imputados en diversos momentos en las diferentes causas judiciales de la operación Gürtel. La causa contra Bárcenas, imputado por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales fue sobreseída provisionalmente en septiembre pasado. En el caso de Galeote, el juez Antonio Pedreira rechazó citarle a declarar como imputado en junio de 2011, al considerar que no existían “ elementos que aconsejen su imputación”.

Jesús Merino compareció en julio pasado ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado provisional y el día 29 el Alto Tribunal acordó elevar al Congreso de los Diputados el suplicatorio para seguir investigándole. Dejó su cargo como miembro de la dirección PP en el Congreso. En el caso del exalcalde Jesús Sepúlveda, se encuentra en libertad sin fianza. El 8 de octubre de 2009 abandonó el Grupo Popular en el Ayuntamiento, y un día después renunció a su acta de concejal.

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"CASO GÜRTEL"; UN NUEVO INFORME POLICIAL IMPLICA AL EXTESORERO DEL PP EN EL BLANQUEO

El juez de la Audiencia Pablo Ruz recibe más pruebas contra Luis Bárcenas
La trama se refiere a "L. B." tanto en negocios como en papeles sobre el PP

María Fabra Castellón

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene pendiente de decidir si reabre la imputación al extesorero del PP Luis Bárcenas en el caso Gürtel, tras el archivo que decretó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Para resolver la imputación, Ruz cuenta desde la semana pasada con un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sobre la “operación de blanqueo de capitales en la que ha intervenido Luis Bárcenas Gutiérrez”, elaborado tras el análisis de nuevos documentos hallados en uno de los registros de las sedes de la trama que lideraba Francisco Correa.

En su informe, la brigada de blanqueo de capitales concluye que tras examinar la nueva documentación, Bárcenas fue “beneficiario o partícipe de operaciones” que formaban parte de los negocios de la trama corrupta. Por una parte analiza la fórmula mediante la que la trama identificaba al extesorero del PP en las operaciones en las que supuestamente este participó, y por otra documentos “oficiales” de la relación que mantenía, desde su cargo en la dirección del partido, con las empresas de Correa.

Pedreira basó buena parte de su decisión de archivar la imputación del extesorero del PP en la invalidez que, en su opinión, suponía la atribución de las siglas L. B. o L. Bárcenas a Luis Bárcenas, en referencia a los apuntes de varias cantidades de dinero (cerca de un millón de euros) entregadas por la trama, según la documentación incautada. La fiscalía y la acusación recurrieron ese archivo que ha de resolver la Audiencia Nacional. Ahora, el informe del que ya dispone Ruz señala que tanto en los casos en los que era partícipe de alguna operación como en las referencias a la contabilidad sobre la facturación al PP “se emplea la inicial de su nombre junto a su primer apellido “L Barcenas”, así como las iniciales de su nombre y primer apellido “LB”. Por ello, la policía concluye que “se infiere de forma lógica como las distintas personas que integran la organización empleaban diferentes denominaciones para referirse a una misma persona: Luis Bárcenas Gutiérrez”. La Brigada de blanqueo insiste en que “se observa una continuidad en la forma de denominar a esta persona que no responde a una cuestión casual, particular o caprichosa sino más bien a una forma estandarizada de referirse a esta”. Y mantiene que “los documentos analizados corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2004, lo que denota una persistencia en el tiempo en la forma de identificar a la persona”.

Los documentos que ha analizado la policía son, en un caso, los relativos a la operación de inversión inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), denominada “proyecto Twain Jones”. Según la documentación y tal como concluye la policía, Bárcenas participó de este proyecto a través de su esposa, que aportó a una de las sociedades de la trama, Rustfield Jones, 150.000 euros mediante un préstamo participativo. La brigada dispone además de un documento de reconocimiento de deuda de Rustfield Jones a favor de Rosa Iglesias, la esposa del extesorero del PP.

El informe también recuerda cómo las siglas “L.B.” aparecían además “en el reparto de fondos” que especificó Correa por las gestiones para la adjudicación de la obra de construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca a Sufi y Teconsa, cuyos responsables ya están imputados en la causa.

Además, el análisis se ha basado en la facturación emitida por una de las empresas de la trama, Special Events, al Partido Popular por trabajos realizados en 2000. En toda la documentación, las referencias a Bárcenas se hacen tanto con el nombre completo, a través de las siglas de su nombre y apellido o solo con el apellido.

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