jueves, 8 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; JORGE DORRIBO IMPLICA A NÚÑEZ FEIJÓO EN LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA XUNTA

Según la parte alzada del sumario
Dorribo afirma que el presidente le dijo 'que iba a mover lo del Igape'
El presidente fue 'muy agradable' y se comprometió 'a venir a la inauguración'
Cobián, según las escuchas, habría comentado con Farjas uno de los proyectos

Silvia Pena | Lugo

La parte alzada del sumario de la 'operación Campeón' incluye la trascripción de la conversación que el empresario Jorge Dorribo mantiene con el ex diputado del PP, Pablo Cobián, tras haber mantenido una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Féijoo, en su despacho de San Caetano en octubre de 2010. En el transcurso de llamada, el principal cabecilla de la investigación que dirige Estela San José asegura que Feijóo le dijo "que iba a mover lo del Igape".

Dos meses después de producirse el encuentro con el titular del Gobierno gallego, Jorge Dorribo visitaba de nuevo Santiago, ciudad en la que el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) tiene su sede, para interesarse por la tramitación de las ayudas solicitadas al organismo público. El empresario lucense estaba pendiente de una subvención para la compra de maquinaria y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para acometer un proyecto relacionado con la comercialización de unidosis, por los que ingresaría cerca de 4 millones de euros.

Del paso por el Igape deja constancia una llamada que un día después Jorge Dorribo realiza al copropietario de Nupel, Arsenio Méndez, en la que le pone al corriente de sus gestiones en la capital de Galicia. Al hilo de esa conversación, reflejada en el sumario aunque no transcrita, Dorribo afirma que le llamó el presidente de la Xunta y le dijo "que estuviera tranquilo y que siempre había confiado en él".

Dorribo le explica que Cristina –funcionaria del organismo público- "lo está haciendo muy bien", y que para finales de mes "lo meten para el estudio de aprobación". Los pronósticos del empresario farmacéutico se cumplen y ocho días después de la conversación que mantiene con su socio: el 30 de diciembre de 2010 el Igape hace pública la concesión de la ayuda solicitada por Nupel.

El presidente de la Xunta ha reconocido en varias ocasiones la reunión que mantuvo el 14 de octubre de 2010 con el principal imputado en la 'operación Campeón, una causa en las que se han visto implicados varios altos cargos y funcionarios del Gobierno gallego. La cita estaba fijada para las 17,30 de la tarde, como figura en la agenda de Dorribo incorporada en la parte alzada del sumario. El empresario acudió acompañado por el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, encargado de la parte logística del proyecto que tratarían con Feijóo.

Conversación con Cobián
Previsiblemente a su salida de San Caetano, el empresario llama a Pablo Cobián, a quien, Carlos Monjero, uno de los socios de Dorribo imputado en la causa, responsabiliza ante la juez de haber gestionado el encuentro. El propietario de Nupel asegura que la reunión fue "bien" y explica que "le comentamos lo del Igape", un asunto del que, según Dorribo, el presidente "ya tenía una anotación", aunque no de la segunda parte, en alusión a las dos ayudas diferentes solicitadas por Nupel.

Tras explicarle los proyectos para los que solicitaban subvención, Dorribo sostiene que Núñez Feijóo le indicó que "ya lo pedía él y que se iba a preocupar del tema". También le cuenta a Cobián que la presentaron el proyecto para la distribución de medicamentos y que Feijóo "puesto que es un tema muy delicado, fue muy sincero".

Asegura que el presidente coincide con la opinión de la conselleira de Sanidade sobre la iniciativa, por lo que la implantarían primero en los geriátricos de Lugo para luego estudiar la posibilidad de implantarla en los hospitales de la comunidad. Dorribo explica a su interlocutor "que es una buena medida para entrar y demostrar que estás capacitado para hacerlo". A continuación es Pablo Cobián el que le relata que ese mismo día habló del tema con la conselleira de Sanidade en el Parlamento, y de la opción de empezar el proyecto como experiencia piloto en Lugo.

Tras abordar el proyecto de los fármacos, Dorribo insiste en las ayudas públicas y repite que el presidente le dijo "que iba a mover lo del Igape", aunque de todas formas "hay que estar encima". "Que se ponga las pilas. ¿Me entiendes?, interpela Dorribo a Cobián, a lo que este responde: "Detrás de Joaquín –director del Igape- estoy yo. De eso no te preocupes que entre Carlos y yo lo movemos".

Tras llamarle "campéon" a Cobián, el cabecilla de la investigación que instruye el Juzgado Nº3 de Lugo también le dice que el presidente de la Xunta fue "muy agradable" y se comprometió "a venir a la inauguración de todo con Pilar" –la conselleira de Sanidad en ese momento-. Dorribo precisa además que "será él el que ponga la fecha y nosotros haremos la inauguración cuando él nos diga".

Al final de la conversación Pablo Cobián le pide hablar "de ese tema" pero "fuera de micro", por lo que quedan en comer juntos para tratarlo en la casa de Dorribo.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RUZ QUIERE SACAR DEL "LIMBO JURÍDICO" AL EXDIRECTOR DE RTVV POR LA VISITA DEL PAPA

Pedro García
Pregunta al Supremo quien debe investigar a Pedro García por la visita del Papa
Urge a los investigadores a entregar sus informes antes del 15 de junio

Europa Press | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha librado un oficio al Tribunal Supremo para preguntarle quién debe investigar al ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García por los contratos que realizó con empresas de la trama 'Gürtel' durante la visita que el Papa realizó a Valencia en junio de 2006.

El magistrado adopta esta providencia tras haber comprobado que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que en mayo de 2010 envió esta causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), no tramitó una cuestión negativa de competencia al Supremo después de que este órgano judicial rechazara una parte de la causa.

Ruz, que interroga este jueves a los imputados Pablo Crespo y Jacobo Gordon por los contratos que la trama 'Gürtel' obtuvo en el viaje que el Papa realizó a Valencia en junio de 2006, remite a la Sala Segunda del alto tribunal los autos dictados por Pedreira y el tribunal valenciano, así como los informes elaborados al respecto por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

En mayo pasado el TSJCV abrió una investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP de Valencia por delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

Regreso al TSJ de Madrid
De igual modo, remitió de vuelta al TSJM la investigación sobre Pedro García por delitos de cohecho y prevaricación tras constatar que no se trataba de una persona aforada y que la operación fue "más presuntamente diseñada por la organización de Francisco Correa", el presunto líder de la trama en Madrid.

Esa investigación, que es la que Ruz eleva ahora al Supremo, también incluye supuestos delitos de cohecho y prevaricación relativos a contratos que la Generalitat valenciana firmó con Orange Market y otras sociedades pertenecientes al grupo empresarial de Correa.

El TSJCV argumentaba que no podía asumir esta competencia por "no reunir los necesarios requisitos de concreción y atribuibilidad a concretas personas aforadas".

De igual forma, el tribunal valenciano se declaró no competente para estudiar los delitos fiscales atribuidos a Orange Market o a algunas de las sociedades pertenecientes al 'Grupo Correa'.

Informes definitivos
Asimismo, ha urgido a los investigadores que analizan las actividades presuntamente delictivas de los responsables de la trama 'Gürtel' que entreguen sus informes definitivos antes del próximo 15 de junio.

En una providencia Ruz pide a los funcionarios de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que antes del 15 de abril culminen el volcado a soporte informático de toda la documentación y archivos incautadas durante los registros practicados a los responsables de la trama.

Del mismo modo, solicita a las Unidades de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado que, una vez que pongan a su disposición estos archivos, emitan antes del próximo 15 de junio los informes correspondientes a estas actuaciones.

La Audiencia Nacional también ha visto confirmada su competencia para investigar esta causa después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas haya retirado el recurso de apelación que presentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para pedir que la causa fuera investigada en los juzgados de Plaza de Castilla. Según fuentes jurídicas, el fiscal se opuso a esta pretensión y el PP se pronunció a favor.

Además

LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO ELEVAR A 5 AÑOS Y MEDIO LA CONDENA A LLUC TOMÁS

TRIBUNALES | Ex alcalde 'popular' de Llucmajor


Europa Press | Palma

La Fiscalía ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo que eleve de tres años a cinco años y medio de cárcel la condena que la Audiencia Provincial de Palma impuso en noviembre de 2010 a Lluc Tomás, exalcalde del PP de la localidad de Llucmajor.

La representante del Ministerio Público considera al exprimer edil culpable de un delito de malversación continuada, prevaricación y fraude a la Administración. Por ello, también solicita que sea castigado a 9 años y seis meses de inhabilitación absoluta.

Además, la fiscal ha pedido aumentar a 5 años y tres meses de prisión la pena impuesta al exconcejal de Agrupación Social Independiente (ASI) de la localidad, Joaquín Rabasco, por malversación y prevaricación; y a 3 años y seis meses de cárcel la condena de la exsecretaria de Rabasco en la formación, María del Amor Aldao, por delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, de alzamiento de bienes y malversación.

La Audiencia Provincial de Palma condenó en su día a seis años de prisión a Joaquín Rabasco y a otros tres años de cárcel a María del Amor Aldao en relación con el caso de contrataciones irregulares para fiestas y actos del consistorio a cuatro sociedades ligadas a Rabasco y a su compañera sentimental Aldao.

La Sala de lo Penal del Supremo ha celebrado este jueves una vista pública para revisar por segunda vez esta causa ya que la Audiencia Provincial dictó estas condenas en 2010 después de que el alto tribunal decretara la nulidad de una primera resolución judicial adoptada en 2008. El Supremo devolvió entonces las actuaciones a la Audiencia para que subsanase varios defectos detectados y el juicio contra los tres acusados se repitió.

Absolución o nuevo juicio
Los abogados defensores de los tres condenados han tachado de "inaudita", "desconcertante" e "inmanejable" la segunda resolución dictada por la Audiencia de Palma y han puesto en evidencia las "nucleares contradicciones" con la que fue emitida la primera vez. "La sentencia no se sostiene en absoluto", han añadido.

Así, han cuestionado el "nivel y la calidad" de la resolución del tribunal de instancia en la que había "afirmaciones pero no acreditaciones".

Han arremetido contra la "pérdida de memoria" que los jueces de Palma demostraron en la segunda sentencia que dictaron "dos años y dos meses después de la celebración de un juicio que fue largo, complejo y tedioso" y en un proceso en el que no se encontraron pruebas "diáfanas".

Por ello, todos los letrados han solicitado la absolución de Tomás, Rabasco y Aldao. Alternativamente, la defensa de los dos últimos han reclamado que se anule la sentencia condenatoria y se celebre un nuevo juicio oral con la composición de un nuevo tribunal.

Condena de la Audiencia balear
En concreto, la Audiencia balear impuso en 2010 a Rabasco cuatro años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos y dos años por otro de alzamiento de bienes, mientras que sobre Tomàs recayeron tres años por malversación y sobre Aldao dos años por este mismo delito y otro por alzamiento. Además, condenó a los tres acusados a indemnizar al Ayuntamiento de Llucmajor con 681.450 euros.

La trama por la que fueron condenados, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, se desarrolló entre 1999 y 2002, cuando el exprimer edil permitió y auspició el desvío de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuatro empresas ligadas al exregidor de Deportes y Fiestas --Majo Sport, Tenedi Ambiente, Rodema Swin y Retsar Music-- y constituidas por la exsecretaria de ASI y amiga personal de Rabasco.

En los fundamentos de derecho de su nueva sentencia, el tribunal balear mantuvo que los acusados, aprovechándose de sus respectivos cargos, idearon una trama dirigida a trasvasar de forma "torticera" fondos municipales a las arcas de ASI para que llegasen a poder de Rabasco "a cambio de sus votos, que garantizaban una cómoda gobernabilidad de Tomàs quien, sabiéndolo, lo consentía aunque no se lucraba directamente con las operaciones".

La resolución, que recordaba que ASI y PP ya habían sido socios incluso antes del mandato de Tomàs, dejaba entrever que "posiblemente" existieran otras conductas igualmente reprobables que no han sido enjuiciadas y "ni siquiera investigadas", y mantenía que tanto la formación como el propio Rabasco "estarían ávidos de fondos" mientras que el entonces alcalde, que "posiblemente no colaboró en la trama societaria urdida, se vio forzado a darles su apoyo metálico a cambio de sus votos".

En relación con el ex presidente de ASI, el tribunal subrayaba que se beneficiaba "torticeramente de festejos, deportes y otras actividades de esparcimiento". En cuanto a Tomàs, la Audiencia precisaba que sabía que Rabasco participaba, directa o indirectamente, en casi todas las fiestas y eventos municipales, "lucrándose inflando las facturas que presentaban al Ayuntamiento, él o Aldao, lo que consentía y toleraba".

"TRAMA DE LOS ERE": GUERRERO DICE QUE "LAS AYUDAS SOLO LAS CONOCÍAN LOS MÁS PRÓXIMOS A LA JUNTA"

Guerrero (i.), llega a los juzgados con su abogado, Fernando de Pablos. | C. Márquez
Declaración ante la juez Mercedes Alaya

'Al ser discrecionales y sin publicidad sólo se conocían en la Junta', dice
'Supongo que Viera hablaría sobre este tema con el Gobierno andaluz', explica
Lamenta que quieran cargarle con la culpa porque no es del aparato del PSOE
También señala que el ex consejero Antonio Fernández ayudó a Borbolla
Afirma que le dio tres ayudas en distintos años por valor de tres millones
El criterio para repartir las ayudas "era muy amplio", ha asegurado a la juez
Pide que aplazar la declaración tras mostarse indignado con la juez Alaya

Efe | Sevilla

El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha asegurado que las ayudas irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya "sólo las conocían los más próximos a la Junta", al tratarse de fondos "discrecionales" y "sin publicidad".

También Guerrero ha lamentado que hayan desaparecido muchos papeles de los expedientes de esas ayudas. "Me quieren endosar el caso porque no pertenezco al aparato del PSOE", ha declarado el ex alto cargo de la Consejería de Empleo en su comparecencia por segundo día consecutivo en los juzgados de Sevilla.

El propio Guerrero pidió aplazar su declaración al sentirse "indignado" por una pregunta de la juez Alaya. En concreto, la magistrada le preguntó por qué había regalado dinero del erario público, a lo que respondió que se sentía "indignado" porque "ha habido una clara intención de disparar contra él".

Apunta a Viera
Antes del aplazamiento, Guerrero ha destacado las numerosas "indicaciones" que recibió de José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, en las ayudas que investiga la juez Mercedes Alaya, que, según ha dicho, sólo conocían los más próximos a la Administración.

"Al ser discrecionales y sin publicidad, era lógico que solo se enteraran las personas de su entorno, de la Consejería de Empleo, de la Junta o de las organizaciones sindicales", han dicho a los periodistas los abogados presentes durante un receso.

Las ayudas se daban de manera discrecional "pero no arbitraria", ha insistido el imputado, y sin orden reguladora, en un criterio que partió del ex consejero de Empleo Viera, pero fue continuado por sus sucesores. Se trató de un "criterio político" que "todo el mundo conocía y nadie puso reparos", según las fuentes.

El papel de Zarrías
Ha afirmado Guerrero que él mismo elaboró órdenes para que "todo el mundo conociera las ayudas", pero no pasaron el "consejillo" de viceconsejeros que encabezaba el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías.

Al centrarse el interrogatorio en las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, Guerrero ha dirigido sus criticas a Viera, de quien ha dicho que le dio numerosas "indicaciones" a petición de alcaldes de la zona e incluso una ayuda que recibió el restaurante 'Posada del Moro' respondía a un "compromiso directo" del ex consejero, dado que comía allí los fines de semana.

También ha definido como una "imposición de Viera" las ayudas al grupo de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, pese a que a él mismo le parecían "excesivas y sin explicación razonable en un tiempo tan concentrado" de los años 2003 y 2004.

Otros pagos derivados de "compromisos de Viera con los alcaldes" fueron los gastos que abonó durante varios años la Junta por la Feria de Gastronomía de la Sierra Norte durante varios años y los 30.000 euros que se concedieron al Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) pese al informe contrario de los servicios jurídicos de la Junta.

Los pagos, además, se fraccionaban "para que fuese Viera el único que tenía que firmar, como presidente del Consejo Rector" del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

El ex consejero Fernández
Guerrero ha implicado también a Antonio Fernández, consejero de Empleo entre el 2004 y el 2010, que se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

Al igual que el primer día, el principal imputado por los ERE ha seguido declarando con tranquilidad y haciendo gala de buen humor, como cuando ha afirmado que no sabía que su ex chófer Juan Francisco Trujillo había imitado la firma de su madre en una ayuda fraudulenta, y ha precisado que, si llega a saberlo, "salen Trujillo y la póliza volando por la ventana".

Guerrero ha reiterado su línea de que la "discrecionalidad" y "criterio muy amplio" con que se concedían las ayudas era conocido por los sucesivos consejeros y viceconsejeros de Empleo y ha precisado que "supone que lo hablarían con el Gobierno andaluz".

El ex director general también ha reconocido que algunas de las ayudas "podían ser una maniobra para limpiar la empresa de trabajadores y luego venderla" como ocurrió con Cervezas Alhambra o Yogures de Andalucía.

Además

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL EMPRESARIO OROZCO ADMITE QUE INFORMÓ A BLANCO DE PROBLEMAS EN SUS NEGOCIOS

JUSTICIA | Justifica los contactos como su 'obligación'

Foto: A. Cuéllar | Vídeo: Efe

Niega haber pagado la casa del ex ministro ni haberle dado ningún dinero
No es amigo del presidente de la Xunta, aunque se reunió con él
Según Dorribo,Orozco abría obtenido favores del ex ministro de Fomento
Blanco podría haber incurrido en delitos de tráfico de influencias y cohecho

Europa Press | Madrid

El vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, Orozco, imputado en la "Operación Campeón" sobre una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas, ha reconocido durante su interrogatorio en el Tribunal Supremo que puso al corriente al ex ministro de Fomento, José Blanco, porque era su "obligación como empresario", de los problemas que su empresa tenía para la obtención de una licencia para abrir una nave en unos terrenos de Sant Boi (Barcelona) y sobre la afectación de la ampliación del aeropuerto de La Coruña.

Así lo ha manifestado el empresario este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga la posible implicación en la citada trama del ex dirigente socialista. Orozco, sin embargo, no cree haber obtenido del ex ministro "algo más que el traslado de una información", y ha negado haberle dado jamás dinero o haber dicho que había pagado su chalet en Madrid.

Según el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, cuyas acusaciones han implicado a Blanco en la supuesta trama de obtención fraudulenta de ayudas, Orozco abría obtenido favores del exministro e incluso habría actuado como su testaferro para poner en marcha un proyecto de recogida de medicamentos. A cambio, el empresario de transportes habría pagado parte del chalet del exministro en Madrid

A lo largo de su declaración, Orozco ha reconocido que conoce a Blanco desde que eran niños y que "se puede decir" que son amigos. Por ello, durante su etapa de ministro, ha tenido contactos con él"fundamentalmente para informarle de proyectos empresariales para que los conociese y pudiese opinar sobre ellos".

En este contexto, el vicepresidente de Azkar reconoce haber informado al ex ministro de la parcela cercana al aeropuerto de El Prat donde su empresa - que el año pasado facturó 365 millones de euros y emplea directamente a 3.000 personas, más otros tantos autónomos, según puntualizó ante Soriano- planeaba construir una plataforma logística.

Azkar no había logrado completar los trámites administrativos para conseguir la licencia de obras, que dependían del Ayuntamiento de Sant Boi, y así se lo dijo a Blanco "nada más para que sepa que tienen esa circunstancia", porque además entiende "que es su obligación como empresario explicarle que tienen un problema", pues con esa instalación pretendían crear 400 puestos de trabajo.

Consiguieron la licencia
No obstante, Orozco ha puntualizado que no le pidió al ministro que hablara con el alcalde de Sant Boi, aunque después le llamó el Secretario de Estado de Transportes y tuvieron una reunión con el regidor. El resultado de dicho encuentro fue una visita sorpresa de técnicos municipales a otra nave suya del Prat. Consiguieron la licencia, aunque aún siguen sin utilizar la nave por falta de electricidad.

Igualmente ha reconocido Orozco que informó a Blanco de que la ampliación del aeropuerto de la Coruña afectaba a una empresa de 250 trabajadores, en la que él no tenía interés económico alguno, "para que tuviese constancia de esa situación", porque le parecía "correcto". Ha añadido que cree que el ex ministro le llegó a mandar un mensaje "señalando que este asunto se resolvería en un tiempo".

Encuentro en el ministerio
Sí ha reconocido, igualmente, que el 1 de diciembre habló con Blanco en el propio Ministerio sobre el proyecto Sigre de recogida de medicamentos que quería montar con Dorribo y otros socios y que, a la salida de sus despacho, le dijo que el empresario farmacéutico había solicitado un crédito al BEI de unos 3 millones de euros y que "sería bueno que las empresas pudiesen acceder a este tipo de financiación". Se lo dijo, además, al creer erróneamente que la concesión dependía del Gobierno, aunque "no le pide que haga ninguna gestión".

Sobre el Sigre, Orozco ha manifestado que Dorribo le engañó porque le habló de un negocio consistente en recoger los medicamentos desechados y reciclarlos, aunque posteriormente se ha enterado de que ésto no puede hacerse. Además, en febrero del pasado año descubrió que Dorribo estaba en quiebra y su empresa está personada en el concurso.

Reunión con Núñez Feijóo
Además, el vicepresidente de Azkar ha señalado ante el magistrado de lo Penal del Supremo que no es amigo del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque se reunió con él, junto con Dorribo, el 14 de octubre de 2010 para hablar de una plataforma logística que querían presentarle, sin dar más detalles de esa cuestión.

Niega hasta la gallina
Preguntado por una conversación obrante en el sumario en la que Orozco habría manifestado a Dorribo, en una conversación en noviembre de 2010, que creía que el entonces ministro de Fomento le pediría "poner la gallina para el asunto de las municipales" (una supuesta aportación para la campaña), el letrado ha manifestado que "no existió ese tipo de conversación".

Al señalarle un periodista que dicha manifestación esta grabada, Campo se ha limitado a contestar que no iba a "entrar en detalles" y ha dado por concluidas sus explicaciones a los medios de comunicación.

En la exposición razonada de la jueza que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Tribunal Supremo a finales del pasado año se señalaba que el exministro podría haber incurrido en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. La magistrada basó dicha acusación, con el beneplácito de la Fiscalía, en la existencia de numerosos mensajes que Blanco se envió con Orozco sobre las licencias de una nave en Sant Boi (Barcelona).

El propio Blanco llegó a reconocer al Tribunal Supremo durante la declaración que prestó en este órgano el pasado 26 de enero que Orozco le preguntó sobre la agilización de unas licencias para construir una nave en dicha localidad, cercana al aeropuerto de El Prat, y que él se lo trasladó al secretario de Estado "y le consta que éste habló con el alcalde y posteriormente hubo una reunión en el que se aclararon los temas objeto de esa situación". Añadió, no obstante, que no dio instrucción alguna al secretario de Estado ni él habló con el primer edil.

Sobre este asunto, Blanco comentó ante el magistrado del Tribunal Supremo que "como ministro tenía mucho interés en acelerar las expropiaciones de ese aeropuerto porque tenía interés en comenzar las obras del aeropuerto cuanto antes".

Además