jueves, 14 de julio de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS ALEGA AHORA QUE PUDO RECIBIR LOS TRAJES COMO PRESIDENTE DEL PP

El president, Francisco Camps. efe
Su abogado defiende ante el juez que pagó las prendas, pero desliza que si aceptó regalos no fue como jefe del Consell. Camps evitaría así la acusación de cohecho

BELÉN TOLEDO VALENCIA

Francisco Camps, president valenciano, ha introducido una variación en su estrategia de defensa en el llamado caso de los trajes. Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo siempre había sostenido, tanto en público como ante el juez, que él pagó en efectivo las prendas de vestir y que en ningún caso fue agasajado por los empre-sarios de la presunta trama Gürtel. Pero, el pasado martes, su abogado aportó otra posible versión de los hechos. Afirmó, según fuentes jurídicas cercanas al caso, que su cliente no recibió regalo alguno, pero añadió que, de haberlos recibido, habría sido en calidad de presidente del PP valenciano.

El letrado, Javier Boix, hizo estas consideraciones en la vista preliminar que se celebró el martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde el caso se instruye desde hace más de dos años. En esta, cada una de las partes personadas debía exponer ante el juez, José Flors, sus conclusiones. En los próximos días, el instructor decidirá si abre juicio contra Camps.

Hasta ahora, el president había defendido que pagó en metálico

El matiz introducido por el abogado del president podría beneficiarle desde el punto de vista jurídico, pero le perjudicaría notablemente en el ámbi-to político. En estos momentos, Camps está acusado de recibir varios miles de euros en trajes de los empresarios de la trama Gürtel. Estos supuestos hechos le han valido la imputación de cohecho pasivo impropio, un delito recogido en el artículo 426 del Código Penal. Es la modalidad más leve del soborno y afecta a las "autoridades o cargos públicos" que acepten regalos "en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

El abogado pretende que el juez crea que Camps recibió las presuntas dádivas como presidente de un partido político y no como "autoridad" (presidente autonómico). Así, conseguiría que los hechos dejaran de ser considerados delitos. Y, por tanto, no habría juicio. Si la estrategia de Boix triunfa, Camps evitaría la imagen de un presidente regional sentado en el banquillo, en lo que sería el primer juicio por corrupción a un mandatario autonómico en la historia de la democracia.

La parte negativa de esta estrategia para el jefe del Consellsería que su imagen política se vería perjudicada, ya que él mismo estaría admitiendo que mintió. En marzo de 2009, un mes después de que estallara el escándalo, Camps negó tajantemente las acusaciones: "Yo me pago mis trajes", dijo. Tampoco se admitía ninguna sombra de duda en el escrito de conclusiones que su abogado presentó ante el juez el pasado marzo, en el que se afirmaba que "mi mandante [cliente] nunca ha recibido los regalos que se relacionan [...]. En los casos en que efectivamente ha adquirido cualquier prenda, las ha abonado, siempre y en todo caso".

Camps mintió en la sede parlamentaria cuando dijo que no conocía a 'el Bigotes'
 
En calidad de amigo
El letrado introdujo, además, una segunda posibilidad. Recordó al juez que las "acusaciones mediáticas" retrataron una supuesta amistad entre Álvaro Pérez, el Bigotes, el principal empresario de la trama en Valencia, y Francisco Camps. En consecuencia, su abogado, según las mismas fuentes, pidió al juez que, en el caso de que considerara probado que el president recibió los regalos, se inclinara por la posibilidad de que fue en calidad de amigo.

Esta segunda opción deslizada por el abogado es todavía más incómoda para su cliente. El 21 de mayo de 2009, Camps sostuvo en Les Corts Valencianes que no había mantenido "ninguna relación" con las empresas de la trama Gürtel.

Durante esa misma sesión parlamentaria, el president valenciano dijo: "Ni el escudo más potente que permitiese que yo no dijese una verdad lo aceptaría". "Siempre digo la verdad, siempre", afirmó tajante. Ahora, en boca de su abogado, el president acepta ser considerado amigo de Pérez, si esto le va a ayudar a salvarse del juicio.

No es la primera vez que los hechos ponen en evidencia que Camps mintió cuando afirmó que no había tenido ningún contacto con la red corrupta. En el citado escrito de conclusiones que su letrado presentó en marzo, Camps reconoció que conocía a el Bigotes desde el año 2002, "en atención a la realización de eventos" del PP. Además, numerosos medios publicaron el contenido de una conversación incluida en el sumario judicial en la que el dirigente conservador y el empresario cruzaban comentarios como "te quiero un huevo" o "amiguito del alma".
 
Presunta falsificación
Según fuentes conocedoras del caso, en la vista preliminar del martes, dos de los testigos el informático y el sastre de la tienda donde se compraron los trajes aseguraron que el dueño del establecimiento ordenó que se manipularan facturas para borrar el nombre de Camps de los tiquets pendientes de pago, de forma que pareciera que habían sido pagados en efectivo.

El sastre, José Tomás, añadió que la presunta falsificación se produjo días después de que el dirigente del PP Federico Trillo visitara al propietario de las tiendas. Según fuentes jurídicas, la acusación popular, ejercida por el PSOE, estudiará si a partir de estos testimonios se podría deducir la comisión de otro presunto delito.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat evitaron ayer comentar el giro en la estrategia de defensa de Camps.

"CASO GÜRTEL"; LOS EXALCALDES DE BOADILLA SE CULPAN MUTUAMENTE DE NEGOCIAR CON CORREA

Siguero reconoce que tuvo contacto con empresas de la trama corrupta

TONO CALLEJA - Madrid

La decisión de poner en marcha la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) en Boadilla del Monte, una de las adjudicaciones millonarias investigadas en el caso Gürtel, fue del exalcalde del municipio Arturo González Panero. Así se expresó en su declaración ante el magistrado del caso, Antonio Pedreira, el exregidor Juan Siguero, imputado en la causa y sustituto de Panero cuando este fue imputado por su participación en la trama: "El anterior alcalde, González Panero, me comunicó que interesaba la oficina y nos desplazamos a Majadahonda en el coche del Ayuntamiento para ver las instalaciones", dijo Siguero al juez. Pese a acudir a Majadahonda no se entrevistaron con ningún cargo de este Consistorio: "No recuerdo bien con quién nos reunimos. Imagino que con las personas que estuvieran ahí: Isabel Jordán y otras", testificó.

De esta forma, Juan Siguero contradice las declaraciones realizadas por su predecesor en el cargo de alcalde de Boadilla, quien en declaraciones a EL PAÍS le acusó de contratar con el Gürtel: "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine. El juez tendría que investigarle a él antes que a mí".

No obstante, Siguero reconoce como verídica parte de la denuncia realizada por González Panero contra él. Así, dijo que envió a un empleado de Correa los pliegos del concurso por correo electrónico, e incluso que solicitó a Isabel Jordán [otra asalariada de Correa] un trabajo para su mujer. Pero lo hizo después de que Panero se lo encargara: "Se me encomienda, por parte del alcalde, realizar el pliego de condiciones para poder licitar el concurso". Y fue entonces, relató Siguero, cuando tomó contacto con los empleados del presunto cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, a quien negó conocer: "Hago consultas a Javier Nombela [empleado de Correa e imputado en el Gürtel] sobre el coste del servicio y cuántas personas pueden hacer falta".

Preguntado por la fiscal sobre de qué conocía a Nombela, Siguero contestó tras la insistencia de la responsable del Ministerio Público: "Le conocía de antes, imagino que me lo presentó el anterior alcalde de Boadilla [González Panero], pero no recuerdo bien...". Y justificó también que enviara a la empresa de Correa todos los pliegos y que incluso les pidiera que le comunicaran el presupuesto de la OAC antes de la adjudicación: "No todos los técnicos tienen la capacidad de conocer todas las materias. A veces hay que consultar con las empresas locales". También reconoció ser el autor de otro correo electrónico a Nombela en el que este le debía confirmar la cantidad económica a pagar.

La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) fue adjudicada finalmente a la empresa Easy Concept por más de 600.000 euros anuales durante un periodo de 14 años. "Tras iniciarse el servicio, la encargada de gestionarlo fue la concejal de Participación Ciudadana, Isabel Fernández Guzmán", dijo Siguero. Nada más estallar la operación policial, Siguero la cerró.

En su declaración ante Pedreira del 24 de febrero, que se alargó durante más de hora y media, Siguero también aborda otras presuntas adjudicaciones irregulares del Consistorio.

- Recogida de basuras. Las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sufi pagaron el 2% del presupuesto a Correa, según el sumario. Siguero reconoció haber elaborado "junto con los técnicos" los pliegos que sirvieron para la adjudicación a las empresas FCC y Sufi, que según el sumario pagaron varios actos del PP en el municipio. Entre otros, uno presidido por la entonces candidata Esperanza Aguirre en el que presentó el metro ligero. En este sentido, dijo, a preguntas de la fiscal, que era "normal" en Boadilla que las empresas pagaran el 2% para publicitar la gestión, y que estas cláusulas aparecieran en los pliegos. No obstante, aseguró desconocer si siempre ese 2% iba a parar a las empresas de Correa, tal y como asegura la investigación realizada por la policía judicial, con lo que de esta forma se estaría enmascarando la comisión del presunto cerebro de la trama corrupta.

- Parcela de José Luis Ulibarri. Siguero dijo no recordar bien su participación en la adjudicación de unas parcelas municipales por las que el empresario José Luis Ulibarri ofreció 35 millones de euros, un precio muy inferior al que realmente valían esos terrenos. Además, incumplió los plazos de ejecución para la construcción de viviendas: "Si fui miembro de la mesa de contratación... probablemente. No lo recuerdo, no recuerdo haber elaborado ningún informe técnico". No obstante, a preguntas de la abogada de Arturo González Panero recordó que el responsable de hacer los pliegos de esta parcela era el concejal Francisco Sánchez Arranz. En su declaración ante el magistrado Siguero, al igual que Ulibarri y Arturo González Panero, recordó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una querella del edil de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, reconocía que "todo estaba perfectamente en regla". En ese momento de la declaración Pedreira preguntó si era la sala de lo Contencioso-administrativo, algo que confirmó Siguero. Precisamente Pedreira había formado parte del tribunal, también formado por los magistrados Emilio Fernández Castro y Javier Casas Estévez, que avaló la adjudicación de Panero. Pero al no estar de acuerdo, Pedreira emitió un voto particular en el que solicitaba la admisión a trámite de la querella de Galindo y la declaración como imputado del exalcalde de Boadilla del Monte.






 - Locales comerciales Siglo XXI. Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente. Siguero reconoció haber sido el autor de la cesión de la parcela desde el Ayuntamiento a la EMSV, presidida entonces por el que fuera concejal del PP del municipio Alfonso Bosch: "Yo, como concejal de Hacienda, lo único que hago es una cesión de terrenos del Ayuntamiento a la empresa del suelo. Y ahí termina mi competencia porque en ese momento yo no era miembro de la EMSV".

"LA TRAMA DE LOS ERE"; OTROS DOS "INTRUSOS" EN LOS ERE SE ACOGEN A SU DERECHO A NO DECLARAR ANTE LA JUEZA

Del expediente de la empresa Intersur

Efe | Sevilla

Los dos "intrusos" citados este jueves por la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos se han acogido a su derecho a no declarar y se han ratificado en lo que ya manifestaron en su día ante la policía judicial.

Según han informado fuentes del caso, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha informado a estos dos "intrusos", que fueron incluidos de forma irregular en las ayudas sociolaborales de dos empresas, de que se les imputan a cada uno un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación en su condición de "extraneus" al no ser funcionarios.

Los dos prejubilados citados son el ex militante del PSOE de Camas (Sevilla) Ricardo M.B., que fue incluido en el ERE de la empresa Intersur sin haber trabajado nunca en ella, y Antonio M.S., concuñado del ex militante socialista José A.L. y también de Antonio Rivas, ex alcalde de Camas y ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ambos igualmente imputados en esta causa.

Estas comparecencias se han producido después de que el pasado viernes la juez citara a los tres primeros "intrusos" del total de 72 detectados por la Junta de Andalucía y que decidieron igualmente acogerse a su derecho a no declarar.

Además
* La trama de los ERE 'prejubiló' a un empresario de 68 años
* La trama de los ERE 

"CASO GÜRTEL"; EL PRESIDENTE DE MARTINSA Y EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUEN IMPUTADOS POR EL TSJM

Se niegan a declarar

Efe | Madrid

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y los empresarios José Luis Ulibarri y Amando Mayo continúan imputados en el caso Gürtel después de haber acudido este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Aunque de los cuatro imputados solo dos -Ulibarri y Mayo- han contestado a las preguntas del juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, todos ellos han ido esta mañana a la sede del Tribunal madrileño y no han pedido aplazamientos como en otras ocasiones.

El primero en comparecer ha sido el presidente de Martinsa en relación con la actuación de su empresa en un proyecto urbanístico en la localidad de Arganda del Rey (Madrid) en 2006, pero Martín, que sigue imputado por los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo, solo ha hecho una declaración ante Pedreira para defender la legalidad de esa operación.

"La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia", ha afirmado Fernando Martín a la salida del TSJM, y ha añadido que sobre ese tema ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente.

La Policía atribuye al presidente de la constructora Martinsa el pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de la citada operación urbanística.

Después, a través de una nota, Martín ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar por entender que el TSJM no es competente para la instrucción del caso.

En la nota reitera que "ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la Policía, que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que añade que la adjudicación en Arganda se hizo con transparencia.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Victoria Moreno, ha comentado que con ese proyecto el consistorio dejó de ganar 30 millones de euros que, según ella, pudieron ir a la trama Gürtel.

El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, que sigue imputado por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho, tampoco ha querido declarar.

Su citación de este jueves se refería al delito contra la Hacienda Pública por los fondos de una cuenta en un banco suizo, abierta en junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., empresa de él y su ex mujer, Elena Villarroya, y en la que habría fondos recibidos por González Panero por la adjudicación de contratos públicos, según la investigación.

Al empresario Amando Mayo el juez le sigue imputando los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo, los mismos que a Martín pues ambos, junto al empresario Manuel Salinas, habrían pagado a Correa 12 millones de euros en 2004 a través de una cuenta en Mónaco, según la Policía.

Fuentes jurídicas han informado de que Mayo ha dicho a Pedreira que no tiene nada que ver con esa acusación y que Martín le debe 2 millones de euros.

El último en comparecer ha sido José Luis Ulibarri, que ha quedado imputado por un delito contra la Hacienda Pública, además de los que ya estaba acusado -falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo-.
Su abogado, Ignacio Peláez, ha señalado que Ulibarri no eludió el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial, tal y como dice Pedreira, y que el supuesto delito está prescrito.

Por su parte, José Antonio Choclán, el abogado de Correa, que ha ido a las declaraciones, ha comentado que su defendido está "mal" y que se siente "agraviado".

"No entendemos esta situación de rigor" por la que Correa lleva dos años y medio en prisión, es algo "absolutamente injusto", según Choclán, quien ha añadido que la prisión provisional bajo fianza de 15 millones de euros impuesta a su defendido es "excepcional" y jurídicamente no se puede explicar.