miércoles, 7 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; BLANCO NO COBRÓ"NI POR PERSONA INTERPUESTA", DECLARA UN EMPRESARIO

Monjero afirma que Dorribo les dejó un millón de deuda

Julio M. Lázaro Madrid

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El empresario Carlos Monjero, consejero de la empresa Proitec y socio de Jorge Dorribo, empresario farmacéutico implicado por corrupción en la Operación Campeón, manifestó este miércoles ante el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que el exministro José Blanco no recibió ningún pago ni participó en ninguna sociedad “ni por persona interpuesta”. Según Monjero, los 150.000 euros ingresados por Dorribo en una cuenta en Andorra fueron para pagar las deudas de una farmacia y no para entregar cantidad alguna al exministro de Fomento.

Todos los empresarios citados por Dorribo en sus declaraciones, algunos asociados suyos, han negado hasta ahora en el Supremo haber tenido conocimiento de pagos al exministro socialista. Al término de la comparecencia de Monjero, su abogado, José Luis Fiuza, descartó que su cliente hubiese mencionado entregas de dinero al exministro Blanco: “No, en absoluto. No ha habido nada de eso, ni mi cliente ha conocido ningún pago al señor Blanco ni a ninguna otra persona”.

Según asistentes a la declaración, Carlos Monjero explicó ante el juez que es socio de Proitec y que una de las misiones de la división de asesoría de esa empresa es gestionar subvenciones y ayudas de organismos públicos, sobre todo en la Xunta de Galicia, y a través de esta, ante la Administración central. Entre sus clientes estaba Jorge Dorribo desde mayo de 2010, cuando se pidieron ayudas para una ampliación en la producción de unos medicamentos y se tramitó una subvención de la Xunta de Galicia y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Monjero dijo que no recordaba haber mantenido ninguna conversación con el vicepresidente de Azkar José Antonio Orozco sobre una subvención cuya documentación se habría entregado al entonces ministro de Fomento, José Blanco. El empresario insistió en que no recordaba esa conversación, aunque no la descarta.

Monjero detalló, a preguntas del fiscal, la estructura y capital de la empresa Salut e Innovació, un proyecto de Jorge Dorribo que se constituyó en Andorra. Según Monjero, el ministro Blanco no participó en esa sociedad ni recibió el pago de 150.000 euros que Dorribo le atribuye.

También explicó que su relación con el exministro se limitó a asistir a tres comidas, en las que “le dio la mano, nada más”. En otro momento dijo que cuando Dorribo salió de la cárcel le pidieron que pagara la deuda de un millón de euros que les había dejado.

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"CASO CAMPEÓN"; DESAPARECE EL CONTRATO AMAÑADO QUE IMPLICA A CUATRO CARGOS DE HERNÁNDEZ


Pinchazos destapan instrucciones de la consellería a la red para lograr una obra

Sonia Vizoso Santiago de Compostela

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Cuatro cargos de la Dirección Xeral de Infraestructuras de la Xunta, dependiente de la consellería que dirige Agustín Hernández, están imputados en el caso Campeón por supuesto tráfico de influencias en la tramitación irregular de contratos en favor de las empresas de la trama de Jorge Dorribo. Los investigadores grabaron una llamada de un funcionario de este departamento a Carlos Monjero, mano derecha de Dorribo y responsable de la firma de estudios técnicos Proitec, en la que el trabajador de la Xunta daba instrucciones al empresario para amañar la adjudicación del proyecto de mejora de la carretera que une Cerdedo y Campolameiro (PO-230). “Es en relación a un tema que tengo por escrito de la directora [supuestamente Ethel Vázquez], de un proyecto que tenéis que realizar vosotros en el ayuntamiento de Campolameiro”, se podía oír en la grabación. Cuando los agentes acudieron a las oficinas de la Xunta a pedir el expediente, fueron informados por la directora de Infraestruturas, Ethel Vázquez Mourelle, también imputada en la causa, de que no existía.

Para desgracia de los cuatro cargos de Infraestruturas implicados en el caso, las gestiones para amañar aquel contrato dejaron más rastro aparte de la conversación teléfonica interceptada por los investigadores. En el registro de la sede de Proitec, los agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se hicieron con la prueba de que el encargo a dedo del proyecto de la PO-230 a una empresa de la trama no eran imaginaciones suyas. Allí encontraron un documento con membrete de la Xunta en el que el entonces subdirector general de Estradas, el también imputado Luis Miguel Muñoz Bretos, con el visto bueno de su superior, Ethel Vázquez, solicitaba ofertas para la obra a Proitec y a otras dos firmas que, como le habían insinuado desde la Xunta a Monjero en el pinchazo telefónico, tenían relación también con la trama y, por tanto, presentarían propuestas lo suficientemente malas para ser descartadas.

Aquel documento oficial que no aparece en la Xunta ponía sobre el papel las instrucciones telefónicas realizadas por el funcionario de Infraestructuras a Carlos Monjero. “Vosotros en su caso seríais los adjudicatarios”, le explicó el empleado público la colaborador de Dorribo sobre el contrato para el proyecto de la carretera de Cerdedo a Campolameiro. “Deberíais proponer otras dos empresas más de confianza para preparar la documentación”, añadió.

Ante el hallazgo en la oficina de Proitec del documento de la Xunta que probaba la existencia del expediente, los agentes optaron por darle a los responsables de Infraestruturas del Gobierno gallego otra oportunidad para explicar la desaparición. Telefonearon a Infraestruturas y fueron atendidos por el entonces subdirector general de Estradas, Mateo Maigler, también imputado. Este les ratificó a los investigadores que el expediente que reclamaban no existía y que la llamada del funcionario a Monjero que había destapado las pesquisas era solo “un tanteo para solicitar presupuestos”. Los argumentos de Maigler al otro lado del teléfono eran dirigidos, relatan los agentes, por la voz de una mujer que resultó ser su jefa, Ethel Vázquez Mourelle. El cuarto imputado de este departamento es Antonio López Blanco, entonces subdirector general de Planificación e Programación de Infraestruturas, que firmó una certificación en la que niega que se iniciara la tramitación del expediente de la carretera entre Cerdedo y Campolameiro.

La Xunta niega que exista el proyecto, pero la policía lo halló en Proitec

Los investigadores han encontrado otro indicio de la relación de la directora general de Infraestruturas y la trama de Dorribo. En las oficinas de Proitec, localizaron también unas hojas con el nombre de Ethel Vázquez Mourelle y una dirección de A Coruña que resultó ser el domicilio de su hermana. La directora de Infraestruturas de la Xunta no supo explicar este hallazgo ante la juez durante su declaración como imputada y negó cualquier relación de amistad con Carlos Monjero o su familia.

En aquella comparecencia, la magistrada Estela San José le preguntó a Ethel Vázquez por otro de los contratos de la Xunta que, según los investigadores, fue adjudicado irregularmente a una UTE de la que formaba parte Proitec. Se trata del proyecto de acceso al nuevo hospital de Pontevedra, el de Monte Carrasco. Proitec y sus socios se hicieron con el encargo gracias a que el resto de ofertas fueron desestimadas por baja temeraria, ya que proponían ejecutar las obras por 1.000 euros menos. Vázquez defendió ante la juez la adjudicación pese a la exigua diferencia de presupuesto.

Los responsables de Proitec recibieron la noticia de la adjudicación del acceso al nuevo hospital de Pontevedra de boca del exdiputado del PP Pablo Cobián, que medió para que la trama de Dorribo recibiera subvenciones y obras a cambio de supuestos pagos y que está imputado por tráfico de influencias y cohecho. “¡Qué guay!”, exclamaron.

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"CASO EMARSA"; EL GERENTE DE EMARSA IMPLICA EN EL SAQUEO AL AYUNTAMIENTO Y A LA GENERALITAT

Esteban Cuesta: “El sistema fue creado políticamente para que hubiera total descontrol”
"La situación era caótica, llevaban seis años sin formular presupuestos ni cuentas anuales"

Ignacio Zafra Valencia

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Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa e imputado por estafa, administración desleal, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos y delitos contra la Hacienda pública, ha extendido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia la responsabilidad del millonario pillaje que llevó a la quiebra a la sociedad pública de depuración en el año 2010. “El sistema de Emarsa era absolutamente inútil y fue creado hace muchos años políticamente para que hubiera un total descontrol”, afirmó ante el juez, según fuentes conocedoras de su declaración. La principal vía para saquear Emarsa consistió en abonar un precio desorbitado para la depuración de lodos, confirmó Cuesta, quien agregó que la cantidad a pagar la fijaba la empresa de la Generalitat Epsar. Cuesta declaró haber entregado al menos 30.000 euros en efectivo “en su despacho y en cafeterías”, al entonces gerente de Epsar, José Juan Morenilla.

Cuesta señaló que en el periodo anterior a su llegada a Emarsa, en 2004, “la situación de la sociedad era caótica”: “Había empresas trabajando sin contrato, llevaban seis años sin formular presupuestos ni cuentas anuales...”. El periodo de seis años al que se refirió el exgerente incluye la época en que Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, presidía Emarsa.

Cuesta afirmó que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), dueña de Emarsa y “gobernada por políticos pero dominados por el Ayuntamiento de Valencia”, prefirió “mirar hacia otro lado” a pesar de estar al tanto de lo que sucedía. Cuesta agregó que muchas empresas cuyos administradores han sido imputados por el saqueo de Emarsa trabajaban también para Emshi. Y que el entonces presidente, Enrique Crespo —dimitido alcalde de Manises y de la vicepresidencia de la Diputación de Valencia e imputado en la causa— le dijo que por ese motivo no hacían falta expedientes de contratación para que las firmas trabajaran para Emarsa.

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"EL CASO DE LOS ERE"; LA JUEZA ACUSA A GUERRERO DE COHECHO, MALVERSACIÓN, PREVARICACIÓN Y FALSEDAD


El principal imputado: "No me siento culpable"
"Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", declara

Javier Martín-Arroyo Sevilla


Pico de audiencia en el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha imputado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero seis delitos nada más comenzar su declaración: tres delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación para el principal imputado del caso es muy grave, dada la condena de cárcel que implicarían tres delitos continuados. Hasta ahora Guerrero estaba acusado de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, delito este último que la juez ha desestimado.

El ex director general mantiene como estrategia de defensa que la cúpula del Gobierno andaluz conocían cómo se concedían las subvenciones a empresas en crisis: "Es un hecho objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conocían el sistema de concesión de las ayudas", ha detallado en su declaración esta tarde. Ha añadido que "jamás" le pusieron reparo.

Guerrero está acusado de los delitos de falsedad porque la juez considera que conocía modificaciones en documentos vinculados a transacciones bancarias y documentos oficiales como uno que incluía la firma que su exchófer falsificó como si correspondiera a su madre, Estrella Blanco, que percibió una póliza ilegal de 125.000 euros.

La magistrada ha comenzado la sesión detallando el grueso de 29 millones en ayudas directas recibidas por las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Mientras, Guerrero asentía. Posteriormente, Alaya ha recordado que según la declaración del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, al terminar la jornada laboral, ambos acudían a locales de copas a consumir "alcohol y cocaína" con parte de las subvenciones públicas concedidas. En ese momento Guerrero negaba con la cabeza mientras Alaya describía las tardes pasadas en el pub sevillano Caramelo.

En su relato, la juez ha incidido en que todos los Ayuntamientos que recibieron ayudas del fondo para empresas en crisis de la Consejería de Empleo pertenecían al PSOE, al igual que todos los intrusos y personas beneficiadas por las falsas prejubilaciones en las empresas, cercanas al PSOE.

En su declaración, Guerrero ha explicado cómo al llegar en 1999 a la Consejería de Empleo se puso a las órdenes del viceconsejero Antonio Fernández, y empezó a tramitar ciertas "concesiones tácitas" en el expediente de Industrias Cárnicas Molina que no estaban reflejadas en los documentos oficiales de las subvenciones.

"Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Es la frase clave de la declaración judicial de Guerrero, que dispara hacia sus superiores en el Ejecutivo andaluz durante la década en la que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo.

Sin embargo, el ex director general ha negado que el convenio de 2001 firmado por Fernández y el exconsejero José Antonio Viera, alcanzado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y Empleo, fuera para evitar los reparos que puso la Intervención General ante los expedientes en Cárnicas Molina y Santana Motor. Guerrero asegura que el convenio marco se hizo ante la preocupación del Gobierno andaluz por mantener la paz social ante sucesivas crisis y protestas de obreros en las calles.

Guerrero ha mencionado que "solo el consejero o el viceconsejero" de Empleo pudieron ordenar la supuesta desaparición reciente de documentos en la Dirección General de Trabajo (DGT). Empleo niega esa presunta destrucción de expedientes. Otro de los mencionados en el juicio ha sido el exdiputado socialista Ramón Díaz, con el que Guerrero trabajó tres años, entre 2005 y 2008. Según el  imputado, ambos se repartían los expedientes, y Díaz lo sustituía en todo lo que él no podía abarcar, excepto en las conversaciones con las consultoras Vitalia y Uniter.

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"CASO DE LOS ERE"; ALAYA IMPUTA A TRES EMPRESARIOS Y EXEDILES DEL PSOE POR LAS AYUDAS DIRECTAS

Economía despide al director de Mercasevilla por un caso de espionaje

Javier Martín-Arroyo Sevilla

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La juez Mercedes Alaya ha imputado a los tres empresarios de la Sierra Norte sevillana, dos exconcejales y un exalcalde del PSOE, que recibieron un total de 21 millones en ayudas directas por parte de la Consejería de Empleo. Con estos tres acusados el número de imputados asciende a 52 en esta compleja causa que hoy y mañana incluye la declaración de su principal acusado, el ex director general Javier Guerrero, que se prevé muy prolongada.

Las cifras de las subvenciones millonarias que recibieron los tres empresarios acumulan ceros: si los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago percibieron más de 12 millones según la investigación, el exalcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibió 9 millones para sus sociedades vinculadas al sector del corcho. La juez eleva en su auto la cifra recibida por Rosendo y Sayago a 29 millones, pero un informe de la agencia pública Idea (pagadora de las ayudas) rebaja a unos 12 millones más otro millón que recibió una sociedad municipal que ambos dirigieron. Posteriormente también la Guardia Civil se ha referido a unos 30 millones entregados en ayudas directas, pero para el total de la Sierra Norte, no para el grupo Matadero de Sierra Morena, vinculado a Rosendo y Sayago. “Sin mediar solicitud, sin existir procedimiento y sin haber acreditado los fines para las que fueron concedidas las ayudas”, subraya la magistrada.

Además, la juez acusó ayer a la Junta de sacar de contexto ciertas frases en un recurso, mientras que el Ejecutivo subrayó cómo la juez admitió suprimir una frase sobre la tesorería de Idea.

Por otra parte, la Junta despidió ayer al director de la empresa pública Mercasevilla Manuel Blanco, nombrado por el PP, tras un supuesto caso de espionaje político. El exdirectivo de Idea sustrajo información sensible como las actas del Consejo Rector de la agencia, que posteriormente fueron exhibidas en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pese a que eran documentos confidenciales, según la Junta. Tras las alegaciones, la instructora ha optado por el despido disciplinario. “La máxima de las sanciones en su grado máximo (...) dada la comisión de faltas de carácter muy grave”, subraya el informe sobre su despido. Tras solicitar su excedencia como directivo del ente empresarial autonómico, el supuesto filtrador de los documentos fue nombrado director de Mercasevilla. Este admitió haber copiado documentos, pero alegó que su objetivo era poder trabajar desde casa, argumento que la instructora ha rechazado. Los servicios jurídicos de la Junta estudian ahora si denuncian la sustracción de documentos oficiales ante los tribunales.

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"CASO GÜRTEL"; RUZ INTERROGA MAÑANA POR EL SAQUEO DE LA VISITA DEL PAPA A TRES DE LOS 11 IMPUTADOS

Pablo Crespo salió de prisión el 1 de febrero. / LUIS SEVILLANO
La trama Gürtel logró una comisión de tres millones de euros tras amañar supuestamente el acto con el exjefe de Canal 9

José Antonio Hernández Madrid

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel, interrogará entre mañana y el viernes a 11 imputados por la visita del Papa a Valencia en 2006, en la que la trama que dirigían Francisco Correa y Pablo Crespo logró arrancar comisiones por más de tres millones de euros. Es decir, los jefes de la red y sus testaferros en esta operación se quedaron con casi la mitad del dinero que presupuestó la televisión pública valenciana, Canal 9, por la adjudicación a una empresa de León relacionada con la trama, Teconsa, de las instalaciones acústicas y sonoras para la retransmisión del evento a nivel mundial.

Ruz interrogará este jueves, a partir de las 11.30, por delito fiscal al número dos de la trama Gürtel y ex secretario general del PP de Galicia, Pablo Crespo; a Ramón Blanco Balín, la persona a la que se atribuye la operativa para el blanqueo de capitales que cosechó la red, y a Jacobo Gordon, exsocio del yerno del expresidente José María Aznar. Los tres declararán como imputados. Lo mismo que sucederá con las otras ocho persona que Ruz tiene citadas para el viernes, entre las que se hallan los máximos responsables de Teconsa, José Luis Martínez Núñez y su familiar José Luis Martínez Parra. Los ha citado como imputados a instancias de las fiscales Míriam Segura y Concepción Sabadell y la intención es tomarles declaración ante de que prescriba el delito fiscal, entre otros, que se atribuye a los imputados en esta pieza criminal, desgajada del tronco principal que conforman las fechorías de Gürtel.

La visita de Benedicto XVI a Valencia constituye uno de los mayores saqueos que se atribuyen a la red corrupta. En grabaciones que constan en el sumario, Álvaro Pérez, El Bigotes, se jacta ante su jefe Pablo Crespo de sus conexiones con el expresidente valenciano Francisco Camps e incluso habla de la posibilidad de que él sea nombrado por el Consejo de Gobierno valenciano coordinador general de la visita.

El pelotazo, según los informes policiales, se perpetró así: uno de los amigos más cercano a El Bigotes, Pedro García, entonces director general de Canal 9, concedió la instalación sonora y acústica de la visita a Teconsa por 7,5 millones de euros. Actuó en connivencia con Gürtel. Teconsa solo fue una empresa pantalla, puesto que el trabajo real fue subcontratado con varias firmas, la principal de ellas radicada en Sevilla, que lo ejecutaron por menos de la mitad de ese dinero, aunque inflaron las facturas.

Casi tres millones de euros se lo repartieron los urdidores del plan: 200.000 euros fueron para Teconsa, según un informe policial, que revela, además, basándose en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en la agenda secreta de Pablo Crespo, que el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones; Crespo, otros 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue para el jefe de la red mafiosa en Valencia, El Bigotes. Y otros 500.000 euros, para el exdirector general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en EL PAÍS que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN": CARLOS MONJERO NIEGA PAGOS AL EX MINISTRO BLANCO "NI A NADIE" A CAMBIO DE GESTIONES

En su declaración ante el Supremo
El consejero de Proitec y socio de Dorribo declara durante hora y media
Señala que Dorribo "utilizó a Cobián para muchas cosas, lo tenía enganchado'

Europa Press | Madrid

Carlos Monjero, consejero de Proitec y socio del empresario farmacéutico que ha implicado al ex ministro José Blanco en la 'operación Campeón', Jorge Dorribo, ha negado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que él o sus socios hayan realizado pagos "ni a Blanco ni a nadie" a cambio de gestiones para obtener de forma fraudulenta ayudas públicas.

Monjero ha permanecido en el alto tribunal aproximadamente hora y media y ha declinado hacer valoraciones al término de la declaración, mientras que su abogado, José Luis Fiuza, ha manifestado que su defendido se ha limitado a "decir la verdad", que es lo mismo que manifestó en su día a la juez de Lugo Estela San José.

El consejero de Proitec prestó declaración en varias ocasiones ante la juez de Lugo Estela San José, que investiga la trama, ante la que reconoció el pasado 17 de octubre que él estaba, junto a otros empresarios, en la comida celebrada en Lugo a la que llegaron Dorribo y Blanco en el mismo coche, procedentes de la gasolinera de Guitiriz, lo que a todos les "sorprendió".

Según la denuncia que prestó el propietario de Laboratorios Nupel ante la juez San José, para poder subir a ese coche y hablar con el entonces ministro de Fomento, Dorribo tuvo que pagar 200.000 euros que entregó dentro de un sobre en mano al primo político del ex ministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo).

Piden explicaciones
Según Fiuza, dicho pago no se ha producido "y otras personas que hayan dicho cosas distintas, pues tendrán que explicarlas y justificarlas". Monjero, según su letrado, no ha tenido conocimiento de ningún pago al ex ministro "ni a nadie".

También ha hecho declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo José Piroscia, abogado del primo político de Blanco, Manuel Bran, y de su socio y también imputado en la trama, José Antonio Espiñeira, que ha confirmado que la declaración de Monjero ha consistido en negar los pagos denunciados por Dorribo.

"Se le ha preguntado si ha mediado alguna intervención del señor Blanco o si ha mediado algún pago al respecto, lo que Monjero ha negado por completo", según Piroscia, que ha añadido que el consejero de Proitec ha explicado ante el magistrado Soriano cómo funcionaban sus empresas y ha atendido a las preguntas de todas las partes.

Monjero también reconoció ante la juez de Lugo que el empresario farmacéutico subvencionó carreras de karts de un hijo del ex diputado del PP en Galicia Pablo Cobián, a cambio de que éste le proporcionara contactos y favores en la actual Xunta, que llegaron incluso a favorecer la celebración de un encuentro con el presidente, Alberto Núñez Feijóo. Según Piroscia, este tema no se ha tratado en la declaración de este miércoles.

Concretamente, Monjero manifestó en sede judicial que a lo largo de 2010 y 2011 Dorribo "utilizó a Pablo (Cobián) para muchas cosas", puesto que "lo tenía enganchado".

En palabras de este imputado, en un principio Dorribo se jactaba de haber concretado el patrocinio al hijo del diputado popular a cambio de una subvención del Igape, y que Cobián se dio cuenta de que "si no seguía el camino que le marcaba Jorge (Dorribo), su hijo no corría". Así, facilitó igualmente contactos entre Dorribo y el director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia Cominges.

Tras el pago de 13.000 euros para el equipo de karts del hijo de Cobián, según Monjero, "empezaron todas las aprobaciones" y los empresarios firmaron un préstamo BEI de 3 millones de euros, con una primera disposición de 1,7 millones, según las manifestaciones de Monjero ante la juez de Lugo.

Otros contactos que obtuvo Dorribo a través de Cobián fue con el presidente de Portos de Galicia, con el fin de interceder por su amigo, el también empresario Manuel Osorio. Según este testigo, se les ofreció un negocio importante del mantenimiento de bateas en Vilagarcía, pero tampoco se llegó a hacer "porque pasó todo esto", en alusión al momento en el que estalló el caso.

Además

"CASO CAN DOMENGE"; LA JUEZA DA 20 DÍAS A MUNAR Y LOS DEMÁS ACUSADOS PARA SUS ESCRITOS DE DEFENSA

Novedades en el caso


Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, ha emplazado a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y al resto de acusados del caso Can Domenge a que, en un plazo máximo de 20 días hábiles, formulen sus escritos de defensa en el marco de esta causa, cuyas pesquisas se centran en la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos por parte de la Institución insular.

Cuatro meses después de notificar a los inculpados los escritos de calificación de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares -que ejercen el Consell y la querellante Núñez y Navarro- así como el auto mediante el que les requería una fianza civil de 37,1 millones de euros, la magistrada ha dado traslado de todo el expediente a las defensas personadas en la causa a fin de que puedan formular sus alegatos, según han informado fuentes jurídicas.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel para Munar así como para el exvicepresidente insular Miquel Nadal, el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens -quien ha solicitado la ampliación del plazo para calificar- y el de Economía Miquel Àngel Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación.

Asimismo, pide un año y medio de prisión para el abogado Santiago Fiol (fraude y revelación de secretos) y dos años para el principal accionista de la empresa Sacresa, Román Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Por su parte, Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A. y querellante al resultar perjudicada por la venta de Can Domenge por 30 millones de euros, la mitad de lo ofrecido por esta empresa, reclama diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la exlíder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.

Precisamente, sobre la actuación de Munar la jueza consideraba "ilógico" en uno de sus autos que quien presidiera el Consell cuando se enajenaron los terrenos fuese "engañada" entonces por los demás acusados, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la histórica exdirigente de UM.

"CASO MALAYA"; EL EX LÍDER DEL PA EN MÁLAGA PEDRO PÉREZ SALGADO NIEGA QUE COBRARA SOBORNOS DE ROCA

Actual coordinador municipal de Deportes


José Carlos Villanueva | Málaga

Sobre el guión previsto. El ex secretario provincial del Partido Andalucista(PA) en Málaga, Pedro Pérez Salgado, ha negado este miércoles haber recibido soborno alguno del principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca. La versión del que fuera brazo derecho del prófugo andalucista Carlos Fernández se suma a las ya conocidas de otros ex ediles procesados como Isabel García Marcos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el tránsfuga del PSOE José Jaén, funcionario de Justicia.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, el ex teniente alcalde andalucista entre agosto de 2003 y septiembre de 2005 ha sido claro al respecto: "Jamás cobré un duro fuera de mi nómina, porque de habérmelo propuesto Carlos Fernández lo habría denunciado".

Pedro Pérez, actual coordinador municipal de Deportes en Marbella, bajo el mandato del PP, está acusado de los delitos de cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado, prevaricación y malversación de caudales públicos. Concretamente, el fiscal sostiene que cobró 30.000 euros en sobres de Roca y pide para él 9 años de prisión y 80.000 euros de multa.

Durante su interrogatorio el ex dirigente andalucista ha relatado cómo desde la dirección regional del PA, su secretario general y entonces consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Ortega, apoyó la moción de censura: "Siempre nos respaldaron". Lo cierto es que en el marco de una pantomima política los órganos de dirección amagaron con un expediente de expulsión que nunca llegó a ninguna parte para sus tres ediles marbellíes. Entre ellos estaba la ex delegada de Turismo de la Junta en Málaga, María José Lanzat, también procesada en el juicio de 'Malaya'.

Roca ya declaró que el dinero destinado a Pérez Salgado se lo entregaba a Carlos Fernández en sobres con el acrónimo 'CH'. Se trata de las dos primeras iniciales del apodo por el que siempre ha sido conocido el lugarteniente de Fernández: Chotis. Se lo pusieron cuando llegó a Marbella desde Madrid y jugaba al baloncesto.

Cabe recordar que en 2006 la entonces teniente alcalde del GIL Carmen Revilla declaró ante el juez Miguel Ángel Torres que Pedro Pérez abonó personalmente, en metálico, la práctica totalidad de los gastos que los firmantes de la moción de censura contra Julián Muñoz hicieron durante su viaje previo a la votación de dicha moción. Revilla, que logró eludir la prisión al ser detenida, tras su declaración incriminatoria hacia terceros, se retractó en la fase final de la instrucción del caso.

Como era de esperar, Pérez Salgado ha tenido una memoria selectiva para recordar determinados hechos. Así, ha explicado que la salida del PA del equipo de gobierno fue porque los gilistas recelaban de Carlos Fernández, al estar "utilizando los medios municipales para la próxima campaña electoral". Nada más lejos de la realidad. Los ex gilistas y tránsfugas del PSOE rompieron el pacto con el PA y expulsaron del equipo de gobierno a Pérez y Fernández tras desvelar EL MUNDO, en septiembre de 2005, un caso de corrupción municipal que afectaba a las delegaciones andalucistas en el Consistorio marbellí. De hecho, el asunto aún está pendiente de juicio oral.

Sorprendentemente, siete años después de que la ex alcaldesa Yagüe decretara el cese de Pérez y Fernández -como tenientes de alcalde- ahora sólo arremete contra el prófugo y califica a su lugarteniente como "bellísima persona". La ex regidora también reinterpreta la historia, porque tras las graves acusaciones contra ambos (querella incluida) sólo incrimina a Fernández en la trama que les costó su salida del tripartito.

La Policía tardó meses en detener a Pérez, tras haber arrestado al resto de concejales que firmaron la moción de censura. Les llevó su tiempo discernir que tras las siglas CH, escritas por Roca en su contabilidad, se escondía el apodo de 'Chotis'. Este miércoles el ex edil andalucista ha tratado de hacer creer al tribunal que sólo sus amigos le conocían por tal sobrenombre. Si embargo era público y notorio entre la ciudadanía de Marbella.

A preguntas de su abogado, José María Vázquez, el ex teniente alcalde del PA ha enfatizado que siempre votó las decisiones urbanísticas en base a informes técnicos y jurídicos favorables. Pérez Salgado es, junto a Isabel García Marcos, uno de los ex ediles del tripartito que recientemente han sido condenados en firme por un delito de prevaricación urbanística. Todos ellos pactaron con la Fiscalía de Málaga declararse culpables a cambio de una multa de 3.600 euros y 10 años de inhabilitación, en lugar de la pena de un año de prisión. Les ha salido muy rentable.

Además

ALMONTE DENUNCIA AL EXALCALDE DEL PSOE POR FRAUDE EN LA COMPRA DEL CAMPO DE GOLF


HUELVA | Por la vía penal ante los tribunales
La denuncia se extiende a todo su equipo de gobierno, con doce concejales
El Ayuntamiento pagó 7,5 millones, mientras que una tasación lo valoró en 2
Entre los vendedores denunciados, el ex alcalde Juan Antonio Castellano

José Carlos Aguado | Huelva

El Ayuntamiento de Almonte, gobernado por el PP, ha denunciado por la vía penal al anterior alcalde del PSOE, el ex senador Francisco Bella, y a todo su equipo de gobierno –formado por 12 concejales– por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación, en la compra del campo de golf de Matalascañas en abril de 2009 por un importe de 7,5 millones de euros, a pesar de que una tasación realizada por técnicos municipales valoró las instalaciones dos millones de euros.

La denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de La Palma del Condado, tiene como eje central el acuerdo plenario del 8 de abril de 2009, de permuta de parcelas y adquisición de participaciones sociales de Exclusivas Doñana S.L., "adoptados al margen del procedimiento legalmente establecido y en cumplimiento del protocolo suscrito en noviembre de 2008 con el Ayuntamiento de Almonte", según ha explicado este miércoles el Consistorio a través de una nota de prensa.

La denuncia se formula contra el anterior alcalde socialista, Francisco Bella, y los doce concejales que formaban el gobierno municipal del PSOE "que votaron a favor de los acuerdos de permuta de las parcelas urbanas ubicadas en la aldea de El Rocío y de la adquisición del cien por cien de las participaciones de la sociedad Exclusivas Doñana S.L.".

Igualmente, la denuncia se hace extensiva a otras cinco personas en calidad de vendedores del campo de golf de Matalascañas desde la sociedad mercantil Exclusivas Doñana S.L. Entre los propietarios, el ex alcalde socialista Juan Antonio Castellano, socio mayoritario de la empresa que explotaba el complejo deportivo.

Los propietarios pusieron en venta las instalaciones argumentando falta de rentabilidad. El anterior equipo de gobierno socialista justificó la compra alegando que el municipio no podía quedarse sin campo de golf porque sería "contraproducente" para el desarrollo turístico de la playa almonteña. Golf Dunas de Doñana ocupa una superficie de 60 hectáreas y cuenta con 18 hoyos y un club social.

"TRAMA DE LOS ERE"; GUERRERO: "NADA SE HIZO A ESPALDAS DE LA JUNTA"

Declaración ante la juez Mercedes Alaya
'El consejo de gobierno y el presidente de la Junta conocían las ayudas'
Guerrero dice que cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia

Efe | Sevilla

El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha afirmado ante la juez que investiga los ERE irregulares que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".

Abogados personados en la declaración ante la juez Mercedes Alaya han informado a los periodistas de que Guerrero también ha afirmado que a él no le gustaba el convenio marco por el que la Junta cambió en 2001 su sistema de ayudas porque era "discrecional".

También ha asegurado que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y que Gaspar Zarrías se interesaba por las de Jaén y Jose Antonio Viera por las de Sevilla.

Según los letrados, Guerrero, que se encuentra "muy tranquilo", ha señalado que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema es un dato objetivo, porque además de Empleo estaba Innovación", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria".

Además, el imputado ha asegurado que el convenio-marco suscrito a fin de regular las ayudas "se hizo ante el reparo en el último pago de las nóminas en Cárnicas Mólina, y se hace ante la preocupación del Gobierno de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis", aunque, posteriormente, ha llegado a decir que el convenio "no se hizo para evitar reparos" por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

De igual modo, Guerrero ha reconocido que las ayudas "eran subvenciones, pero no se seguía el procedimiento legal", añadiendo que, "en su época, los expedientes estaban completos".

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