lunes, 14 de septiembre de 2009

EL EX TESORERO DEL PP NO PRESENTA ALEGACIONES ANTE LA CÁMARA ALTA Y SOLICITA A LOS GRUPOS VOTEN A FAVOR DE TRAMITAR EL SUPLICATORIO

Bárcenas renuncia a defenderse en el Senado y pide que le juzguen

PABLO X. SANDOVAL - Madrid - 14/09/2009

El senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel, ha renunciado a presentar alegaciones ante la Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta que se ha reunido hoy. Además, ha pedido a los grupos que voten a favor de tramitar el suplicatorio y que se haga "con la máxima celeridad posible" para poder defenderse ante el Supremo.

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

La ponencia ha quedado constituida hoy y se reunirá para elaborar un dictamen dentro de dos días. Posteriormente será sometido a la votación del pleno del día 23. Previsiblemente todos los grupos apoyarán que el suplicatorio salga adelante.

La decisión de Bárcenas de no presentar alegaciones llega un día después de que EL PAÍS publicara que un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la investigación señalara que la esposa del ex tesorero disponía en una cuenta de más de un millón de euros en 2007. Otra cuenta corriente del ex tesorero del PP recoge la cantidad de 300.000 euros y en ambos casos, este dinero se invirtió en Deuda Pública. Bárcenas ha hecho pública una carta para responder a la información de EL PAÍS en la que asegura que no sabe si su esposa está imputada.

1,3 millones de euros

Entre la documentación intervenida la trama corrupta se hallaban apuntes de contabilidad de las empresas de Francisco Correa con diversos pagos de comisiones a cargos públicos, como en el que aparecían las siglas L.B., al que la investigación vinculó con Bárcenas, razón por la que se le imputó. La red corrupta pagó supuestamente a Bárcenas una cantidad próxima a los 1,3 millones de euros.

La declaración del contable de Correa y de una directiva del entramado de empresas reforzaron la idea de que Bárcenas fue perceptor de estas cantidades, al margen de las cintas grabadas de conversaciones de miembros de la trama que hablaban del pago de "1.000 millones de pesetas a Bárcenas". Esta grabación la entregó a la fiscalía un ex concejal del PP de Majadahonda.

Bárcenas declaró el pasado 22 de julio ante el Tribunal Supremo tras aceptársele su solicitud de acudir voluntariamente sin necesidad de que las Cortes hubieran firmado aún el suplicatorio para seguir adelante con la investigación. Para ello, el Supremo creó la figura de "imputado provisional". El ex tesorero, quien se mostró visiblemente nervioso antes del interrogatorio, presentó al juez documentos para intentar justificar que en el incremento de su patrimonio no hubo irregularidades.

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ELPAÍS.COM

PIDEN EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA CONTRA FERNÁNDEZ ESPAÑA

TRIBUNALES | En Velez-Málaga

Europa Press | Málaga

La Fiscalía de Málaga ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vélez-Málaga contra el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Fernández España, por un delito de prevaricación omisiva, según han confirmado fuentes del caso.

En un escrito del ministerio público, fechado a finales de julio y con el que se contesta a un recurso presentado por la defensa del vicepresidente de la Diputación y otras partes personadas, se pide el archivo atendiendo a la declaración de una encargada de vigilancia de la legalidad urbanística, según han precisado las fuentes a Europa Press.

En dicho testimonio, han señalado, se explicaba cómo la inspección y descubrimiento de las presuntas irregularidades denunciadas se produjeron "en el interregno de tiempo en el que el imputado cesó en el cargo de alcalde". Con respecto a los otros tres imputados, se solicita que sigan las actuaciones, por haber indicios de delito.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vélez-Málaga ordenó en un auto que continuara el procedimiento judicial contra Fernández España y otras tres personas, imputados por acción u omisión en la construcción de varias viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable en Almáchar (Málaga) entre 2003 y 2007, en contra de lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Así, consideró que había indicios de que los propietarios de tres parcelas en la zona de las Lomas de Cútar y en el paraje Arroyo Especiero del municipio, "promovieron la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable, con el consentimiento y colaboración activa y omisiva de Fernández España y Francisco L., alcalde y técnico municipal, respectivamente". Este auto fue recurrido por la defensa del diputado provincial.

ELMUNDO.ES

RODRIGO DE SANTOS: "EL DINERO ERA PARA DROGA, NO SOY ADICTO AL SEXO"

PALMA | El ex edil acusado de gastar caudales públicos en puticlubs

Rodrigo de Santos sentado en el banquillo de los acusados. | Pep Vicens

* Solicitan cinco años de prisión y su inhabilitación absoluta durante nueve años

Agencias | Palma

El ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ha asegurado, durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Palma por la presunta malversación de más de 50.000 euros públicos que efectuó entre 2006 y 2007 en clubes de alterne y casas de masaje, que el dinero que como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) desvió era "para pagar droga, ya que la adicción que tengo es a la droga, no al sexo".

Así lo puso de manifiesto ante las preguntas del fiscal Juan Carrau en el marco de su declaración, en la que el acusado aprovechó para pedir perdón al jurado "por mi incorrecta actuación" y por llevarse a cabo el juicio "por única irresponsabilidad mía, por la que sabía que iba a pasar lo que está pasando" y que supone "un dolor añadido e innecesario al que hice a mi familia". "Un personaje público no tiene perdón por haber robado", enfatizó.

El encausado recordó que fue en 2002 cuando entró en una discoteca del Paseo Marítimo en la que conoció a Alfredo Gómez, propietario del local de alterne masculino Casa Alfredo, donde según la Fiscalía abonó más de 28.400 euros, pese a que manifestó que acudía allí "porque me proporcionaban droga, lo que me proporcionaba una adicción de la que no podía salir", al tiempo que aseveró que con el dinero "pagaba además los servicios del local" ya que la cocaína que le proveían le generaban "necesidades de sexo y la cocaína te produce deshinibición".

Afirmó asimismo que nunca pensó en comprar la droga en locales que no fueran Casa Alfredo, ya que pensaba que "allí tenía una privacidad y se me ocurrió como sitio más discreto". "Para mí era imposible ir a otros sitios por ser un personaje público", agregó al respecto.

El único político que ha devuelto el dinero
El abogado José Ignacio Herrero, de Rodrigo de Santos, ha argumentado que su defendido es "el único político de España" que ha devuelto el dinero, lo que solicita que se considere como atenuante.

De esta forma, el abogado de la defensa solicita que se le apliquen a su cliente los atenuantes de reparación del daño (por haber devuelto todo el dinero que defraudó); el de adicción a la cocaína que, supuestamente, mermaba su voluntad; y el de confesión de culpabilidad por haber reconocido los hechos antes de que se iniciara el proceso judicial contra él.

Herrero ha agregado durante su alegato inicial que De santos, además, lo hizo "de manera inmediata", razón por la que considera que se debe aplicar este atenuante a su cliente. El Ministerio Fiscal lo ha aceptado.

Por otra parte, la defensa ha alegado que debe tenerse en cuenta que De Santos era adicto a la cocaína en el momento de los hechos, y que ello afectaba a su conducta.

No obstante, la Fiscalía ha asegurado que este atenuante no debe aplicarse a De Santos porque considera que la adicción de éste "no era lo suficientemente fuerte como para que afectara a su conducta".

La defensa ha afirmado que aportará durante el juicio informes médicos que señalan que "su conducta no estaba afectada pero sí su voluntad".

El tercer atenuante que la defensa pide que se aplique es el de confesión de culpabilidad, aunque el Ministerio Fiscal ya ha anunciado que lo rechaza porque asegura que el reconocimiento del delito se produjo una vez De Santos ya era conocedor de que había abierta una investigación contra, él y ha añadido que, en cualquier caso, en ningún momento ha confesado porque "nunca ha explicado concretamente que fue lo que hizo".

Herrera ha alegado que el código penal marca para que este atenuante pueda ser aplicado que la confesión debe se realice antes de que se inicie el proceso judicial, no el policial. De modo que ha considerado que, en su opinión, debería ser tenido en cuenta a la hora de dictar la pena

Además
* 'El juicio era evitable'

ELMUNDO.ES

EL FISCAL ADMITE QUE MUNAR INTERVINO EN CAN DOMEGE PERO SIGUE SIN INCRIMINARLA

El informe de la Fiscalía

* El escrito dice que 'el plazo para proyectar 600 pisos fue breve e ilegal'

Eduardo Colom | Palma

Por primera vez en una investigación judicial que lleva ya casi tres años en marcha, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares cita cómo Maria Antònia Munar intervino personalmente en el concurso público que el Consell que ella presidía diseñó para vender el solar «por la mitad de su precio real». Una venta en la que los fiscales ven ahora indicios de malversación, defraudación a la Administración Pública y prevaricación. Sin embargo, y pese a que Munar era la máxima autoridad de la institución que vendía la parcela, la Fiscalía limita su participación a un lance puntual y no pide ningún tipo de medida en contra de la actual presidenta del Parlament. Ni siquiera su testificación.

El nombre de la presidenta de honor de Unió Mallorquina aparece en la página 18 del último informe que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 12 que instruye la causa. Un dictamen de 32 páginas firmado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y elaborado para solicitar que el caso sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares al detectar la Fiscalía indicios de que los aforados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell y actual conseller de turismo, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio, pudieron haber incurrido en los delitos antes citados al «concertarse» con la empresa que se alzó con el negocio urbanístico, Sacresa. Y desde su cargo «dirigir el concurso» y diseñar «un traje a medida» de la promotora con el fin de que se llevase la parcela «por la mitad de su precio de mercado».

La Fiscalía sostiene en su escrito que, con el fin de «eliminar competencia» y poner «una pieza más del engranaje ideado para que Sacresa fuese la adjudicataria del concurso por el precio acordado», se estableció un plazo «breve, ilegal y notoriamente insuficiente» para que las empresas que quisieran concursar por el solar presentasen su proyecto para 600 viviendas. Algo, agrega, «materialmente imposible salvo que se hubiesen conocido con antelación el pliego de cláusulas administrativas». Eso cuando, como relata el fiscal, la adjudicataria «era conocedora 8 meses antes de publicarse el concurso de la modalidad de enajenación y de sus circunstancias concretas». Es en este capítulo de los plazos cuando el fiscal trae a colación la figura de Munar. «La presión mediática y social que originó el menguado plazo EL MUNDO lo denunció nada más convocarse el concurso provocaron que la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Doña Maria Antònia Munar, dictara en fecha 14 de enero de 2006 un Decreto por el que se ampliaba el plazo de presentación de las ofertas de licitación por 15 días naturales más».

Sin embargo, expresa el fiscal, «el plazo mínimo legal para estos casos debía ser de 52 días». Así lo establece «el artículo 137 del Real Decreto 2/2002» y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, detalla el fiscal Horrach en su escrito.

ELMUNDO.ES

BÁRCENAS PIDE AL SENADO QUE "AGILICE" SU SUPLICATORIO PARA PODER DEFENDERSE

'GÜRTEL' | No comparece ni presenta alegaciones

Europa Press | Madrid

El senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha pedido al Senado que agilice su suplicatorio para poder defenderse ante el Tribunal Supremo de las acusaciones de cohecho y fraude fiscal en relación con el caso Gürtel.

Así lo indica el escrito que el senador del PP ha presentado hoy ante la comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta, en la que todos los grupos han coincidido en que apoyarán la concesión del suplicatorio.

La Comisión de Suplicatorios del Senado ha comenzado los trabajos para decidir si acepta la petición del Tribunal Supremo de que se le retire la inmunidad parlamentaria para seguir procedimiento contra él dentro de la investigación de la llamada trama Gürtel.

El senador Bárcenas es miembro precisamente de la Comisión de Suplicatorios en la presente legislatura; aunque se va a inhibir en este caso, tampoco ha renunciado al puesto ni ha sido sustituido en la sesión de hoy por otro senador del PP.

Todo el trabajo, en 10 días
La reunión de la comisión sirvió para designar la ponencia que deberá estudiar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo y elaborar un dictamen. Este grupo de trabajo ha quedado constituido por un representante de cada grupo parlamentario, que se reunirán desde mañana, martes, para redactar una conclusión. Esta será sometida a votación en una nueva sesión de la Comisión de Suplicatorios convocada para el día 21, justo dentro de una semana.

El presidente de este órgano, el 'popular', Juan Fageda, explicó al término de la reunión de hoy que "parece que todos los grupos están de acuerdo en aceptar el suplicatorio", aunque formalmente debe ser la ponencia la que elabore un informe a favor o en contra. En cualquier caso, el dictamen será sometido a votación en el Pleno del Senado de la próxima semana.

Fageda recordó que todas las sesiones de trabajo y la votación plenaria son secretas y que los senadores no juzgan el fondo del asunto, la actuación de Luis Bárcenas, sino que estudian si la Cámara debe conceder el suplicatorio que le solicita el Supremo o no. "El Senado no le juzga, sólo da el sí o no a que se le juzgue", subrayó. Bárcenas -que ha renunciado a presentar alegaciones y comparecer ante la comisión- solicita en su escrito que se agilicen los trabajos de la comisión para que el suplicatorio sea tramitado "con la máxima celeridad posible".

La comisión, en sesión secreta, ha designado la ponencia que informará sobre el suplicatorio y redactará el informe que será sometido a votación por el pleno del Senado.

Además
* Claves del caso | Los implicados
* Perfil: El máximo responsable de las finanzas del PP
* Documento: Lea el auto del Supremo

ELMUNDO.ES