martes, 1 de diciembre de 2009

VECINOS DE LA NUCÍA ANUNCIAN ACCIONES LEGALES CONTRA EL ALCALDE BERNABÉ CANO

ALICANTE | Proyectos urbanísticos polémicos

* Proyectos como el PAI La Serreta o un campo de golf han motivado la protesta
* Los vecinos mantendrán una reunión informativa para plantear acciones
* Pretenden 'recuperar el patrimonio municipal presuntamente expoliado'

Europa Press | La Nucía (Alicante)

La Asociación de Vecinos de La Nucía (Alicante) estudia emprender acciones legales contra el alcalde de la localidad, Bernabé Cano, "para recuperar el patrimonio municipal presuntamente expoliado por los dirigentes de La Nucía", según explicó este martes a Europa Press la presidenta de este colectivo, Marie Schorreels.

Esta asociación constituida en marzo de este año con alrededor de 150 residentes de La Nucía, tiene entre sus objetivos la lucha contra los abusos urbanísticos y personales que presuntamente se producen en el municipio, que conllevan un "desarrollo insostenible" y "no respetan el derecho a la propiedad privada".

Las operaciones urbanísticas previstas en La Nucía como el PAI La Serreta, que proyecta cerca de 4.000 viviendas y un campo de golf en unos 3 millones de metros cuadrados de la zona de la huerta, y en el Pie de Monte, han llevado a este colectivo a plantearse el emprender medidas legales contra el equipo de gobierno municipal.

Por ello, la Asociación de Vecinos de La Nucía mantendrán una reunión informativa en un local del municipio, al que están invitados todos los ciudadanos, para iniciar los trámites contra el alcalde Bernabé Cano.

elmundo.es

"CASO SON OMS"/"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR PAGÓ A LA BANDA DE SON OMS CON PROGRAMAS FANTASMA

* Cita a la presidenta del Parlament como 'cerebro' de la trama
* Imputa a Flaquer, Grimalt y Nadal por urdir los contratos
* El desvío se camufló mediante facturas falsas

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El caso Son Oms procesa a la cúpula de Unió Mallorquina (UM) al completo con su presidenta de honor Maria Antònia Munar a la cabeza. El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma acordó la imputación de la presidenta del Parlament balear por regar con fondos públicos a los testaferros que cobraron buena parte de las comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial que ella misma aprobó y por el que la vieja guardia del partido cobró en especie de golpe más de 50.000 metros cuadrados urbanizables. Un reparto discrecional de fondos públicos desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares y que también tuvo como beneficiario al entorno directo del actual conseller de Turismo de UM Miquel Nadal en la persona de su gestor personal y primo de su mujer, Miguel Sard Vicens, que también ha sido imputado.

El magistrado Juan Ignacio Lope Sola también acordó citar por el mismo motivo, y de nuevo en calidad de imputados, a Nadal, como vicepresidente del Consell de Mallorca en el momento de los pagos; al presidente de UM y ex conseller de Economía y Hacienda Miquel Ángel Flaquer; y al conseller de Medio Ambiente del Govern balear Miquel Ángel Grimalt, por intervenir en su tramitación. Siendo la máxima responsable del Consell de Mallorca, Munar articuló desde el departamento de Presidencia contratos y subvenciones irregulares por importe de al menos 5,5 millones de euros que adoptaban en algunas ocasiones la forma de programas fantasma para la radio y la televisión pública que ella misma puso en marcha: Ona Mallorca y Televisión Mallorca, conocida popularmente como TeleMunar.

El saqueo, paso a paso

Estos espacios se pagaban a precio de oro con cargo al erario público pese a que no se emitían en su totalidad o en parte y se encubría la salida de los fondos públicos mediante la emisión de facturas falsas.

Sirva de ejemplo que Munar dispuso personalmente una subvención a dedo de 120.000 euros públicos a la productora Video-U, propiedad del gestor personal del actual conseller de Turismo del Govern balear y entonces vicepresidente de la institución insular Miquel Nadal. Las pesquisas judiciales, que encuentran su origen en los hallazgos del equipo de inspectores de la Agencia Tributaria que dirige el delegado especial en Baleares Raúl Burillo, apuntan a que no hay rastro de la emisión de dicho espacio y que se desviaron los fondos públicos en dirección al entorno directo de la formación política con la que el PSOE gobierna Baleares.

El juez Lope Sola ha emplazado a la también presidenta de honor de UM, imputada hace sólo unas semanas por prevaricar y malversar 30 millones de euros públicos al vender el solar de Can Domenge, para el próximo 18 de diciembre. Munar declarará en el marco de la denominada Operación Maquillaje, una ramificación del caso Son Oms que investiga la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y cohecho. Y, con ella, lo hará la plana mayor de su partido, que a lo largo de la semana comprendida entre el 14 y el 18 de este mes desfilarán también en calidad de imputados.

Acompañarán en la ronda de declaraciones a la líder de UM el actual presidente de la formación nacionalista, Miquel Ángel Flaquer; el actual conseller de Medio Ambiente del Govern balear, Miquel Ángel Grimalt; y el diputado y ex conseller de Ordenación del Territorio de UM Bartomeu Vicens. Todos ellos acusados de autorizar el saqueo de fondos públicos en dirección a sus testaferros y gestores personales.

Asimismo comparecerá como imputado el matrimonio que hizo de pantalla para cobrar las comisiones del pelotazo de Son Oms y al que luego se le adjudicó irregularmente la radio pública del Consell de Mallorca y que está formado por el todavía directivo de IB3 Televisión Alfredo Conde y por su mujer, la funcionaria de la Seguridad Social e íntima amiga de Vicens, Elisabeth Diéguez.

Además
* Munar, imputada por el pelotazo de 'Son Oms'
* UM: 'Son sólo rumores'
* Grosske acusa a Antich de 'confiar' en Nadal
* Barceló: 'Es imprescindible dar más medios a Anticorrupción'

elmundo.es

"CASO SON OMS"; UM: "TODO ES UNA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA ACABAR CON LOS PARTIDOS NACIONALISTAS"

Rueda de prensa de UM

* 'La fiscalía depende de un gobierno que quiere acabar con los nacionalistas'
* El ex conseller de Turismo, Francesc Buils, ha comparecido ante los medios
* Con respecto a la corrupción, 'son cuestiones administrativas, no judiciales'

Mariona Cerdó | Palma

24 horas después de conocerse las nuevas imputaciones en el caso Son Oms, y que afectan a la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y al conseller de Medio Ambiente, Miquel Angel Grimalt, entre otros, UM ha vuelto a dar otra rueda de prensa en su sede en la que han asegurado que "todo es una estrategia del Gobierno central de la mano de la fiscalía para aplastar a los partidos nacionalistas".

En este sentido, desde UM se ahonda en el tema y aseguran que "la fiscalía depende de un gobierno que tiene claro que quiere acabar con los nacionalistas".

El ex conseller de Turismo, Francesc Buils, ha sido el encargado de comparecer ante los medios, eso sí, muy bien flanqueado por el jefe de gabinete de Munar, Matías Barón, y por Joan Monjo. En relación a las declaraciones esta mañana de Grimalt, en las que aseguraba que "nunca" se ha embolsado "ni un duro", los miembros de UM no se han mojado y Buils ha asegurado que están "de acuerdo con él".

Con respecto a Son Oms, el caso por el que ayer se conocieron nuevas imputaciones, insisten en que "son cuestiones administrativas y no judiciales" y lo hacen extensivo a todos los casos de corrupción que recientemente han saltado a la opinión pública afectando a algunos de sus dirigentes.

Buils ha añadido que "si algo está mal hecho -administrativamente hablando- mala suerte, pero está hecho para los ciudadanos, y está ahí"

Además
* Fiol dice que no descarta unas elecciones anticipadas
* 'El Govern no puede seguir con dos imputados'
* Diéguez aboga por solucionar la actual situación 'incómoda'
* El Pacte de la corrupción, por Agustín Pery

elmundo.es

"CASO BECARA"; HENRÍQUEZ DE LUNA INSISTE EN QUE SU IMPUTACIÓN RESPONDE A UN "MONTAJE"

Henriquez de Luna, en una imagen de archivo.

* El juez informa al concejal de su imputación en el 'caso Becara'
* El PSOE pide a Gallardón la dimisión del concejal del distrito de Salamanca


Agencias | Madrid

El concejal-presidente del distrito de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna (PP), insistió en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia que su imputación en el 'caso Becara' responde a un "montaje" de la familia denunciante, los Goyeneche, para amparar una "venganza" por el precinto de las oficinas "ilegales" de su propiedad, situadas en la segunda planta del inmueble en el que se encuentra la tienda de decoración Becara.

Henríquez de Luna añadió, a renglón seguido, que su comparecencia ayer ante el instructor del caso sirvió también para que éste le informara de que comparecía "en calidad de imputado por un delito de tráfico de influencias acusado por los denunciantes, no por el juez".

En este sentido recordó que el proceso se encuentra en fase de diligencias previas desde hace año y medio pero que por el momento no hay acusación formal alguna. "Hay una denuncia de unos particulares por un delito de tráfico de influencias pero de ahí a que el juez me acuse formalmente de un delito hay un abismo", remarcó.

Asimismo recordó que hace dos años la familia denunciante le interpuso una querella criminal por los mismos hechos que, finalmente, fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 49. Por eso cree que los Goyeneche están aprovechando el "revuelo" derivado de los temas judiciales que han ido saliendo "fruto del Guateque" para "tratar de hacer ruido".

"Pero ni esto es el Guateque ni estoy acusado por el juez de nada e, incluso, el fiscal ni estuvo presente cuando declaré", expuso tras dar cuenta de su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el mismo que, por reparto, lleva también el 'caso Guateque'.

Henríquez de Luna no quiso concluir su intervención sin agradecer públicamente el apoyo recibido tanto por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. También añadió que tanto el vicealcalde Manuel Cobo como la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, se ofrecieron para comparecer hoy públicamente con él con el fin de manifestarle su respaldo.

El PSOE pide su dimisión

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha exigido al alcalde, el "cese fulminante" del Henríquez de Luna "por su implicación" en el citado caso.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al centro de salud de Aluche, el portavoz socialista ha afirmado que "este señor no está cualificado ni personal ni políticamente para llevar una Junta de Distrito de 150.000 habitantes".

Lucas ha dicho que el caso Becara "es una prolongación del caso Guateque" y ha recordado que en la Junta de Salamanca "hay casi 30 expedientes investigados y hay muchos funcionarios que están testificando" en este proceso.

A su juicio, "el alcalde no puede seguir haciendo la política del avestruz, no puede seguir mirando hacia otro lado", sino que "tiene que exigir responsabilidades políticas ya por el caso Guateque, tiene que tomar las riendas de este problema y cesar fulminantemente a este concejal".

elmundo.es

"CASO MATSA"; LA PUNTUALIZACIÓN DEL EX APODERADO

Afirma que jamás ha realizado esas declaraciones

* López Rubio mantuvo dos conversaciones directas con Manuel María Becerro
* En las conversaciones no se pide o se ofrece guardar secreto sobre la fuente

ELMUNDO.es | Sevilla

Francisco Javier López Rubio, el ex apoderado de la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa) que reconoció a EL MUNDO que la hija del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, había supervisado y ayudado a tramitar la solicitud del polémico incentivo otorgado por la Junta de Andalucía, ha reclamado a este diario el ejercicio de su derecho de rectificación.

"Jamás he realizado una declaración en los términos que se plantean, ni con un periodista de EL MUNDO ni con cualquier otro periodista o publicación", asegura, al tiempo que amenaza con iniciar acciones judiciales por los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar.

La realidad es que López Rubio mantuvo dos conversaciones directas con el redactor de este diario Manuel María Becerro, que hoy pueden escucharse íntegras en ELMUNDO.es. En ambas, el periodista se identifica como tal desde el principio. En ningún momento el ex apoderado de Matsa pone reserva alguna a la aclaración de todas aquellas cuestiones que se le formularan sobre el polémico incentivo -"hay cierta información que le puedo facilitar", dice-, aunque advierte de que no desvelará aquellas cuestiones amparadas por su secreto profesional o por las cláusulas de confidencialidad que había suscrito.

Tampoco en los dos diálogos mantenidos entre López Rubio y el redactor -el primero con una duración de 10 minutos y medio; el segundo, de más de 21 minutos- se pide o se ofrece guardar secreto sobre la fuente informativa.

Éste es el texto íntegro de la rectificación que envía el ex apoderado de Matsa: "En relación con el artículo publicado en el número 7.279 de EL MUNDO, fechado el 22 de noviembre de 2009, titulado 'Chaves mintió al Congreso sobre el papel de su hija en Matsa', don Francisco Javier López Rubio quiere aclarar los siguientes puntos:

1º.- El señor López Rubio es abogado en ejercicio, y por tanto está sujeto a secreto profesional en sus actuaciones. Igualmente, el bufete Solventa Asesores, del que es miembro, tiene suscrito un acuerdo de confidencialidad con la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), por el que se impide a sus profesionales divulgar información alguna relacionada con los trabajos realizados para dicha empresa. Por estas dos razones, el señor López Rubio no declaró ninguna de las frases que se le atribuyen en el artículo.

2º.- Solventa y sus profesionales, bufete especializado en contratación internacional, y especialmente en la implantación de proyectos e inversiones empresariales extranjeras en Andalucía desde hace 10 años, realiza su trabajo siguiendo y cumpliendo con los máximos estándares de calidad, lo que impide la divulgación de información alguna relacionada con los expedientes que tramitan.

3º.- Los trabajos realizados por Solventa Asesores para la empresa Matsa se desarrollaron conforme al máximo respeto por la normativa y legalidad vigentes, realizando su trabajo controlando y dirigiendo de forma directa los expedientes de ayuda o subvención, desde su inicio hasta su presentación ante el organismo competente, sin que se incurriera en ilegalidad o irregularidad alguna en su tramitación, ni por parte de Solventa, ni por parte de Matsa, ni tampoco de sus empleados, dentro del conocimiento que de dicho trabajo tiene el señor López Rubio.

Dichos trabajos consistieron en la realización de consultoría y asistencia técnica para la confección de expedientes de ayudas y subvenciones.

4º.- Por medio de esta comunicación, Don Francisco Javier López Rubio se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas en reclamación de los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar el artículo insertado en esta publicación".

Además
Escuche la primera parte de la entrevista
Escuche la segunda parte

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; EL FISCAL PIDE IMPUTAR A UN EX ALCALDE DEL PP

Solicita al juez Garzón que se encause a cinco personas más

Bartomeu Muñoz, imputado en Pretoria recoge sus pertenencias al entrar en la Audiencia Nacional. ACN

ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón que impute en el caso Pretoria a otras cinco personas, entre las que figuran el ex alcalde de San Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros, del PP, y al ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de dicha localidad, del PSC, Antoni Jiménez, confirmaron fuentes fiscales.

El pasado 27 de octubre agentes de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento de dicha localidad y solicitaron el convenio urbanístico de 2006, firmado por el anterior Gobierno municipal, que encabezaba Ros.

De hecho, tanto Ros como Jiménez fueron citados el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar en relación con la firma de un convenio por el que el Consistorio adquiría una guardería privada para hacerla municipal y, a cambio, cedía cuatro parcelas para construir viviendas privadas.

En el auto dictado por Garzón el 30 de octubre se menciona que entre las operaciones investigadas figuran unas relativas a guarderías, aunque las sitúa en Santa Coloma de Gramenet, en el ámbito de actuación del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. El ex edil se encuentra en prisión, junto al ex alcalde de dicha localidad Bartomeu Muñoz, el ex diputado del PSC Luis García y los ex dirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Los otros cuatro imputados quedaron en libertad bajo fianza.

Varios convenios

Además de ese convenio, el Consistorio de San Andreu de Llavaneres remitió otros al juez Garzón, para comprobar si contenían las irregularidades que se investigan en la causa. La resolución explicaba que la trama seguía unas pautas comunes en todos los municipios implicados.

El Ayuntamiento aprobaba un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, por sus contactos con el equipo de Gobierno y con empresarios. Luego repartía las cantidades que estos le pagaban. Se modificaba el plan urbanístico y siempre se beneficiaba al adjudicatario, que vendía al constructor a un precio final mucho mayor.

La Plataforma SOS Llavaneres también denunció a Ros por la recalificación de un terreno en La Riera con el que presuntamente habría beneficiado a unos primos suyos con 24 millones de euros en plusvalías.

Las que finalmente no están en la lista de nuevos imputados que presentó el viernes Anticorrupción son las esposas de Alavedra y Prenafeta, pese a que la Guardia Civil las interrogó en esa condición.

PÚBLICO.ES

"CASO GÜRTEL"; LAS ALTAS ESFERAS DE LEÓN ARROPARON AL IMPUTADO ULIBARRI EN UNA ENTREGA DE PREMIOS

Su implicación en la Gürtel y la caída de su imperio no le restan amigos

MARCOS PARADINAS

José Luis Ulibarri luce bigote, aunque su mostacho no es tan estridente como el de Álvaro Pérez. En general, todo es mucho más discreto en este exitoso empresario leonés. Apenas existen fotos de él, a pesar de estar imputado en el caso Gürtel. De hecho, en su auto de inhibición, el juez Garzón le pone como “ejemplo” de la “forma de actuar” de la trama corrupta. Y sin embargo, a nadie pareció sorprender que el pasado 17 de noviembre Ulibarri reuniera a toda la flor y nata de la política y la sociedad leonesa en el Parador Hostal San Marcos.

Sería difícil, a día de hoy, que El Bigotes reuniera en una cena de etiqueta a Francisco Camps, al socialista Jorge Alarte y a Rita Barberá. Al menos, la gesta no pasaría desapercibida. En cambio, y salvando las distancias para bien y para mal, algo así consiguió Ulibarri hace dos semanas en la entrega del premio Diario de León, medio que preside, a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual (Asprona) de León.

Lavado de cara
Está claro que su imputación en el caso Gürtel no iba a evitar a Ulibarri entregar el cuarto premio del Diario de León a Asprona, reconociendo su intachable labor. Pero también el acto sirvió al empresario leonés para lavar su imagen, tan tocada por su implicación judicial en la trama corrupta, como por la caída de un imperio que había construido al calor de los gobiernos del PP y que ha dejado en la calle a casi 900 trabajadores.

La flor del PP…
Al evento acudieron altos representantes del PP castellanoleonés. Allí estaba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para entregar el premio; el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, (alias Toti en el auto de Garzón sobre la Gürtel); los consejeros de Sanidad y Fomento, César Antón y Antonio Silván; e Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP leonés.

y la nata del PSOE
Junto a los populares, tampoco se perdieron la cita relevantes socialistas, como el alcalde de León, Francisco Fernández; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; o el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López.Mesa de honor del banquete celebrado tras la entrega de premios (Puede verse toda la galería de la fiesta en la web de Diario de León)

Todo un ejemplo
En la lista de imputados en el TSJM por el caso Gürtel, publicada por El País, Ulibarri es el número 57. Pero ya antes aparecía como imputado en el auto de inhibición del juez Garzón. Es más, el magistrado cita al empresario cuando explica cómo Correa se repartía las comisiones con sus compinches: “Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri”.

UFC
La sospechosa adjudicación de esa parcela en el epicentro de la Gürtel a UFC, de la que El Plural lleva tres años informando, es uno de sus muchos vínculos con la trama corrupta. Por supuesto, Gaspar Gutiérrez, director general de UFC no faltó a la cena.

Alias Toti
Pero Ulibarri no era el único tocado por la Gürtel en el lujoso salón de San Marcos. El presidente de las Cortes de Castilla y León, conocido como Toti, fue el autor de una sospechosa concesión a TECONSA cuando era consejero de Fomento. De esta obra, la Policía cree que la trama se llevó un 3% que presuntamente repartió, entre otros, con Toti.

Comprometido con los medios
Ciertamente, se trata de un plantel que hubiera llamado la atención de haberse producido, quizás, en Valencia. Pero Ulibarri es una persona muy comprometida con los medios de comunicación. Suyo es el citado Diario de León. Y televisiones regionales conseguidas con polémicas adjudicaciones. Tiene cabeceras en Soria y Burgos que le asocian con El Mundo. Su 20% de participación en Punto Radio Castilla y León no sólo justifica la presencia de Luis del Olmo en la cena, sino que le relaciona con Vocento…

José Luis Ulibarri y Juan Vicente Herrera con el presidente de Asprona, Juan Sandoval Marcos, en la portada del Diario de León (18.11.09)

El joven aparejador
Ulibarri, aquel joven aparejador de TECONSA que dejó la compañía para fundar Begar y enfrentarse con su anterior jefe, José Martínez Núñez, en lo inmobiliario y en lo mediático, es mucho más discreto que El Bigotes. Él no ha participado en ninguna película de Andrés Pajares ni ha mantenido impúdicas conversaciones telefónicas con políticos. Pero, a la vista está que a él también le quieren “un huevo”. Incluso más.

elplural.com

LA FISCALÍA PIDE 9 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EDIL DE URBANISMO DE CREIXELL

Concedió la licencia de obras a una empresa de forma irregular tras venderle terrenos de su propiedad

F. BALSELLS - Tarragona

La Fiscalía de Tarragona pide nueve años de inhabilitación y una multa de 9.000 euros para el edil de urbanismo de Creixell (Tarragona), Juan José Conesa, por supuestas irregularidades en la compraventa de unos terrenos de su propiedad. Por aquella operación, realizada cuando Conesa era alcalde de la localidad, el fiscal le acusa de un delito contra la ordenación del territorio mediante el cual el acusado habría obtenido unos 65.000 euros de beneficios.

Conesa ostentó la alcaldía de Creixell desde 2001 hasta 2003. En noviembre de 2002 el acusado adquirió solares por unos 25.500 euros mediante la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería, en la cual figuraba como administrador. Un mes después los vendió a la empresa Castellmar-Euromar 2000 por 90.100 euros, más de tres veces su valor de compra a través de un contrato privado que no se formalizó hasta meses después. El representante de la empresa compradora no otorgó la escritura pública de compraventa hasta mayo de 2003, una vez hubo obtenido las preceptivas licencias de obras tras la supuesta mediación del alcalde.

La Alcaldía promulgó ese mes un decreto en el que concedía la licencia de obras a Castellmar-Euromar 2000 para la construcción de tres viviendas unifamiliares, que luego extendió con otra licencia para construir dos viviendas más. El entonces alcalde desoyó en esa decisión a dos informes del consistorio desfavorables a esos permisos. El arquitecto municipal y el secretario elaboraron sendos documentos en los que subrayaban que los terrenos no cumplían con la condición de solar que fija la ley de urbanismo de la Generalitat. La alcaldía desestimó ambas versiones por motivos no aclarados, detalla el fiscal.

La operación también está supeditada a un posible delito de prevaricación, recoge el escrito de la fiscalía. Ésta sostiene que los terrenos se revalorizaron por la concesión de la licencia de obras y que Conesa firmó el decreto pese a que debía inhibirse de la decisión por ser parte interesada. El juicio se celebrará a mediados de 2010.

elpaís.com

"CASO BECARA"; UN CONCEJAL DEL PP DE MADRID IMPUTADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El juez del 'caso Becara' precisa la acusación al edil madrileño por su supuesta implicación en la concesión de licencias urbanística a un establecimiento de productos de lujo

ELPAÍS.com / EP - Madrid

El juez Santiago Torres, que instruye el caso Becara, informó hoy al concejal del distrito de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna, del delito de tráfico de influencias del que se le acusa por su implicación en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta afamada tienda ubicada en plena 'Milla de Oro' de la capital.

Pasado más de un año de sus primeras declaraciones, el juez Santiago Torres citó tanto a Henríquez de Luna como al ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Oscar Acero, para concretarles la imputación, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. En septiembre de 2008, Henríquez de Luna manifestó al juez que la competencia de las licencias correspondía al Area de Urbanismo del Ayuntamento de Madrid. Desde que le imputaron, el concejal popular ha achacado su implicación a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. Este procedimiento se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsbles de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.

La titularidad del local corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación.

Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos. El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el Alto Tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamento que autorizó el Consistorio de Madrid.

En su primera comparecencia, el edil popular insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para la tienda Becara, puesto que la competencia le correspondía a la Gerencia de Urbanismo. Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento. Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía ninguna licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Además, contó que un funcionario de este departamento emitió un informe a favor de que la competencia debía ser para la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Tras ello, Henríquez de Luna se reunió con Pilar Martínez, quien finalmente desautorizó el escrito del citado empleado municipal.

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