domingo, 14 de junio de 2009

HACIENDA "CAZA" A VICENS VENDIENDO ACCIONES DE UNA SOCIEDAD AMERICANA


SON OMS | La pieza secreta de su patrimonio

* Sólo 15 días después de declarar se deshizo de las participaciones

* El juez ordena rastrear a fondo la operación


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Agencia Tributaria de Baleares también ha descubierto que Bartomeu Vicens se deshizo de un paquete de participaciones que tenía en una sociedad radicada en Estados Unidos en plena investigación del caso Son Oms. Este elemento se suma a la abultada lista de engaños y ocultamientos de pruebas clave protagonizados por el histórico líder de Unió Mallorquina (UM) desde que la Fiscalía Anticorrupción inició en septiembre de 2007 las pesquisas en torno a su papel en la recalificación del polígono industrial palmesano.

Entre los hallazgos del equipo de inspectores que dirige Raúl Burillo en el nuevo y exhaustivo rastreo realizado al «patrimonio oculto» del diputado, se encuentra la tenencia de participaciones en al menos dos sociedades americanas a través de una de las «empresas pantalla» que le acaban de ser descubiertas: White Plains, S.L. Una entidad en la que Hacienda revela que el ex conseller de Ordenación del Territorio dispone a día de hoy del 97% de las acciones.

«En fecha 8 de noviembre de 2007 aparece información [en la base de datos de la Agencia Tributaria de Baleares] de una operación mediante la que se transmiten once títulos adquiridos por White Plains de la sociedad con NIF: US42703A1097». Asimismo señala Hacienda que se trata de «acciones o participaciones» adquiridas «en el mercado secundario oficial de valores extranjero, probablemente en una sociedad de Estados Unidos» y agrega que en su base de datos no figura el importe exacto de la operación, por lo que «sugiere» al juez Antonio Capó que requiera tanto a la sociedad como al Banco de Crédito Balear tanto el importe como el número exacto de «operaciones de esta naturaleza» llevada a cabo por esta entidad. Un extremo que el magistrado ya ha realizado librando el consiguiente oficio tanto a la entidad bancaria como a la sociedad. De acuerdo con la información de que dispone el fisco, Vicens se habría desprendido de este paquete de participaciones apenas un mes después de prestar declaración en la sede de la Fiscalía por el caso Son Oms. Pero es que pocos días más tarde, el 30 de noviembre y tal y como desveló EL MUNDO/El Día de Baleares, protagonizó una operación similar con un contrato privado que había suscrito a través de otra de sus empresas pantalla, Metalumba, para adquirir unas oficinas ubicadas en el edificio Vipasima del polígono industrial de Son Castelló.

A partir de ahí se han venido sucediendo una relación de engaños que han sido descubiertos por los inspectores de Hacienda y que adoptan ya la forma de al menos cinco nuevas tapaderas a través de las que ha adquirido inmuebles durante los últimos años.


Toda esta red de sociedades acumula más de una decena de nuevos inmuebles desconocidos y a ellos se suman la compra por parte de Vicens a título particular junto a su mujer Antonia Martorell de una vivienda y un local comercial con sus respectivas plazas de aparcamiento en la localidad de Esporles que tampoco figuraban en la base de datos de Hacienda. En estas operaciones, y tal y como también han certificado los inspectores, al menos 72.000 euros los ha pagado en metálico en plena investigación y sin que haya podido justificar el origen del dinero.

Una conducta que tiene que aclarar también el diputado en lo que respecta al coche, un Toyota Yaris, que acaba de comprarse una de sus hijas con unos ingresos oficiales de sólo 17 euros al año.

Mientras el juez Capó intenta determinar los detalles exactos de la venta de acciones en plena investigación, la Agencia Tributaria se ha topado con otra operación anterior y realizada por la misma empresa pantalla, White Plains, de la que sí atesora más datos. Así, Vicens adquirió el 11 de abril de 2001 «por importe de 3.320,52 euros, 6.675 acciones o participaciones de la sociedad con NIF: US0075111080». Apostilla que «respecto de esta operación no se tiene más información hasta el ejercicio 2006, año este en que de los datos declarados por terceros podría deducirse que en fecha 11 de agosto de 2006 se transmiten en el mismo mercado secundario extranjero la totalidad de las acciones de la anterior sociedad, no figurando, sin embargo, el importe de dicha operación, la cual se instrumentaliza a través de la misma cuenta de valor».


Los beneficios derivados tanto de esta transacción como de la anterior no han sido declarados hasta la fecha por Vicens al Tribunal Superior de Justicia que tiene embargados su patrimonio hasta alcanzar la cifra de ocho millones de euros.


ELMUNDO.ES

EL PP PIDE AL PARLAMENTO ANDALUZ INVESTIGAR YA A LA EMPRESA DE LA HIJA DE CHAVES

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA | Solicitud 'prioritaria'

Europa Press | Sevilla

El PP Andaluz anunció hoy que llevará "con prioridad" al próximo pleno del Parlamento andaluz, la aprobación de una comisión de investigación sobre la concesión de un incentivo de 10 millones a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja la hija del ex presidente de la Junta y actual vicepresidente, Manuel Chaves, que, de este modo, habría 'subvencionado' a su hija.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, consideró que el PSOE-A está "obligado" a aceptar esta comisión después del "escándalo nacional" que ha producido la sospecha sobre la comisión de "presuntas irregularidades y actos delictivas", apuntando a una "posible prevaricación, nepotismo, tráfico de influencias o incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades".

Además, insistió en las "graves" actuaciones de Chaves, ante las que el PSOE-A "no tiene excusas" para impedirles que se forme la comisión. "Si no hay nada que ocultar y mantiene las manos limpias, no tendrá problemas en aceptar la comisión", aclaró Sanz.

Del mismo modo, el dirigente popular consideró un "abuso intolerable" que el Parlamento se convierta en un "muro infranqueable que todo quiere tapar y no deja investigar nada". Así, lamentó que la institución regional cuente con un "récord" de alrededor de 70 comisiones solicitadas y no autorizadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

"El PSOE-A está haciendo daño a Andalucía al impedir que se investigue este escándalo nacional y lo único que puede salvar su imagen ya es que se llegue al final del asunto", advirtió Sanz.

El secretario general del PP-A se mostró convencido de que el PSOE-A descubrió en su momento o es consciente de que existen "graves irregularidades en el asunto y que huele mal", pero que prefieren "ocultarlo antes de asumir su responsabilidad".

"Es necesario que se produzca una depuración de responsabilidades y estoy seguro de que Chaves acabará dimitiendo por este asunto, con o sin comisión de investigación", concluyó.

ELMUNDO.ES

EL PP ACUSA A MANUEL VÁZQUEZ DE ADJUDICAR "A DEDO" 50 MILLONES EN OBRAS HIDRÁULICAS


P. L. - Santiago

La temperatura de la política gallega sigue en aumento. La misma semana en que se conocen las adjudicaciones de consellerías del BNG a empresas fundadas por dirigentes de la formación nacionalista, el PP añadió leña a la caldera con datos sobre contratos adjudicados por la Consellería de Medio Ambiente cuando estaba dirigida por Manuel Vázquez, hoy al frente del PSdeG. Se trata de 72 obras hidráulicas contratadas por el trámite de urgencia, y por lo tanto sin concurso público, por más de 50 millones de euros. "Posiblemente, un fraude de ley", opinó el portavoz parlamentario popular, Manuel Ruiz Rivas.

Las explicaciones del entorno del ex conselleiro socialista no se hicieron esperar. De esos 50 millones, ocho fueron para las actuaciones para hacer frente al vertido de Brenntag en el río Umia, en 2006. Otros 16, para la implantación de sistemas terciarios para el tratamiento de coliformes en las depuradoras de las rías gallegas, con el objetivo de evitar la declaración de zonas C por la Consellería de Pesca. 16 millones de euros más se destinaron a actuaciones de limpieza de los ríos, como consecuencia de las riadas de octubre de 2006. La mayoría del resto de las adjudicaciones por el trámite de urgencia, siempre según fuentes próximas a Manuel Vázquez, se destinó a un plan de urgencia de la consellería para hacer frente a la sequía, en noviembre de 2007.

La opinión del PP es distinta. Según Ruiz Rivas, el total de actuaciones de emergencia fue de 81, con un coste de 53,4 millones de euros, de las que 72 (47,1 millones) "no reunían las condiciones exigidas por la ley" para justificar el trámite especial.

Según la Ley de Contratos, la tramitación de emergencia es un "régimen excepcional", que sólo se puede seguir para hacer frente a "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la seguridad nacional". "Parece que Galicia ha vivido en permanente estado de emergencia", ironizó el portavoz del PP.El PP sostiene que las obras adjudicadas por el trámite de urgencia, todas ellas desde la empresa pública de Obras e Servizos Hidráulicos, "de ninguna forma pueden considerarse de emergencia". El grupo popular, que pedirá la comparencia de los actuales responsables de dicha empresa, presentó una solicitud a la presidenta del Parlamento, para que la Xunta facilite copia de todos los expedientes de contratación por esta vía que efectuó la anterior Consellería de Medio Ambiente.

Por parte socialista, fuentes próximas a Vázquez destacaron que muchas obras objeto de la denuncia fueron reclamadas por alcaldes del PP. Sería el caso, por ejemplo, de las que sirvieron para hacer frente a las riadas, que se acordaron en una reunión en la Diputación de Pontevedra con su presidente, Rafael Louzán, del PP. Ayuntamientos como Cenlle, Vilamarín, A Peroxa, Baiona y Cee fueron algunos de los municipios favorecidos, según el mismo portavoz.

"No hay una solo obra cuya emergencia no estuviera justificada, y ninguna fue una decisión del conselleiro: hay una intervención y un secretario que avalan la urgencia", señalaron fuentes del PSdeG. Los socialistas se preguntaron si acaso es "mejor sistema el del Prestige" que el seguido con el vertido de Brenntag al Umia. El PP, mientras, acusó a Vázquez de "buscar escándalos donde no los hay", y afirmó que ponerlo a administrar dinero público es "como poner al zorro a vigilar las gallinas".

ELPAÍS.COM

RAJOY ENTRA EN COMPÁS DE ESPERA



El líder popular esperará a que su tesorero sea imputado para decidir si lo echa

Buena parte del PP cree que debe irse, pero teme la comparación con Camps

CARLOS E. CUÉ - Madrid



La semana del mayor éxito de Mariano Rajoy en los últimos meses, la victoria holgada en las elecciones europeas, acabó con un muy mal trago para el líder del Partido Popular. Aunque el partido se empeña en transmitir tranquilidad, en actuar como si los avances judiciales del caso Gürtel no existieran, en privado todos los dirigentes reconocen que tener al borde de la imputación por cohecho y fraude fiscal al senador y tesorero nacional, Luis Bárcenas, el hombre que controla todo el dinero del PP, y que ha sido gerente durante casi 20 años, es un problema "muy grave".

Mariano Rajoy Brey
A FONDO

Nacimiento:
27-03-1955

Lugar:
Santiago de Compostela

PP
(Partido Popular)
A FONDO

Sede:
Madrid (España)

El partido está tranquilo tras ver que el caso no tiene efectos electorales

No lo es desde el punto de vista electoral -la dirección está muy tranquila al ver el gran resultado de las elecciones europeas en la Comunidad Valenciana-, sino interno. "Esto es algo de lo que se entera un 10% de los ciudadanos, los que siguen la política muy de cerca. La opinión pública y la publicada aquí son muy distintas. Las elecciones europeas demuestran que el caso Gürtel no tiene ningún efecto electoral, o incluso que es positivo porque une a la militancia popular. El problema es de gestión política, Rajoy tendrá que resolverlo por una cuestión de imagen no ya pública, sino interna", analiza un miembro de la dirección.

La mayoría de los dirigentes consultados cree que Bárcenas debería haber dimitido hace tiempo, cuando el juez Baltasar Garzón redactó un auto demoledor en el que le atribuía haber cobrado 1,3 millones de euros en sobornos de la red de Francisco Correa. El cabecilla de la trama era amigo de Bárcenas, según recuerdan varios dirigentes. Pero el tesorero traslada a todo el que quiere escucharle que es inocente y no piensa dimitir. Desde ese auto se han publicado noticias comprometedoras para él, como los detalles de su patrimonio de más de tres millones de euros, algo que ha sentado muy mal a otras personas que han hecho el mismo recorrido que él: un funcionario del partido con un buen sueldo y teóricamente poco más.

También se ha publicado que Hacienda investigó un sospechoso ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 euros que Bárcenas hizo en 2003, en la época en la que aparecían pagos similares a L. B. en la contabilidad B de Francisco Correa. El tesorero asegura y prueba con documentos bancarios que pidió un crédito para comprar un cuadro y que reingresó el dinero al frustrarse la operación.

Rajoy, que apenas ofrece ruedas de prensa y por tanto no puede ser preguntado por este asunto, ha colocado a su partido en el papel de víctima de unos fiscales, periodistas y jueces que le acosan, a los que llama "Torquemadas del siglo XXI".

El líder está sobre todo tranquilo porque el caso no ha derivado, como se temía al principio, en una investigación de financiación irregular del PP. Ante cada novedad judicial, el líder habla con los implicados y les traslada, según fuentes de Génova, que deben estar tranquilos mientras no haya una imputación formal. Es lo que hizo el viernes, cuando quedó claro que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira va a enviar el caso al Tribunal Supremo al encontrar indicios de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y el diputado Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario y próximo a Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy, aseguran en su entorno, no hará nada hasta que el Supremo dé el paso de imputar a Bárcenas. Sólo entonces decidirá si lo echa o no. "Saldrá de él, dimitirá si llega ese momento", sentencian varios dirigentes que conocen bien al tesorero, y que aseguran que pese a su apariencia exterior de tranquilidad, está sometido a una gran presión.

El problema, explican, no es sólo Luis Bárcenas. El problema se llama Francisco Camps. Una vez más, el doble rasero. Si el tesorero fuera destituido -aunque se vendería como una dimisión- por estar imputado, ¿cómo se explicaría que Camps no haya asumido ninguna responsabilidad por su imputación en el mismo caso?, se preguntan algunos dirigentes, aunque todos asumen que las acusaciones contra el tesorero son mucho más graves -1,3 millones de euros frente a 24.000 en trajes regalados-.

La dimisión de Bárcenas si llega a ser imputado tendría otra consecuencia. Si dejara el acta de senador, y con él dimitiera también Jesús Merino -el otro aforado nacional, Gerardo Galeote, está a punto de dejar de ser eurodiputado-, el Supremo dejaría de tener competencia sobre el asunto, que volvería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los populares consideran a este último un tribunal más favorable a sus intereses, y Bárcenas, si no dimite, estaría arrastrando a todos los imputados del PP, también los ex alcaldes y el ex consejero madrileño, al Supremo.

Otro motivo más para forzar la caída del tesorero, que ya casi todos en el PP asumen, pero que Rajoy insiste en retrasar hasta el último minuto por si ocurre algo -que el Supremo no vea suficientes esos indicios y no impute, por ejemplo- que haga que el problema se resuelva solo, la fórmula preferida, y muchas veces exitosa, del líder para seguir adelante sin asumir demasiados riesgos.

Exceso de optimismo continuado

El día anterior a que EL PAÍS publicara que la fiscalía pedía que el caso se elevara al Supremo tras analizar un nuevo informe de la Agencia Tributaria, todos los miembros de la dirección del PP consultados se mostraban absolutamente convencidos de que Bárcenas quedaría limpio. Esta falta de previsión ha estado en el centro de muchas conversaciones estos días en el partido. Todos ven un principal responsable: Federico Trillo, el gran urdidor, con Rajoy, de la estrategia del PP con el caso Gürtel -primero tratar de convertirlo en un caso Garzón, y ahora cargar contra la fiscalía, la policía, Hacienda, los periodistas o cualquiera que vaya en contra de sus intereses-. El líder consulta con él, que es quien mantiene amistades entre jueces y fiscales conservadores, para saber qué va a pasar. Su exceso de optimismo empieza a ser criticado. Es la segunda vez que el PP se equivoca gravemente.

Durante semanas, basaron su estrategia en que Camps nunca sería imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Cuando lo fue, improvisaron diciendo que la imputación no tiene valor con la nueva legislación, y que "nadie se vende por tres trajes" que fue lo que dijo Rajoy. Ahora vuelve a pasar: la realidad supera las previsiones optimistas.

Algunos miembros de la dirección dicen que sí hay estrategia fijada, que todos los escenarios están contemplados desde el primer momento, incluido el de la imputación de Bárcenas, y que hay decisiones tomadas para cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de los que no están en el corazón de la estrategia -este asunto no se trata ni en las reuniones de la cúpula- creen que el PP debería ponerse ya en lo peor y decir qué hará en cada supuesto.

ELPAÍS.COM

ENCARCELADO EL SÉPTIMO CARGO DE LA ÉPOCA DE JAUME MATAS


ANDREU MARESA - Palma

La corrupción en Baleares penetró en negocios funerarios: tráfico de tumbas, monopolios de ataúdes, obras ficticias en cementerios y facturas falsas en cuentas municipales, según la fiscalía. Bajo la acusación de moverse en supuestos negocios turbios ayer fue encarcelado, preventivamente, el séptimo cargo del PP de la etapa del ex presidente Jaume Matas y de la presidenta del partido en Baleares Rosa Estarás.

Óscar Collado Edo (En la foto), que fue ex director gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma desde 1991 hasta 2007, con el PP, y antes, entre 1983 y 1991, con el PSOE, ingresó en prisión, sin fianza, imputado por el juez por cinco delitos y un presunto enriquecimiento de cientos de miles de euros.

El Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, presentó indicios para sustentar las acusaciones de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad documental. Un empresario detenido quedó en libertad tras explicar los entresijos de esta trama.

Óscar Collado se acomodó al paisaje político, ocupó cargos por UCD en la Transición, después se pasó al PSOE y, finalmente, se adhirió al PP. Los populares dicen que no tienen relación con él, "un funcionario designado por el alcalde socialista Ramón Aguiló". Su hijo, Pablo Collado, imputado en el caso Gürtel, fue alto cargo del Gobierno de Matas.

ELPAÍS.COM

EL CASO DIMAS Y LA ISLA DEL 10 %




REPORTAJE

El fundador del PIL dirigía supuestamente desde la cárcel, con un móvil y un portátil, una red de cobro de comisiones ilegales en Lanzarote

JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife

Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto.

Dimas Martín

A FONDO

Nacimiento:

08-04-1948

Lugar:
(Yarza)

PIL (Partido Independiente de Lanzarote)

A FONDO

Directivo: Dimas Martín (Presidente)

Martín acumula casi media docena de condenas por casos de corrupción

Tres frentes forman parte del esqueleto de la Operación Unión, desarrollada en la isla por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llamada así en referencia a una cafetería de la capital donde se reunían los implicados. Dos de esos frentes estaban dirigidos desde la cárcel por Dimas Martín con un largo historial a sus espaldas de delitos de corrupción.


Los agentes registraron su celda, su casa y dos oficinas que usaba como cuartel general. En su casa, los agentes hallaron, por ejemplo, los documentos del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Yaiza que aún no tenía nadie, ni eran públicos. A Martín se le identifica como el gran muñidor de, en primer lugar, una trama urdida para cobrar comisiones desde el Ayuntamiento de Arrecife, bien si se quería que se abonasen facturas por trabajos realizados, bien si se optaba a licitaciones. Además, aparece como el posible cerebro de la trama alrededor de la golosa redacción del plan urbanístico de Arrecife, para lo que se habría contactado con tres despachos de arquitectos y varios empresarios. Éstos habrían participado en lo que algunos consultados por este periódico definieron como "el supermercado de las licencias", con posibles sobornos a partir de 3.000 euros a cambio de concesiones de suelos, modificaciones de usos del territorio y variaciones en los criterios de edificabilidad. Y todo con Dimas Martín como cerebro tras los barrotes de la cárcel.

Dimas Martín es uno de los 10 hijos de un humilde camionero. Ya en los años ochenta fue de los primeros políticos en ser condenado por cohecho. Sin embargo, accedió a una alcaldía tras haber comprado el voto de un concejal. Ahora acumula casi media docena de condenas por casos relacionados con la corrupción y se le considera el responsable de haber dejado un agujero de más de 12 millones en el complejo agroindustrial de Teguise. Además, ya tiene colocados al menos a seis de sus familiares en distintas administraciones.


Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. El alcalde de Arrecife, el histórico socialista Enrique Pérez Parrilla, destituyó a todos los concejales del PIL en cuanto supo de sus detenciones e imputaciones.

Ese partido respondió dando por rotas las relaciones en otras cuatro corporaciones, pero ninguno de sus consejeros ni concejales abandonó la silla. Horas después, el PSOE rompía los cinco pactos de Gobierno, enviaba a sus socios a la oposición, se queda gobernando en minoría y se arriesga a censuras. "No es lo mismo pactar con un PIL sin Dimas ni ninguno de sus concejales con causas pendientes en la justicia que tener la certeza de que dirigía una trama de comisiones al 10% desde la cárcel", justifica el máximo responsable socialista.

Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.

"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso.

ELPAÍS.COM

UN EMPRESARIO DENUNCIA UNA RED DE SUPUESTOS COBROS ILEGALES EN VALENCIA

La Generalitat investiga el pago de comisiones a cambio de cursos de formación

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), organismo dependiente del Gobierno valenciano, investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de cursos de formación para parados a varias empresas especializadas en esta clase de docencia. La investigación llega después de que un ex socio de una de las empresas denunciase que entre 1998 y 2002 uno de los funcionarios de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del Partido Popular, el 15% del importe de los cursos de formación para parados adjudicados por la Generalitat. El empresario calcula que el sistema de comisiones pudo llegar a alcanzar los tres millones de euros.

El denunciante dice que las cantidades se reclamaban en nombre del PP

La Consejería de Economía de la Generalitat valenciana, de la que depende el Servef, no ha respondido a los requerimientos de este periódico.

Sin embargo, una comunicación de la secretaria general del Servef, Pilar Mañez, da cuenta de que a primeros de año se iniciaron "actuaciones previas en aras a esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles medidas legales a adoptar con arreglo al vigente ordenamiento jurídico".

La denuncia, presentada por un ex socio de una de las empresas que supuestamente pagaron la mordida del 15%, atañe al periodo entre 1998 y 2002, aunque se ha presentado ahora.

Las comisiones supuestamente se pagaban en talones al portador en cantidades que nunca superaban los 3.000 euros (500.000 pesetas de entonces) para evitar que la Agencia Tributaria pudiese rastrearlas.

Las empresas adjudicatarias de los cursos de formación que aceptaron pagar las comisiones llegaron a superar la decena, según la denuncia. Entre ellas figuran las sociedades Eurotutor, Medicontrol e Interlumen.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el funcionario ya jubilado, Fernando Machí, era el encargado de entregar la lista con las empresas seleccionadas para impartir los cursos a los parados. Esta lista, supuestamente, incluía a las empresas que se habían comprometido a pagar la comisión del 15% a cambio de la concesión.

El funcionario aludido, Fernando Machí, negó ayer que hubiese sido requerido por el Servef para aclarar las adjudicaciones. "Siempre ha habido rumores, era habitual que eso ocurriera, pero yo sólo era uno más del comité que adjudicaba los cursos", sentenció.

Machí reconoció que, en la etapa referida, se denunciaron irregularidades en la adjudicación de cursos de formación para parados, pero que ningún juzgado le llamó a declarar. "Está todo como se hizo siempre, a nosotros nos llamaban el 'clan del Inem' y en aquella época se denunció a una serie de empresas porque tenían muchos cursos", explicó el funcionario retirado.

Machí recordó, además, que el superior del que dependía, el entonces director territorial de Formación de la Generalitat en Valencia, Joaquín Vañó, es hoy director gereral de Formación y Cualificación Profesional de la Generalitat.

La denuncia, sin embargo, da detalles precisos sobre el modo de funcionamiento y adjunta varias notas manuscritas. En una de ellas se reclama a las empresas Eurotutor, Medicontrol e Interlumen las comisiones de los cursos para parados que les habían sido adjudicados entre diciembre de 1998 y febrero de 1999. Otro de los documentos adjuntos a la denuncia es un escrito en el que aparecen los números, hechos por el denunciante y por el denunciado, sobre las cantidades entregadas y las pendientes. Según la denuncia, en cuatro años se pudieron llegar a cobrar hasta tres millones de euros.

ELPAÍS.COM

EL EX GERENTE DE LA FUNERARIA DE PALMA EN PRISIÓN, Y SIN FIANZA


Otros dos cargos del PP balear imputados en corrupción

Dos nuevas caras de la corrupción durante la etapa del mandato del PP en Baleares. Óscar Collado Edo, ex director gerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma, y cuyo hijo está imputado en la trama Gürtel, deberá ingresar en prisión, sin fianza. También ha sido acusado José Juan Cardona, consejero del ex presidente Jaume Matas y, actualmente, diputado autonómico.

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Oscar Collado está imputado en presuntas actividades de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental. El hijo de Collado, Pablo Collado Serra, ex alto cargo del Gobierno de Jaume Matas, está imputado en el caso Gürtel, por ser administrador y consejero delegado de una de las empresas de la trama corrupta, Easy Concept Comunicación S.A.

La trama de Collado padre
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha investigado la supuesta trama urdida por Oscar Collado Edo para percibir cobros ilegales en obras no ejecutadas por empresas concesionarias, sobreprecios de ventas de tumbas y monopolios en el suministro ataúdes, que podrían alcanzar cientos de miles de euros.

Los populares Collado
Los populares baleares han alegado que no tiene responsabilidad ni relación con Collado, que es "un funcionario laboral designado por el alcalde socialista Ramón Aguiló". Sin embargo, desde hace casi dos décadas es de conocimiento público que Collado y su familia son activistas de confianza del PP, según El País.

Cardona, el diputado autonómico
José Juan Cardona, que fuera consejero de Jaume Matas y actualmente diputado autonómico, está acusado de liderar una trama corrupta desde la Consejería de Comercio e Industria para apoderarse de "ingentes cantidades de dinero de los fondos públicos". Los fiscales afirman que Cardona puso la firma en más de 130 contratos "ficticios" que facilitaron los desvíos de dinero.

Al estilo Bárcenas y Camps
En este caso, el PP balear ha reaccionado con una defensa a ultranza, al estilo de la dirección del partido en Madrid (con su tesorero, Luis Bárcenas) y en Valencia (con Francisco Camps) respecto las implicaciones en el caso Gürtel.

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