martes, 9 de junio de 2009

OPERACIÓN GÜRTEL: CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Garzón y 10 de los implicados en la 'operación Gürtel'. (Imagen: 20MINUTOS.ES)

* Hay 55 imputados, 52 en libertad y tres en prisión.
* Tres alcaldes del PP y un director de Ayuntamiento han dimitido.
* Claves para entender la trama de corrrupción.

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* Corrupción

SUSANA ELGUEA.

La 'operación Gürtel' (correa en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa considerado el líder de la trama de corrupción), ha costado ya el puesto tres alcaldes, una concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de Ayuntamiento, y dos cargos de confianza. Todos son del PP. Este es el desarrollo cronológico para entender la presunta red de corrupción y connivencia entre empresas y políticos.

06 de febrero: La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después de sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.

8 de febrero: Salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

09 de febrero: Ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal.



Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.

10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama.

El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.

12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.

19 de febrero: Dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama.

Camps comparece esa misma mañana para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus "20 años de vida pública al servicio del interés general".

20 de febrero: Nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.

En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dieron el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.

25 de febrero: Con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Lejos de celebrarlo, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.


5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso 'Gürtel' y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).

Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados. Por ahora, sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

6 de marzo: El caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.


Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, ha presentado la dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel.

El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada 'popular' Ana Mato.

15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indicó que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.

17 de marzo: Los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.

27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los dejó en libertad.

31 de marzo: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

2 de abril. El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.



14 de abril. La Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.

5 de mayo. El Partido Popular suspendió cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adoptó el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.

7 de mayo. El juez Antonio Pedreira impuso una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

14 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha citado para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.

18 de mayo. El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha trasladado al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP han arropado a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.

19 de mayo. El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa declara por el 'caso Gürtel' y asegura que su comportamiento ha sido legal.

20 de mayo. Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.

21 de mayo. Detenido en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.

José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.

22 de mayo. Nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.

9 de junio. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, ha impuesto una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.

20MINUTOS.ES

EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 1.800.000 EUROS A GONZÁLEZ PANERO



El ex alcalde de Boadilla del Monte, González Panero (Efe).

SOCIEDAD

corrupción Gürtel, fianza

Efe.-

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el "caso Gürtel" una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, ha impuesto una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero.

La fianza al ex regidor de la localidad madrileña, a quien el juez imputa los delitos de delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, es la más elevada impuesta hasta ahora por el magistrado a los imputados por el "caso Gürtel" para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran resultar de su actuación.

Hasta ahora, la fianza más alta era la de un millón de euros fijada al ex concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, padre del eurodiputado de este partido Gerardo Galeote. Pedreira también impuso una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y de 750.000 euros al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

González Panero, que esta mañana ha comparecido durante menos de una hora ante el magistrado, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto del sumario. "Hay un secreto de sumario que además en muchos casos no se está cumpliendo y yo no lo voy a romper", ha dicho a la prensa a su salida del tribunal.

Según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en una reunión entre Martín Vasco y los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, se habló de las entregas de cantidades de dinero a González Panero, entre otros.

En la contabilidad de la Caja B de la trama se recogen esos supuestos pagos, que ascienden a un importe de 510.000 euros, realizados a través del vicepresidente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales, hombre de confianza de González Panero. Según Garzón, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa de Correa Town Consulting SL, la actual Easy Concept Comunicación SL, así como en la adjudicación del proyecto de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte a la empresa Hispánica.

González Panero fue uno de los primeros imputados en este caso por el juez de la Audiencia Nacional y tras su imputación renunció, junto al número dos de su lista, al cargo de alcalde de Boadilla del Monte y a su militancia en el PP el 10 de febrero.

El ex regidor de la localidad madrileña tampoco declaró ante Garzón y dijo que lo haría cuando se dilucidara qué tribunal era finalmente competente en esta investigación, por lo que el juez de la Audiencia Nacional le impuso comparecencias semanales en el Juzgado hasta que se inhibió del caso a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados autonómicos implicados.


ELCONFIDENCIAL.COM

EL CEREBRO DE LA GÜRTEL PODRÍA HABER CANTADO ANTE EL JUEZ


Correa y Crespo ha pasado de negarlo todo a colaborar con la Justicia




El presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, y el ex dirigente del PP Pablo Crespo, ambos encarcelados en Soto del Real por su implicación en la trama de corrupción vinculada al PP, habrían empezado a cantar ante el juez todo lo que saben, según publica hoy el digital ExtraConfidencial.com. Al parecer, han decidido cambiar de estrategia y han pasado de negarlo todo ante el juez Garzón a reconocer los hechos y colaborar con la Justicia.


Reproducimos por su interés lo publicado en ExtraConfidencial.com

"Francisco Correa y Pablo Crespo están imputados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad en la conocida como Operación Gürtel que instruyó el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Ahora, comparten celda en la madrileña cárcel de Soto del Real. Fuentes penitenciarias aseguraron a este periódico que Correa podría tener tendencias suicidas y es su compañero Crespo el encargado de tranquilizarle.

Pero tanto Correa como Crespo podrían haber decidido cambiar la estrategia de su defensa. Y así lo han hecho en su segunda declaración ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): variar su primera estrategia, la que siguieron ante Baltasar Garzón de negar todos los hechos que se les imputaban. Ahora, la mecánica ha sido diferente. En la mencionada segunda declaración manifestar todo su conocimiento con respecto a todos los hechos de los que son imputados en una clara colaboración con la Justicia.

Malas experiencias
Pablo Crespo no ha sido indiferente al hecho. En concreto, sufrió en sus carnes la angustia que provoca el quedarse en la calle sin apenas ingresos y las maniobras de algunos políticos cuando trabajas con ellos, como le ocurrió a él tras ser cesado como jefe de Gabinete de José Cuiña, ex consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia. Pablo Crespo conoce los vaivenes de la política desde su padre que fue brazo derecho del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, en Galicia. Casualidades de la vida. Ahora, no quiere que le pille dos veces el mismo toro.

El caso es que, según ha podido saber este periódico de fuentes de absoluta solvencia, tanto Crespo como Correa, este por influencia de aquel, tras prestar una primera declaración ante el magistrado Baltasar Garzón en la que no aceptaron ninguno de los delitos que se les imputan, habrían decidido contar toda su verdad. Y ¿quién es el artífice de este milagro? Un misterio que desvelaremos en nuestra edición de mañana.

ELPLURAL.COM

EL FISCAL PIDE QUE EL "CASO SCALA" PASE AL TSJB PARA ENJUICIAR A CARDONA

ACOSO A LA CORRUPCIÓN. ANTICORRUPCIÓN IMPUTA VARIOS DELITOS AL DIPUTADO DEL PP

Josep Juan Cardona y su abogado Josep Zaforteza, en los juzgados de Vía Alemania. Foto: M.Massuti

La magistrada de instrucción 4 tendrá que decidir si plantea una exposición motivada

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. La fiscalía anticorrupción ha pedido formalmente a la jueza de instrucción 4 de Palma que se inhiba del caso Scala, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al CDEIB (el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de Balears en el anterior Govern del PP), ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y de cara al enjuiciamiento del hoy diputado autonómico del PP Josep Juan Cardona. Anticorrupción imputa al ex conseller de Comercio Cardona los delitos de malversación de caudales, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y fraude a la administración, por un lado, y, por otro, lo relaciona con el pago de gastos electorales del PP con fondos públicos.

Los fiscales delegados de anticorrupción en Balears Pedro Horrach y Juan Carrau han redactado un pormenorizado escrito donde reseñan los indicios que existen contra Cardona, defendido por Josep Zaforteza y Alberto García. Cardona ya figura como imputado en el sumario que instruye la magistrada Piedad Marín. Pero para avanzar en la causa, dictar la apertura de juicio oral contra él, acusarle formalmente y enjuiciarlo es competente la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB, dada su condición de diputado aforado. La magistrada tendrá que decidir ahora si eleva al Alto Tribunal una exposición razonada sobre la conveniencia de encausar a Cardona.

Estudios y trípticos

Cardona, por un lado, está imputado como presunto responsable por no hacer nada para impedirlo, o participar activamente, de la supuesta trama que entre 2003 y 2007 se dedicó a saquear los fondos del CDEIB y desviar cientos de miles de euros a los bolsillos particulares de los principales responsables de la organización o sus familiares, entre ellos Antònia Ordinas, ex gerente del consorcio; su esposa, la soprano e historiadora Isabel Roselló; y el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene. También un reducido grupo de empresarios, publicistas y consultores externos consiguieron miles de euros de fondos del Govern por su presunta implicación en la trama: ya sea pagando comisiones a la cúpula del organismo, cargando sobrecostes o mediante estudios o informes absurdos, a veces copiados de internet, o beneficiándose de substanciosas contratas. Cardona también es sospechoso de pagar con dinero público el envío a Eivissa de miles de trípticos electorales del PP ibicenco, que el presidía.

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diariodemallorca.es

EL VIAJE A MIAMI DE LA MOCIÓN DE PINTO

Un empresario de «El Espacio del Motor» y el testaferro que compró la casa del concejal tránsfuga viajaron juntos seis meses antes del cambio de gobierno


El desembarco del PSOE en el Ayuntamiento, el pasado mes de diciembre se fraguó en los despachos.

Madrid - Marta Palacio

Uno prestó el dinero, otro compró la casa, el siguiente la puso a su nombre, el tránsfuga «picó» y los últimos se beneficiaron de la operación. Como si se tratara de una fábula, en la historia de la moción de censura de Pinto hubo varios actores con diferentes papeles.

El objetivo: conseguir que el concejal independiente, Reyes Maestre, (que tiene la llave del Ayuntamiento de Pinto) renegara del PP y apoyara a PSOE e IU en el «asalto» a la Alcaldía que preparaban en diciembre de 2008. Una maniobra política cuyo trasfondo investiga el Juzgado número siete de Parla, y que comenzó unos meses antes del día de la moción.

La casa, el gancho
El principal escollo para que Maestre cambiara de bando político se llamaba «El Espacio del Motor», un desarrollo urbanístico que PSOE, IU y un grupo de empresarios planeaba construir en Pinto. Maestre estaba en contra, sin embargo, este concejal pasaba por apuros económicos, una circunstancia que se supo aprovechar.

En marzo de 2008, nueve meses antes de la moción de censura, Alfonso Escribano, (gestor de algunos de los bienes de los empresarios de «El Espacio») compró a Reyes Maestre la casa que tenía en Pinto: una operación que liberó al concejal de la hipoteca que tenía esta vivienda, un gasto que cada vez se le hacía más difícil de asumir, ya que por entonces había adquirido otra al menos tres veces más grande en Toledo.

La casa de Maestre se puso a nombre de Alfonso y de su mujer, pero el pago (335.000 euros), a través de un cheque lo asumió otro de los «actores»: un empresario llamado Pedro Gonzalo Daganzo. Sin embargo, el dinero no era de Daganzo. Los empresarios promotores de «El Espacio del Motor», el desarrollo urbanístico que Maestre rechazaba, extendieron a Daganzo unos meses antes un cheque en forma de préstamo con el que Daganzo pagó parte de la casa del concejal tránsfuga.

Daganzo y los hermanos López Trueba de «El Espacio del Motor», los empresarios que le dieron el dinero con el que se compró la vivienda de Reyes Maestre, sonviejos conocidos. Según pudo saber LA RAZÓN, la relación entre los López Trueba y Daganzo es prácticamente de hermanos. Tanto es así que en junio de 2008, la familia de Gonzalo Daganzo y la de Alberto López Trueba viajaron juntos a Miami, seis meses antes de la moción. El empresario que puso el dinero y el testaferro que adquirió la vivienda, junto a sus mujeres e hijos pasaron unos días en Florida, justo después de realizar la maniobra urbanística que acabó de convencer a Maestre para que apoyara el proyecto de «El Espacio del Motor» y arrebatara la Alcaldía de Pinto al PP, para dársela al PSOE e IU.

LARAZÓN.ES

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROSIGUE LA INSTRUCCIÓN PARA DETERMINAR SI HUBO IRREGULARIDADES CONTABLES EN PINTO

El Tribunal de Cuentas comunicó al Partido Popular de Pinto que "prosigue la instrucción" para determinar si se produjeron presuntas "irregulares contables y presupuestarias" en la gestión del Ayuntamiento de la localidad durante los últimos cinco años, periodo en que gobernó PSOE e IU.

Según informaron a Europa Press fuentes del PP, la Sección Segunda de Enjuiciamiento del Tribunal dictó un auto el pasado 26 de mayo para designar un instructor a propuesta de Ministerio fiscal, para que practicase "las diligencias oportunas en la averiguación de los hechos puestos de manifiesto en la documentación presentada por el Partido Popular".


Las actuaciones del Tribunal de Cuentas se centran en los informes aportados por el PP sobre los departamentos de Intervención y Tesorería municipal en los que se refleja -según los populares- que "las decisiones del Gobierno (PSOE e IU) incurrían en irregularidades como el reparo de legalidad, la prelación de pagos, el fraccionamiento de contratos, la no consignación presupuestaria, la carencia de justificación en las subvenciones y la consiguiente vulneración de la Ley de Contrataciones del Sector Público". El alcalde de Pinto, Juan José Martín (PSOE), volvió a reiterar hoy que el Ejecutivo municipal se encuentra "muy tranquilo" ante la última comunicación. "Todas las cuentas están previamente fiscalizadas por la Intervención y la Cámara de Cuentas", precisó al respecto.

La denuncia de los populares ante el Tribunal se produjo después de que el Gobierno local (PSOE, IU y 'Juntos por Pinto') decidiese llevar a esta entidad las denuncia por los gastos sin consignación presupuestaria por valor de 1.077.138 euros, las facturas sin aprobación previa por importe de 11.522 euros y el casi millar de expedientes que contaron con informes desfavorables de Intervención o Tesorería. En este contexto, el PP recordó que la documentación aportada "incluye abundante documentación sobre el programa de hermanamiento con Pinto-Argentina y las subvenciones a la Fundación Pinares".

LARAZÓN.COM