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| El ex jefe de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel. | Cabanillas |
El ex jefe de de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel, ha declarado este lunes que "nunca" supo nada de la detención del ex asesor urbanístico en el marco del llamado caso 'Saqueo 1', ocurrida en abril de 2002.
Hachuel, que se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio oral del caso 'Malaya', asegura que tampoco supo nada de las numerosas imputaciones que recaían sobre el que fuera su jefe entre septiembre de 2004 y finales de marzo de 2006, cuando el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó los arrestos, incluido el suyo, por la trama de presunta corrupción municipal.
El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, se ha interesado en conocer los pormenores de la compra de ocho teléfonos encriptados que Hachuel adquirió, a 4.000 euros la unidad, para que Roca y algunos de sus testaferros acusados los usaran.
"Eran para evitar que sus conversaciones fueran interceptadas por periodistas, porque en aquel tiempo eran muy habituales ese tipo de escuchas ilegales", ha respondido Hacuel al fiscal cuando se le ha preguntado por los fines que se perseguían con el uso de los terminales.
Este exagente de la Guardia Real ha puesto como ejemplo el caso de "periodistas ingleses encarcelados por interceptar 600 conversaciones de la familia real británica". La tesis del Ministerio Público es bien diferente. Sospecha que Roca de quien pretendía protegerse era de investigaciones policiales o judiciales que desembocaran en la intervención legítima de sus teléfonos, como así ocurrió en el caso 'Malaya'.
Hachuel, que se enfrenta a tres años de prisión y una multa de 100 millones de euros por blanqueo de capitales, ha respondido al fiscal que "si hubiera tenido la más mínima sospecha de que se trataba de impedir el acceso a las comunicaciones de la autoridad judicial, no lo hubiera hecho y no le hubiera proporcionado esos teléfonos al señor Roca".
Como ya desveló EL MUNDO, Hachuel es cuñado del ex secretario general del Partido Andalucista, Julián Alvarez, y comenzó a trabajar con Roca tras la recomendación del líder del PA en Marbella y teniente de alcalde Carlos Fernández, prófugo de la Justicia desde junio de 2006, fecha en la que se ordenó su arrresto.
El acusado encargado de velar por la seguridad del exgerente de Urbanismo fue detenido en la localidad madrileña de Getafe -meses antes de desencadenarse la operación 'Malaya'- junto a Oscar Benavente, uno de los testaferros de Roca. Ambos transportaban en un vehículo 2 millones de euros en metálico, producto de un préstamo en dinero negro efectuado por el empresario también acusado Ismael Pérez Peña. Dichas detenciones fueron posibles gracias a las escuchas telefónicas que ya efectuaba la Policía a instancia del juez Torres.
A lo largo de la declaración de Hachuel también han salido a relucir las labores de inspección de matrículas de vehículos que hacía para Roca: "Era para evitar secuestros y extorsiones a él y a su familia". Asimismo ha recordado el coche bomba que ETA explosionó en Marbella, en junio de 2002, en las inmediaciones del domicilio del entonces responsable municipal de Urbanismo.
"¿Usted hizo gestiones ante Policía, Guardia Civil o Policía Local?", ha preguntado el fiscal a Hachuel. Éste ha respondido que "haría dos llamadas". La acusación pública sostiene que la actividad del responsable de Seguridad no sólo consistía en averiguar datos sobre vehículos que podían investigar a su jefe, sino también personas, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ha llamado especialmente la atención el hecho de que el acusado haya relatado unas amenazas que recibió la familia Roca, mediante un documento anónimo en el que sus cabezas aparecían cortadas "en un montaje tipo collage".
En su afán de negar cualquier conocimiento sobre hechos delictivos relacionados con el GIL, Jaime Hachuel -residente en Marbella desde 1998- ha declarado que tampoco se enteró del sonado robo de sumarios de Jesús Gil, ocurrido en los juzgados de la localidad en agosto de 2001.
Tampoco tuvo noticia del no menos relevante suicidio del agente judicial Francisco Calero. Él fue el único detenido por la sustracción y borrado informático de los expedientes y aprovechó un descuido de la Policía para arrojarse al vacío desde su vivienda, un quinto piso.
El fiscal López Caballero también se ha interesado en conocer el contenido de un cd, incautado a Hachuel, con el título 'conversación IGM'. Son supuestamente las iniciales de la entonces primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. El acusado ha expuesto que lo que él hizo fue "descargar el archivo de un cd", pero no participó en la grabación de dicha conversación.
De la declaración de este acusado se desprende claramente, tal y como consta en el sumario, que Juan Antonio Roca estaba obsesionado con su seguridad personal, así como la protección de sus comunicaciones, tanto en sus oficinas privadas de Maras Asesores como en la sede municipal Planeamiento 2000 S.L. De hecho, encargó a Hachuel hacer barridos para detectar micrófonos ocultos.
Hachuel, que se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio oral del caso 'Malaya', asegura que tampoco supo nada de las numerosas imputaciones que recaían sobre el que fuera su jefe entre septiembre de 2004 y finales de marzo de 2006, cuando el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ordenó los arrestos, incluido el suyo, por la trama de presunta corrupción municipal.
El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, se ha interesado en conocer los pormenores de la compra de ocho teléfonos encriptados que Hachuel adquirió, a 4.000 euros la unidad, para que Roca y algunos de sus testaferros acusados los usaran.
"Eran para evitar que sus conversaciones fueran interceptadas por periodistas, porque en aquel tiempo eran muy habituales ese tipo de escuchas ilegales", ha respondido Hacuel al fiscal cuando se le ha preguntado por los fines que se perseguían con el uso de los terminales.
Este exagente de la Guardia Real ha puesto como ejemplo el caso de "periodistas ingleses encarcelados por interceptar 600 conversaciones de la familia real británica". La tesis del Ministerio Público es bien diferente. Sospecha que Roca de quien pretendía protegerse era de investigaciones policiales o judiciales que desembocaran en la intervención legítima de sus teléfonos, como así ocurrió en el caso 'Malaya'.
Hachuel, que se enfrenta a tres años de prisión y una multa de 100 millones de euros por blanqueo de capitales, ha respondido al fiscal que "si hubiera tenido la más mínima sospecha de que se trataba de impedir el acceso a las comunicaciones de la autoridad judicial, no lo hubiera hecho y no le hubiera proporcionado esos teléfonos al señor Roca".
Como ya desveló EL MUNDO, Hachuel es cuñado del ex secretario general del Partido Andalucista, Julián Alvarez, y comenzó a trabajar con Roca tras la recomendación del líder del PA en Marbella y teniente de alcalde Carlos Fernández, prófugo de la Justicia desde junio de 2006, fecha en la que se ordenó su arrresto.
El acusado encargado de velar por la seguridad del exgerente de Urbanismo fue detenido en la localidad madrileña de Getafe -meses antes de desencadenarse la operación 'Malaya'- junto a Oscar Benavente, uno de los testaferros de Roca. Ambos transportaban en un vehículo 2 millones de euros en metálico, producto de un préstamo en dinero negro efectuado por el empresario también acusado Ismael Pérez Peña. Dichas detenciones fueron posibles gracias a las escuchas telefónicas que ya efectuaba la Policía a instancia del juez Torres.
A lo largo de la declaración de Hachuel también han salido a relucir las labores de inspección de matrículas de vehículos que hacía para Roca: "Era para evitar secuestros y extorsiones a él y a su familia". Asimismo ha recordado el coche bomba que ETA explosionó en Marbella, en junio de 2002, en las inmediaciones del domicilio del entonces responsable municipal de Urbanismo.
"¿Usted hizo gestiones ante Policía, Guardia Civil o Policía Local?", ha preguntado el fiscal a Hachuel. Éste ha respondido que "haría dos llamadas". La acusación pública sostiene que la actividad del responsable de Seguridad no sólo consistía en averiguar datos sobre vehículos que podían investigar a su jefe, sino también personas, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ha llamado especialmente la atención el hecho de que el acusado haya relatado unas amenazas que recibió la familia Roca, mediante un documento anónimo en el que sus cabezas aparecían cortadas "en un montaje tipo collage".
En su afán de negar cualquier conocimiento sobre hechos delictivos relacionados con el GIL, Jaime Hachuel -residente en Marbella desde 1998- ha declarado que tampoco se enteró del sonado robo de sumarios de Jesús Gil, ocurrido en los juzgados de la localidad en agosto de 2001.
Tampoco tuvo noticia del no menos relevante suicidio del agente judicial Francisco Calero. Él fue el único detenido por la sustracción y borrado informático de los expedientes y aprovechó un descuido de la Policía para arrojarse al vacío desde su vivienda, un quinto piso.
El fiscal López Caballero también se ha interesado en conocer el contenido de un cd, incautado a Hachuel, con el título 'conversación IGM'. Son supuestamente las iniciales de la entonces primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. El acusado ha expuesto que lo que él hizo fue "descargar el archivo de un cd", pero no participó en la grabación de dicha conversación.
De la declaración de este acusado se desprende claramente, tal y como consta en el sumario, que Juan Antonio Roca estaba obsesionado con su seguridad personal, así como la protección de sus comunicaciones, tanto en sus oficinas privadas de Maras Asesores como en la sede municipal Planeamiento 2000 S.L. De hecho, encargó a Hachuel hacer barridos para detectar micrófonos ocultos.
elmundo.es
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