domingo, 27 de marzo de 2011

LA JUEZA AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A MÁS DE 100 ERE QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEJÓ DE PAGAR

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Mercedes Alaya, la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, ha ampliado sus pesquisas a los 176 ERE que contaron con ayudas públicas entre 2001 y 2010.

El Ejecutivo andaluz ha llevado a cabo una investigación interna sobre los 68 ERE vivos que está pagando actualmente, y en los que ha hallado 183 irregularidades administrativas, entre ellas 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

Sin embargo, la magistrada va más allá y ha ampliado su investigación a todos los expedientes subvencionados por la Junta, incluidos los ERE muertos que el Gobierno autónomo ya finalizó de pagar. La investigación de los ERE se inició tras detectar irregularidades en la empresa Mercasevilla. Ahora, la policía ha recabado en Barcelona, Sevilla y Jerez la documentación de miles de trabajadores prejubilados en 176 expedientes en las consultoras que han tramitado estas ayudas: Vitalia, que gestionó 120 ERE, y Uniter, encargada de 56 expedientes desde 2001.

La ingente información incluye las pólizas y boletines de adhesión (cuadro de pagos) de miles de trabajadores prejubilados. Curiosamente, el PP volvió a pedir ayer que la investigación de la Junta se extienda a los ERE que ya están caducados. El secretario general popular, Antonio Sanz, calificó de "indecencia" que la Junta dé por finalizada las pesquisas internas.

"La documentación que deberá intervenirse será toda la relativa a las pólizas de seguros de rentas colectivas (...) que hayan sido financiadas o cofinanciadas por la Junta", aclara la juez en un auto del pasado 20 de enero. Sobre la inclusión en los expedientes de los intrusos, un día antes la policía, que ya ha detenido a 15 personas de la trama, aclara: "Gran parte de estos fraudes han sido llevados a cabo por empleados de la compañía mediadora Vitalia". Mientras, la Junta cumplió ayer con el plazo de 48 horas que la juez había dado para enviar más información, sobre todo informes de la Intervención General.

elpaís.com

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