La Intervención alertó a Empleo de un «desfase» de 44,5 millones
ANTONIO R. VEGA / SEVILLALa Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió ya en 2005 a las consejerías de Hacienda, bajo el mando de José Antonio Griñán, y de Empleo, que dirigía Antonio Fernández, de que algunas ayudas para expedientes de regulación de empleo destinadas a empresas, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), estaban infladas. La jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga un fraude relacionado con la gestión de estos fondos por parte de la Junta, que manejó más de 647 millones entre 2001 y 2010, al hallar al menos 72 «intrusos».
El coste real de las pólizas que destinaba el IFA para prejubilar a los trabajadores afectados no cuadraba con la subvención que luego se cargaba en los presupuestos. En algunos casos, el organismo instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo tramitó ayudas por un importe inferior al dinero que se imputaba en las arcas. En concreto, la Intervención pone como ejemplo las ayudas sociolaborales concedidas a la firma textil Hytasal, que se fijaron en 10,5 millones de euros, cuando en realidad «el importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10,28 millones», expone, sin que existan datos objetivos que sustenten el desfase. No se trata de un caso aislado. Después de hacer una selección y examinar 20 convenios de los 144 tramitados por la Junta entre 2001 y 2004, el órgano fiscalizador concluye que «las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de los convenios», por lo que «existen dudas razonables sobre la correcta tramitación de los expedientes no seleccionados». Enumera 18 anomalías, entre otras, que no se daba publicidad a las ayudas, no se exigía a las firmas una memoria justificativa de las mismas, el plazo de ejecución o carecían de «fiscalización previa».
Hacienda hizo caso omiso al informe del órgano fiscalizador, pese a ser avisada con tres informes consecutivos, entre 2005 y 2007, sobre esta y otras múltiples «deficiencias» que cuestionaban el procedimiento para tramitar las subvenciones y advertía descuadres en las ayudas.
Un acuerdo suscrito en julio de 2001 por el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, quien destapó en su declaración policial la existencia de un «fondo de reptiles», puso en marcha este polémico sistema de gestión de los fondos públicos.
La gestión contable de los fondos estaba plagada de sombras. De hecho, la Intervención avisó en 2005 de que el IFA se comprometió a través de convenios con firmas a darles 206,38 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2004, de las cuales 44,46 millones no tenían siquiera «cobertura en los presupuestos de la Junta».
El coste real de las pólizas que destinaba el IFA para prejubilar a los trabajadores afectados no cuadraba con la subvención que luego se cargaba en los presupuestos. En algunos casos, el organismo instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo tramitó ayudas por un importe inferior al dinero que se imputaba en las arcas. En concreto, la Intervención pone como ejemplo las ayudas sociolaborales concedidas a la firma textil Hytasal, que se fijaron en 10,5 millones de euros, cuando en realidad «el importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10,28 millones», expone, sin que existan datos objetivos que sustenten el desfase. No se trata de un caso aislado. Después de hacer una selección y examinar 20 convenios de los 144 tramitados por la Junta entre 2001 y 2004, el órgano fiscalizador concluye que «las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de los convenios», por lo que «existen dudas razonables sobre la correcta tramitación de los expedientes no seleccionados». Enumera 18 anomalías, entre otras, que no se daba publicidad a las ayudas, no se exigía a las firmas una memoria justificativa de las mismas, el plazo de ejecución o carecían de «fiscalización previa».
Hacienda hizo caso omiso al informe del órgano fiscalizador, pese a ser avisada con tres informes consecutivos, entre 2005 y 2007, sobre esta y otras múltiples «deficiencias» que cuestionaban el procedimiento para tramitar las subvenciones y advertía descuadres en las ayudas.
Un acuerdo suscrito en julio de 2001 por el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, quien destapó en su declaración policial la existencia de un «fondo de reptiles», puso en marcha este polémico sistema de gestión de los fondos públicos.
La gestión contable de los fondos estaba plagada de sombras. De hecho, la Intervención avisó en 2005 de que el IFA se comprometió a través de convenios con firmas a darles 206,38 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2004, de las cuales 44,46 millones no tenían siquiera «cobertura en los presupuestos de la Junta».
«Valor indicativo»
Empleo no sólo conocía desde 2005 que el trámite para dar estas subvenciones era irregular, sino que se armó de argumentos —recurriendo a juristas— para defender su cuestionado sistema de concesión de las ayudas ante el citado órgano fiscalizador. En concreto, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, presentó una batería de alegaciones contra su informe para mantener el «modus operandi» de las ayudas. El viceconsejero, en un informe al que ha tenido acceso ABC, llega a justificar el desvío de fondos a fines distintos a los fijados en los convenios con empresas que regulaban las ayudas a los ERE. Así, defiende que «el Instituto de Fomento de Andalucía, como hizo en determinadas ocasiones, aplicó estos recursos a otras finalidades que las contenían en los propios convenios», ya que éstos tenían un valor «meramente indicativo».
Empleo no sólo conocía desde 2005 que el trámite para dar estas subvenciones era irregular, sino que se armó de argumentos —recurriendo a juristas— para defender su cuestionado sistema de concesión de las ayudas ante el citado órgano fiscalizador. En concreto, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, presentó una batería de alegaciones contra su informe para mantener el «modus operandi» de las ayudas. El viceconsejero, en un informe al que ha tenido acceso ABC, llega a justificar el desvío de fondos a fines distintos a los fijados en los convenios con empresas que regulaban las ayudas a los ERE. Así, defiende que «el Instituto de Fomento de Andalucía, como hizo en determinadas ocasiones, aplicó estos recursos a otras finalidades que las contenían en los propios convenios», ya que éstos tenían un valor «meramente indicativo».
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