Europa Press | Málaga
El PSOE y el Partido Estepona (PES) trataron de cerrar convenios urbanísticos antes de las elecciones para beneficiarse. Además, muchos de estos acuerdos se basaban en infravaloraciones de suelos, según se desprende del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en Estepona.
Así, según uno de los tomos del sumario, cuyo secreto se levantó este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, tanto miembros del PSOE como del PES trataron "de cerrar todos los proyectos urbanísticos que pudieron antes de las elecciones por si acaso no salían reelegidos y no podían cobrar los beneficios que suponía el cierre de dichos proyectos".
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Según se señala, "dichas valoraciones a precio inferior de mercado serían un contrasentido, ya que saldrían beneficiadas las mercantiles firmantes del convenio y no el Ayuntamiento, pero si atendemos a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".
De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". Estos pagos "en ocasiones se realizarían mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni de la mercantil" o bien "facturándose a otras empresas manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".
Según los investigadores, "se podría pensar que el único beneficiario seguiría siendo el pueblo de Estepona a través del Ayuntamiento, por lo que no tendría sentido que se realizaran aportaciones dinerarias sin contabilizar por el Ayuntamiento a no ser que con dichas aportaciones salieran beneficiadas económicamente las personas que conforman dicho Ayuntamiento".
Del sumario se desprende que en las solicitudes de dinero por parte del Ayuntamiento a los empresarios "el solicitante suele indicar al empresario qué licencias tiene pendientes de conceder, las cuales, podrían verse retrasadas e incluso ser anuladas si el empresario no se aviniera a colaborar en el gasto".
Información 'privilegiada'
Los investigadores abordan también el papel de los técnicos municipales en la gestión urbanística que se venía realizando en el Ayuntamiento. En el caso de Javier Wittmeur, que fue detenido e ingresó en prisión durante varios meses, los denunciantes, el actual alcalde de Estepona y concejal entonces, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez, manifiestan que la directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, les aseguró que "muchas de las valoraciones efectuadas por Javier Wittmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados".
Algunos técnicos municipales, continúa el sumario, podrían "estar utilizando información privilegiada en su vida profesional independiente del Ayuntamiento parar obtener algún tipo de beneficio", e incluso, en algunos casos, aseguran que algún técnico "podría estar siendo retribuido por extralimitarse en sus funciones".
Del mismo modo, en otro punto del sumario, se relacionan los pagos que algunos técnicos municipales imputados en el caso habrían recibido de varias mercantiles. También investigan los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional la compraventa de terrenos por parte de miembros del Ayuntamiento o familiares de los mismos.
Terrenos
Entre los casos analizados destacan el de Atalaya Park. Según explican en el sumario, una mercantil en la que participa un familiar del edil Francisco Zamorano -expulsado del PSOE- compró el 17 de diciembre de 2004 dos fincas en Atalaya Park por 751.260 euros, terrenos que se vendieron el 15 de septiembre de 2006 por 3,6 millones, "más de cuatro veces su valor inicial" y que el 7 de noviembre se vendieron a otra mercantil por 6,1 millones.
Según los investigadores "en menos de dos años, unos terrenos multiplicaron su valor casi 10 veces, siendo la propietaria en algún momento de dichos terrenos una sociedad que podríamos considerar como patrimonial pues su único fin parece ser el gestionar la compraventa de dichos terrenos, la cual estaría directamente relacionada con un miembro del Ayuntamiento, Francisco Zamorano".
Además
* Levantan el secreto de sumario sobre siete tomos más
* Piden la nulidad por falta de instrucción policial
* Una deuda municipal de 160 millones
ELMUNDO.ES
Así, según uno de los tomos del sumario, cuyo secreto se levantó este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, tanto miembros del PSOE como del PES trataron "de cerrar todos los proyectos urbanísticos que pudieron antes de las elecciones por si acaso no salían reelegidos y no podían cobrar los beneficios que suponía el cierre de dichos proyectos".
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Según se señala, "dichas valoraciones a precio inferior de mercado serían un contrasentido, ya que saldrían beneficiadas las mercantiles firmantes del convenio y no el Ayuntamiento, pero si atendemos a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".
De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". Estos pagos "en ocasiones se realizarían mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni de la mercantil" o bien "facturándose a otras empresas manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".
Según los investigadores, "se podría pensar que el único beneficiario seguiría siendo el pueblo de Estepona a través del Ayuntamiento, por lo que no tendría sentido que se realizaran aportaciones dinerarias sin contabilizar por el Ayuntamiento a no ser que con dichas aportaciones salieran beneficiadas económicamente las personas que conforman dicho Ayuntamiento".
Del sumario se desprende que en las solicitudes de dinero por parte del Ayuntamiento a los empresarios "el solicitante suele indicar al empresario qué licencias tiene pendientes de conceder, las cuales, podrían verse retrasadas e incluso ser anuladas si el empresario no se aviniera a colaborar en el gasto".
Información 'privilegiada'
Los investigadores abordan también el papel de los técnicos municipales en la gestión urbanística que se venía realizando en el Ayuntamiento. En el caso de Javier Wittmeur, que fue detenido e ingresó en prisión durante varios meses, los denunciantes, el actual alcalde de Estepona y concejal entonces, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez, manifiestan que la directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, les aseguró que "muchas de las valoraciones efectuadas por Javier Wittmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados".
Algunos técnicos municipales, continúa el sumario, podrían "estar utilizando información privilegiada en su vida profesional independiente del Ayuntamiento parar obtener algún tipo de beneficio", e incluso, en algunos casos, aseguran que algún técnico "podría estar siendo retribuido por extralimitarse en sus funciones".
Del mismo modo, en otro punto del sumario, se relacionan los pagos que algunos técnicos municipales imputados en el caso habrían recibido de varias mercantiles. También investigan los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional la compraventa de terrenos por parte de miembros del Ayuntamiento o familiares de los mismos.
Terrenos
Entre los casos analizados destacan el de Atalaya Park. Según explican en el sumario, una mercantil en la que participa un familiar del edil Francisco Zamorano -expulsado del PSOE- compró el 17 de diciembre de 2004 dos fincas en Atalaya Park por 751.260 euros, terrenos que se vendieron el 15 de septiembre de 2006 por 3,6 millones, "más de cuatro veces su valor inicial" y que el 7 de noviembre se vendieron a otra mercantil por 6,1 millones.
Según los investigadores "en menos de dos años, unos terrenos multiplicaron su valor casi 10 veces, siendo la propietaria en algún momento de dichos terrenos una sociedad que podríamos considerar como patrimonial pues su único fin parece ser el gestionar la compraventa de dichos terrenos, la cual estaría directamente relacionada con un miembro del Ayuntamiento, Francisco Zamorano".
Además
* Levantan el secreto de sumario sobre siete tomos más
* Piden la nulidad por falta de instrucción policial
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