martes, 29 de septiembre de 2009

IMPUTADO EL ALCALDE DE CARTAYA POR AUTORIZAR PISOS SIN QUE LA ZONA TUVIERA NORMATIVA

HUELVA | Denuncia conjunta de toda la oposición

Juan Antonio Millán, alcalde de Cartaya. | EM

* Un arquitecto, el promotor y el primer teniente de alcalde, también imputados
* PP, IU y PA denunciaron en abril el llamado 'caso Hiconsa'
* El juez cita a declarar como imputado al regidor cartayero
Efe | Huelva

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte ha citado a declarar el próximo 23 de noviembre en calidad de imputado al alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas.

Este caso comenzó a raíz de la denuncia presentada por los partidos de la oposición en el consistorio -PP, IU, PA y un concejal no adscrito- contra el alcalde tras detectar supuestas irregularidades en la construcción de viviendas en unos terrenos situados junto al centro de la localidad, en la barriada de El Almendral.

En rueda de prensa, el portavoz del PA en Cartaya, Antonio Carro, ha informado hoy de que también han sido imputados el primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; la esposa de éste -que ya ha declarado ante el juez-; el dueño de la empresa Hiconsa, y un arquitecto de Cartaya.

La denuncia fue interpuesta el pasado abril al considerar a estas personas presuntas autoras de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio.

Por su parte, el portavoz de IU, Miguel Ángel Gea, ha indicado que la imputación de los denunciados supone "un avance muy importante en el caso que viene a confirmar las sospechas de la oposición de que había indicios muy claros de delitos".

La construcción de viviendas en esos terrenos comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales.

En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, tras la valoración del arquitecto denunciado; mientras que una valoración alternativa encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa.

ELMUNDO.ES

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