La juez quiere saber por qué retuvo 16 días la grabación del presunto cobro de comisiones a La Raza
Benito Fernández
La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Ayala, ha citado a declarar el próximo viernes a Juan Gallo González, un alto cargo de la Junta de Andalucía y actual comisario para la Memoria Histórica, que fue el que recibió la primera denuncia de dos empresarios del restaurante La Raza por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros.
La declaración de Gallo, director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, se producirá a petición del PP en la parte del sumario que investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. En dichas diligencias están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, su adjunto, Daniel Ponce, el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, y una funcionaria.
La declaración de Gallo había sido solicitada por el PP, que ejerce la acusación particular, dentro de una serie de testificales -rechazadas por la jueza- que incluían al consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su papel cuando era presidente del Servicio Andaluz de Empleo, al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los concejales Alfonso Mir, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.
COLABORADOR DE CHAVES Y ZARRÍAS
Juan Gallo González (Sevilla, 1945) es el director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de la Presidencia. Su trayectoria en la Junta de Andalucía ha estado muy ligada tanto con el ex presidente y actual ministro de Política Territorial, Manuel Chaves como con el secretario de Estado, Gaspar Zarrías. Es diplomado en Dirección de Empresas y perito industrial y tras pasar por UGT Vizcaya, como secretario general entre 1982 y 1987, y por el Gobierno vasco, como director general de Administración Industrial de 1987 a 1990, ese año recaló en el Ejecutivo andaluz, donde fue un estrecho colaborador del ex presidente de la Junta Manuel Chaves. Hasta 2008 ocupó el puesto de director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y a principios de 2009, el Consejo de Gobierno le puso a cargo del nuevo comisariado de la Memoria Histórica, un departamento adscrito a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas que en esta nueva andadura fue reforzado para coordinar e integrar todas las políticas del Gobierno andaluz en esta materia. Es, por lo tanto, el cuarto responsable de Memoria Histórica en Andalucía en apenas cuatro años.
Gallo fue la primera persona que recibió de los empresarios del Grupo La Raza una grabación, realizada el 27 de enero de 2009, con la petición de comisiones y quien inició el proceso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El PP ha investigado y se pregunta por qué Gallo, que recibió la grabación con la extorsión el 28 de enero de 2009, tardó dieciseis días en entregarlo al viceconsejero de Empleo, y por qué el 4 de febrero le filtró su contenido y por qué el 4 de febrero le comunicó su contenido al alcalde, según dijo éste en una carta remitida a la Policía Judicial. El PP subraya en su escrito que Patricia Ren González. La esposa de Juan Gallo, así como dos cuñados de este alto cargo de la Junta, Laura y Manuel Ran González, son personas de confianza del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. La esposa de Gallo es asesora del alcalde desde 1999, mientras que sus hermanos Laura y Manuel ocupan puestos de trabajo de libre designación por el alcalde de Sevilla, según el Partido Popular.
EL EXPEDIENTE ÍNTEGRO
Por otra parte, en el auto de la jueza, ésta pide a la Junta el expediente íntegro con la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería, ante la «eventualidad de que la que hay aportada a las actuaciones no sea completa». En su escrito, el letrado del PP había denunciado que ciertos aspectos de la subvención «no se entienden», como el hecho de que «el procedimiento se inicie el 18 de noviembre de 2008, el mismo día esté elaborada la Memoria, el mismo día se autorice el inicio del expediente y esté firmada la propuesta de resolución por la directora general de Formación para el Empleo».Por esa razón, solicitó numerosas declaraciones y documento que la juez rechaza pues «lo único que podrían poner de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no política, que se está realizando en las presentes actuaciones», según el auto.
diariocrítico.com
La declaración de Gallo, director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, se producirá a petición del PP en la parte del sumario que investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. En dichas diligencias están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, su adjunto, Daniel Ponce, el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, y una funcionaria.
La declaración de Gallo había sido solicitada por el PP, que ejerce la acusación particular, dentro de una serie de testificales -rechazadas por la jueza- que incluían al consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su papel cuando era presidente del Servicio Andaluz de Empleo, al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los concejales Alfonso Mir, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.
COLABORADOR DE CHAVES Y ZARRÍAS
Juan Gallo González (Sevilla, 1945) es el director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de la Presidencia. Su trayectoria en la Junta de Andalucía ha estado muy ligada tanto con el ex presidente y actual ministro de Política Territorial, Manuel Chaves como con el secretario de Estado, Gaspar Zarrías. Es diplomado en Dirección de Empresas y perito industrial y tras pasar por UGT Vizcaya, como secretario general entre 1982 y 1987, y por el Gobierno vasco, como director general de Administración Industrial de 1987 a 1990, ese año recaló en el Ejecutivo andaluz, donde fue un estrecho colaborador del ex presidente de la Junta Manuel Chaves. Hasta 2008 ocupó el puesto de director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y a principios de 2009, el Consejo de Gobierno le puso a cargo del nuevo comisariado de la Memoria Histórica, un departamento adscrito a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas que en esta nueva andadura fue reforzado para coordinar e integrar todas las políticas del Gobierno andaluz en esta materia. Es, por lo tanto, el cuarto responsable de Memoria Histórica en Andalucía en apenas cuatro años.
Gallo fue la primera persona que recibió de los empresarios del Grupo La Raza una grabación, realizada el 27 de enero de 2009, con la petición de comisiones y quien inició el proceso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El PP ha investigado y se pregunta por qué Gallo, que recibió la grabación con la extorsión el 28 de enero de 2009, tardó dieciseis días en entregarlo al viceconsejero de Empleo, y por qué el 4 de febrero le filtró su contenido y por qué el 4 de febrero le comunicó su contenido al alcalde, según dijo éste en una carta remitida a la Policía Judicial. El PP subraya en su escrito que Patricia Ren González. La esposa de Juan Gallo, así como dos cuñados de este alto cargo de la Junta, Laura y Manuel Ran González, son personas de confianza del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. La esposa de Gallo es asesora del alcalde desde 1999, mientras que sus hermanos Laura y Manuel ocupan puestos de trabajo de libre designación por el alcalde de Sevilla, según el Partido Popular.
EL EXPEDIENTE ÍNTEGRO
Por otra parte, en el auto de la jueza, ésta pide a la Junta el expediente íntegro con la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería, ante la «eventualidad de que la que hay aportada a las actuaciones no sea completa». En su escrito, el letrado del PP había denunciado que ciertos aspectos de la subvención «no se entienden», como el hecho de que «el procedimiento se inicie el 18 de noviembre de 2008, el mismo día esté elaborada la Memoria, el mismo día se autorice el inicio del expediente y esté firmada la propuesta de resolución por la directora general de Formación para el Empleo».Por esa razón, solicitó numerosas declaraciones y documento que la juez rechaza pues «lo único que podrían poner de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no política, que se está realizando en las presentes actuaciones», según el auto.
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