La Fiscalía Anticorrupción investiga la venta de un solar en Palma por parte del Consell de Mallorca supuestamente por la mitad de su valor de mercado y de tasación
EUROPA PRESS - Barcelona
La Policía Nacional registró este mediodía la sede de la inmobiliaria Sacresa en Barcelona por el caso de supuesta corrupción urbanística del proyecto Can Domenge, en Mallorca, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. El registro fue ordenado por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la venta de un solar en Palma por parte del Consell de Mallorca supuestamente por la mitad de su valor de mercado y de tasación. En este caso está imputada la presidenta del Parlament Balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, que está citada a declarar este próximo lunes porque la venta se efectuó en 2005, cuando presidía el consejo insular. Sobre las 13.30 horas había cinco coches policiales de paisano aparcados encima de la acera frente a la sede de la empresa, en la Illa Diagonal. Las oficinas quedaron cerradas al público, mientras que una quincena de trabajadores salieron del edificio, aunque el clima era de aparente normalidad, según pudo comprobar Europa Press.
El caso se destapó cuando otra inmobiliaria catalana, Núñez y Navarro, denunció que había perdido el concurso para comprar un solar público de 52.000 metros cuadrados pese a ofrecer 60 millones de euros, el doble de lo que pagó la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacresa (de la familia Sanahuja) y la mallorquina Ferrà-Tur, que se lo adjudicó en un concurso público de enajenación del solar en 2006. A raíz de esta adjudicación, el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez presentó una querella contra las empresas beneficiarias y contra todos los consellers insulares del PP y de UM que en la pasada legislatura votaron a favor de adjudicar el solar a la UTE beneficiaria.
El primer golpe por este caso contra la constructora catalana se produjo el 3 de septiembre, cuando la jueza que instruye el caso impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros al presidente de UM e imputado en el caso, Miquel Angel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan. La resolución judicial señala que hay indicios de que los adjudicatarios pudieron haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".
Querella de Núñez y Navarro
Núñez y Navarro ha presentado un escrito ante el juzgado para solicitar que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio. En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Munar por malversación, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstanias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos.
Así, Sacresa ofreció la propia finca como aval para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil, por importe de 38 millones de euros impuesta por la jueza que instruye el caso, asegurando de esta forma la eventual restitución del solar.
Noticias relacionadas:
* Imputada por supuesta corrupción la presidenta del Parlamento balear
* El consejero de Turismo balear rechaza dimitir tras declarar por corrupción
elpaís.com
El caso se destapó cuando otra inmobiliaria catalana, Núñez y Navarro, denunció que había perdido el concurso para comprar un solar público de 52.000 metros cuadrados pese a ofrecer 60 millones de euros, el doble de lo que pagó la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacresa (de la familia Sanahuja) y la mallorquina Ferrà-Tur, que se lo adjudicó en un concurso público de enajenación del solar en 2006. A raíz de esta adjudicación, el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez presentó una querella contra las empresas beneficiarias y contra todos los consellers insulares del PP y de UM que en la pasada legislatura votaron a favor de adjudicar el solar a la UTE beneficiaria.
El primer golpe por este caso contra la constructora catalana se produjo el 3 de septiembre, cuando la jueza que instruye el caso impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros al presidente de UM e imputado en el caso, Miquel Angel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan. La resolución judicial señala que hay indicios de que los adjudicatarios pudieron haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".
Querella de Núñez y Navarro
Núñez y Navarro ha presentado un escrito ante el juzgado para solicitar que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio. En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Munar por malversación, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstanias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos.
Así, Sacresa ofreció la propia finca como aval para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil, por importe de 38 millones de euros impuesta por la jueza que instruye el caso, asegurando de esta forma la eventual restitución del solar.
Noticias relacionadas:
* Imputada por supuesta corrupción la presidenta del Parlamento balear
* El consejero de Turismo balear rechaza dimitir tras declarar por corrupción
elpaís.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario