sábado, 30 de mayo de 2009

EL FISCAL DEL TS APRECIA PREVARICACIÓN DEL ALCALDE DE GÁDOR EN UNAS OBRAS

La adjudicación municipal carecía de "un real expediente administrativo"

M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido la admisión a tramite de la querella interpuesta contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, al ver indicios de prevaricación en la adjudicación de un contrato de obras. La querella fue interpuesta por el grupo socialista en el Ayuntamiento, al observar que Gonzálvez adjudicó un contrato de obras administrativo "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación". El presupuesto de la obra ascendió a 144.837 euros y el alcalde ordenó su pago por decreto, pese al informe de reparo del secretario-interventor.

El escrito de la Fiscalía al juez del Supremo, que tendrá que decidir si pide al Senado que le retire el aforamiento a Gonzálvez, señala que éste contravino la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. "El conocimiento de la ilegalidad o su comisión a sabiendas viene dado en primer lugar por la naturaleza de la propia infracción administrativa: inexistencia de un real expediente administrativo o la omisión de los más elementales requisitos procedimentales; y en segundo lugar por el informe realizado por el secretario interventor advirtiendo de los graves defectos administrativos, pese a lo cual se dictó resolución de 5 de julio de 2007", dice el fiscal.

Las obras adjudicadas consistieron en una nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar. El importe total se fraccionó en tres pagos para otras tantas empresas: Montajes Metálicos Almería S. L. (42.233,28 euros), Lama Estructuras Metálicas S. L. (44.674,89 euros) y Acerama SC (57.929,69 euros). El portavoz socialista, Juan Antonio Almansa, recordó ayer que este acto administrativo está inmerso en un proceso contencioso-administrativo ante el juzgado número 2 de Almería en un intento de que se "restituyese la legalidad" al tiempo que justificó la adopción de la vía penal contra el senador "en su negativa constante a aclarar los hechos". Almansa insistió en que su partido "no está en contra" de la construcción de las naves sino de las "ilegalidades cometidas" en el Ayuntamiento.

Gonzálvez defendió la "completa legalidad" del proceso de adjudicación del contrato de obras y mostró confianza en poder demostrarlo. El alcalde acusó a los socialistas de querer "enmarañar" la vida política de Gádor y resumió como una "controversia administrativa" el asunto, si bien insistió en que las obras adjudicadas se hicieron de forma legal "y a la oferta más ventajosa recibida en su momento". Gonzálvez se fotografió ayer en las polémicas naves, acompañado de un centenar de vecinos y cargos del PP.

ELPAÍS.COM

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