María Estrella Tomé, al tomar posesión de su cargo el miércoles frente a la presidenta del Parlamento. | elmundo.esMarta Sánchez Esparza | Málaga
La nueva parlamentaria andaluza del PSOE por Málaga, María Estrella Tomé, tomó posesión de su cargo el pasado miércoles en sustitución de Juan Paniagua, nombrado nuevo director general de la Agencia Andaluza del Agua.
Sin embargo, la nueva diputada figura como imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en al menos dos causas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, según informaron a EL MUNDO de Málaga fuentes judiciales.
Tomé ha formado parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrox durante varias legislaturas, y está imputada junto al ex alcalde, Francisco Muñoz, y al resto de los ediles que formaban parte de la corporación, por la aprobación de licencias urbanísticas al margen del planeamiento vigente.
Durante la etapa en la que su partido ha formado parte del gobierno municipal torroxeño ha sido responsable de Ordenación del Territorio, Bienestar Social o Salud y Consumo, entre otras responsabilidades, además de ser teniente de alcalde.
Según la querella que dio origen a uno de los procedimientos judiciales abiertos, Tomé y el resto de los concejales del entonces equipo de gobierno del PSOE aprobaron en julio de 2005 varios expedientes previos a la concesión de licencias de obras para la construcción de viviendas unifamiliares destinadas a fines agrícolas.
El acuerdo se adoptó gracias a los votos favorables de los nueve concejales del PSOE, pero tanto en el contenido de los expedientes como en el propio debate plenario quedó patente la existencia de informes desfavorables de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
En todas las promociones para las que se emitió voto favorable por parte de los nueve ediles del PSOE los terrenos estaban calificados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrox como suelos no urbanizables diseminados.
La legislación en este sentido ha cambiado, ya que anteriormente permitía la construcción de viviendas unifamiliares aisladas siempre que no dieran lugar a núcleos de población, pero la nueva normativa andaluza ha venido a prohibir, con carácter general, dichas construcciones, según apunta la querella mencionada.
Entre los proyectos aprobados figura uno promovido en el Pago Periana, en el que además de los incumplimientos mencionados no se alcanza la parcela mínima de 5.000 metros cuadrados exigidos en el PGOU.
La aprobación «no fue pacífica, sino que se produjo tras un intenso y acalorado debate», según relata la querella, apoyándose en el acta de la sesión plenaria.
Por ello «los concejales que votaron afirmativamente lo hicieron con pleno conocimiento del contenido ilegal del acuerdo, de que lo hacían en contra de informes jurídicos municipales y de la Delegación de Obras Públicas, y de las consecuencias jurídicas que su voto afirmativo podían acarrear», según agrega la querella.
Además, según los denunciantes, los concejales «pudieron solventar» la ilegalidad urbanística anulando los acuerdos adoptados, tal y como solicitó por escrito la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el 25 de agosto de 2005.
Además, posteriormente, varios ediles independientes plantearon alegaciones a estos acuerdos, sin que fuesen atendidas desde el equipo de gobierno. «Resulta obvio a estas alturas que ambos escritos fueron intencionada y conscientemente ignorados por el alcalde y demás querellados», afirman.
ELMUNDO.ES
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