Abogado que persiguió la actuación del ex alcalde
Efe | Málaga
Las licencias de obra otorgadas por el gobierno del fallecido Jesús Gil cuando era alcalde de Marbella que se ajusten a la legalidad "se pueden contar con los dedos de una mano", según ha asegurado este martes el letrado José Carlos Aguilera al tribunal del caso Malaya.
Aguilera fue durante muchos años una de las personas que más persiguió la forma de actuar del exalcalde, ya que representaba a Isabel García Marcos cuando ésta era portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella y cuando dejó el cargo, época en la que fue considerada el azote de Jesús Gil.
Aguilera ha comparecido ante el tribunal del caso 'Malaya' en calidad de testigo y ha asegurado que desde 1991 hasta el 2003 se pueden contar con los dedos de una mano las licencias de obra otorgadas por el gobierno de Gil que se ajusten a la legalidad urbanística.
Además, el testigo ha querido señalar en su declaración que las que se pudieron conceder conforme a la legalidad fueron por "accidente". Este letrado ha explicado que además de abogado de Isabel García Marcos también fue asesor jurídico del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Marbella tras la moción de censura a Julián Muñoz en el 2003 y que elaboró un informe técnico para el consistorio analizando el urbanismo de la ciudad.
El testigo ha añadido que con la llegada del tripartito tras la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz se inició un proceso de normalización para estudiar las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en Marbella. Además, ha agregado que al grupo municipal socialista llegaba un centenar de licencias urbanísticas semanales y que todas venían con la resolución adjunta.
El juicio del caso 'Malaya' la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español -en el de Marbella-, que comenzó en septiembre del 2010, ha entrado en su recta final.
Por ello, la próxima semana podría finalizar la fase testifical del cuarto y último bloque, el de los sobornos, donde se han tratado delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.
El tribunal tiene previsto que el próximo 6 de junio finalice la fase testifical y, al día siguiente, se pretende que las acusaciones presenten por escrito sus calificaciones definitivas.
Si los plazos se cumplen, el fiscal realizaría su informe final el 11 de junio, las otras dos acusaciones (Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía) al día siguiente y, el 13, comenzarían los abogados defensores con sus exposiciones finales.
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