Está declarando en el juzgado
El responsable de Trabajo en Sevilla percibió 36.000 euros como prejubilado
Nunca trabajó en la empresa de la que se prejubiló, Calderinox
El ex alto cargo dice que no recuerda la cantidad que recibió de la Junta
Efe | Sevilla
La juez que investiga la trama de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este martes al ex delegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y obtención fraudulenta de ayudas.
La declaración de Rodríguez, que estaba citado a las 10.30 horas, ha comenzado aproximadamente una hora y media más tarde en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Rodríguez Cordobés, que fue delegado de Trabajo entre 1999 y 2000, percibió 36.000 euros como prejubilado de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.
En su declaración ante la juez, ha asegurado que no recordaba la cantidad exacta que recibió por el ERE, y ha dicho que ha abandonado su afiliación al PSOE porque la Junta de Andalucía no le ha defendido, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.
Además, ha afirmado que conocía al ex secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, desde hacía mucho tiempo, y ha apuntado que ambos tenían una buena relación.
Cinco delitos para un 'intruso'
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, ha imputado los delitos de obtención fraudulenta de ayudas, contra la hacienda pública, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil a Luis Llorente Herrero, un "intruso", según se denomina a los falsos prejubilados, que recibió 36.000 euros por estas ayudas irregulares.
Durante su declaración ante la juez, que se ha prolongado durante más de tres horas, Llorente ha confirmado que nunca fue trabajador de Aglomerados Morell, empresa por la que recibió la ayuda, y que no conocía la procedencia del dinero que recibió, según han informado abogados personados en la causa.
Se ha ratificado en la declaración que prestó ante la Guardia Civil, en la que señaló que la hermana de una amiga suya fue quien le puso en contacto primero con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y después con el 'conseguidor' Juan Lanzas, que fue su "enlace sindical".
Lanzas le pidió una documentación que el "intruso" entregó, aunque en ningún momento preguntó por la procedencia de la ayuda ni quiso hablar con nadie de este asunto, han añadido las fuentes.
La Fiscalía ha pedido para él una fianza por responsabilidad civil superior a 60.000 euros, a la que se han adherido todas las acusaciones particulares.
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